Argentina admite querella de Esquerra Republicana de Catalunya contra España por caso del presidente Companys.

ARGENTINA / CATALUNYA

La justicia argentina da inicio a la querella presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contra el Estado español por el fusilamiento de su fundador, Lluís Companys, durante la dictadura franquista. 

El diputado de ERC, Joan Tardá, en su cuenta Twitter anunció que la jueza argentina Maria Servini había admitido a trámite la querella de ERC contra el Estado español por el fusilamiento en 1940 de su fundador y presidente de la Generalitat Lluís Companys por el régimen franquista. 

La querella, presentada por Tardá el pasado 15 de octubre en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, se refiere también al fusilamiento de 47 cargos republicanos asesinados por el franquismo poco después de acabar la guerra civil (1936-39); los crímenes que tuvieron como víctimas a 45 alcaldes, dos diputados, además del caso de Companys. 

La justicia universal permite juzgar crímenes contra la humanidad en cualquier país, independientemente de dónde se produjeran los hechos; cientos de españoles acudieron a Argentina en busca de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El partido Republicano propuso a Servini la posibilidad de desplazarse a Barcelona para poder tomar declaración de testigos, ya que son personas de avanzada edad, y acelerar el proceso.

Companys fue ministro del Gobierno español en los años 30 y Presidente de la Generalitat de Catalunya  entre 1934 y 1940; tras el triunfo franquista en la guerra civil, Companys fue exiliado, luego capturado en Francia por la policía militar alemana y trasladado a España, donde fue juzgado y fusilado en el Castillo de Montjuich el 15 de octubre de 1940; la investigación sobre su muerte implica además de España a Francia y Alemania.

Exigen desalojo de minera que saquea terrenos de Universidad de Chile.

CHILE

Hace un año y medio que estudiantes de la Universidad de Chile explicaron a las autoridades de la Casa de Bello sobre la explotación ilegal que una mina de cobre está realizando en la Quebrada de la Plata, en Maipú. Es un terreno que, además de ser Área de Preservación Ecológica es Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad. Para enfrentar esta situación se creó la Red de Defensa de la Quebrada de la Plata que está convocando a la Primera Marcha Carnaval este sábado 26 de octubre.
La Quebrada de la Plata se encuentra en una zona rural de Maipú, al interior de la Hacienda La Rinconada, de propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y, actualmente está siendo explotada ?de forma ilegal, ya que la empresa minera La Española no cuenta con los permisos ambientales para trabajar?, expresó David Briones, Coordinador de la Red de Defensa de la Quebrada de la Plata, al Noticiero Ciudadano de la Radio Juan Gómez Millas.

Tal como lo narra el administrador del terreno en disputa, Marcelo Orellana, la empresa a cargo de la explotación no ha respetado los permisos y simplemente se apoderó de los terrenos. Así explicó a Radio Biobio, donde dijo que por oficio ha solicitado los permisos al Sernageomin y las autoridades ambientales que demuestren que existe permiso de explotación y a la fecha, subrayó, no ha obtenido respuestas.
?Tal como hemos venido denunciando la empresa ha violado sistemáticamente legislación y normativa no solo ambiental, sino que también en seguridad minera, ley de rentas, entre otras, lo que es una situación sumamente grave que actualmente existe y que es una merma y destrucción gigantesca al patrimonio de la Universidad de Chile. La minera Está en un área que es protegida que forma parte de un Área de Preservación Ecológica y Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad?, expresó el estudiante de la Chile. Además de la minera La Española Chile Ltda., existen tres más que tienen concesiones aprobadas por la autoridad competente (Sernageomin).

La Chile obstaculiza la defensa de la Quebrada

Las autoridades de la Universidad de Chile fueron informadas hace un año y medio por el mismo David Briones, quien se reunió con ellos y les informó de esta ?insólita situación?. Pero de parte de ellos existe ?un dejo, una despreocupación, una total falta de acción? de parte del Decano y las autoridades de la Casa de Bello para proteger este lugar. De hecho, el dirigente explica que las autoridades han negado el acceso al fundo para seguir con la defensa de la Quebrada de la Plata. ?Lo único que han hecho es obstaculizar el trabajo que como estudiantes estábamos haciendo?, expresó.

En tanto, han debido encontrar apoyo en la privada Universidad Diego Portales, con quienes ?actualmente se está en los tribunales porque nos parece insólito? Lo que se necesita ahora es un desalojo de la minera?, expresó al Noticiario Ciudadano.

Debido a esa misma situación es que han debido presentar los recursos judiciales a nombre de la Red de Defensa de la Quebrada de la Plata y la Municipalidad de Maipú y no como Universidad de Chile o la Facultad. Esto ha redundado en que ?gran parte de las acciones no hayan tenido un buen final?, porque ?tal como explica Briones- el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago fue rechazado en primera instancia porque la Facultad y la Universidad ya habían constatado esta destrucción hace tiempo atrás.

Sin embargo, la Red realizó una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente debido a la ilegal explotación que realiza la empresa minera. ?El Director Nacional emitió un oficio explicando que ese proyecto no está sujeto a una evaluación de impacto ambiental porque está fuera del Área de Preservación Ecológica? eso sí, la comunidad de Maipú, que ha sido mucho más activa que la U, interpuso un recurso de invalidación que está actualmente en tramitación ya que es absolutamente erróneo (lo que dice el director nacional)?, explicó Briones.

Brasil estaria pidiendo a EE.UU. que le permita interrogar a jefes de Facebook, Google, Yahoo, Apple y Microsoft.

BRASIL

La policía brasileña pidió a Estados Unidos que le permitiera interrogar en ese país a los presidentes de las empresas Facebook, Microsoft, Google, Yahoo y Apple como parte de la investigación sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos a Brasil, informó la televisión Globo.

"Existe una investigación en curso pero no estamos dando detalles. No estoy negando, pero no puedo confirmar la información", dijo a la AFP este viernes un vocero de la policía federal (PF).
Según Globo, la PF solicitará a Estados Unidos que se autorice el interrogatorio fuera de Brasil, a través de un convenio de cooperación jurídica entre ambos países para investigaciones penales.

Ejecutivos en Brasil de estas empresas ya fueron interrogados y negaron a la PF que se haya entregado información de sus usuarios a los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

La solicitud será traducida y enviada al Departamento de Justicia en Washington, indicó Globo.

La PF ya solicitó asimismo permiso para interrogar al exasesor de inteligencia estadounidense Edward Snowden, asilado en Rusia y responsable de filtrar documentos confidenciales de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) sobre operaciones de espionaje en el mundo.

Estos documentos revelaron que Estados Unidos intervino las comunicaciones de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, de sus colaboradores cercanos y de millones de brasileños, así como de la mayor empresa de Brasil, la gigante petrolera Petrobras.

La presidenta Rousseff condenó el espionaje ante la Asamblea General de la ONU y suspendió una visita de Estado a Washington programada para este mes de octubre.

Una comisión del Senado también pretende celebrar una videoconferencia con Snowden, y otra de la Cámara de Diputados ya contactó a la embajada de Rusia con la misma finalidad.

Juicio por genocidio. La CC ampara a Ríos Montt, pero no lo amnistía.

GUATEMALA

Por Sebastián Escalón

La Corte de Constitucionalidad amparó, en una resolución del 22 de octubre, a la defensa del general Efraín Ríos Montt. Sin embargo, contrario a lo que se especulaba debido a filtraciones a la prensa, la Corte no otorgó al ex dictador ninguna amnistía.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) se centra en un punto puramente formal: afirma que el juez Miguel Ángel Gálvez y la Sala Primera de Apelaciones no argumentaron adecuadamente su decisión de declarar sin lugar la solicitud de la defensa de Ríos Montt de que se detuviera la persecución penal resguardándose en el decreto?ley  8-86. Este decreto, promulgado en los últimos días del gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, declaraba una amnistía a todos los responsables de delitos políticos ocurridos durante los gobiernos de Ríos Montt y del propio Mejía Víctores.

Según la Corte de Constitucionalidad, reafirmando una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia, el juez Gálvez, y posteriormente la Sala de Apelaciones no estudiaron a profundidad el alcance de dicho decreto-ley y basaron su decisión de perseguir a Efraín Ríos Montt en otra ley, la de Reconciliación Nacional (145-96), que reconoce que los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles no pueden ser amnistiados; a la vez que reconoce los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

En consecuencia, la CC ordena que la Sala Primera emita una nueva resolución en la que ?analice el alcance de las amnistías decretadas?. La CC no le indica a la Sala cómo debe de resolver, ni tampoco indica o insinúa que el decreto 8-86 tiene vigencia y puede salvar a Ríos Montt de los juicios pendientes.

Esta resolución de la CC fue aprobada por cinco magistrados y rechazada por dos. Gloria Porras y Mauro Chacón, quienes el 20 de Mayo pasado se habían opuesto a la anulación de la sentencia del juicio por genocidio, volvieron a emitir votos disidentes.

El voto razonado de la magistrada Porras es particularmente contundente y crítico con el actuar de la CC. ?Esta decisión que por mayoría adopta este Tribunal, es incorrecta, ambigua y evidencia un análisis incompleto de las actuaciones?, escribe Porras, ?provocando un retardo innecesario en la persecución de delitos de lesa humanidad.?

Porras opina que el juez Miguel Ángel Gálvez explicó de forma muy clara por qué el decreto ley 8-86 no tiene vigencia, puesto que fue sustituido por la ley de Reconciliación nacional. La magistrada opina que, por otra parte, este decreto nunca tuvo eficacia jurídica puesto que, desde 1949, Guatemala es parte de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Por estas razones, afirma que la Sala no podrá emitir una decisión diferente a la que ya emitió.

La magistrada agrega que ?con la sentencia emitida por este Tribunal, se vuelve a incurrir en la displicencia de otorgar amparos como obstáculos a la investigación de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.? En otras palabras, la CC con sus resoluciones que se centran en formalismos y no analizan el fondo de las controversias, estaría respaldando la estrategia de litigio malicioso de los defensores de los generales. 

La resolución de la CC fue filtrada al diario Prensa Libre un día antes de que ésta se hiciera pública y que las partes fueran notificadas. El matutino hizo de esta resolución una interpretación errónea, afirmando que la Corte declaraba que el decreto 8-86 sí debía aplicarse. El Centro de Acción Legal para los derechos humanos, en una conferencia de prensa calificó de ?extraño e inexplicable? que el máximo tribunal diera a conocer sus decisiones a un medio de comunicación antes que a las partes implicadas en el proceso. Asimismo, agregó que los delitos de genocidio y de lesa humanidad de ninguna manera son amnistiables. 

En base a mentiras, hace 30 años EEUU invadió Granada.

GRANADA

por Ana Navea

Tal como lo hizo en Afganistán e Irak a principio de este siglo y ahora pretende hacer en Siria, Estados Unidos se basó en mentiras para invadir, el 25 de octubre de 1983, con una potente fuerza militar a Granada, un pequeño país ubicado en el Mar Caribe que luchaba por su definitiva independencia del imperio británico y por integrarse a los movimientos revolucionarios por un mundo mejor. Una acción valiente en tiempos de la Guerra Fría y el anticomunismo.
La "amenaza" a la seguridad de los estadounidenses residentes en Granada debido a la inestabilidad política que vivía el país, tras el asesinato seis días antes?propiciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)?del Primer Ministro Maurice Bishop, fue la excusa que utilizó Washington para ejecutar contra el país caribeño la agresión denominada Furia Urgente, como ensayo del desarrollo de conflictos políticos militares que poco después aplicaría en países como Panamá (Operación Causa Justa, en 1989) y en Irak (Operación Tormenta del Desierto, en 1992), entre otros, que a su paso han dejado un legado de muerte en "nombre de la democracia y la libertad".
Cuatro años antes de la invasión imperialista, el 13 de abril de 1979, Bishop expresaría: "Somos un pequeño país, somos un país pobre, con una población descendiente de los esclavos africanos, somos parte del Tercer Mundo explotado y definitivamente tenemos el desafío de buscar la creación de un nuevo orden económico internacional que de lugar a una economía al servicio del pueblo y a la justicia social". Esto como resumen del nuevo gobierno que presidiría, luego de liderar la rebelión que derrocó al tirano Eric Gairy, quien contaba con el respaldado de la Casa Blanca y era amigo del dictador chileno Augusto Pinochet.
Nadie se benefició más del asesinato de Bishop que Estados Unidos, país que a través de la CIA fomentó la división interna, logrando que el líder granadino fuera traicionado por sus compañeros.
Con las banderas del Movimiento New Jewel, Bishop proclamó un Gobierno Popular Revolucionario que impulsó una transformación social con perspectivas socialistas mediante el fortalecimiento de una economía soberana y alianzas con países como Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). De esta manera se ganó una férrea campaña mediática de satanización por parte de EEUU, que señaló a la isla como un eje de "desestabilización de todo el Caribe".
Una de las mentiras destacadas por el imperio estadounidense fue que el aeropuerto internacional construido por Bishop, para fortalecer el flujo comercial y turístico en el país, era para la instalación de una base militar de Cuba y la Unión Soviética, es decir, "una amenaza comunista".
El 25 de octubre de 1983, las obras del aeropuerto?en las que participaban trabajadores cubanos?no habían concluido. Ese día, sin embargo, más de 7.000 marines y paracaidistas norteamericanos invadieron al país de tan solo 344 kilómetros cuadrados y unos 100 mil habitantes en ese momento. Ese despliegue exagerado de muerte y represión se usó también como excusa para "demostrar" el poder bélico de EEUU, después de su histórica derrota en Vietnam y para justificar el millonario presupuesto militar de la administración de Ronald Reagan (1981-1989).
En declaraciones públicas, Reagan expresó que la invasión a Granada se hizo "justo a tiempo", con la prepotencia que caracteriza al Gobierno de Estados Unidos que?ahora presidido por Barack Obama?continúa usando la mentira como principal arma para justificar sus ataques contra las naciones que no obedecen a sus patrones de "democracia y libertad".
Tal es el caso de la actual amenaza militar estadounidense contra Siria, basada en el supuesto uso de armas químicas. Sin embargo, el imperio no ha logrado su cometido al enfrentarse a una enorme crisis presupuestaria y la demanda cada día de más gobiernos y pueblos por la construcción de un mundo pluripolar, que deje atrás la hegemonía de la guerra. 
"Mirándonos en el doloroso espejo granadino podemos sacar una conclusión práctica: unidad, unidad, unidad en la diversidad debe ser nuestra divisa revolucionaria. Valoremos la importancia decisiva que tiene lo que Bolívar llamaba 'el bien inestimable de la unión'...", escribió el comandante Hugo Chávez, en 2009, al rendir homenaje a los combatientes que lucharon contra la invasión de Granada , entre ellos internacionalistas cubanos.

Critican las FARC al Procurador General de Colombia.

COLOMBIA

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) criticaron hoy aquí al procurador general de la nación suramericana, Alejandro Ordóñez, a quien calificaron de perseguidor de los derechos ciudadanos y de libertades políticas.
El guerrillero Pablo Catatumbo, integrante de la delegación insurgente que participa en la mesa de conversaciones en La Habana, opinó que el Ministerio Público no había registrado una figura tan reaccionaria como la del actual Procurador. Contrario a sus funciones constitucionales -agregó- Ordóñez ha montado una suerte de tiranía de la inquisición y se ha convertido en un intransigente Torquemada.

Según Catatumbo, el Procurador persigue a aquellos que luchan por la paz, y "cualquier asomo de pensamiento que no comulgue con su evangelio retardatario y neoliberal, el libre desarrollo de la

personalidad, o quien no coincida con sus prejuicios de extrema derecha".

En declaraciones a la prensa desde el Palacio de Convenciones de La Habana -sitio que acoge las pláticas desde noviembre pasado- el guerrillero dejó entender que la posición de Ordóñez con la exsenadora Piedad Córdova y el alcalde Gustavo Petro son un ejemplo de lo antes dicho.

A la primera "no le perdona su compromiso con la paz democrática, con los derechos humanos y con el pueblo", mientras que a Petro no le tolera la defensa de lo público y su visión incluyente de ciudad, expresó.

En opinión del grupo armado, la permanencia de Ordóñez en este cargo en nada contribuye a la construcción de la democracia en Colombia.

Así mismo, los guerrilleros consideraron esto una afrenta a la democracia y una negación categórica de los derechos civiles y políticos, a la vez que insistieron que la figura del Procurador debe ser la de un librepensador y no un inquisidor.

Finalmente, exigieron que este tipo de cargos públicos sea sometido al ejercicio de la elección popular.

Por su parte, la delegación gubernamental informó que el jefe de ese grupo, Humberto de La Calle, no estaría hoy en la mesa por asistir como conferencista al foro "Justicia para la paz, encuentro de la jurisdicción ordinaria", organizado por la Corte Suprema de Justicia colombiana.

A pesar de su ausencia, las conversaciones continuarán desarrollándose normalmente y sin modificación alguna en el cronograma.

LAS FARC SIGUEN INSISTIENDO EN QUE EL CAMINO ES LA CONSTITUYENTE.

COLOMBIA

Rodrigo Granda, integrante de la delegación de las FARC-EP

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) señalaron este jueves, en el marco del inicio de un nuevo ciclo en los Diálogos de Paz, que la iniciativa para realizar un referendo sobre los eventuales acuerdos de paz con el Gobierno es unilateral, al tiempo que defendieron su propuesta de una Asamblea Constituyente.

Rodrigo Granda, integrante de la delegación de las FARC-EP en La Habana, manifestó que ?nosotros hemos seguido creyendo que una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que no pierde validez sino que, por el contrario, todos los días gana más y más espacio en el país?.

Granda insistió en que el referendo es una propuesta unilateral del Ejecutivo y, aunque está ?en todo su derecho de plantearla?, la guerrilla entiende que hay otros mecanismos de refrendación para los acuerdos de paz que deben discutirse en la mesa de los negociaciones.

En este sentido, la agrupación recordó nuevamente que el último punto de debate en la agenda pactada para las conversaciones de paz son los mecanismos para validar el eventual acuerdo para el fin del conflicto.

Este miércoles, el Senado colombiano aprobó un proyecto de ley para realizar un referendo sobre los acuerdos de paz el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales que se celebrarán en el país suramericano en marzo o mayo de 2014.

Ese mismo día se reanudaron las conversaciones en el decimosexto ciclo de estos Diálogos de Paz que arrancaron en la capital cubana el 19 de noviembre de 2013 y que cumplieron un año este 17 de octubre.

Durante dicho periodo de tiempo se alcanzó un acuerdo sobre el primer punto de la agenda, la cuestión agraria, por lo que desde entonces las conversaciones se centran en el tema de la participación política del grupo insurgente.

El Gobierno de Juan Manuel Santos ha instado en numerosas ocasiones a la insurgencia a agilizar el proceso de diálogo para ofrecer resultados a los colombianos, mientras que las FARC insisten que no son los culpables del retraso en la mesa de diálogo.

?Somos dos partes, si el Gobierno agiliza sus posiciones, a veces inflexibles, igual va a encontrar una respuesta en las FARC. No somos obtusos (?) Hemos presentado propuestas viables, serias, responsables que el país debe analizar y que no son imposiciones?, señaló Granda.