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El verdadero tratamiento del gobierno de Santos a las víctimas quedo reflejado el pasado 11 y 12 de febrero en la audiencia ante la Corte Interamericana por los hechos ocurridos entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en Cacarica, Chocó. Luego de observar la audiencia la única conclusión posible es que existe una profundización de la esquizofrenia del Estado. Ya había sucedido con la petición de perdón de Santos a los militares, no a las víctimas, en respuesta de la decisión de un Tribunal de Cundinamarca que ordenó a los castrenses pedir perdón por la desaparición forzada de 11 personas en los hechos de la contra toma del Palacio de Justicia en noviembre1985.  Imagen: Kaos en la red
Colombia, 18 de febrero de 2013 (http://justiciaypazcolombia.com).-
Por Camilo de las Casas
El verdadero tratamiento del gobierno de Santos a las víctimas quedo reflejado el pasado 11 y 12 de febrero en la audiencia ante la Corte Interamericana por los hechos ocurridos entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en Cacarica, Chocó. Luego de observar la audiencia la única conclusión posible es que existe una profundización de la esquizofrenia del Estado. Ya había sucedido con la petición de perdón de Santos a los militares, no a las víctimas, en respuesta de la decisión de un Tribunal de Cundinamarca que ordenó a los castrenses pedir perdón por la desaparición forzada de 11 personas en los hechos de la contra toma del Palacio de Justicia en noviembre1985.
Febrero 15 de 2013
Así que no podría ser otra la actitud de Rafael Nieto, abogado en representación del intereses del Estado, no del colombiano si no del gobierno y de, creo yo, amplios sectores de militares y los de ACORE. Una de las pretensiones del gobierno en el caso fue demostrar que la ley de víctimas es el mecanismo más idóneo que satisface los derechos de estas. El Vice Ministro Samper, hijo del presidente de la época de la operación militar, aunque diferenció la ayuda humanitaria, de la reparación, fue usado en los alegatos de Navia, este no apareció como un ViceMinistro si no como alguien subordinado a Navia; este Navia concluyó que ningún país en el mundo había hecho lo que Colombia por las víctimas, reduciendo el problema de la reparación a unas cuantías. Insistió permanentemente que las víctimas del caso podrían acudir a la ley de víctimas, donde no se requiere prueba judicial y pueden recibir respuesta a sus exigencias, pues el sistema interamericano es subsidiario, de algo, según él, que ya funciona en Colombia. Habrá que demostrar el sentido lastimero y caritativo con que el gobierno está tratando a millares de colombianos que acuden para recibir un apoyo económico como víctimas, otra degeneración más, de la auténtica responsabilidad del Estado.
Para el mandato de Santos encarnado en su agente, el doctor Navia, en el fondo solo importan dos cosas: evitar una indemnización en conformidad con estándares internacionales y en específico de grupos colectivos, por que la ley 1448 ya todo lo contempla; y dos, evitar al máximo que un tribunal internacional pueda volver a referirse a la estrategia militares - paramilitares protegiendo entre otros al general Rito Alejo del Río Rojas y una cadena de militares debajo de este, pero también encima de él, en ese entonces miembros del Estado Mayor. Habría que ver si entre esos militares más arriba se encuentra Jorge E Mora Rangel, quién en documentos desclasificados del Departamento de Estado aparece como uno de los protectores del que ha sido llamado "El pacificador de Urabá".
En fin, para Santos, el que quiere pasar a la historia como quién logró la paz, la verdad histórica y el esclarecimiento penal no son importantes. Navia dejó claro que da lo mismo quién haya sido el responsable y cuál haya sido la responsabilidad en una violación, ahí hay una "platica" para las víctimas. Obvio, ni para él ni los militares es importante la verdad histórica ni el esclarecimiento penal para el Estado, se colige, la reparación y no repetición se reduce a una indemnización monetaria.
El abogado Rafael Nieto, de ingrata recordación en el rol que debería jugar según la operación internacional dentro de la estrategia ofensiva ilegal del DAS, mostró sus dientes contra las víctimas. La manera inquisitiva, agresiva, manipuladora en defensa del Estado, me recordó aquel, en "defensa de las instituciones". Dicen por ahí que por este caso, a Nieto se le pagarán 500 millones de pesos, una buena suma, que las víctimas nunca lograrán con toda su vida de trabajo..
Volviendo a Nieto, su tratamiento a dos testigos de las comunidades negras asociadas en CAVIDA evidenció su despreció por ellas y por la verdad histórica. Su defensa es la mentalidad del guerrero que usa de la justicia, del contra derecho democrático. Afincado en la visión doctrinaria de la seguridad nacional concibió a las víctimas como enemigos internos, las pretendió asociar a una operación concertada con las FARC, de ahí que les acosó, les atacó despiadadamente. Pero la defensa del Estado desconoció, error absolutamente grave, si quería defender a las sacro santa institucionalidad militar y sus auxiliares paramilitares, y a los inconfesables sectores empresariales beneficiados de esta violencia, como Multifruits Ltda y la multinacional Del Monte, que se trataba de afros; habitantes rurales caracterizados en sus expresiones lingüísticas, en la narración, por su referencia a un modo de tiempo y de espacio que no corresponde al positivismo leguleyo; desconoció la condición de sujetos de una tradición oral capaz de referirse con profundidad a los detalles que impactan su existencia y que sostienen la verdad real de lo que sucedió en esos días.
Aparente conocedor de la región, Nieto, quedó como el abogado que desconoce los contextos y las cosas simples de la vida. Cuando se dice límites territoriales, se dice de tierras vecinas, no a 30 kilómetros. Cuando él mismo dice que la operación de la brigada 17 es en Salaquí olvida que su límite es Cacarica, no una distancia limítrofe de 30 kilómetros en los que no hay nada ni nadie. Dos lógicas evidentemente contrarias, la de la defensa del Estado arrogante con la del humilde poblador.
Pero la cuestión no paró allí, sostuvo que la guerrilla conociendo del desarrollo de la operación "Génesis" organizó un desplazamiento para sostener que no hubo responsabilidad estatal, infortunadamente no aportó ninguna prueba. Cuándo le manifestaron los abogados de las víctimas, que los exguerrilleros, "Samir y Karina", nunca se han referido a Cacarica, no pudo sostener más que lo mismo que todo fue un contubernio, tal vez, proyectando en sus alegatos, lo que él sabe que realmente sucedió el contubernio criminal institucional.
Nieto no ahorró esfuerzo alguno para disimular su animadversión a las víctimas y a sus representantes tratando de modificar circunstancias de modo, de tiempo y de lugar respecto a lo que las víctimas afirmaron. En su obsesivo objetivo atacó a los testigos, a la vez víctimas, cambio las noches por las madrugadas, excluyó en la presentación de sus peritos, que parecían testigos de excepción de los que había ocurrido en febrero de 1997, ambos militares, uno de los puntos de ubicación de la operación "Génesis" en Cacarica y después que se le nombró varias veces el lugar conocido como Teguerré, dijo al estilo de "Godofredo" es que hay tres Teguerré.
Las infamias del Estado colombiano contra las víctimas no pudieron quedar mejor reflejadas. La síntesis del acervo probatorio que mostraron los representantes de las víctimas es contundente. Testimonios de militares que hablan de las reuniones frecuentes de Rito y los paramilitares en la propia brigada 17, Ever Veloza, Fredy Rendón, Raúl Hasbún y una de ellas la realizada en diciembre para la toma del municipio de Río Sucio y la continuidad con la operación "Génesis", en la que participó el prófugo coronel Jorge Eliécer Plazas, vale recordar que participó en el asesinato de Jaime Garzón, y a quien habría que peguntarle por Mora Rangel, el que está en los diálogos de la Habana y "La Terraza"; los testimonios de William Soto, declarado paramilitar, afirmó la coordinación en la Operación Génesis, con la participación de 15 hombres del ejército y 45 de los paramilitares y al acuerdo de no enfrentamiento con las tropas al mando de Rito Alejo del Río y los paramilitares de las Auc; ah y finalmente, ll os testimonios de testigos de la defensa del general Rito Alejo del Río, que se refieren a las operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en febrero de 97. Nada de esto Nieto lo refutó. Solo atacó a las víctimas por haberse referido a la reunión en Bocachica, Cacarica, centro de operaciones de militares y de paramilitares; por sostener que el desplazamiento lo causaron las operaciones conjuntas, porque la brigada 17 expresó en medio de la gente que le pidió protección, que no podían hacer nada, porque los que se quedaban eran los paramilitares y debían ir a Turbo, donde la policía los reuniría para llevarlos al coliseo de Turbo.
Una verdad histórica, una verdad real. La brigada 17 usó de medios ilegales, encubiertos generando el desplazamiento forzado de los habitantes de Cacarica. Reconocer eso, es gallardo, es respetar a las víctimas, es respetar la historia colectiva, es honor de un verdadero guerrero y de alguien que busca la paz. Lo contrario es proteger la lógica en que Rito Alejo del Río y centenares militares de alto rango han actuado en Colombia, en los últimos 25 años, y quienes les han emulado, celebrado y apoyado como Álvaro Uribe Vélez. No solo se trata del homenaje en el Hotel Tequendama. En audiencia interna el abogado del general Del Río, expresó que este como gobernador de Antioquia estuvo al tanto de la operación "Génesis". No aceptar la realidad es temer al poder del derecho, negar la posibilidad de no repetición de los derechos a las víctimas y mantener la construcción de un Estado esquizofrénico incapaz de reconocerse así mismo, para curarse.
"Génesis", doctor Navia, no es aplicación del derecho internacional humanitario, es una expresión de una criminalidad que permea las operaciones contra los civiles, usar de medios ilegales como los paramilitares para lograr propósitos inconfesables a nombre de las "democracia". La operación "Génesis" fue clarísimamente una operación encubierta de la brigada 17 con los paramilitares. Y en el derecho internacional, yo que soy ignorante en la materia, me quedó claro, que una cosa es la asistencia humanitaria y otra la reparación. Así que no nos confunda o como dijo alguna vez su mandatario; "no nos crea tan pendejos".
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En Tumaradó, hace unas horas, según aparece en páginas de internet, los paramilitares volvieron a atacar a los integrantes de CAVIDA, en ese lugar, ese que Nieto negó que existiera en dónde hoy existe. ¡Así no se defiende un Estado democrático!. Un Estado se defiende con la verdad y con el respeto a los derechos de las víctimas, no despreciándolas.
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