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martes, 24 de febrero de 2015

Armas de fuego para reprimir en Venezuela.

A través de una resolución firmada por el ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, y publicada ya en la Gaceta Oficial del 27 de enero, a partir de ahora queda a discreción de los efectivos militares encargados de “garantizar el orden público” decidir cuándo podrán utilizar armas de fuego ante protestas o manifestaciones públicas.
(Lea más noticias sobre la crisis en Venezuela)

A través de una resolución firmada por el ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, y publicada ya en la Gaceta Oficial del 27 de enero, a partir de ahora queda a discreción de los efectivos militares encargados de “garantizar el orden público” decidir cuándo podrán utilizar armas de fuego ante protestas o manifestaciones públicas.
Si bien el documento establece que el uso de la fuerza militar debe ser proporcional y diferenciado según el comportamiento de la protesta y los manifestantes, por primera vez en la normativa venezolana se permite taxativamente al militar en funciones “aplicar el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” ante la “creación de una situación de riesgo mortal” (artículo 22 de la resolución).
Así lo explica a EL TIEMPO la abogada y experta en temas militares Rocío San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano. “Claro que hay manuales para uso proporcional y diferenciado de la fuerza en Venezuela, también están los de Naciones Unidas, pero yo no conocía una resolución en estos términos. Vale decir que 75% de lo que dice es positivo, y se podría profundizar en esos temas, pero los artículos 22 y 23 establecen el uso mortal de la fuerza en términos subjetivos, sujetos a una interpretación que es inadmisible en relación a los daños que pueden causar”, destaca.
Específicamente, quedaría en manos de las guarniciones militares la graduación de la fuerza “entre la disuasión y la reacción (…) partiendo de la presencia ostensiva, hasta el uso de arma de fuego”. Así, el artículo 23 de la nueva normativa establece una escala de control a las manifestaciones y protestas cuyo último peldaño señala que los militares “no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso”.
De antemano el documento establece que el objetivo de los militares venezolanos tienen “como principal función mantener y asegurar la estabilidad, la ley y el orden dentro del territorio nacional, evitar los desórdenes y apoyar la autoridad legítimamente construida y rechazar toda agresión enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Tomando en cuenta la delicada situación social en Venezuela, el evidente malestar de la gente producto de las filas masivas para la compra de alimentos y medicinas –lo que a muchos les ha hecho recordar el ambiente previo al estallido social de 1989, el famoso “Caracazo”-, los primeros análisis apuntan a que el gobierno busca contrarrestar cualquier voluntad de manifestación pública.
“La única lectura que uno puede hacer es que se trata de intimidar a la población y de alguna manera impedir que salga a protestar. Eso significa una amenaza de muerte del ministro (de Defensa) a los manifestantes y a la gente descontenta”, opinó Roberto Briceño León, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en un programa de radio local. San Miguel no descarta que sea una carta disuasiva del gobierno: “no queda duda que hay un claro análisis de entorno en el Ejecutivo Nacional que quiere anticiparse a hechos que están ocurriendo desde enero”.
La actuación militar en las protestas del año pasado, en algunos casos desproporcionada hasta el punto de costar la vida de manifestantes, se mantiene como un recuerdo fresco que preocupa a la población. Se estima que la resolución daría carta blanca a las fuerzas militares del Estado para sistematizar una represión de la que, hasta ahora, podía acusarse puntualmente a algunos funcionarios.
Entre las opiniones destaca que la resolución sería inconstitucional pues contraviene el artículo 68 de la carta magna que prohíbe claramente “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Sin embargo, San Miguel advierte que la resolución se cuela en la interpretación de que la manifestación o protesta se torne violenta. “La inconstitucionalidad no viene por el artículo 68 sino porque la indefinición jurídica, la arbitrariedad en una norma tan peligrosa. El problema fundamental es que ya anticipadamente permite el uso de armas”.

VALENTINA LARES MARTIZ (Caracas)

domingo, 25 de enero de 2015

Un Estado en descomposición urgente.

MÉJICO



(AW) Guillermo Almeyra es polítólogo e historiador y ha vivido en México lo suficiente como para ofrecernos un panorama desolador cuyo nudo gordiano se relaciona con la dependencia de Estados Unidos. Desde la compra de armamentos de ese país, el uso de sus alimentos para el país del Norte y en definitiva todo 'en defensa del orden'
 1 MEJICO
Por Guillermo Almeyra
El Estado mexicano no es más que un semi Estado en descomposición acelerada. En efecto, ha sufrido mucho más que otros Estados de países dependientes las consecuencias de la política del gran capital en el desarrollo de la mundialización. Es decir, la pérdida de soberanía en el establecimiento de su política financiera, monetaria, militar, jurídica, alimentaria, rural, demográfica y del control del territorio nacional. Los acuerdos internacionales subordinan el presupuesto y la moneda nacional a Estados Unidos y a los servicios de la deuda externa. La compra del armamento se realiza en Estados Unidos, las fuerzas armadas están supervisadas por Estados Unidos mediante observadores in situ, los procesos electorales son controlados por Washington al igual que la justicia, el campo fue colocado al servicio de las necesidades estacionales de los importadores del Norte y la soberanía alimentaria fue liquidada mediante el Tratado de Libre Comercio Norteamericano con el resultado del despoblamiento de las regiones rurales a la opción a la población joven entre la desocupación disfrazada de empleo informal, la emigración clandestina abandonada a sí misma o la delincuencia y, finalmente, el ejército de Estados Unidos declara oficialmente que controla todo el territorio hasta Centroamérica y manda técnicos militares y policiales a México para intervenir en lo que titula “defensa del orden”.
A eso se agrega la ilegitimidad y la ilegalidad del personal gobernante. El fraude descarado le robó la victoria electoral en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas; los asesinatos masivos crearon las condiciones para imponer un nuevo gobierno del PRI-PAN que no cumplió con su firma en los Acuerdos de San Andrés y pasó el testimonio al PAN, que en el 2006 volvió a robarle la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador, militarizó y ensangrentó al país y en el 2012 devolvió el gobierno a su aliado priísta para que eliminase por completo en el plano jurídico, político, económico y social las conquistas de la Revolución mexicana que aún subsistían.
El resultado es un aparato estatal sin los atributos de un Estado independiente, coludido con la parte más sangrienta e inescrupulosa del capital- el narco tráfico y la delincuencia organizada-, carente de consenso y dependiente por completo de la represión y los asesinatos para mantener el gobierno de una oligarquía reducida de socios del gran capital financiero internacional.
El presidente nacido del fraude carece de consenso y depende de las fuerzas represivas en las que un sector todavía sano y antientreguista ve con creciente preocupación los lazos con el narcotráfico del otro sector y del gobierno y teme las consecuencias posibles de un estallido social preanunciado por la protesta por las matanzas de Atlatlaya y Ayotzinapa que abarca cada vez más regiones, sectores sociales y países del mundo.
Esa protesta democrática inicialmente exigía castigo a los culpables y gritaba sólo “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. Ese reclamo justo y lógico deja en manos del Estado criminal la reparación de los crímenes que el mismo comete y no modifica un sistema que descansa sobre la violencia y la delincuencia y el acuerdo con los narco-lavadores de dinero, los narco-políticos, los narco-policías o militares. Ahora, en cambio, las últimas manifestaciones estudiantiles elevan el tiro repudiando el crimen de Estado y exigiendo la renuncia de Peña Nieto, conscientes de que es necesario un cambio político. Pero esa exigencia, sin proponer una alternativa, implica un salto al vacío y no puede convencer a la mayoría de la población que, aunque horrorizada por la represión, teme un cambio, sigue siendo pasiva y conservadora y no hace en las grandes empresas ni siquiera paros simbólicos solidarios.
Porque el problema es quién reemplazaría al presidente títere del gran capital en el caso de que se lo derribase, qué se podría hacer contra las fuerzas represivas y contra la violencia del narcotráfico y cuál podría ser la salía democrática y constitucional a esta situación de ilegalidad generalizada.
En esta tensa situación social desgraciadamente hay grupos que no han aprendido nada de la historia nacional y sudamericana y alientan veleidades guerrilleras llevados por el mesianismo, la impaciencia, la inconsciencia y, algunos, alentados por la provocación. Una aventura de grupos armados desligados del pueblo sólo serviría al gobierno para hacer abortar el crecimiento de la protesta y de la conciencia popular.
En cambio es necesaria la resistencia civil organizada y generalizada que lleve a un paro cívico nacional y prepare una huelga general nacional obrero-campesina-estudiantil. En Bolivia, el pueblo en la calle expulsó al presidente Sánchez de Lozada e impuso un gobierno de transición que llamó a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Es constitucional el derecho de resistencia a la tiranía y el derecho a una Constituyente que cambie el país y sus instituciones. Es posible imponer esta salida y la constitución de un gobierno técnico transitorio compuesto por pocas personalidades intachables que cierre el Congreso, reorganice el Estado y organice elecciones generales y una Asamblea Constituyente con delegados elegidos en asambleas populares. La generalización de las policías comunitarias y grupos populares de autodefensa apoyados en grandes movilizaciones tendría un fuerte efecto en los mejores sectores de las fuerzas armadas, como sucedió en los países árabes, y el control popular reduciría la acción de los narcos. La Asamblea Constituyente restituiría la propiedad nacional de los recursos naturales privatizados, castigaría la corrupción y la delincuencia, anularía las leyes y medidas antisindicales y antiobreras, daría plena vigencia a los derechos democráticos y podría resolver planes concentrados de apoyo a los campesinos y de creación de empleos para reducir la emigración y las bases del narcotráfico. Esperar en cambio que el desgaste de Peña Nieto y de los organismos estatales de mediación y contención (PRI, PAN, PRD y otros partidos paleros) pueda facilitar próximas elecciones generales limpias y un eventual triunfo de MORENA es utópico, desmoviliza la protesta y da tiempo y margen de maniobra a los criminales de Estado. Un cambio sólo es posible si se movilizan amplias masas por un programa común inmediato y una alternativa democrática posible.

miércoles, 2 de abril de 2014

¿QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, QUIÉN, CÓMO, POR QUÉ?

VENEZUELA

Por Luis Britto García

QUÉ

El partido minoritario Voluntad Popular pretende sustituir al Presidente legítimamente electo con ?la salida? hacia un ?Gobierno de Transición? no elegido por nadie. El 12 de febrero convoca ante la Fiscalía General de la República una manifestación ?contra la inseguridad? que culmina en intento de quemar el edificio, incendio de vehículos y tiroteo que causa dos muertos y treinta heridos. Grupos terroristas hacen cortes viales en urbanizaciones de clase media y secuestran a los vecinos, destruyen más de medio centenar de unidades de transporte colectivo, sabotean centrales eléctricas, destruyen locales de 15 universidades, saquean, cobran peaje y  asesinan a balazos  a agentes del orden y vecinos que intentan restablecer la vialidad.

CUÁNDO

Después de que el bolivarianismo gana en las elecciones de diciembre el 76,42% de las alcaldías, conquistando 256 municipios de 335. Después de que el gobierno otorga a los empresarios 60.000 millones de dólares a tasa preferencial para importaciones indispensables, que éstos disipan en importaciones ficticias. Después de acaparamientos masivos por comerciantes que crean desabastecimientos estratégicos. Después de que el gobierno enfrenta la guerra económica con una Ley de Precios Justos que prohíbe las acostumbradas ganancias empresariales de 200%, 300%, 1.500% y hasta 15.000%.



DÓNDE

En 19, luego 9 y finalmente 1 de los municipios con mayoría de clase media dominados por alcaldes opositores, quienes con sus policías locales protegen a quienes secuestran a los vecinos hasta que una sentencia del TSJ lo prohíbe (No hay  cortes viales en el Country Club o la Lagunita). En estados fronterizos, cundidos por la infiltración paramilitar, escenarios de un proyecto secesionista.

QUIÉN

Los medios internacionales los presentan como estudiantes. Algunos hay, enviados en primera fila para proporcionar las víctimas. Pero pocos están entre ellos del 79% de los jóvenes entre 14 y 24 años que estudia; del 67% que lo hace  en instituciones  gratuitas, del 90%  que considera que los estudios le aportan muchas o bastantes oportunidades, del  73% que aprecia que el mejor sistema es la bolivariana democracia participativa; del 60% que piensa que el mejor sistema económico es el socialista (GIS XXI).  Sólo un tercio de los violentos arrestados son estudiantes. De cinco detenidos con armas por el cuerpo de vigilantes de la UCV, ninguno pertenecía a esa casa de estudios, y sólo uno era estudiante.

CÓMO

Pasando de la manifestación ?pacífica? al secuestro masivo de vecinos, el saqueo, el cobro de peaje, el incendio, la destrucción de 15 sedes universitarias gratuitas, el envenenamiento de aguas con gasoil y el asesinato. Distribuyendo generosamente los 1.338.331 dólares que según su informe anual la NED destinó a Venezuela en 2012, más las cataratas de divisas del año pasado y presente y las canalizadas mediante ONGs financiadas con ellos. Alquilando sicarios, paramilitares y azotes de barrio que tras su captura confesaron haber sido pagados a mil bolívares por día, y tres mil motorizados. Coligando 87 periódicos de la SIP y los cinco megamonopolios mediáticos del mundo contra Venezuela.

POR QUÉ

Porque Venezuela es el país con mayores reservas de hidrocarburos y controla su propia industria. Porque aplica  sus recursos para lograr los más altos niveles de igualdad y desarrollo humano de la región. Porque es una de las promotoras de una diplomacia multipolar y de alianzas continentales como el ALBA, Unasur y la Celac, opuestas al intervencionismo de Estados Unidos. Porque después de los fiascos de Siria y  Crimea, Estados Unidos quiere desquitarse con lo que la oposición le pintó como  negocio hecho y ha resultado hueso imposible de roer. Porque después de perder 18 de 19 consultas electorales inobjetables, la oposición busca arrebatar lo que no ha podido ganar por el voto con el terrorismo y la intervención extranjera.

martes, 19 de junio de 2012

Candidatos mexicanos debaten con #YoSoy132.


MÉXICO-ELECCIONES

El encuentro organizado por el movimiento estudiantil contará este martes con la participación de 3 de los aspirantes a la presidencia del norteño país. El candidato priísta, Enrique Peña Nieto, rechazó la convocatoria.
El debate será transmitido vía internet desde el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Será el tercer encuentro entre los candidatos.
Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolución Democrática (PRD); Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN); y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza (PANAL), confirmaron su participación.
Sin embargo, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, declinó la invitación por considerar que "no genera condiciones de imparcialidad y neutralidad".
Por su parte, el colectivo estudiantil garantizó las condiciones para un debate imparcial y confirmó la presencia de un notario público para asegurar la legalidad del orden de participación y de las preguntas.
Los candidatos responderán temas de educación, arte, cultura, ciencia y tecnología. También, sobre la democratización de los medios y los monopolios.
Por último, los aspirantes responderán a las preguntas realizadas durante la última semana por la sociedad mexicana a través de internet.
Las preguntas del debate serán analizadas previamente por un grupo de docentes de distintas universidades mexicanas.
La iniciativa de este martes del #YoSoy132 se suma a las recientes movilizaciones y asambleas que definieron las posiciones políticas del movimiento que reclama, desde su conformación, elecciones libres y la democratización de los medios. (PÚLSAR)

sábado, 16 de junio de 2012

Paraguay: YA SON 18 LOS MUERTOS EN LA MASACRE GESTADA POR LA POLICIA.

Presidente Paraguay ordena a militares apoyar a Policía en Curuguaty


BUENOS ARES, 15 jun (Xinhua) -- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ordenó hoy a las Fuerzas Armadas "sumarse de inmediato" a las operaciones policiales y de seguridad que se desarrollan en las inmediaciones de la localidad de Curuguaty, ante el enfrentamiento entre uniformados y policías que dejó hasta ahora 18 muertos.
Palabras clave?
BUENOS ARES, 15 jun (Xinhua) -- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ordenó hoy a las Fuerzas Armadas "sumarse de inmediato" a las operaciones policiales y de seguridad que se desarrollan en las inmediaciones de la localidad de Curuguaty, ante el enfrentamiento entre uniformados y policías que dejó hasta ahora 18 muertos.

"He ordenado a las Fuerzas Armadas sumarse de inmediato, desde su misión específica, en apoyo a este operativo", expresó Lugo a través de un comunicado oficial.

En la nota, el presidente paraguayo hizo público su "firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden" y dijo que éstas actuaron "en cumplimiento de un mandato judicial".

El número de muertes se elevó esta tarde a 18 y ocurrieron durante un fuerte enfrentamiento entre policías y campesinos que se negaban a desalojar una reserva forestal en la localidad de Curuguaty, en el  departamento de Canindeyú (nordeste).

La hacienda que fue desalojada, de unas 2.000 hectáreas, es propiedad de un conocido empresario local.

Los campesinos denuncian que son tierras "mal habidas" producto del reparto de tierras a aliados del gobierno militar (1954-1989).


En su comunicado, el presidente Lugo expresó su "gran pesar y repudio a los hechos que condujeron al fallecimiento de (hasta ahora 18) personas en los sucesos de esta mañana en Curuguaty".

Manifestó "solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión".

Entre tanto, las autoridades sanitarias y de seguridad confirmaron que "se eleva a 18 la cantidad de fallecidos" en los enfrentamientos que se produjeron en Curuguaty, pues en el reporte previo habían dicho que el número de muertos era de 16. 

sábado, 2 de junio de 2012

La protesta contra una minera suiza se traslada a la ciudad de Cuzco.

PERÚ

30-05-2012 /

La protesta en la provincia peruana de Espinar, en el sureste del país, contra la minera suiza Xstrata se trasladó hoy a la ciudad de Cuzco, donde un grupo de estudiantes ocupó una universidad para apoyar las demandas de los grupos sociales.

Estudiantes de Espinar obligaron con su ocupación a suspender las clases en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, informaron medios locales.
Los jóvenes se unirán más tarde a la marcha que ha sido anunciada hoy en la ciudad de Cuzco en solidaridad con las organizaciones sociales de Espinar, que rechazan los supuestos daños ambientales que causa la explotación de cobre en el yacimiento Tintaya, a cargo de Xstrata.
El Gobierno peruano decretó el lunes el estado de excepción en Espinar para recuperar el control en esa provincia cusqueña tras un enfrentamiento entre manifestantes y policías que causó dos muertos.
Las fuerzas armadas fueron autorizadas a ayudar a la policía en la custodia de locales públicos y privados, así como garantizar el libre tránsito e impedir las reuniones públicas, mientras dure la emergencia.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Peruana pidió hoy a las partes un "diálogo transparente como único camino para construir la paz en nuestro país".
Además, la Iglesia católica convocó en un comunicado a las autoridades, a las fuerzas del orden, a los dirigentes y las comunidades "a preservar el orden social sin ceder a la grave tentación de la violencia".



Detienen a alcalde peruano que apoyó protestas contra minera


Tras varios días de estar escondido, el alcalde peruano de la región de Espinar (sur), Óscar Mollohuanca, fue detenido este miércoles. Se presume que estuvo vinculado con las violentas revueltas en contra de la minera suiza Xstrata, en las que murieron varias personas.


El alcalde de la provincia de Espinar (al sur de Perú), Óscar Mollohuanca, fue detenido este miércoles por las autoridades municipales de esa zona por su presunta vinculación con las revueltas en contra de la minera suiza Xstrata. 

Así lo dio a conocer el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, quien en declaraciones a la prensa local indicó que Mollohuanca -que estuvo varios días en la clandestinidad- se encuentra dando sus generales de ley ante los agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Tintaya Marquiri. 

"Él (Oscar Mollohuanca) ha sido detenido cuando estábamos en los actos preparatorios para instalar la mesa de diálogo (...) yo lo estoy acompañando", precisó Acurio.

El fiscal de provincia, Héctor Herrera, denunció recientemente que se ha abierto una investigación contra el gobernador y otros líderes sociales por su papel en la huelga indefinida que vive la región contra la minera Xstrata, que lleva ya 10 días consecutivos. 

Las autoridades regionales acusan a esa corporación de contaminar los ríos Salado y Cañipía y exigen un estudio ambiental en ambos. Asimismo, piden el aumento del tres por ciento al 30 por ciento del aporte voluntario. 

Según las imágenes mostradas por el local canal N, Mollohuanca fue detenido por decenas de policías en el palacio municipal, cuando se reunía con otras autoridades locales.

Mollohuanca había estado ilocalizable, después de conocer que supuestamente había una orden de detención en su contra por las bombas molotov encontradas en una camioneta del servicio de su municipio.

Según varios testigos, el alcalde estuvo al frente de los pobladores cuando intentaron ingresar al yacimiento de Xstrata en Tintaya y se enfrentaron con la Policía el pasado lunes.

Ese enfrentamiento causó la muerte de dos personas, además de decenas de  heridos, y la policía detuvo a 25 personas por los hechos.

Un grupo de pobladores pidió a viva voz la libertad del alcalde, ante un fuerte contingente de la Policía que rodea la municipalidad de Espinar.

Hasta el momento, permanecen detenidos el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, quien convocó a las protestas, tres agentes del ayuntamiento de Espinar y dos activistas de la Vicaría de Sicuani.

En tanto, en la calle, la localidad sigue tomada por manifestantes que llevan una decena de días protestando contra la minera.

sábado, 24 de marzo de 2012

Aysen:La cuestión del vínculo o lazo social en el país.

¡Tu problema es mi problema!

Lunes, 19 de Marzo de 2012 13:56    Pablo Salvat
El Clarín
Notable consigna esta que agrupa a las distintas expresiones del movimiento social y ciudadano aysenino. Importante y  valiosa porque, entre otras cosas, repone  en la escena nacional  la cuestión del vínculo o lazo social en el país.

La verdad, las políticas aplicadas en el ámbito económico-productivo ? Consenso de  Washington mediante-,  de ajuste estructural y orientación neoliberalista, tuvieron entre sus objetivos contribuir a desmantelar el lazo social  que se había construido  en el Chile republicano hasta 1973 y que, de un modo u otro, posibilitó el ascenso y reconocimiento de los sectores populares y algunas de sus demandas.  Imperfecto, como toda construcción histórica, pero al menos, nos daba un tipo de vinculación mutua que iba  más allá del mero poder del dinero o del mero poder de la fuerza desnuda.


La imposición del modelo actual implicó también la puesta en plaza de otro contrato social, uno basado en una antropología política modificada: más individualista, más competitiva, autocentrada,  más egoísta y  privatizada, entre otras cosas. El miedo a la represión de esos largos y oscuros años hizo también lo suyo. Marcó un aumento de la desconfianza mutua, de la despolitización de la sociedad,  del ?cada uno se rasca con sus uñas? como leitmotiv para resolver la existencia cotidiana y sus problemas.  El orden y la seguridad  avanzó en valoración para situarse por sobre la justicia, la dignidad y la decencia.  Por eso, teníamos  cada vez más individuos, y cada vez menos sociedad:  la crisis del nosotros, una de sus consecuencias .


Cada vez más una política restringida y elitizada, y otra forma de entenderla y vivirla  desde la base social. Esa liquidación del vínculo residía justamente en privatizar la vida en común y desprestigiar lo público con la jibarización del Estado. ¿Cómo podíamos  salir adelante con nuestros problemas cotidianos entonces? ¿Cómo  enfrentar el sufrimiento, la falta de trabajo, el dolor o las frustraciones que genera este tipo de modelo económico y de sociedad?  Ah bueno, esos son asuntos privados, de cada cual. Cada uno verá como se apea al caballo o como se endeuda. No hay corresponsabilidad en esta única nave llamada Chile.


Quizá por eso mismo los oídos sordos desde el gobierno y  las elites de poder frente a las diversas expresiones de malestar de los ciudadanos de norte a sur.  Si el modelito que favorece a los más ricos y poderosos, de dentro y fuera del país, no le parece a la mayoría, pues es su problema.  El Estado no puede darles una mano. Pero claro, puede gastarse en poco más de un año la misma suma con la cual resolverían los problemas de Aysén en propaganda gubernamental  a través de los distintos  medios de comunicación (en las manos de los mismos grupos dueños del país, o de inversores extranjeros) .


Si no hay lazo social legitimable entre todos, a partir de una cierta idea de país deseable que represente la voz soberana del conjunto, de un nosotros levantado con todas las manos, solo queda la disciplina social vía el mercado  y la represión policial.  Cuando el mercado se muestra incapaz de hacer bien sus  tareas,  y gobierna la derecha, su principal adalid, entonces el autoritarismo de la mano dura vuelve rápidamente a la escena nacional, bajo cualquier pueril y banal pretexto. No es cierto que el primer derecho humano sea el de la seguridad, salvo que por seguridad entendamos tener garantizado para todos en relativa igualdad de condiciones, el derecho a una existencia digna  y a una ciudadanía activa y empoderada. La otra seguridad, la que se predica acá, es la que proviene del miedo, de una idea de orden social naturalizado,  verticalista, que llama ?desorden? o ?caos? a todo cuestionamiento de la marcha actual del país y de sus estructuras. Idea  deudora de una mentalidad y una práctica autoritaria y conservadora que ya vivimos.  Con ello la estrechez dogmática del gobierno y su manipulación de los hechos queda a la vista. Pero hay  que decirlo, al mismo tiempo se usan balines y otras cosas contra compatriotas al sur del mundo, desarmados, mujeres, niños, jóvenes. Una vergüenza. Buena parte de los problemas que nos aquejan, salud mental, delincuencia, apatía, corrupción, desigualdades, se relacionan con lo débil del  vínculo común y una extendida mercantilización de la vida.


A partir del año pasado ?sin embargo-,  los ciudadanos, lentamente, hemos comprendido que sin una acción en común no habrá futuro viable.  Una importante tarea entonces es refundar el nosotros cívico en torno a nuevas constelaciones normativas: igualdad, justicia social, fraternidad, dignidad, decencia. Ingredientes que deben ser traducidos en el espacio público y común, incluyendo la economía. Por eso estimado lector, es tan importante  tomar en cuenta  y meditar entre todos sobre la consigna aysenina, porque es verdadera :  tu problema es mi problema..