COLOMBIA
Por Matías Aldecoa
Coordinador del Movimiento Bolivariano en el Suroccidente de Colombia
El presidente Santos y todo su gobierno exhiben una doble moral que se manifiesta sin disimulo en variados ámbitos de la vida nacional al medir con reseros diferentes distintos aspectos del conflicto social y armado del país, dependiendo del bando al que se refieran.
?El conflicto colombiano es de los colombianos y lo resolvemos los colombianos?, dijo para descalificar la importante contribución de representantes del grupo de mujeres del mundo por la paz en Colombia, en el proceso de devolución por parte de las FARC-EP de los últimos diez prisioneros de guerra que quedaban en su poder.
Rogoberta Menchú, premio nobel de paz, representantes de las madres de la plaza de mayo (Argentina), y de Colombianos y Colombianas por la Paz, liderados por Piedad Córdoba, acompañaron hasta el final el proceso que terminó exitosamente con la entrega de los retenidos el pasado 2 de abril. Muchos de ellos continúan en el país esperando a que el gobierno cumpla su compromiso de permitir su ingreso a las las cárceles colombianas a verificar las condiciones en que se encuentran los presos políticos.
El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra reversó el permiso, que ya había dado el Presidente, aduciendo que en Colombia no hay presos políticos. ¿Cómo entender esta opinión cuando el mismo gobierno ha reconocido el conflicto armado, cuando en los códigos colombianos figuran los delitos de rebelión, sedición y asonada como delitos políticos y cuando en las cárceles de las distintas ciudades hay innumerables detenidos por esos delitos políticos?
Incluso los delitos llamados de lesa humanidad como el secuestro y otros, cuando han sido cometidos por guerrilleros en desarrollo de acciones insurgentes, están asociados al delito político de rebelión o sedición. Todo preso en Colombia por delitos políticos, en virtud del conflicto armado, es un prisionero político y en nuestro país se calculan en más de siete mil.
Mientras excluye a las guerrillas de su condición política, la doble moral del régimen utiliza como argumento la existencia del conflicto armado a fin de sacar ventaja a su contraparte, al intentar devolverles el fuero militar a las Fuerzas Armadas para que sigan cometiendo fechorías en total impunidad.
A solo dos días de la entrega de los últimos prisioneros de guerra (todos habían sido capturados en combate, no secuestrados) y con el compromiso de las FARC-EP de no realizar más retenciones con motivación financiera, empieza una nueva campaña en contra de las minas antipersonales, las que han dado eficacia a las guerrillas en la guerra en tierra contra las tropas oficiales. Las armas explosivas de construcción casera son descalificadas por no convencionales, mientras se avalan las bombas de media tonelada que en forma de racimos arrojan los aviones para realizar masacres de 30 o 50 guerrilleros, para regocijo de la oligarquía, sus áulicos y periodistas arrodillados.
En realidad lo que quiere el Establecimiento es dejar a la insurgencia sin dientes, mientras ellos recurren a desmedidos presupuestos, traen tropas gringas con armamento y tecnología moderna con el propósito de seguir escalando en el territorio nacional una guerra sin reglas con la que esperan doblegar al adversario, y ahorrarse las reformas sociales y políticas que requiere el país.
Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, ¿por qué entonces existen tropas de los Estados Unidos asesorando y conduciendo la guerra? ¿Por qué los 3.500 millones de dólares del plan Colombia, y la prolongación de la contribución financiera y militar gringas en los años subsiguientes? ¿Y por qué el anuncio de que vendrán a Colombia comandantes de brigada de las tropas norteamericanas que regresan de cometer atrocidades contra los pueblos de Afganistán e Irak? Tropas que traerán nueva tecnología, entre la que se cuentan los famosos aviones no tripulados, para descargar con mayor saña el poder militar y la tecnología de guerra de última generación contra nuestro pueblo, por el solo hecho de aspirar y luchar por una sociedad con justicia social.
Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, entonces desechemos todo el apoyo que dan los gringos a la oligarquía colombiana y construyamos escenarios de manera democrática, participativa, para encontrar soluciones políticas a la guerra y a las causas sociales que subyacen en el fondo y que son el combustible que la aviva.
Pero no, Santos al tiempo que se arma hasta los dientes y llama a la intervención a la mayor potencia militar de todos los tiempos, y mientras exige a las guerrillas que se desarmen para aplastarlas indefensas, quiere además que no haya participación de la comunidad internacional y de otros gobiernos en un eventual proceso de diálogo y negociación con la insurgencia para alcanzar la Paz.
Pero eso es un imposible, no solamente por los alcances actuales de los medios de comunicación y las simpatías que despiertan las FARC-EP en muchos otros pueblos del mundo, sino también porque la sociedad colombiana ha empezado a movilizarse exigiendo la construcción de la paz con participación del la nación entera, es decir, la reinvención soberana del país colombiano, que sea tan democrático y justo que la guerra se vuelva innecesaria.
Por Matías Aldecoa
Coordinador del Movimiento Bolivariano en el Suroccidente de Colombia
El presidente Santos y todo su gobierno exhiben una doble moral que se manifiesta sin disimulo en variados ámbitos de la vida nacional al medir con reseros diferentes distintos aspectos del conflicto social y armado del país, dependiendo del bando al que se refieran.
?El conflicto colombiano es de los colombianos y lo resolvemos los colombianos?, dijo para descalificar la importante contribución de representantes del grupo de mujeres del mundo por la paz en Colombia, en el proceso de devolución por parte de las FARC-EP de los últimos diez prisioneros de guerra que quedaban en su poder.
Rogoberta Menchú, premio nobel de paz, representantes de las madres de la plaza de mayo (Argentina), y de Colombianos y Colombianas por la Paz, liderados por Piedad Córdoba, acompañaron hasta el final el proceso que terminó exitosamente con la entrega de los retenidos el pasado 2 de abril. Muchos de ellos continúan en el país esperando a que el gobierno cumpla su compromiso de permitir su ingreso a las las cárceles colombianas a verificar las condiciones en que se encuentran los presos políticos.
El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra reversó el permiso, que ya había dado el Presidente, aduciendo que en Colombia no hay presos políticos. ¿Cómo entender esta opinión cuando el mismo gobierno ha reconocido el conflicto armado, cuando en los códigos colombianos figuran los delitos de rebelión, sedición y asonada como delitos políticos y cuando en las cárceles de las distintas ciudades hay innumerables detenidos por esos delitos políticos?
Incluso los delitos llamados de lesa humanidad como el secuestro y otros, cuando han sido cometidos por guerrilleros en desarrollo de acciones insurgentes, están asociados al delito político de rebelión o sedición. Todo preso en Colombia por delitos políticos, en virtud del conflicto armado, es un prisionero político y en nuestro país se calculan en más de siete mil.
Mientras excluye a las guerrillas de su condición política, la doble moral del régimen utiliza como argumento la existencia del conflicto armado a fin de sacar ventaja a su contraparte, al intentar devolverles el fuero militar a las Fuerzas Armadas para que sigan cometiendo fechorías en total impunidad.
A solo dos días de la entrega de los últimos prisioneros de guerra (todos habían sido capturados en combate, no secuestrados) y con el compromiso de las FARC-EP de no realizar más retenciones con motivación financiera, empieza una nueva campaña en contra de las minas antipersonales, las que han dado eficacia a las guerrillas en la guerra en tierra contra las tropas oficiales. Las armas explosivas de construcción casera son descalificadas por no convencionales, mientras se avalan las bombas de media tonelada que en forma de racimos arrojan los aviones para realizar masacres de 30 o 50 guerrilleros, para regocijo de la oligarquía, sus áulicos y periodistas arrodillados.
En realidad lo que quiere el Establecimiento es dejar a la insurgencia sin dientes, mientras ellos recurren a desmedidos presupuestos, traen tropas gringas con armamento y tecnología moderna con el propósito de seguir escalando en el territorio nacional una guerra sin reglas con la que esperan doblegar al adversario, y ahorrarse las reformas sociales y políticas que requiere el país.
Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, ¿por qué entonces existen tropas de los Estados Unidos asesorando y conduciendo la guerra? ¿Por qué los 3.500 millones de dólares del plan Colombia, y la prolongación de la contribución financiera y militar gringas en los años subsiguientes? ¿Y por qué el anuncio de que vendrán a Colombia comandantes de brigada de las tropas norteamericanas que regresan de cometer atrocidades contra los pueblos de Afganistán e Irak? Tropas que traerán nueva tecnología, entre la que se cuentan los famosos aviones no tripulados, para descargar con mayor saña el poder militar y la tecnología de guerra de última generación contra nuestro pueblo, por el solo hecho de aspirar y luchar por una sociedad con justicia social.
Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, entonces desechemos todo el apoyo que dan los gringos a la oligarquía colombiana y construyamos escenarios de manera democrática, participativa, para encontrar soluciones políticas a la guerra y a las causas sociales que subyacen en el fondo y que son el combustible que la aviva.
Pero no, Santos al tiempo que se arma hasta los dientes y llama a la intervención a la mayor potencia militar de todos los tiempos, y mientras exige a las guerrillas que se desarmen para aplastarlas indefensas, quiere además que no haya participación de la comunidad internacional y de otros gobiernos en un eventual proceso de diálogo y negociación con la insurgencia para alcanzar la Paz.
Pero eso es un imposible, no solamente por los alcances actuales de los medios de comunicación y las simpatías que despiertan las FARC-EP en muchos otros pueblos del mundo, sino también porque la sociedad colombiana ha empezado a movilizarse exigiendo la construcción de la paz con participación del la nación entera, es decir, la reinvención soberana del país colombiano, que sea tan democrático y justo que la guerra se vuelva innecesaria.
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