URUGUAY
Las detenciones, los abusos y los comunicados
por Eliana Gilet
Brecha, Montevideo, 13-9-2013
Múltiples acciones se sucedieron el primer viernes de setiembre. Desde el
Ministerio del Interior (mi) se emitió un comunicado en referencia al
accionar policial en las marchas del 14 y el 24 de agosto. Se afirmaba que
la Policía "dispuso observadores" y no "infiltrados" porque éstos, según se
explicitaba, tienen por objeto confundirse entre los manifestantes para
cambiar "los objetos y la metodología" de las movilizaciones. Que el
ministerio "no dispone ni comparte" tales infiltraciones. Los
"observadores", en cambio, tenían la misión de "estar alertas ante cualquier
desborde que torciere el objetivo principal de la misma mediante actos
violentos". Se detallaba a continuación la serie de detenidos que esas
marchas habían generado: dos el 14 de agosto, procesados sin prisión; 12 en
la marcha del 24, liberados al finalizar la marcha, y dos más los días 30 y
31 (en realidad fueron detenidas el 29 y el 30).
Se afirmó en el comunicado que todas las acciones policiales se hicieron con
conocimiento de la justicia. Se enumeraron los elementos incautados a los
detenidos del 24 -martillo, maceta, spray de gas pimienta, tarros de
pintura, aerosoles de colores, trincheta, cachiporra telescópica, piña
americana, guantes de látex, bombas de estruendo, una tijera y un palo de un
metro-. El último punto afirmaba que el ministerio "dispuso una
investigación de urgencia en la unidad actuante" (aunque no aclara cuál es)
que luego fue asignada a la División de Asuntos Internos, a pesar de
"resultar extraño que las personas que manifestaron ser víctimas de torturas
y amenazas en sedes policiales no hayan hecho denuncia judicial ni en
Asuntos Internos"
Minutos más tarde, la Mesa Política del Frente Amplio también se expedía en
una declaración en la que se argumentaba que "nuestra fuerza política no
impulsa, no comparte, ni gestiona desde el gobierno nacional, ningún tipo de
política que suponga infiltrar movilizaciones y manifestaciones populares".
También respaldaba las medidas del mi para investigar el accionar policial
en las movilizaciones, y que "de verificarse apartamientos a las normativas
que regulan la actuación policial, se apliquen medidas disciplinarias".
Pero en el correr de esa misma tarde la Institución Nacional de Derechos
Humanos -inddhh- entregaba en manos de la directora de Asuntos Internos del
mi un oficio fechado y elaborado el día anterior -jueves 5- en el que pedía
información sobre la actuación policial del 14 y el 24 de agosto, así como
sobre lo sucedido en el barrio Santa Catalina. "Cuando los hechos salieron
en la prensa, analizamos la situación y decidimos iniciar una investigación
de oficio", relataron a Brecha desde la inddhh.
Ese mismo día El Observador publicaba en portada y en su página 3 el
contenido de un informe elaborado por los servicios de inteligencia, que
también "obra en poder del presidente de la República". Según publicó el
matutino, el informe "advierte" que tanto los "hechos de violencia
provocados por grupos antisistema" como -atribuyendo la información a
"fuentes de inteligencia"- "las reiteradas denuncias de abuso policial están
'orquestadas' por la líder de Plenaria Memoria y Justicia y buscan 'preparar
un escenario' para realizar un acto violento". Se imprimían, a su vez, dos
fotografías como sustento de lo dicho. En ambas podía verse a Nieves
Cancela, integrante de Plenaria y vecina de Santa Catalina, oficiando de
oradora en el acto de finalización de la marcha del Filtro y otra en la
asamblea de los vecinos de Santa Catalina del miércoles 4, que denunció los
abusos policiales sufridos por un grupo de jóvenes del barrio (Brecha,
5-IX-13).
Además de afirmar -siempre de acuerdo a fuentes de inteligencia- que Leites
mantenía incluso vínculos con grupos neonazis, porque "todo lo antisistema
suma a sus intereses", se agregaba un dato llamativo sobre el operativo que
detuvo a 12 militantes antes de la marcha del Filtro: "hasta último momento
fue consultado el presidente de la República. '¿Los dejamos que rompan todo
y registramos o actuamos?' Llegó a preguntar un oficial a un asesor directo
del presidente, quien lo atendía por teléfono mientras a su lado estaba el
propio mandatario. 'Actúen', fue la orden".
Según relataron a Brecha distintos integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio,
la declaración emitida ese viernes se hizo basada en un informe que la noche
anterior había dado Charles Carrera -director general de Secretaría del mi,
el número 3 en el orden jerárquico- frente a la preocupación que el lunes
había planteado la delegación de las bases en Montevideo. Consultado sobre
si lo publicado por El Observador -respecto a la orden dada el 24 por el
mismísimo presidente- había sido informado por el mi, Carlos Coitiño
(Partido Por la Victoria del Pueblo ) afirmó: "No, no ingresó eso. No
conocemos ni antes ni ahora que eso haya sido así. Eso no formó parte del
análisis de la Mesa Política". Una respuesta similar fue dada por Claudio
Migliarini (Partido Comunista): "No, eso en la mesa no se expresó, ni se
dijo, ni nadie planteó eso". Por su parte, Ivonne Pasada, integrante del
Movimiento de Participación Popular y vicepresidenta del fa, declinó
comentar el punto: "No voy a responder en base a lo que diga un diario, y
después un semanario. Puedo responder en base a la declaración que emitimos,
por lo demás, que cada cual saque sus propias conclusiones".
Poder punitivo
El lunes hubo más movimientos. El Ielsur y el Serpaj, ambas organizaciones
de derechos humanos, emitieron un comunicado conjunto "ante el aumento de la
gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales". Sostienen
que "amparado en la ley de procedimiento policial, el Estado viene
desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y
la violencia institucional, limitando y anulando garantías" consagradas
constitucional e internacionalmente. Que "estos mecanismos sólo refuerzan e
instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y
por ende, del castigo. Controlar a los 'peligrosos' contribuye a sostener el
discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad,
donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor
control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder
que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos
en contra de ellos (los otros)".
Mientras tanto, a la salida del Consejo de Ministros el secretario de la
Presidencia, Homero Guerrero, comentó que el ministro Bonomi informó sobre
los sucesos en la misma línea de lo expresado por el comunicado del viernes.
Y agregó: "Tengo entendido que el ministro se reunió con sectores del fa que
cuestionaron (el accionar de "los observadores") en su momento y se aclaró
cómo había sido el tema, no hay ninguna contradicción en esto, lo que hubo
fue un malentendido". "Lo que se trató de evitar fueron problemas
posteriores, 12 personas que estuvieron identificadas, que eran justamente
los que el Ministerio del Interior llama infiltrados. Como había datos que
era para problemas se decidió detenerlos antes para evitar que la marcha
(del 24) cambiara el sentido, y creo que el resultado fue bastante exitoso
porque esa marcha aparte de la protesta política no tuvo ningún
inconveniente extra".
Esa tarde, cinco de los 12 detenidos del 24 presentaron su testimonio frente
a las autoridades de la inddhh y, según supo Brecha, ratificaron lo
expresado en la prensa. En la próxima semana concurrirán algunos más. Ayer
jueves, mientras este número se dirigía a la imprenta, la institución
solicitó una entrevista al ministro Bonomi "para conversar estos temas
directamente". Por otro lado, la inddhh recibió una comunicación de la
Dirección General de Secretaría del mi informándole que ésta es su
interlocutora en el ministerio y solicitándole el pedido de informes antes
enviado a Asuntos Internos.
El PVP optó por emitir un comunicado en el que expresa su "enfático rechazo
a los abusos y maltratos policiales denunciados en las últimas semanas", a
los que suman las "informaciones y denuncias de maltratos policiales contra
jóvenes en diversos barrios de Montevideo". Se insiste en que las denuncias
deben ser "investigadas y sancionados los responsables de abusos y
torturas". Diversos representantes de la Mesa Política manifestaron a Brecha
su preocupación por las denuncias, y dijeron mantenerse expectantes de los
resultados de las investigaciones.
Por último, Plenaria Memoria y Justicia decidió enviar una carta a Ricardo
Peirano, director de El Observador, respecto a lo publicado el viernes. Y
también emitió un comunicado en el que rechaza enfáticamente la
"relativización y eufemismos esgrimidos por parte del Ministerio del
Interior para explicar los graves hechos de persecución y tortura
denunciados las últimas semanas", estableciendo que "el desconocimiento
público de las denuncias realizadas por parte del titular del ministerio
agrava aún más la situación de falta de garantías". También exige que se
explicite de dónde surgieron las órdenes para el accionar policial en los
sucesos relatados, y que "de ninguna manera permitiremos que nuestra
solidaridad y presencia en las luchas sea calificada de 'infiltración',
estamos y estaremos donde se luche, defendiendo el derecho de la protesta
como uno de los derechos humanos primarios de la humanidad". Por último
convocan a una marcha el próximo 26 de setiembre para "ponerle un freno a
esta escalada autoritaria, contra el abuso policial, contra la tortura y por
el derecho a la protesta".
Al cierre de esta edición, la orden para comenzar la investigación
encomendada por el ministro Bonomi aún no había llegado a la División de
Asuntos Internos del mi. Según explicó su directora, Estela González,
"seguramente está en giro, (porque) pasa por algunas oficinas después de que
el ministro lo dispone. Si él dijo que venía, viene para acá".
