| Autor: P. J. G | Fuente: Religión en Libertad | |
El lobby abortista en Ecuador, representado por la congresista pro-aborto Paola Pabón, ha tenido que retirar su propuesta de despenalización parcial de las prácticas abortistas ante la rotunda oposición del presidente Rafael Correa, quien se autodefine como "humanista, católico y de izquierda" y gobierna en Ecuador desde 2007, con mandato hasta 2017. El presidente Correa, de ideario socialista "bolivariano", se mostró radicalmente en contra de abrir una brecha para introducir el aborto en Ecuador e incluso amenazó con dimitir si tal cosa se materializase. Legalización por "coladero" Paola Pabón -de la misma formación que Correa, el movimiento oficialista Alianza País- decidió retirar el viernes su propuesta despenalizadora del aborto en los supuestos de "riesgo para la madre" y "violación", que han sido dos auténticos coladeros en todos los países donde se han implantado. De hecho, el presidente Correa llegó a hablar de "traición" al señalar las maniobras de este grupo abortista, y la congresista pro-aborto intentó limar asperezas con un lenguaje endulzado. "Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis 100 compañeros asambleístas, retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura", aseguró la congresista al presidente Correa. El presidente, rotundo "Si siguen estas traiciones y deslealtades, si mañana se evidencia algo, muy lamentable que está ocurriendo en el bloque de País, yo presentaré mi renuncia al cargo", había declarado Correa en declaraciones al canal Oromar. Y Correa insistió: "jamás aprobaré la despenalización del aborto". El actual Código Penal de Ecuador condena el aborto provocado con hasta con seis años de cárcel. |
"La balanza está inclinada.Enderezarla depende de usted".
jueves, 24 de octubre de 2013
El socialista Rafael Correa se planta contra el aborto Rafael Correa presidirá Ecuador hasta 2017 y no piensa abrir un resquicio a la legalización del aborto.
El arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, ha defendido a una escuela que está siendo atacada por rehusarse a admitir a una niña que está siendo cuidada por su padre biológico y su pareja homosexual.
Sofía Zúñiga
Monterrey, 21 de octubre de 2103 (Notifam.net) –
En una entrevista exclusiva con Notifam, Cabrera declaró que las escuelas tienen derecho a proteger a los estudiantes de este tipo de influencias, “sea o no católica, si tiene esto como parte de su ideario, debe de proceder de ese modo,” dijo.
Con respecto a los niños adoptados por parejas homosexuales, el arzobispo notó tristemente que “el gobierno está decidiendo por nosotros, pero (los homosexuales) no deben adoptar.”
La escuela, una academia laica y privada llamada The Hills Institute, dio marcha atrás a su decisión inicial de admitir a la niña de 2 años cuando los dueños se enteraron de que tenía dos “papás”.
Esto ha provocado la indignación de los medios y se han presentado denuncias por parte de los grupos homosexuales. Como resultado de la controversia la escuela está siendo investigada por varias autoridades gubernamentales.
Los medios regiomontanos citaron al arzobispo diciendo que la niña “tiene derecho a la educación,” implicando que la escuela debería admitirla. Los sitios web homosexuales celebraron las palabras del prelado ligándolas a la famosa declaración “¿Quién soy yo para juzgar?” del Papa Francisco.
Sin embargo, el arzobispo dijo a Notifam que sus palabras habían sido sacadas de contexto.
“Dije que la niña tiene derecho a la educación,” declaró Cabrera. “Pero dije también que una escuela privada puede poner sus condiciones para aceptar estudiantes.”
Los cuidadores de la niña, Pepe y Alex, contrajeron “matrimonio” hace un año en la Ciudad de México, donde el “matrimonio” homosexual y la adopción son legales. Pepe no es guardián legal de niña.
Pensaron que el Hills Institute -una institución prestigiosa de Monterrey que también cuenta con guardería- era el lugar correcto para ellos cuando encontraron la palabra “diversidad” en la Visión del colegio e inscribieron a la niña a principios de septiembre.
La niña de dos años fue admitida inicialmente, pero tres días más tarde la escuela le pidió a Alex, el padre biológico, que se presentara como papa soltero.
Alex no aceptó dicha opción diciendo a los medios: “Pepe tenía que ser completamente ausente de la vida escolar de nuestra hija y básicamente ella (la dueña) quería que yo ejerciera como un papá soltero, el cual no soy.”
La Comisión de Derechos Humanos local está investigando el caso después de que ambos hombres denunciaran a la escuela por discriminación.
Además, la dueña de la escuela enfrenta múltiples multas al haberse rehusado a comparecer en las audiencias del caso ante Protección del Consumidor.
Resistiendo una enorme presión por parte de las Naciones Unidas y de varios grupos internacionales de “derechos humanos,” el presidente de Ecuador ha detenido un esfuerzo para liberalizar las leyes de aborto en su país.
Sofía Zúñiga
(Notifam.net) –
Rafael Correa amenazó con renunciar a su cargo si la Asamblea Nacional aprobaba una propuesta de ley que buscaba reformar el Código Penal ecuatoriano. Dicha ley hubiera permitido el aborto para cualquier mujer que declarara haber sufrido una violación. La ley en Ecuador permite el aborto hasta los 9 meses de gestación en casos en los que la vida o la salud de la madre están en riesgo, o en casos de violación a mujeres con discapacidades mentales.
El pasado jueves 10 de octubre, el presidente dijo a un servicio de noticias de Quito: “presentaré mi renuncia al cargo,” si miembros de su propio partido continuaban con estas “traiciones y deslealtades.”
“Yo estoy cansado de esto,” manifestó Correa, “de que se tomen decisiones, se llenan la boca hablando de democracia, y luego hacen todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad.”
“Personalmente yo estoy contra el aborto,” continuó. “Hacemos la consulta popular para el aborto, la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano rechaza la eutanasia prenatal.”
El presidente también aclaró que la Constitución Ecuatoriana defiende la vida desde su concepción.
“Puede hacer lo que quiera. Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto,” concluyó.
La legisladora Paola Pabón, quien inicialmente había propuesto la reforma, retiró la moción al día siguiente, viernes 11 de octubre.
“Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando,” dijo dirigiéndose al presidente. “Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis 100 compañeros asambleístas, retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura,” concluyó.
Ecuador está siendo fuertemente presionado para legalizar el aborto.
Después de que el presidente Correa dejara en claro su posición, Human Rights Watch envío una carta a la Asamblea Nacional, instando a los legisladores a modificar el actual Código Penal ecuatoriano. HRW argumentó que el código actual atenta “gravemente contra derechos fundamentales de la población de Ecuador.”
HRW publicó también, pocos días antes del debate inicial sobre el aborto, un comunicado en su sitio web titulado “¿Por qué Ecuador trata a las Víctimas de Violación como Criminales?”
El pasado mes, Heather Sayette, directora regional de Planned Parenthood Global, división América Latina, publicó un artículo afirmando que “ahora y siempre, las víctimas de violación y todas las mujeres en Ecuador y en todo el mundo merecen tener acceso a servicios integrales de salud, incluyendo el aborto a petición.”
El año pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, recomendó que el gobierno de Ecuador “modifique su Código Penal a fin de establecer que el aborto no es un delito si el embarazo es resultado de violación, independientemente de si o no, la mujer en cuestión tiene una discapacidad, o si se ha establecido la existencia de anomalías congénitas”.
Sin embargo, el presidente Correa ha fuertemente resistido la presión. Uno de los lemas de su gobierno es “Ecuador, ama la vida.”
En una entrevista exclusiva con Notifam, María Augusta Teale de Misión Provida, contó que le asombró “la intervención abusiva de Plan Parenthood Fund, promoviendo una campaña por internet calificando al código penal Ecuatoriano como arcaico y pasado de moda.”
“Pero me pregunto yo, ¿no es más arcaico promover la muerte de inocentes como un derecho de la mujer?” cuestionó.
“¡Bien hecho señor Presidente Rafael Correa, Ecuador Ama la Vida y usted lo ha demostrado!”
Para contactar al presidente Correa, da click aquí, o por Twitter en @mashirafael
miércoles, 23 de octubre de 2013
Cuba:Un Código Penal en las antípodas del garantismo.
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Otro gran artículo de Claudia Peiró, esta vez sobre Cuba, un Estado verdaderamente Socialista que tiene los índices más bajos de criminalidad de la región. Su código penal está en las antípodas de todo lo que plantea el garantismo progresista. Insistiremos sobre esto: La izquierda, el socialismo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que hoy se conoce por progresismo. Cualquier argentino que proponga un código penal parecido al de Cuba sería tachado de "fascista" por los progres y casi expulsado de la vida cívica por "reaccionario". Es decir, el verdadero socialismo, que protege al pueblo trabajador y castiga al delincuente, para el progre es casi el mal absoluto (= fascismo) pues se opone a sus dogmas de fe liberales (=feminismo, liberación sexual, legalización, garantismo, etc).
Se trata de una "sensación" de seguridad confirmada por los numerosos turistas que visitan la isla. El riesgo mayor es ser embaucado por algún cubano sediento de dólares con un "cuentito del tío", pero se trata de una experiencia que está a años luz de los riesgos que se corren en otros países latinoamericanos, donde el asesinato en ocasión de robo alcanza cifras récord.
Podría pensarse que esto es resultado de un mayor grado de conciencia –el Hombre Nuevo, una de las banderas de la Revolución castrista- o de logros en materia social, pero 510 presos por cada 100.000 habitantes –la 6ª tasa más alta del mundo- apuntan más bien a la dureza de un Código Penal en las antípodas del garantismo: prevé la pena de muerte, castiga fuertemente la reincidencia, considera penalmente imputables a los jóvenes desde los 16 años –aunque con penas algo menores-, fija agravantes para el robo y el hurto tales como que tenga lugar en "vivienda habitada" o en un "transporte público", asimila la tenencia de drogas con el tráfico, y mantiene castigo de privación de la libertad para delitos menores o simples contravenciones: merodeo, vagancia y escándalo en la vía pública, entre otros.
Delito de sospecha y castigo preventivo
"El que cultive la planta Cannabis, conocida por marihuana (...), incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años" (la misma prevista para el traficante); la "embriaguez habitual", la "narcomanía" y la "conducta antisocial" son calificadas como "estado peligroso", es decir, "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por [una conducta] en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista" y pueden dar lugar a medidas de "seguridad pre-delictivas"; el reincidente no tiene derecho a la pena en suspenso, puede ver su segunda condena incrementada en un 50% y, luego de cumplir sentencia, puede ser objeto de vigilancia especial.
En concreto, el Código Penal cubano es un muestrario que va de la mano dura -pena de muerte por fusilamiento para delitos como asesinato, sabotaje o piratería- hasta la tolerancia cero más descarnada: si en Nueva York se aplicó a las más mínimas transgresiones, en Cuba directamente se reprime hasta el delito en estado de posibilidad: en efecto, el "estado peligroso" habilita a medidas tales como "internamiento en establecimiento asistencial, psiquiátrico o de desintoxicación", "asignación a centro de enseñanza especializada, con o sin internamiento", o "vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria".
Merodeo o vagancia son figuras penales que el garantismo cuestiona por implicar discriminación social. En Cuba directamente se las asimila a la propensión a delinquir. Y habilitan de hecho a las autoridades a un castigo preventivo de esta "conducta antisocial" bajo la forma del tratamiento y la rehabilitación forzosos.
Además, quien tenga relación con algunos de los "antisociales" arriba mencionados, puede ser objeto de una "advertencia" por la autoridad pública, mediante acta que deberá firmar ante la policía.
Por otra parte, la simple tenencia de droga para consumo se castiga con 6 meses a 2 años de privación de libertad. Y de 3 a 8 años al médico que prescriba drogas sin finalidad terapéutica.
La edad de imputabilidad es de 16 años, pero hasta los 18 años la pena para el delincuente puede ser reducida en sus mínimos y máximos hasta la mitad. Y para los de 18 a 20, en un tercio. Los menores de 20 no son pasibles de pena de muerte.
Castigo y vigilancia al reincidente
En la Argentina, donde la mayor parte de los delitos son cometidos por personas con antecedentes, el garantismo promueve la eliminación de la reincidencia con el argumento de que una persona condenada por un delito y que ha cumplido la pena no puede volver a ser castigada por el mismo delito.
No piensan así los cubanos. La Sección 8ª del Código Penal cubano está dedicada a la reincidencia y a la multirreincidencia, y establece que la persona sancionada por un segundo delito de la misma índole verá su condena incrementada en un tercio, y en un 50% si es multirreincidente. Si el delito es de otra índole, el aumento será de entre un cuarto y un tercio.
Además, "en cualquiera de estos casos, el tribunal puede disponer (que) una vez cumplida la sanción de privación de libertad, el sancionado quede sujeto a una vigilancia especial de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria por un período de tres a cinco años, e imponerle" obligaciones tales como prohibición "de cambiar de residencia sin autorización del tribunal"; "de frecuentar medios o lugares determinados" o "cualquier otra medida que pueda contribuir a su reeducación".
Paredón
La pena de muerte, por fusilamiento y a partir de los 20 años de edad, se aplica en casos de asesinato y otros delitos contra la Seguridad del Estado, tales como la conspiración, el sabotaje y la piratería.
En el año 2003, fueron condenados a la pena capital tres ciudadanos por el secuestro de una lancha de pasajeros con la cual pretendían emigrar a los Estados Unidos. Ni la intervención del papa Juan Pablo II pudo salvarlos del paredón.
La Sección 7ª, define como "Piratería" –con pena de privación de libertad de diez a veinte años o muerte- el apoderarse por ejemplo de una nave y desviarla de su ruta.
El asesinato está penado con 15 a 20 años de prisión o muerte. Cabe aclarar que la pena máxima es de 20 años, pero puede extenderse hasta 30, precisamente en el caso de los delitos para los que también se prevé la condena a muerte.
La propiedad privada se respeta
Llamativamente, para un régimen basado en la propiedad colectiva, el hurto y el robo son penados con severidad y, sobre todo, tienen notorios agravantes.
Para el hurto se prevé la privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa o ambas cosas , pero la privación de libertad es de 2 a 5 años si se actúa en grupo, si se comete "en vivienda habitada", si es por arrebato (sin lesiones); y aumenta aún más -entre 3 y 8 (ocho) años "si el hecho se realiza con la participación de menores". Un multirreincidente podría por ejemplo recibir 12 años.
La preocupación de las autoridades por el orden hace que la pena por hurto sea de 2 a 5 años de darse "aprovechando aglomeraciones públicas o cualquier otra circunstancia propicia" para el arrebato. Un artículo destinado especialmente a los pungas. Y "si el hecho se realiza por un reincidente, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años".
El robo con violencia o intimidación se sanciona con privación de libertad de 3 a 8 años. Y de 4 a 10 años si "el hecho se ejecuta en un vehículo de transporte público o de pasajeros" y de 8 a 20 años cuando "el hecho se comete en vivienda habitada" o de él resultan "lesiones graves", o con "arma de fuego o de otra clase" y si el hecho "se realiza por una o más personas (en) grupo organizado" o con la participación de menores.
El artículo 53 del código considera "circunstancias agravantes" en general, el actuar en grupo organizado, la "participación de menores", la "crueldad" o "perversidad", el "cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de escaso tránsito u oscuro", el aprovecharse de "la indefensión de la víctima, o la dependencia o subordinación de ésta al ofensor", encontrarse alcoholizado o drogado o cometer el delito durante el cumplimiento de una sanción o en libertad condicional.
El orden es lo primero
Existe en el Código cubano la figura de "escándalo público", que se sanciona con cárcel de 3 meses a 1 año o multa para quien "importune a otro con requerimientos homosexuales", "ofenda el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones impúdicas o cualquier otro acto de escándalo público" o difunda pornografía.
No hay benevolencia para las conductas delictivas o antisociales que apuntan a minar el orden y la autoridad estatal. Así por ejemplo existe la figura del desacato (por amenazas y ofensas a la autoridad, con sanción de 3 meses a 1 año de privación de la libertad y/o multa).
En el capítulo referido a la Seguridad interior, se prevé que quienes, "tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar (...) o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes" serán sancionados con privación de libertad de diez a veinte años o muerte.
Queda claro por lo anterior que toda manifestación antigobierno o piquete están vedados en Cuba. Por las dudas, también se prevé "sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa o ambas" para el que "en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto".
Se castiga la ofensa y desobediencia a la autoridad (funcionarios, policía) con penas que pueden ir hasta la privación de libertad (3 a 8 años).
Para los funcionarios también hay "mano dura": el cohecho puede ser castigado con un máximo de 15 años de prisión.
Cárceles a pleno
Existe el "trabajo correccional", como sanción, con internamiento. Léase: campamentos de trabajo.
En cuanto a la libertad condicional, los primarios deben cumplir la mitad de la pena para recibir ese beneficio y los reincidentes tres cuartos.
El intento de fuga, si es colectivo, tiene una pena de prisión de 4 a 10 años, además de la condena que ya se está cumpliendo.
Si en la fuga hubo complicidad de un funcionario a éste le caben de 3 a 8 años de cárcel. Si fue sólo descuido, hay benevolencia: sólo será de 1 a 3 años. Y de 4 a 10 años de prisión para los que se amotinen en cárcel.
En junio pasado, el gobierno modificó por decreto el Código y la Ley de Procedimiento Penal no tanto en función de suavizarlo sino fundamentalmente para resolver el problema de la superpoblación carcelaria.
Los cambios, que entraron en vigencia el 1º de octubre, permiten, entre otras cosas, a los tribunales imponer multas en lugar de privación de la libertad en caso de que en la comisión del delito se evidencie escasa "peligrosidad social", y si la sanción prevista para el delito en cuestión no excede los tres años de privación de libertad.
Se espera de este modo aliviar la presión sobre las más de 200 cárceles, centros de detención y campamentos de trabajo del sistema penitenciario cubano, donde existe una demasiado alta densidad por metro cuadrado.
Oficialmente, se reconocen unos 57.000 reclusos en la isla. Pero según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la cifra real es de entre 65.000 a 70.000 personas.
Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este martes imponer aranceles en represalia a las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia, países a los que acusa de vender el combustible al bloque a precios injustamente bajos, según dijeron diplomáticos.
La mayoría de los miembros de la UE respaldaron la posición de la Comisión Europea de que: “los dos países incurrieron en dumping, o ventas por debajo de los costos o de un precio justo de mercado”.
Según datos vistos por Reuters: La Comisión Europea propuso aranceles de 217 euros y 246 euros (300 y 340 dólares) por tonelada de biodiésel importado desde Argentina, y entre 122 y 179 euros por tonelada importada desde Indonesia.
Las importaciones ya están sujetas a aranceles provisionales, impuestos en mayo. Las tasas definitivas, que son levemente más altas, se aplicarían hacia fines de noviembre tras próximas medidas de procedimiento.
Argentina es el mayor exportador mundial de biodiésel, y los dos países representan un 90 por ciento de las importaciones de biodiésel de la Unión Europea. Su participación en el mercado de la UE creció a un 22 por ciento en el 2011 desde un 9 por ciento en el 2009.
En Europa el biodiésel es principalmente un derivado del aceite de colza, mientras que en Asia es elaborado mayormente con aceite de palma y en las Américas con aceite de soja.
Las empresas que se verán afectadas incluyen a los gigantes negocios en Argentina Bunge y Louis Dreyfus Commodities , que enfrentarán tasas de 217 y 239 euros por tonelada, respectivamente.
Argentina se prepara para llevar a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para desafiar las sobretasas, según personas familiarizadas con la situación.
Argentina ya lanzó una acción en la OMC contra las reglas europeas para las importaciones de biodiésel y la UE fue a la organización con sede en Ginebra en diciembre para reclamar que las barreras argentinas a las importaciones eran ilegales.
(1 dólar = 0,7312 euros)
martes, 22 de octubre de 2013
Una nube de color marrón oscuro se apoderó de las calles de Harbin, dificultando el tráfico y haciendo casi imposible distinguir los semáforos o edificios de la ciudad.
Según los medios locales: Una densa nube de contaminación cubría este lunes la ciudad china de Harbin, famosa por su espectacular festival de hielo, reduciendo la visibilidad a 10 metros y obligando a cerrar escuelas y autopistas.
Según imágenes difundidas por la televisión de Estado CCTV: Una nube de color marrón oscuro se apoderó de las calles de Harbin, dificultando el tráfico y haciendo casi imposible distinguir los semáforos o edificios de la ciudad.
En algunos lugares de esta localidad, los niveles de contaminación alcanzaron una concentración de 900 microgramos por metro cúbico de partículas finas PM 2,5, casi 40 veces el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las partículas finas son particularmente nocivas para la salud.
Las autoridades de Harbin suspendieron las clases en las escuelas primarias y cerraron las autopistas, aunque aún se registraban choques entre varios vehículos.
Los niveles de contaminación del aire de las principales ciudades chinas llegaron a niveles récords en los últimos años.
El diario Beijing Times publicó: La contaminación se disparó después de que la ciudad encendiera su sistema público de calefacción en vista del invierno.
El gobierno había anunciado en junio que los responsables locales deberán mejorar la calidad del aire de sus ciudades.
Según la organización Health Effects Institute, en un estudio publicado en marzo.
Dile a Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot porque los asesinos no pueden convertirse en vencedores.
esta mujer ha asesinado a 24 personas
y va a salir en libertad
Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años de cárcel por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.
Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.
El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas, la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Muchos países democráticos (por ejemplo, Gran Bretaña) han rechazado sus sentencias. El presidente del Gobierno tiene el poder de decidir que España no acatará esta barbaridad jurídica. Pero si no se lo exigimos todos de manera inmediata y contundente, los asesinos de los últimos 50 años quedarán en libertad.
Te pido que me ayudes: envía tu mensaje a Moncloa, exige a Mariano Rajoy que mantenga en la cárcel a quienes intentaron acabar con la libertad de todos, y para ello asesinaron a tantos:
¡Muchas gracias por defender al memoria de las víctimas y por luchar por una democracia limpia de asesinos!
Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo
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