Fiscal vs Procurador
Eduardo Mackenzie
Por Eduardo Mackenzie
15 de abril de 2013
En la discusión que sostienen en estos momentos dos eminentes juristas y funcionaros del Estado, Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, y Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación, para mi es evidente que la razón está del lado del primero.
Sobre esa materia, el Procurador General acaba de enviar a la Corte Constitucional, y de poner a disposición de la opinión pública, un concepto de 93 páginas de gran solidez argumentativa (1).
Al final de su excelente trabajo, él pide a la Corte Constitucional declarar inexequible, es decir inconstitucional, la mayor parte del llamado “Marco Jurídico para la Paz” (acto legislativo 01 de 2012). El estima que el Congreso de la República, al dictar ese acto, “desbordó su competencia y sustituyó la Constitución” de 1991. El constata que la Constitución, antes de ser reformada, “aparece opuesta o totalmente diferente al contenido del acto reformatorio, al punto de que ambas resultan incompatibles”. El Procurador solicita, en consecuencia, que se declaren inexequibles algunas expresiones particulares del acto, como “máximos”, “cometidas de manera sistemática” y “todos”, pues con esas expresiones “se viola el bloque de constitucionalidad y se desconocen principios y derechos constitucionales hasta el punto de que se efectúa una sustitución de Constitución”.
Para el jefe del Ministerio Público es altamente cuestionable que ese acto legislativo pretenda autorizar la no investigación y la no persecución penal de los “crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra” cometidos por los “máximos” responsables del terrorismo fariano.
Para Ordóñez Maldonado tal disposición vulnera no sólo la ley y la Constitución sino que también viola los compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto de la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los cuales son imprescriptibles, es decir no son susceptibles de ser amnistiados o indultados o no investigados.
El Procurador General advirtió que en caso de que se insista en aplicar tal “marco” la jurisdicción de la Corte Penal Internacional será activada, pues tal gesto vulnerará los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación, derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos de la ONU y por la Corte Penal Internacional.
Nada indica que el Procurador General asume esa posición por ser un “amigo” o un “enemigo” de la paz. Como todos los colombianos, él es un militante resuelto de la paz. Su punto de vista es el siguiente: la paz auténtica sólo puede venir del respeto del Estado de derecho, de los derechos humanos y, por lo tanto, del respeto a las víctimas, de los derechos de éstas a la justicia, a la reparación y a la verdad. Su conclusión es imparable: “No es legítimo ningún proceso que, so pretexto de la paz, favorezca la impunidad”.
La posición del Fiscal General es opuesta. El asegura que el marco jurídico para la paz “permite suspender penas, incluso de crímenes de lesa humanidad”. Creyendo que la razón está de su lado, Montealegre le pide al Procurador “reconsiderar su posición”. La violencia de sus admoniciones desnuda una gran inquietud. ¿El ve a sus objetores como obstáculos para llegar a la paz? El le explica al Procurador que “ya existe una reforma constitucional” que le “permite al Gobierno Nacional suspender, en caso que de que exista un proceso de paz, la ejecución de las penas aún tratándose de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Ordóñez Maldonado no necesita lecciones de nadie en esa materia.
Fiscal Montealegre en Marcha del 9 de Abril de 2013
En su réplica, el Procurador General afirma: “No se puede sacrificar a las víctimas en el altar de la impunidad”. El tiene toda la razón cuando dice que las Farc son los mayores responsables de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra que se han cometido en Colombia. En consecuencia, el “marco legal para la paz”, en su estado actual, es “una afrenta a las víctimas”, una “caricatura de justicia”. La indulgencia para con las Farc que muestra el “marco jurídico para la paz” indigna a todas las víctimas, y al país con ellas.
El problema de Eduardo Montealegre es que su posición es insostenible. Ordóñez Maldonado lo explica así: “El señor Fiscal General carece de razones jurídicas. Sus afirmaciones no están fundadas en las obligaciones que el Estado colombiano contrajo al firmar los acuerdos internacionales”. El ordenamiento jurídico colombiano siempre rechazó la impunidad.
Montealegre asegura que en la Fiscalía no hay expedientes “por condenas por crímenes de lesa humanidad contra los comandantes de la guerrilla Farc”. En Medellín precisó que crímenes atroces como los secuestros, las tomas guerrilleras, el reclutamiento de menores, entre otros, “son tomados [por la Fiscalía General] como simples infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Esa declaración produce escalofríos. Si tal es el estado de indolencia de la Fiscalía ante el crimen qué espera el Fiscal General para ordenar que se abran inmediatamente esas investigaciones bajo el rótulo inequívoco de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra? ¿Muchas de las atrocidades habituales de las Farc no caen dentro de esa tipología? A título de consolación, Eduardo Montealegre deslizó esta frase: “Eso no implica que la Fiscalía no vaya a investigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra eventuales que hayan podido cometer los máximos responsables y el secretariado de las Farc”. La palabra “eventuales” y la frase “que hayan podido cometer” no constituye un matiz, es un lapsus calami. ¿Para Montealegre no se trata de algo evidente? ¿Sólo es una posibilidad? En todo caso, las palabras del Fiscal General no fueron seguidas de hechos. El no ha ordenado abrir esas investigaciones. ¿Qué está esperando para hacerlo?
La posición del Fiscal Montealegre es insostenible. Su análisis es errado, pues procede de una visión únicamente administrativa del problema. La justicia supone el proceso, la confrontación entre las partes, la sentencia, los recursos. La administración supone únicamente un arbitraje a priori, sin debate. Ese es el fondo y el espíritu anómalo del “marco legal para la paz”.
La impunidad para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los jefes y las bases de las Farc es un imposible jurídico, moral y político, en Colombia y en el resto del mundo. La posición de Montealegre tiene un único soporte y éste es endeble: el “Marco para la paz”. Pues éste es una aberración. Este, nunca fue un estatuto por encima de toda sospecha. Fue el resultado de arreglos políticos que torcían el bloque de constitucionalidad. El destino de tales arreglos se jugó con la introducción de ciertas palabras que violaban el orden jurídico. La urgencia política de ese acto fue presentada por el poder central como absoluta: obtener al precio que fuera la paz con las Farc. Pero esa creencia de la paz a cualquier precio no descansaba sobre nada.
Cuando ese acto legislativo fue dado a conocer a la ciudadanía, las Farc respondieron que nunca dejarían las armas. Su mensaje es que seguirán matando colombianos y que la impunidad total que beneficiará eventualmente a sus jefes y subjefes no los hará renunciar a su proyecto estratégico. Las Farc no han corregido esa posición desde el inicio de las negociaciones en La Habana.
Pese a ello, el presidente Santos y sus escuderos siguieron adelante. Para ellos las maniobras para abrir un proceso de paz debían dominar la acción del Estado y del Gobierno. Para ellos, todo el orden jurídico podía ser maltratado y resquebrajado en aras de ese incierto proceso. Desde entonces, ellos no han hecho otra cosa que escamotear los argumentos de sus contradictores, calificándolos de “enemigos de la paz” y de “mano negra”. Algunos de ellos han sufrido atentados, como el periodista y ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos. Otros, como el ex presidente Álvaro Uribe y otros de sus colaboradores, están bajo la amenaza de procesos de hostigamiento montados por activistas fanatizados.
Pese a tales presiones, Alejandro Ordóñez reitera con razón que “no se puede admitir que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidios, de desplazamientos, no vayan a pagar un solo día de cárcel.” El advierte lo siguiente: “Si el Estado colombiano se va a convertir en un paria internacional lo debe saber la sociedad, y me corresponde advertirlo como representante de la sociedad”.
Por su parte, los jefes farianos saben que un día la ley los alcanzará, estén donde estén y hagan lo que hagan. Pues los crímenes que han cometido son imprescriptibles. Por eso, por más maromas judiciales que algunos emprendan para favorecerlos, para firmar con ellos una paz de fachada, la justicia los atrapará.
Saben que correrán la misma suerte de tantos jefes nazis. Estos se ocultaron o se compraron una nueva identidad, o una virginidad judicial, durante años, tras el fin de la segunda guerra mundial. Empero, años y décadas después, fueron descubiertos, capturados, juzgados y condenados. Evoquemos sólo un caso: Klaus Barbie. “El verdugo de Lyon”, participó de 1942 a 1944 en la comisión en Francia de crímenes contra la humanidad y logró escapar a sus acusadores. Vivió oculto durante años en Alemania y Bolivia. Sin embargo, en 1983 fue descubierto, capturado y deportado. Fue enjuiciado y condenado a prisión perpetua en Francia en 1987. Murió en prisión a los 77 años.
A los Timochenko y a otros monstruos de las Farc les ocurrirá lo mismo, pues ni la justicia ni la memoria de los colombianos serán abolidas definitivamente por poder alguno. Ninguna “comisión de la verdad” logrará borrar esas fechorías. A pesar de las actuales vicisitudes de la justicia, enredada en obscuras aventuras políticas, la verdad y el derecho de las víctimas se abrirán paso.
Los jefes farianos saben que un día la tierra se hundirá bajo sus pies, a pesar de que hayan sido protegidos por normas de circunstancia, inconstitucionales, deleznables y condenadas a caer. En ese momento, esos amnistiados e indultados tendrán que esconderse de nuevo, o afrontar los tribunales.
Las Farc dicen que no harán la paz. Ellas tienen enormes compromisos extranjeros como para que dejen de matar hasta la víspera de la utópica toma del poder. Todos los que se sientan a la mesa del Foro de São Paulo conspiran para que las Farc, su mayor instrumento bélico para destruir el Estado colombiano, no acepten firmar acuerdo alguno de paz, verdadero y duradero, con un gobierno de turno.
Hace años que la derrota de la justicia de Colombia viene siendo preparada. Hoy la justicia está relegada. La han puesto en el rincón más obscuro de la casa. Su legitimidad está manchada. Nociones como “derecho” y “jurídico” están deterioradas. La independencia del poder judicial está en peligro. Pues todo es aleatorio, relativo y sustituible. Así fue como se pudo llegar a la situación actual: la de un ejecutivo mandón, irracional y excluyente. El orden actual es un orden compulsivo, unilateral, que pretende decidir todo, transgredir todo y hegemonizar todo. El “marco para la paz” es el resultado de ese estado de cosas. Sin embargo, la voz del Procurador General se levanta con enorme valor civil pues él ve que se está llegando a extremos delirantes. Estamos cerca del punto de no retorno. Y se está poniendo en juego no el destino de un conflicto sino el destino de todo un pueblo.
