EL NUEVO MANDATO ABORTISTA DE OBAMA.

Padre Shenan J. Boquet

Presidente de Human Life International

Durante su histórica visita a Cuba, el Papa Benedicto XVI, el Vicario de Cristo, pidió un cambio ante un atrincherado sistema político que socava la dignidad de la persona humana. Movido por el amor hacia el pueblo de Dios, el Santo Padre simplemente proclamó lo que la Iglesia ha dicho durante generaciones: Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia (véase Juan 10:10).

Al reflexionar sobre sus declaraciones proféticas, pensé en la invitación que el Beato Juan Pablo II le hizo al pueblo polaco en junio de 1979. Ambos hombres, llenos de celo apostólico y fe inquebrantable, les pidieron a sus hermanos y hermanas efectuar un cambio pacífico pero radical de dirección para obtener la libertad y la paz verdaderas.

Debemos hacer una pausa y prestar atención a las palabras del Santo Padre en momentos en que  nuestra amada nación se encuentra en medio de una batalla por la libertad religiosa y la libertad en general. “El derecho a la libertad de religión, tanto en su dimensión privada como en su dimensión pública, manifiesta la unidad del ser humano, quien al mismo tiempo es un ciudadano y un creyente. También legitima el hecho de que los creyentes tienen una contribución que hacer al establecimiento de la sociedad. El fortalecimiento de la libertad religiosa consolida los vínculos sociales, alimenta la esperanza de un mundo mejor, crea condiciones favorables a la paz y al desarrollo armónico, mientras que al mismo tiempo establece fundamentos sólidos para asegurar el respeto a los derechos de futuras generaciones” (Homilía del 28 de marzo del 2012).

Aún en nuestro propio país, muchos rechazan esta verdad fundamental y su fundamento histórico. El gobierno de Obama, con el pleno apoyo de los principales medios seculares de difusión, está intentando imponerles a todos los ciudadanos una norma que exige a las instituciones religiosas, sin importar sus objeciones, financiar anticonceptivos abortivos y esterilizaciones.

Imagine usted que se logre implantar esta norma. Si podemos descaradamente hacer caso omiso a la Constitución y a su Primera Enmienda, entonces podremos rechazar otros componentes también. Por ello es que los nueve magistrados del Tribunal Supremo de EEUU se encuentran en el centro del debate sobre la constitucionalidad del Acta para la Atención [Médica] Costeable (“Affordable Care Act”), más conocida como “ObamaCare” y su norma inicial de que todo el mundo está obligado a comprar un seguro de salud so pena de enfrentar multas.

Como si estos problemas no fuesen suficientes para alarmarnos, recientemente se anunció un tercera norma, que debería preocuparnos más aún: un recargo por el aborto. Esta nueva norma del gobierno una vez más obliga a las personas provida a financiar el aborto. Ello no debe sorprendernos, ya que el ObamaCare le da un poder ilimitado a las agencias gubernamentales para imponer este tipo de normas tan extralimitadas.

¿En qué consiste esta nueva norma? En primer lugar, consiste en obligar a las compañías de seguro de salud que dan cobertura al aborto a cobrarles a todos los que se han acogido a esos planes a pagar un mínimo de $1 por mes, en lo que los críticos han llamado “recargo por el aborto”. En segundo lugar, a la compañía en cuestión sólo se le permite informarle al comprador del seguro acerca de este recargo en la letra pequeña del contrato inicial. Después que el comprador firma ese documento, éste debe ser cuidadosamente y anónimamente doblado y colocado dentro de otros recargos, creando así un enorme y enlodado fondo para la comisión de abortos gratuitos o baratos.

¡Qué clase de engaño tan grande es éste! El gobierno de Obama, en un intento manipulador para retirarse a sí mismo de manera encubierta del financiamiento directo del aborto, le transfiere ese financiamiento a las compañías de seguro de salud y a sus clientes, obligando a las personas provida o de buena voluntad, sin ellas darse cuenta, a financiar el aborto. Una vez más nuestro gobierno está demostrando un claro deseo de financiar el aborto y de obligarnos a pagarlo. El gobierno está, de manera solapada, cambiando el foco de una norma dirigida a los individuos a otra dirigida a las compañías de seguro, como si no nos diéramos cuenta de que engañosamente se nos va a hacer creer que ya no vamos a estar financiando el aborto.

Si el Tribunal Supremo no considera inconstitucional el ObamaCare o si éste no es revocado por un nuevo Congreso y rechazado por un nuevo presidente el año próximo, podemos estar seguros que estas intrusiones e imposiciones gubernamentales continuarán y que se destruirán más vidas humanas inocentes. Ejemplo de ello es la Junta de Asesoramiento para el Pago Independiente (“Independent Payment Advisory Board” – IPAB), el grupo de 15 personas “expertas” que no fueron electas que tomarán las decisiones de vida o muerte de aquellos cuya atención a la salud se vuelva demasiado cara para merecer cobertura, especialmente los más vulnerables: los ancianos y los gravemente incapacitados.

A los que se alarman ante este “panel de la muerte” que ya existe se les tilda de promotores del miedo. ¿Pero de verdad lo son? Echemos una mirada al Estado de Oregón. A los pacientes de ese estado ya se les ha ofrecido el suicidio asistido por médicos como si fuese un “tratamiento” cuando los tratamientos disponibles para salvarles la vida son más caros. ¿Qué va a impedir que esta “norma de muerte” le siga los pasos a las normas de comprar obligatoriamente seguro médico y de financiar la anticoncepción y el aborto?  

Considere una pregunta más fundamental. Una vez que le entreguemos al gobierno el poder para obligar a grandes sectores de la sociedad a hacer cosas que en buena conciencia no debe hacer, ¿seremos capaces de mantener la determinación de luchar contra cada nueva injusticia?

La Iglesia Católica enseña que todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, posee una dignidad inherente que exige que la vida sea protegida, sin importar cuán vulnerable sea. Tenemos ahora gobernantes – no representantes, sino gobernantes – en este país que enfáticamente están en desacuerdo con la Iglesia sobre este punto esencial de la ley natural. Debemos oponernos a estas afrentas a la dignidad humana y a nuestros derechos como ciudadanos de EEUU y como cristianos.