Los rebeldes sirios que combaten a Bashar el Asad no son lo que venden ser.

Ejecuciones, atentados, secuestros: la cara oculta de los rebeldes sirio

 A pesar de que manejan con maestría las redes sociales y que son expertos en el uso de la propaganda, lo cierto es que cada vez más se filtran a la prensa internacional las atrocidades que cometen y dejan al descubierto su cara más oscura. En un principio los reporteros y periodistas que acudían a cubrir el conflicto sirio desde el bando de los rebeldes obviaban sus crímenes convencidos de que Asad era el mal mayor. Ahora, sin embargo, esa premisa ya no está tan clara. El transcurrir de los meses ha ido acumulando sobre las espaldas de la oposición todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos, y los vídeos que ellos mismos graban y en los que presumen de sus atrocidades no dejan lugar a la duda sobre la autoría. La presencia de niños soldado, rifle de asalto AK-47 en mano, estremeció al público el pasado verano, y lo que en un principio se excusó como una excepción es ahora una norma. Los rebeldes acogen en sus filas a cualquiera que quiera luchar contra Damasco o por la yihad: cualquiera es bienvenido. Y esa lucha, desde una superioridad moral que no ocultan, autoriza a cometer ejecuciones sumarias no sólo de soldados del régimen y shabiha –paramilitares a sueldo de Asad– sino incluso de civiles sospechosos de colaborar con el Gobierno o simplemente de sirios que profesan la fe cristiana. Salafistas y yihadistas Los atentados son uno de los métodos predilectos de una oposición armada que cada vez está más controlada por elementos salafistas y yihadistas. El más mortífero fue ejecutado en Damasco el pasado febrero, y en él murieron 64 personas, cincuenta de las cuales eran civiles. Elementos del Frente Al-Nusra (vinculado a Al Qaeda) colocaron explosivos junto a una parada de bus escolar, en un cruce muy transitado de la capital siria. Otros 600 atentados indiscriminados atestiguan que los yihadistas no pretenden detenerse para implantar un emirato islámico en el que rija la sharia. La cruzada religiosa en Siria ha atraído a miles de radicales de todo el mundo. La Unión Europea calcula en 600 los yihadistas europeos que han respondido al llamado de las milicias radicales que combaten contra Asad. Bruselas se muestra preocupada porque esos ciudadanos, al retornar a sus hogares, lo harán con un bagaje militar incuestionable, acrecentando así el riesgo de sufrir atentados en el suelo del Viejo Continente. La figura del lobo solitario, que ya golpeó este verano en Londres o París, podría convertirse en una constante que bañe de sangre las calles europeas. Los Estados Unidos apuestan ahora por intervenir militarmente en Siria para desmantelar el aparato bélico de Damasco. El presidente Barack Obama aduce que el régimen, al emplear armamento químico en su lucha contra la oposición, ha cruzado la línea roja que autorizaría un bombardeo limitado y selectivo. Sin embargo, Washington guarda silencio sobre los indicios que apuntan a que la autoría de la masacre, en la que murieron más de 1.400 personas, podría estar en manos rebeldes. No sería la primera vez que los insurrectos emplean agentes biológicos para derrotar a las Fuerzas Armadas de Asad. Carla del Ponte, miembro de la comisión de la ONU encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos en Siria, ya reveló en mayo que tenía pruebas contundentes sobre el uso de armas químicas por parte de la oposición. Por su parte, Turquía mantiene detenido a un grupo de rebeldes que intentaba pasar por la frontera sirioturca 2 kilogramos de gas sarín, el agente empleado en el ataque del pasado 21 de agosto en Damasco. Obama y su homólogo francés, François Hollande, pasan por alto que quienes combaten contra Asad son tan criminales de guerra como el dictador. Pero ni siquiera los rebeldes se ponen de acuerdo sobre si Washington debería intervenir militarmente, y los salafistas han llegado a amenazar a Estados Unidos con atentados suicidas en caso de que una sola bomba caiga sobre suelo sirio. ¿A estos luchadores por la libertad quiere apoyar el Nobel de la Paz Barack Obama? 

El antro paraguayo en Argentina.

La nueva ministra de Turismo de Paraguay en FIT 2013

internacional

Destino Paraguay se presenta en la Feria Internacional de Turismo 2013 que se realiza cada año en La Rural de Buenos Aires, del 14 al 17 de septiembre, y en esta oportunidad estará presente la ministra de Turismo del país, Marcela Bacigalupo, entre otras novedades que traerá el país.

El stand de Paraguay estará ubicado en Sector Internacional, bajo el nº 1955. Tendrá 98 m2 y este año los temas que traerá sobre sus atracciones turísticas serán: la Ruta Jesuítica, el Camino Franciscano, el Turismo Aventura, Turismo en Mbaracayú, el Chaco y el Pantanal, el Complejo Turístico Itaipú y todo lo relacionado a los servicios de golf y los hoteles.

Por otro lado, estará presente la nueva ministra de Turismo de Paraguay, Marcela Bacigalupo, quien dará una charla para los profesionales del sector, el público y medios de prensa, sobre "Paraguay Seduce", el lunes 16 de septiembre a las 12:30 horas en el Salón Aerolíneas Argentinas de FIT, y luego la invitación se extenderá a un cóctel en el stand a las 13:30 horas. El destino este año contará nuevamente con la figura del embajador turístico de Paraguay, el actor Arnaldo André, el día sábado 14 de septiembre de 17:00 a 19:00 horas, quien recibirá al público que desee acercarse, y en el stand habrá además danzas y actividades varias con pareja de bailarines.

Paraguay vuelve a montar en su recinto, gigantografías de sus paisajes y un sector especial con una hamaca paraguaya real, donde la gente podrá fotografiarse. Como cada año, entregará todas las informaciones, folletería y merchandising, que el publique solicite para así planear sus viajes o vacaciones.

Un acto de guerra contra Siria.

Siria no representa una amenaza para los EE.UU. ni para nadie más, ¡excepto los Rothschild!

Por Guy Smith / Lubbock - Mientras escribo esto, durante un día laboral, los miembros del Congreso se apresuran a Washington para un debate sobre la conveniencia de autorizar un acto de guerra contra Siria debido a la utilización de armas químicas. Esta situación plantea varias preguntas.

En primer lugar: ¿Quién nombró a los EE.UU. la policía del mundo?.  En segundo lugar: ¿Dónde está la evidencia de culpabilidad del Gobierno de Siria?. Tercero: ¿Por qué volvimos a votar un mal presidente?. Cuarto: ¿Cuáles serán las consecuencias si el Congreso se niega a autorizar un ataque?. Quinto: Si los EE.UU. atacan Siria, pese a las advertencias de Rusia, China, e Irán, ¿Obama busca desatar la Tercera Guerra Mundial?. Sexto: ¿Qué tan efectivo puede ser el ejército EE.UU. luego del incansable esfuerzo de la administración Obama para debilitarlo?

Para empezar, Siria nunca ha presentado una amenaza para los EE.UU. ni para nuestros intereses nacionales, ni para nosotros, el público en general. Y lo único que tenemos es la palabra de John Kerry diciendo que Siria es responsable. Cuando exigimos una prueba, nos muestran fotos de las víctimas... Y como lo expresé en mi pregunta numero 3, Obama ha perdido ya gran parte de su credibilidad, pero no va a tener absolutamente ninguna si el Congreso dice no. En adición, China y Rusia tienen intereses económicos contra el conflicto entre Siria y los Estados Unidos, e Irán parece estar buscando pelea. Por último, no creo que alguien tiene una idea real sobre las respuestas a las dos últimas preguntas. Desde luego, no lo espero.

Fuente: Lubbock Avalanche-Journal

Soja expulsó a 900 mil campesinos en 10 años, según estudio rural.

PARAGUAY 

Existe una relación inversa entre producción de alimento y cantidad de población consumidora, porque las ciudades están cada vez más pobladas, pero hay menos productores en la agricultura familiar campesina, según un estudio de los investigadores Quintín Riquelme y Elsy Vera.


El estudio lleva por título "La otra cara de la soja - El impacto del agronegocio sobre la producción de alimentos y la agricultura familiar campesina en el Paraguay", bajo el patrocinio del Proyecto Acción Ciudadana contra el Hambre y por el Derecho a la Alimentación.


En el Departamento Central había en 2002 aproximadamente 1,3 millones de habitantes; actualmente hay unos 2,2 millones, algunos de los cuales forman el cinturón de pobreza. En diez años, unas 900.000 personas se sumaron a la población de los centros urbanos.


La población rural del Paraguay en 2002 fue de 2,2 millones de habitantes (43,3% del total del país); pero hubo una rápida disminución relativa de la población rural con respecto a la urbana. Diez años atrás la proporción era de 49 a 51; sin embargo, en solo una década la misma bajó a 43,3 contra 56,7, según la investigación.


Datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 ?todavía en proceso de elaboración? estima en 6.672.631 habitantes la población paraguaya actual, de los cuales el 41,1% corresponde al sector rural y 58,9%, al urbano.


El investigador también indica que muchos distritos (de Alto Paraná en particular) llegan ya a casi un 70% de su superficie cultivada con sojales, y otros departamentos estudiados (Caazapá, Caaguazú, San Pedro y Paraguarí) van hacia esos niveles por el avance de la frontera agrícola.


También dice que de 2008 a 2011 la importación de alimentos se elevó 50%; mientras que la cebolla de cabeza se importa ahora en un 86% de Argentina y 4% del Brasil; en tanto que la papa se importa en un 97% de ambos países, lo mismo que otras hortalizas.


Fuente: Última Hora

Campesinos resisten a la militarización de Paraguay.

PARAGUAY

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) de Paraguay inició el martes el corte de rutas en protesta por la militarización del país y las precarias condiciones de vida. El reclamo campesino desnuda la realidad tras el golpe parlamentario que sacó a Fernando Lugo del poder.
Los campesinos paraguayos iniciaron así una serie de marchas y cierres de rutas en el norte del país para rechazar la militarización de la zona y reclamar medidas sociales de combate a la miseria.

Los primeros cortes registrados ayer fueron en los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, pero hoy tienen prevista una movilización en el centro de la capital del país, Asunción. La MCNOC reclama medidas para salvar al agro paraguayo pero también protestan contra la militarización y la criminalización de la lucha social. De hecho, señalaron que se han producido detenciones de varios militantes que luchan por la tierra, acusados de tener vínculo con el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Elvio Benítez, concejal municipal en San Pedro, aseguraba ayer que ?lo que mata es el hambre, no el grupo armado?.

El lunes, antes de comenzar la protesta, se reunieron decenas de representantes de organizaciones y comunidades de San Pedro, Concepción y Amambay, los tres departamentos militarizados con la disculpa de combatir al EPP.

Salomón Ruiz, uno de los líderes de la MCNOC llamó también a frenar el avance de lo que denominó agricultura genocida empresarial con la liquidación de las siembras familiares y anunció se ejecutarán como protesta ocupaciones de terrenos de grandes latifundistas.

En una entrevista concedida a Prensa Latina, el ex presidente Fernando Lugo vaticinó que el movimiento campesino del norte será contagioso: ?Eso se irá repitiendo, no será solamente en el norte, porque programas sociales presupuestados para el 2012 no se cumplieron y otros que habíamos iniciado, continuado o profundizados en nuestro gobierno tampoco se siguieron?.

El problema de fondo

El Gobierno y las fuerzas de seguridad de Paraguay insisten en que la militarización del norte del país es indispensable y presentan al EPP como una fuerza agresiva que tiene control sobre la zona. De hecho, el Gobierno de Horacio Cartes ha dado un giro en el tratamiento del EPP al calificarlo oficialmente como guerrilla. El presidente envió urgentemente al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. En su exposición, plantea agregar un inciso al artículo 56 de esa ley con un texto que pretende perseguir las acciones del EPP como terrorismo: ?En los casos calificados como terrorismo, de conformidad a la Ley Nº 4024/10 que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación Terrorista y financiamiento del terrorismo?.

Pero hay otra realidad oculta. Clyde Soto lo ha señalado en un artículo publicado por EA. Feminista y activista de derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Soto asegura que hay ?un patrón represivo irrespetuoso de los derechos humanos? promocionado por el Estado.

Ese patrón pasa por la ?identificación (y, a veces, generación) de un enemigo?, ?instalación de un argumentario que justifique la represión?, ?deshumanización y demonización de las eventuales víctimas del patrón represivo? y ?desactivación de la capacidad de defensa ante las violaciones?. En el caso de Paraguay hay que sumar la ?invisibilidad? informativa mundial sobre lo que allá acontece.

?El proceso de militarización de la seguridad interna en el Paraguay anda siguiendo los caminos de este circuito, por demás conocido en este país donde una larga dictadura nos enseñó en la propia piel lo que significa vivir bajo un autoritarismo represivo. Dictadura que dejó huellas potentes y muy actuales en mentalidades sujetas a los supuestos de este sistema autoritario?, explica Soto.

La activista también denuncia como la élite mediática está haciendo el trabajo sucio de señalar a los defensores de derechos humanos como enemigos: ?el editorial de ABC Color del 1 de septiembre de 2013, digno de la más rancia escuela represora de cuño stronista, debe ser entendido como un importante ejemplo de este tipo de discurso. La mención explícita de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de su secretario ejecutivo Enrique Gauto, del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y del activista Abel Irala, a más de organizaciones y actores políticos, son veladas amenazas que se ciernen sobre el conjunto de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos del Paraguay?.

Clyde Soto anuncia que Paraguay está volviendo a lo ?más profundo del pozo autoritario".

Fuente: Otramérica

LAS OCHO PROPUESTAS DE LAS FARC QUE LLEGAN DESDE LA HABANA.

COLOMBIA

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 11 de 2013
Ocho propuestas mínimas de estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al punto sobre ?Estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América?:
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.
7. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración.
8. Promoción de un nuevo orden económico internacional democrático y participativo.
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.

Se proveerán los diseños constitucionales a que hubiere lugar para garantizar que la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, además de basarse en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, se fundamenten en el respeto efectivo a los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como en el diseño de mecanismos de participación, consulta y control social y popular. Las facultades que tienen los poderes públicos serán redefinidas en consideración al necesario reconocimiento constitucional del Poder popular, al cual se le concederán funciones en esta materia.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.

Los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrados constitucionalmente serán objeto de control social y popular y de veeduría ciudadana. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, así como los acuerdos de integración, previa suscripción, deberán ser sometidos a procesos de consulta con el Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa y con el máximo órgano del Poder Popular, sin perjuicio de las facultades que en esa materia le corresponden al Congreso y a la Corte Constitucional. En todo caso, no podrán suscribirse tratados que afecten la producción y el ingreso de pequeños y medianos productores, el trabajo, y la soberanía alimentaria. Una vez suscritos lo tratados o acuerdos, se creará una Comisión técnica de control y seguimiento de sus impactos, que deberá contar con la participación social y popular. Tal comisión deberá producir informes anuales vinculantes, que incluirán acciones tendientes a la denuncia, la suspensión o el establecimiento de salvaguardas, según el caso. Sin perjuicio del trabajo de la Comisión, se estimulará la veeduría ciudadana.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.

Se reconocerá y garantizará la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrado constitucionalmente a través del mecanismo de la consulta popular.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.

Mientras se surten los trámites de denuncia o suspensión de tratados que vulneren los derechos de la población, o afecten la pequeña y mediana producción, y la soberanía alimentaria, se dispondrán medidas de salvaguarda y compensación para los grupos poblacionales o las comunidades afectadas. Tales medidas deberán ser concertadas con los afectados e incluirán la disposición correspondiente de recursos del presupuesto nacional
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.

Las políticas de internacionalización privilegiarán los procesos de integración de Nuestra América, siempre y cuando éstos posean un carácter integral, político, económico, social y cultural, contribuyan al fortalecimiento regional frente a los poderes trasnacionales estatales o corporativos, al hermanamiento, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y sus economías. En el entendido que la verdadera integración es esencialmente entre los pueblos, se estimulará la participación social y popular en los procesos de integración, especialmente en la UNASUR y la CELAC. Para tal efecto, se creará una instancia nacional de la participación social y popular y se promoverá un diseño correspondiente en el orden regional. En el caso de la participación política en el Parlamento Andino o en nuevos órganos o instancias de elección popular que se conformen, se establecerá una circunscripción especial para garantizar la representación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Procesos de integración reducidos al libre comercio se consideran impropios y excluyentes por contemplar exclusivamente los intereses de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos, por promover inserciones en la economía mundial que acentúan la dependencia externa, y menoscabar los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación. 
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.

Con miras a fortalecer la participación en los procesos de integración de los pueblos de Nuestra América, se garantizarán y estimularán iniciativas sociales y populares de carácter político, económico, social, cultural. Se apoyarán articulaciones o trabajos en red, congresos o encuentros de organizaciones sociales y populares, de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país con organizaciones de los países hermanos de la Región. Especial atención merecerán los intercambios económicos directos entre economías sociales y populares, basadas en la cooperación, la solidaridad y el intercambio justo y equitativo.
7.Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América.

Se promoverá el control social y popular y la veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América. Para tal efecto, se conformará una Comisión de la Participación social en procesos de integración, integrada con representantes de las organizaciones sociales y populares y de las comunidades organizadas; cumplirá funciones de evaluación de los procesos y, en especial, de la participación social en ellos, incluidas las acciones a emprender para garantizarla de manera efectiva. La comisión funcionará sin perjuicio de iniciativas de veeduría ciudadana.
8.Promoción de un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo.

La función principal de la participación social y popular en los procesos de internacionalización en los diferentes ámbitos consiste en contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo, basado en el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el intercambio equitativo; orientado a superar las relaciones de dominación y explotación impuestas a escala planetaria por poderes imperiales, transnacionales, corporativos, militares y financieros; y garante efectivo de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mundial.En defensa de la soberanía nacional se procederá a retirar las bases o instalaciones militares extranjeras que por concepto de cualquier tratado o convenio estén asentadas en territorio colombiano.

Las FARC están con las mayorías campesinas y rurales.

COLOMBIA

/La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 de 2013/

El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen
que no cesan, ha tenido la respuesta gubernamental de siempre: prometer,
engañar, reprimir y continuar con la miserabilización  del campo y la
entrega de la soberanía patria a las trasnacionales, más recientemente
mediante los Tratados de Libre Comercio. Su despliegue con más sectores
se inició el 19 de agosto, y ha sido impresionante el flujo de
compatriotas que con sus propias reivindicaciones o con las banderas de
la solidaridad se han sumado, convergiendo finalmente en consignas
reivindicativas y con objetivos políticos, que exigen cambios urgentes
en las políticas económicas, sobre todo agrarias, que han tomado el
rumbo de la reprimarización y la financiarización de la economía en
detrimento de las mayorías.



Todas las exigencias de los manifestantes son viejas aspiraciones
postergadas que ha conducido al país al fondo de la miseria y de una
confrontación entre compatriotas que ya cumple más de medio siglo sin
soluciones. En La Habana, coetáneamente, se buscan los caminos para
alcanzar la paz estable y duradera, con la particularidad que, aunque el
discurso de paz esté en boca de los gobernantes, sus acciones son de
hostilidad económica y bélica contra los desposeídos.



No cesan los proyectos neoliberales y la represión, pero no cesa tampoco
el alzamiento de las pobrerías: los mineros  se levantan, los campesinos
lanzan su producción a las carreteras porque pierden menos así que
vendiendo el fruto de su trabajo;  los educadores paralizan sus labores
y se movilizan, los estudiantes elevan sus voces de rebeldía peleando
por una educación de calidad, por su gratuidad y la ampliación de su
cobertura; en fin, el  escenario político se agita, pero la protesta
social se desborda y el régimen en el desespero de su avaricia,  mancha
de sangre la contienda; es la sangre de los de abajo, que como héroes
descamisados reciben los balazos, las bombas aturdidoras, los gases y la
brutalidad de las fuerzas de represión, especialmente del Escuadrón
Móvil Anti-Disturbios, ESMAD.



En medio de la dramática situación Santos anuncia un "Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural" para hacer la "refundación del campo
colombiano" y lanzar luego de una reunión de encorbatados, con la
ausencia de los de ruana, decretos limosneros con los que dice que se
"satisface parcialmente las demandas" del campesinado. Y se manifiesta
que las decisiones están en coincidencia con lo que se ha acordado en la
Mesa de Diálogos de la Habana. Algo muy fácil de afirmar cuando el país
no conoce la totalidad de unos convenios en los que existen salvedades
sobre temas vitales para la sobrevivencia de la población rural y sus
economías. Ya es hora de levantar el manto de secretismo que sin razón
se ha tendido sobre estos asuntos de interés nacional.



Los indignados, los verdaderos protagonistas del paro, han tenido que
hacer su propia mesa alternativa, mientras se aumenta la burocracia del
viceministro del desarrollo rural, mientras se dice que habrá control
para fertilizantes y plaguicidas, que se eliminan aranceles para algunas
partidas de insumos para el agro, que se elimina el contingente para los
lacto-sueros, etc, etc, pero nada se dice de ponerle punto final a los
apátridas Tratados de Libre Comercio que son lo que más ruina traen al
campo, y nada tampoco se dice de parar la extranjerización de la tierra,
o de su redistribución a partir de la culminación del latifundismo, que
son problemas de fondo en esta larga noche de abandono al campo, que
jamás gobierno alguno ha querido tocar para no incomodar a las clases
pudientes de nuestro país, que ya están devorando la Altillanura
colombiana, pero que ahora, aprovechando el paro, logran acomodarse con
más gabelas que el gobierno entrega a partir de un supuesto equilibrio
razonable, que según sus cuentas también debe beneficiar a los empresarios.



El problema no se resuelve con oportunismo y paños de agua tibia que han
podido colocarse sin que para ello hubiese que esperar a que la gente se
rebote. Las migajas no valen los muertos, los heridos y los
judicializados que han dejado por centenares las recientes
movilizaciones, ni es por las miserias del tal Pacto por lo que la
guerrilla se ha alzado en armas. A nadie se debe engañar diciendo que
estas medidas intrascendentes, que no se corresponden con los anhelos de
la población rural, son la concreción de lo que la insurgencia ha
planteado en La Habana.



Unos 2500 representantes de las comunidades rurales y populares en paro
se reunieron el jueves en una cumbre que ratifica las medidas de lucha y
exige una verdadera reforma agraria, repudiando el pacto nacional de los
empresarios, que precisamente han sido cuestionados por los
manifestantes en la medida en que nadie quiere que se reedite el viejo
pacto de Chicoral que impida la reforma agraria necesaria; nadie quiere
que con el cuento de la asociatividad entre estos empresarios y los
campesinos, se le abra paso a una forma legal de despojo. Nadie quiere,
el pacto del zorro con la gallina.



Las FARC están  con las mayorías campesinas y rurales, y si en la Habana
se avanza en la discusión del punto de Participación Política, son las
organizaciones sociales y populares las que deben llevar la voz cantante.