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Amnistía Internacional acercó a la presidente Cristina Fernández un informe acerca de la delicada situación de los derechos humanos en Rusia, ante la visita a Buenos Aires del presidente Vladimir Putin.
En una carta enviada a la Casa Rosada, la organización de derechos humanos señaló que el gobierno de Rusia ha tomado en el último tiempo una serie de medidas orientadas a reprimir la disidencia y la libertad de expresión y de reunión. Así, desde finales de 2011 se han aprobado leyes punitivas, se ha detenido a miles de manifestantes y se han prohibido o dispersado más de un centenar de protestas. Además, en toda Rusia, al menos 1.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido objeto de “inspecciones” y de una serie de medidas tendientes a desacreditarlas, estigmatizarlas y restringir su disponibilidad de fondos.
Se calcula que en 2012 fueron detenidas casi 4.000 personas en alrededor de 200 protestas solamente en Moscú y su región. Durante 2013 el número de protestas disminuyó significativamente, a pesar de ello, cientos de personas fueron detenidas en actos públicos.
Amnistía Internacional también afirmó en la carta que durante el último año ha entrado en vigencia legislación discriminatoria, que ha fomentado la homofobia e impulsado una oleada de violencia a manos de grupos parapoliciales en todo el país. Las actitudes xenófobas también han aumentado y las redadas masivas de la policía contra trabajadores migrantes se han hecho más frecuentes en los últimos años.
Las autoridades municipales se niegan normalmente a autorizar a los activistas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) la realización de actos públicos. En 2013, en al menos seis ocasiones, los activistas LGBTI fueron atacados con violencia durante protestas pacíficas por activistas homófobos en Moscú y San Petersburgo. No se adoptó ninguna medida contra sus agresores pese a los abrumadores datos contenidos en videos y fotos y a los testimonios de los testigos.
La libertad de expresión también es objeto de ataques. Tras la actuación de la banda punk Pussy Riot en la principal iglesia ortodoxa de Moscú, con una protesta contra el gobierno en febrero de 2012, se promulgó una nueva ley que criminaliza la blasfemia. Se ha clausurado un museo por exhibir cuadros satíricos del presidente Vladimir Putin y de otros destacados políticos rusos.
Por otro lado, siguen produciéndose ataques de grupos armados en todo el Cáucaso Septentrional y en otras partes de Rusia, como los dos atentados suicidas con bomba contra viajeros civiles cometidos en Volvogrado los días 29 y 30 de diciembre de 2013. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad continúa caracterizándose por violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzadas y torturas, y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En Argentina, durante los últimos años, se han llevado adelante políticas que significaron importantes avances en materia de derechos humanos de las personas LGBTI. Sería deseable que el gobierno argentino manifieste preocupación por los abusos que el estado ruso comete contra esta población.