A menos de tres semanas de la elección presidencial en Chile, la derecha vive su peor crisis en 60 años, que la mantiene en peligro de acceder a la segunda vuelta electoral por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 y que anticipa una agudización de su conflicto interno.

La clase política chilena enfrenta crisis política.
SANTIAGO DE CHILE.
 EVELYN
MATTHEI, CANDIDATA OFICIALISTA A LAS PRESIDENCIALES CHILENAS. FOTO: APCuando
faltan pocos meses para el término del primer gobierno de derecha
democráticamente electo desde 1958, la candidata del oficialismo, Evelyn
Matthei, alcanza solo 14 % de las preferencias según la encuesta del Centro de
Estudios Públicos, altamente respetada.

El
sondeo, que posee un margen de error que bordea el 3 %, afirma que si las
elecciones fueran el domingo, la candidata de Nueva Mayoría Michelle Bachelet,
que gobernó Chile entre el 2006 y el 2010, ganaría en primera vuelta por más de
30 puntos porcentuales sobre Matthei.

Mientras
Bachelet se alza como la base de la oposición y está en campaña desde marzo,
cuando renunció a su puesto como directora de ONU Mujeres, Matthei es la cuarta
postulante oficialista a la presidencia en cinco meses.

Primero
fue Laurence Golborne, el ministro a cargo del rescate de los 33 mineros de
Atacama, quien perdió su candidatura y alta popularidad por un escándalo
financiero.

Después
Andrés Allamand, un histórico de la derecha más liberal que perdió las
elecciones primarias frente a Pablo Longueira, cercano al exdictador Augusto
Pinochet y experto político que bajó sorpresivamente su postulación por una
patología psicológica. En medio de ese desconcierto, fue nominada Matthei.

Alberto
Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile, afirmó a AP que "esta
elección es un trámite salvo por una cosa: la acreditación del carácter
histórico de la muerte de la derecha".

Sanción drástica para Aerocon.

Morales pide profunda investigación y sanción
drástica para Aerocon.

El presidente Evo Morales demandó una profunda investigación y hasta sanciones drásticas para la compañía privada Aerocon, una de cuyas naves se siniestró el domingo por la tarde en el aeropuerto de Riberalta (nordeste de Bolivia) con un saldo de ocho muertos y diez heridos.    'He pedido una profunda investigación', afirmó el mandatario conmovido por el saldo fatal que dejó el accidente de aviación en el aeródromo de la ciudad de Riberalta, a 1.000 km de La Paz.    En declaraciones a la ABI, el mandatario, que expresó su 'dolor y solidaridad' con las familias de las víctimas, pidió también 'sanciones drásticas para la empresa'.    Se trata del cuarto accidente que sufren eslabones de la flotilla de Aerocon desde 2012.    El accidente ha dejado ocho pasajeros heridos de diversa consideración, pero el piloto y copiloto son los más graves, según el reporte médico.        ABI

Avión siniestrado de Aerocon en Riberalta, Beni.

BOLIVIAConfirman 8 muertos y 10 heridos en accidente de
aviación en Riberalta 
El director del hospital de Riberalta, José Luis Pereira, confirmó el domingo por la noche que el accidente aéreo registrado en la pista del aeropuerto de esa región amazónica, ubicada a 1.000 kilómetros de La Paz, dejó como saldo 8 muertos y 10 heridos.    'Son 18 personas que iban en el avión, 16 pasajeros y los dos pilotos, 10 han sobrevivido y hay ocho fallecidos', dijo vía telefónica a la agencia ABI.    El avión de la empresa Aerocon venía con 18 personas a bordo desde Trinidad y, según testigos, se salió de la franja de aterrizaje al llegar al aeropuerto de Riberalta y se incendió tras impactar en la maleza.    Pereira señaló que no se pudo identificar 'con precisión' a todos los fallecidos, puesto que siete de los cuerpos fueron calcinados por la explosión.    Según el galeno, los internados en el Hospital de Riberalta son Jhaqueline Ruíz, Luis Suarez, Ernesto Moran, Jhenny Gutiérrez, Kevin Roca, Cecilia Tapia, Lesly Pérez y Senon Pérez y Jorge Moran.    Vía Twitter, el ex gobernador, Ernesto Suarez, afirmó que 'en el accidente de Aerocon' murieron tres funcionarios de la Gobernación de Beni, pertenecientes al SEDEGES (El Servicio Departamental de Gestión Social) y señaló que 'tres salvan la vida'.    Mientras que desde el lugar del siniestro, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Miguel Ruiz, destacó la ayuda de los riberalteños que, en medio de una fuerte lluvia, socorrieron a los heridos del accidente, aunque ?dijo- 'sus intentos se vieron insuficientes por falta de equipo necesario para atender ese tipo de emergencias.

              ABI

Según el director del hospital local, José Luis Peralta a la agencia estatal boliviana de noticias, ABI: “Al menos ocho personas han fallecido y otras diez han resultado heridas tras salirse un avión de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Riberalta, ubicado en la región de Beni”.

“Son 18 personas las que iban en el avión, 16 pasajeros y los dos pilotos. Diez han sobrevivido y hay ocho fallecidos”.

“Aún no se ha podido identificar  con precisión  a todos los fallecidos, debido a que siete de los cadáveres han quedado calcinados”.

El avión, perteneciente a la empresa Aerocon, despegó de la capital de Beni, Trinidad, y se salió de la pista al aterrizar, impactando contra la maleza de los alrededores e incendiándose.

El presidente boliviano, Evo Morales, pidió: “una  profunda  investigación y sanciones drásticas contra Aerocon”.

Y expresó  “su  dolor y solidaridad  con los familiares de las víctimas del suceso”.

El gobierno uruguayo renovó la autorización ambiental a una planta de celulosa de UPM, cuestionada por Argentina, y anunció que la empresa se adecua a los requerimientos que Montevideo pidió para otorgarle un incremento en la producción, informó el domingo un medio local.

El viernes, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, Francisco Beltrame, firmó una nueva autorización ambiental de operaciones para la planta de la finlandesa UPM (ex Botnia), renovación que se produce cada tres años, informó el diario La República.

Beltrame dijo al matutino que la fábrica ya está implementando medidas que exigió Uruguay el mes pasado al autorizar a la planta un incremento de su producción de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales, medida que encrespó la relación con Argentina.

“Se están adecuando las instalaciones, en torno al patio de almacenamiento de la planta, para evitar el arrastre del lodo de cal”, señaló Beltrame.

Montevideo otorgó la ampliación en la producción, pero exigió a la empresa la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que llegan al río Uruguay, limítrofe con Argentina, tengan temperatura debajo de los 30 grados.
A su vez, se solicitó rebajar el contenido de fósforo de los desechos.

Asimismo, la resolución firmada por Beltrame pide “el control diario de la carga de fósforo que ingresa al sistema de tratamiento biológico y la que se vierte con el efluente final … también se exige adecuar las instalaciones existentes en el entorno del patio de almacenamiento de la planta, en un plaz o de 3 meses”, señala el matutino.

Argentina ha dicho que acudirá a la Corte de La Haya si Uruguay no rectifica el permiso de ampliación.

La pastera, en funcionamiento desde 2007, ha sido centro desde su construcción de un prolongado conflicto con el país vecino, donde ambientalistas la acusan de contaminar el cauce de agua compartido.

En protesta, manifestantes argentinos bloquearon durante casi cuatro años un puente fronterizo y Buenos Aires llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que en 2010 respaldó la posición uruguaya de que la planta no contamina, pero ordenó un monitoreo regular para observar el impacto en el río.

Este domingo, ambientalistas realizarán una marcha náutica por el río Uruguay con el fin de protestar frente a la pastera.
Autoridades uruguayas anunciaron que prohibirán el desembarco de los activistas.

Montevideo, AFP-NA.

MOVILIZACIÓN EN PARAGUAY.

CONTRA LAS PRIVATIZACIONES

(AW) Sindicatos de trabajadores protestaron en Asunción contra la ley de privatizaciones y se manifestaron por una huelga general hasta la derogación de la ley. Viernes 1 de Noviembre de 2013, 06:11 pm Protestas en Paraguay contra proyecto de ley de privatización La recién aprobada Ley de Privatización impulsada por el gobierno paraguayo enfrentó una nueva jornada de protesta y rechazo por parte de sectores sociales del país. teleSUR Unos dos mil paraguayos pertenecientes a varios sindicatos de trabajadores protestaron en el centro de la capital en contra del proyecto de ley de la Alianza Público – Privada (APP) y advirtieron que irán a huelga general hasta que los diputados no deroguen la normativa. Miles de paraguayos marcharon este viernes por el centro de la capital para expresar su rechazo por el proyecto de ley que promueve la inversión privada en empresas e infraestructuras públicas conocido como ley de Alianza Público – Privada (APP). Los manifestantes advirtieron que realizarán una huelga general en el país hasta que se derogue la normativa. Unas dos mil personas pertenecientes a varios sindicatos estatales participaron en la manifestación para exigir a los diputados que rechacen el proyecto de ley. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), consideró que la ley APP es una excusa del Gobierno para "privatizar absolutamente todo". Mientras tanto, el dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) Marcial Gómez, indicó que las organizaciones integrantes del Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional se encuentran analizando las acciones futuras que se tomarán en contra de este proyecto. “Ahora la consigna es huelga general hasta que se derogue la ley de APP”, expresó el representante campesino. Gómez señaló que ''la ley significará la entrega total de todos los recursos naturales, toda la infraestructura, servicios e instituciones que generaban ganancia que estarán ahora en manos privadas''. El proyecto de ley denominado "Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública" fue aprobado el mes pasado por el Senado, pese a que fue rechazado por toda la oposición, que aseguró que esta normativa recortará las atribuciones del Congreso. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien asumió su cargo el pasado 15 de agosto, ha defendido esta iniciativa, pues considera que atraerá la inversión extranjera, sin embargo, aseguró que es ''enemigo acérrimo de la venta de los patrimonios del Estado". La APP deja en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo las decisiones para el otorgamiento de las concesiones que pueden extenderse hasta por 40 años y recorta seriamente las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial en ese aspecto.

Brasil y Alemania presentaron este viernes en Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital.

Brasil y Alemania presentan proyecto de resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital

internacional
 El texto será considerado primero por la Tercera Comisión de la Asamblea General y luego será discutido en el plenario del máximo órgano de debate de la ONU.

El texto, motivado por las recientes informaciones sobre espionaje global, reafirma los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente el derecho de las personas a la privacidad y el de no ser sometidas a ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida personal, en su familia, domicilio, o correspondencia. Asimismo, solicita el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la vigilancia estatal de las comunicaciones.

El texto pide a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que presente al próximo período de sesiones de la Asamblea General un informe sobre la protección del derecho a la privacidad, en el contexto de la vigilancia masiva de las comunicaciones y la intercepción y recogida de datos personales, tanto a nivel nacional como internacional.

De aprobarse la resolución, en la Septuagésima Asamblea General, a comenzar en 2015, se identificarían los principios, normas y mejores prácticas sobre la manera de abordar preocupaciones de seguridad sin que se viole el derecho internacional y los derechos humanos.