lunes, 20 de junio de 2016

25 millones de latinoamericanos podrían recaer en la pobreza.

Un informe regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresa gran preocupación por la situación de un grupo de 25 y 30 millones de personas que acaban de salir de la pobreza y advierte que podrían recaer en ella.

El estudio, presentado este martes en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) con sede en Panamá, identifica esa situación como la principal amenaza para el progreso de América Latina y el Caribe. También señala que gran parte la población vulnerable son jóvenes y mujeres con empleos precarios en el sector de los servicios. Otro de los puntos del documento hace hincapié en que esas personas integran un amplio grupo de 220 millones que son vulnerables a caer en la pobreza, aunque oficialmente no hayan sido clasificadas como pobres ni hayan logrado ascender a la clase media.

En este contexto, el PNUD explicó que los factores que inducen a la pobreza no son los mismos que evitan que la gente recaiga en ella. En la década pasada, el empleo y la educación eran claves para generar progreso, no obstante, en la actualidad se requiere de políticas que fortalezcan la protección social, el sistema de cuidado de niños y ancianos, los activos físicos y financieros, como una casa, un auto o las cuentas de banco que actúan como colchones en caso que estalle una crisis, además de la calificación laboral.

El PNUD hizo un llamado a repensar el modelo de desarrollo en la región y orientarlo hacia un concepto multidimensional que trascienda el simple crecimiento económico y responda a lo que propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que invita a construir sociedades equitativas y a no dejar a nadie excluido. Naciones Unidas

OEA impide el acceso a la sociedad civil internacional.

La noche del 13 de junio, a través de un correo electrónico se informó que “por motivos de espacio en la sede de la Asamblea General, las organizaciones de la sociedad civil no podrán ingresar a la sede de la Asamblea General de la OEA”. La 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se lleva a cabo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.


El email enviado invitaba a los asistentes registrados a seguir las reuniones plenarias de los representantes de los Estados, a través de las pantallas de televisión colocadas en uno de los hoteles de la capital dominicana. Esta exclusión de la sociedad civil muestra una falta de respeto sin precedentes. En la práctica, dejará frente a la pantalla de un televisor a más de un centenar de personas, que se trasladaron hasta Santo Domingo para presenciar y participar de las reuniones plenarias indicaron desde la ong internacional.

Uno de los pilares de la Organización de Estados Americanos es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. En este período, se planea aprobar nuevamente una resolución que fortalezca la participación activa de la sociedad civil en las actividades de la OEA. Sin embargo, esta decisión de limitar el acceso a las reuniones plenarias, es sumamente preocupante y contraria a los principios de transparencia y democracia que rigen a la organización.

Desde la sociedad civil mostramos una profunda preocupación ante tal agravio y exigimos que la OEA permita nuestra participación y acceso. Éstas fueron las condiciones en las que nos trasladamos hasta el país, con el propósito de ser parte activa del evento, como lo hemos sido durante las últimas décadas. Pedimos al Gobierno dominicano que honre su compromiso como anfitrión y al resto de los gobiernos de la región que realicen las gestiones pertinentes para que la Asamblea General siga siendo un espacio abierto y transparente señalaron desde Amnistía internacional.

martes, 14 de junio de 2016

Centroamérica

No es una guerra, pero estas personas que se ven obligadas a huir de la violencia afrontan circunstancias similares a las de un conflicto armado.


El desplazamiento en el triángulo norte de Centroamérica, que incluye a Honduras, Guatemala y El Salvador, tampoco es de migrantes económicos. Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales. Así lo señaló la oficina regional de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que alertó de un aumento del fenómeno de desplazamiento en la subregión.

En los últimos dos años las solicitudes de asilo provenientes de esos tres países aumentaron un 92%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los 54.000 en 2015. Solamente en los primeros cuatro meses de 2016, 11.000 personas ya han requerido la condición de refugiado, principalmente en Estados Unidos y México. Andrés Ramírezrepresentante regional para Centroamérica, Cuba y México de ACNUR, describió ese drama humano en una entrevista desde Panamá.

“A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás, la persona simplemente huye al no poder acogerse a la protección”, explicó. Naciones Unidas

Brasil, a un paso de repetir en los Juegos Olímpicos los gravísimos errores de la Copa Mundial.

El Estado y las fuerzas de seguridad de Brasil están a punto de repetir los terribles errores que cometieron durante la Copa Mundial 2014. Así lo señaló Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe a dos meses de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

El informe “La violencia no es parte de estos Juegos. Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016”revela que las autoridades brasileñas de Río de Janeiro implementaron las mismas políticas de seguridad mal concebidas que provocaron un gran aumento de los homicidios y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad desde que se celebró la Copa Mundial 2014. Esto pone en peligro la promesa de los Juegos de una ciudad segura para todos.

“En 2009 se adjudicaron los Juegos Olímpicos a Río. En lugar de lograr una ciudad segura, desde ese momento la policía mató a 2500 personas. Amnistía Internacional documentó crecientes abusos y la ausencia de investigaciones efectivas. Lamentablemente, Río se convirtió en una zona letal”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente en la represión policial de las protestas que hubo en todo el país antes y durante la Copa Mundial 2014. Ese mismo año, cuando se encargó a la policía y al ejército la tarea de “asegurar” las ciudades, los operativos dejaron al menos 580 muertos solamente en el estado de Río de Janeiro.

En 2014, los homicidios resultantes de operaciones policiales aumentaron un 40% —y un 11 % más el año siguiente, con 645 personas fallecidas a manos de la policía solamente en Río de Janeiro—. Uno de cada cinco homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio.

Desde que empezó 2016, más de 100 personas fueron víctimas de homicidio en la ciudad de Río. La gran mayoría son varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginadas.

Las autoridades anunciaron el despliegue de cerca de 65 mil policías y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos. Esta podría ser la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. El operativo incluirá el despliegue de personal militar para encabezar procedimientos en las favelas, algo que en ocasiones anteriores causó violaciones de derechos humanos que aún ni se investigaron ni se sancionaron debidamente.

Por ejemplo, en abril de 2014, unos meses antes de la celebración de la Copa Mundial, se desplegaron miles de tropas militares en el complejo de Maré, situado cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Maré es un grupo de 16 favelas donde viven alrededor de 140.000 personas.

Estaba previsto que las tropas, que no habían sido entrenadas ni estaban equipadas debidamente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se retirasen de Maré poco después de que concluyera el evento deportivo. Sin embargo, siguieron vigilando la favela hasta junio de 2015. “Faltan dos meses para que empiecen los Juegos Olímpicos. Todavía hay tiempo para evitar gravísimas violaciones a los derechos humanos. Brasil tiene la obligación de actuar antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Belski.
                         

domingo, 12 de junio de 2016

Desastres en el sector agrícola de América Latina .

Entre 2003 y 2014, el impacto de los desastres naturales en el sector agrícola de América Latina provocó pérdidas de más de 34.000 millones de dólares, afectando a 67 millones de personas, según datos de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Para cambiar esta tendencia, altos representantes de los países de la región debatieron hoy en Asunción sobre cómo incrementar la resiliencia y los medios de vida del campo frente a las crisis y desastres con el objetivo de erradicar el hambre. En el marco de la Reunión Ministerial para la Implementación del Marco de Sendai en las Américas, que se celebra desde ayer en la capital paraguaya, los altos funcionarios delinearon las bases para una estrategia regional de gestión de riesgos de desastre en el sector agrícola, como parte del Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El director de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala,Rudy Vásquez Villatoro, participante en el evento, explicó en entrevista con Radio ONU, algunas de las medidas para reducir los riesgos en ese rubro.

“Haciendo infraestructuras productivas: riego, centros de acopio, centros de transformación primaria que permitan, por un lado, agregarle valor a la producción, y por otro lado, ofrecer más empleos. Entonces, no sólo el productor se emplea, sino que se emplea quien hace el empaque, quien hace el traslado o los fletes, el transporte, etcétera”. Los participantes en la discusiones coincidieron en que este tipo de inversiones en la agricultura, que incluirían los sistemas de alerta temprana, ayudarían a lograr sistemas productivos más resilientes y eficientes porque permitirían soportar el embate de los fenómenos naturales y sociales que pueden afectar la disponibilidad de alimentos. Además, subrayaron la importancia de reforzar las instituciones agrícolas, diversificar los medios de vida y capacitarse para responder cuando los desastres lleguen a ocurrir.

Según la FAO, los desastres vinculados al clima, cuyo impacto y frecuencia son exacerbados por el cambio climático, son los que más afectan a la región, totalizando un 70% de las emergencias. Naciones Unidas

jueves, 2 de junio de 2016

El Niño afecta aún a millones de personas en América Latina.

La falta de lluvias desde mediados de 2014 ha generado la pérdida de cultivos de cereales básicos y la muerte de miles de cabezas de ganado en El Salvador, Guatemala, Honduras y, en menor medida, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Así lo advierte un reciente informe de actualización de la situación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que da cuentas de más de tres millones y medio de personas en Centroamérica que padecen inseguridad alimentaria, necesitan atención médica y apoyo para recuperar sus medios de subsistencia, especialmente en los países del corredor seco que comprende a Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Esas naciones afrontan la peor sequía en décadas debido al fenómeno El Niño, afirmó OCHA. El portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, hizo referencia al informe durante la conferencia de prensa habitual en la sede del Organismo en Nueva York: “Sin suficiente asistencia de emergencia, se espera que continúe la escasez de alimentos hasta septiembre de este año. Al mismo tiempo, las lluvias por encima del promedio en partes de Sudamérica continúan causando inundaciones, enfermedades propagadas por mosquitos, entre ellas la malaria, el dengue, el chikungunya y el zika”, detalló el portavoz. Naciones Unidas

miércoles, 1 de junio de 2016

Hospitales como blanco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que 594 instalaciones de salud fueron atacadas en el bienio 2014-2015 en 19 países que se encuentran en situación de emergencia.


Los asaltos dejaron más de 900 muertos y una cifra superior a 1.500 heridos. La mayoría de las agresiones se reportaron en Siria. En el caso de Colombia, el análisis indica que se informó de siete de esos incidentes en el mismo periodo. La OMS dio a conocer los datos del primer informe que consolida la información disponible sobre este problema, el cual revela la gravedad y frecuencia de esas embestidas.

Más de la mitad de los ataques estuvieron dirigidos a establecimientos de atención médica y un cuarto de ellos fueron contra trabajadores de la salud. Además, el 62% fueron intencionales contra servicios de salud internacionales. La OMS recalcó que esa situación interrumpe el suministro de ayuda esencial, pone en peligro a los profesionales de la salud y priva a las personas de atención médica urgente. Naciones Unidas

Un "Núremberg" venezolano.


La tesis de este artículo es que Venezuela nunca podrá regenerarse como sociedad si no lleva a cabo un ejemplar castigo de los principales responsables de la tragedia venezolana del siglo XXI. Borrón y cuenta nueva, pasar la página, reconciliarnos, dialogar, perdonar, son términos que se escuchan con frecuencia para hablar de la solución a la crisis venezolana. Si esa llega a ser la decisión final el país barrerá la basura debajo de la alfombra y al cabo de poco tiempo tendremos otro bárbaro analfabeto  en el poder. Si hay negociación con la pandilla de gánsteres que ha arruinado al país y prostituido a buena parte de nuestro pueblo habremos descendido como sociedad al nivel de esos criminales execrables.  
No sé cuántos piensan como yo, si es una mayoría o una minoría, pero cualquiera sea la distribución de opiniones en torno a este dilema fundamental, considero como un imperativo moral insistir sobre la necesidad de aplicar la justicia en Venezuela, como condición necesaria (si no suficiente) para regenerar un país destruido material y espiritualmente.
La Espada de la Justicia
La decisión de llevar este proceso a cabo debería comenzar con un claro enunciado por parte de la Venezuela decente: “Es nuestra intención aplicar un justo y oportuno castigo  a los principales responsables del desastre venezolano, producto de la corrupción, ineptitud y abusos de poder de un régimen arbitrario. El llamado Socialismo del Siglo XXI, solo ha sido una acción criminal por parte de una pandilla de malhechores”.   Palabras similares fueron pronunciadas por Franklin D. Roosevelt el 7 de octubre de 1942, al habar de los líderes del nazismo y al tener en sus manos la evidencia de las atrocidades cometidas por Hitler contra la población judía. Aquello fue un genocidio y lo que ha pasado en Venezuela tiene la fisonomía de serlo.
De no ser satisfecho, el deseo de justicia se convertirá en sed de venganza. No puedo explicarme la razón por la cual un sector de nuestra sociedad piensa, aún de buena fe, que la negociación y el perdón puedan ser el camino preferido hacia una nueva Venezuela. Yo no lo creo, basado en consideraciones de tipo ético, las cuales deberían tener mayor categoría imperativa que razones de estrategia o pragmatismo político.
“Este es el peor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad”, decía Churchill, al rechazar los acercamientos al nazismo que existían entre algunos sectores de su país. El abogado estadounidense de origen lituano, Murray C. Bernays, decía en esa época: “No enjuiciar a esas bestias sería perder una oportunidad didáctica y terapéutica”. El gobierno estadounidense encargó a Bernays la tarea de preparar un plan para lo que sería el juicio de los criminales nazis. En su concepción original Bernays desechó la idea de que estos crímenes fueran concebidos por personas aisladas. Su concepto fundamental fue que el nazismo fue una conspiración criminal contra la humanidad y que el juicio debería servir para generar en la sociedad alemana el sentimiento de responsabilidad y hasta de culpa hacia la acción de su gobierno. De otra manera, pensaba Bernays, estos crímenes serían atribuidos a una guerra más y la sociedad alemana nunca comprendería la magnitud del crimen que ellos habían apoyado.
Yo encuentro irresistible una comparación de aquel cuadro con lo que se ha vivido en Venezuela y en América Latina en lo que va de siglo. En otras ocasiones he dicho que lo que ha existido en América Latina no es la aparición de regímenes autoritarios aislados sino  una conspiración de líderes corruptos en contra de la democracia y de la libertad, a fin de crear un imperio regional autoritario de duración indefinida, en base a  deseos de poder y riquezas, poniendo como justificación la liberación de los pueblos oprimidos cuando,  en realidad,  su común denominador era  y es un resentimiento acomplejado en contra de la prosperidad de los países nórdicos. Esa combinación de codicia y complejos de inferioridad explica las actitudes durante estos años de los hermanos Castro, los esposos Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Dilma Roussef, José Mujica, Fernando Lugo, José Miguel Zelaya, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales y de los organismos controlados por ellos: ALBA,  UNASUR, PetroCaribe y la OEA de Insulza.  
Este concepto de una conspiración regional, aunque evidente y hasta explícitamente formulada repetidamente por algunos de sus líderes como Hugo Chávez, sería difícil de ser aceptado para los propósitos de la aplicación regional de justicia. No existe un organismo que sea capaz de hacerlo.  Serán los países individuales que se encargarán de limpiar sus establos, como ya se adelanta en Brasil y, más tímidamente, en Argentina. En el caso de Venezuela será necesario hacerlo a fin de llevar a cabo una labor didáctica entre un pueblo que ha sido prostituido en buena parte y que ha llegado hasta a considerar razonable renunciar a su independencia ciudadana por una lata de leche, una nevera o unas gallinas. Si Venezuela quiere llegar a ser un país de verdaderos ciudadanos y no de borregos debe aplicar la justicia a quienes han sido los principales responsables por esta labor de embrutecimiento.
La magnitud del crimen
El crimen ha sido inmenso múltiple: abuso de poder, pretensiones de permanecer indefinidamente en el poder, corrupción en un nivel nunca visto antes en nuestra historia e ineptitud galopante en el manejo del país por un lumpen ilustrado por un Maduro presidente, un Cabello legislador, una Iris Varela encargada de prisiones  y un Luis Salas ministro de la economía.  Todo ello combinado con un intento de crear un narco-imperio a base de las dádivas de un petróleo que era de la Nación y no de ellos. Esta letal mezcla de ineptitud y perversidad ha generado una catástrofe que nunca antes habíamos conocido en Venezuela ni en otro país de América Latina. En su magnitud  es mucho peor que la catástrofe haitiana, dada la gigantesca brecha existente entre lo que el país podría ser y lo que ha llegado a ser. Y, repito, es un crimen que debe ser castigado de manera ejemplarizante, si es que el país aspira a salir del pantano material y moral en el cual está inmerso.
Quienes son los principales responsables?  
El saqueo y destrucción de Venezuela ha sido llevado a cabo por un grupo que estimo entre 500 y 600 delincuentes. En ese grupo están  los dos presidentes, los vicepresidentes, los ministros, los titulares de los poderes Judicial, Legislativo (hasta 2015), Electoral y Moral, los presidentes de las principales empresas del estado durante el período, las directivas del Banco Central que entregaron su autonomía y el grupo de banqueros, narco-generales, contratistas y funcionarios cómplices de mayor relieve. Esta es una lista que ya está elaborada, con bastantes datos sobre la conducta de cada quien. Habrá quienes tengan atenuantes, los menos, y recibirían prisión de hasta 10 años y obligación de restitución de sus dineros mal habidos pero habrá otros que sin duda merecerán la máxima pena que se pueda aplicar de acuerdo a las leyes del país.  
Debe estructurarse de inmediato una grupo de Investigación
La Asamblea Nacional debe contar entre sus atribuciones la estructuración de un Grupo de Investigación de alto nivel, encargado de elaborar los expedientes y los casos individuales en contra de los 500-600 personajes que estén en la lista para ser investigados y eventualmente enjuiciados. La organización de este grupo y de los juicios que deberían seguir puede ser modelada en base a la organización para Núremberg, aunque no habrá las complicaciones  de tener cuatro o cinco países involucrados en la planificación. En Núremberg los finalmente enjuiciados fueron solamente 22 pero sus juicios fueron más elaborados y requirieron mucho más tiempo para la recolección y selección de la información. En Venezuela lo que ha pasado ha pasado a la vista de todos. Los casos de abusos de poder son evidentes y la corrupción es tan gigantesca que no podrá ocultarse fácilmente, si se invierte la carga de la prueba y se pone esa carga en el acusado, a fin de explicar de dónde viene su dinero.
El valor material y moral valor de un Núremberg criollo  
El enjuiciamiento de los criminales del socialismo del siglo XXI tendría un doble beneficio para la nación venezolana. En primer lugar, la posible recuperación de centenares (si no miles) de millones de dólares y propiedades que estos criminales tienen en Venezuela y en el exterior. En segundo lugar y aún más importante, el impacto en la población venezolana de la correcta aplicación de la justicia, después de tantas humillaciones y sufrimientos. Ese será un impacto profundamente didáctico para la masa de venezolanos que se dejaron seducir por el paternalismo y prodigalidad irresponsable del régimen de ladrones y accedieron a apoyarlo como contraprestación. Un país no puede progresar con la carga de gente que no contribuye al progreso colectivo sino que se sienta a esperar que el Estado le de dinero y comida y vivienda, educación y salud, todo gratis. El castigo de los culpables, como en el caso de la Alemania post-nazista, ayudará a que esa masa comprenda que no puede vivir como parásitos del estado y que un ciudadano tiene derechos pero también tiene deberes.

Un monumento a los corruptos, como un Anti-Arco de triunfo
Así como en Washington DC existe una pared para honrar a quienes murieron en Vietnam, propongo la erección de una pared o de un anti-arco de triunfo para estigmatizar a quienes destruyeron el país: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Jorge Giordani, Rafael Ramírez, Nelson Merentes, Iris Varela, Diosdado Cabello, los narco-generales, todos los 500-600 criminales de primera línea. Quizás a estos nombres (admito que esto sería más problemático por la posibilidad de cometer injusticias)  deberían seguir los nombres (en letras más pequeñas)  de los mini- corruptos, los ineptos, los ladronzuelos, los vendidos, los cobardes, los hipócritas, los guabinosos, todos quienes con sus actos de comisión, omisión y cobardía hicieron posible la tragedia venezolana.

Así como los venezolanos deben honrar a sus héroes, así también deben estigmatizar a sus villanos, porque de eso es que se trata la justicia.  
ç                                      La revolución de Hugo Chávez