viernes, 30 de mayo de 2014

Ejército asesina indígenas y campesinos.

COLOMBIA:



(AW) 4 nuevos muertos por el Ejército Nacional uno de ellos menor de edad, en medio de allanamientos, desalojos, ataques indiscriminados por tierra y aire a poblaciones civiles., hostigamientos, torturas y amenazas.
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Transcribimos.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia con dolor el asesinato de los cuatro jóvenes; el indígena Brayan Yatacue Secue, el afro descendiente José Yiner Esterilla, y los campesinos José Antonio Acanamejoy y Deivi López Ortega, este último menor de edad. Todos son miembros de Fundaprogreso, filial de Fensuagro-CUT (Federación Nacional Sindical Agropecuaria), organización integrante del Movice.
Los cuatro se hallaron muertos, heridos por arma de fuego, después de una serie de acciones militares irregulares contra la población civil en el corregimiento Cofaina Jardines de Sucumbíos por efectivos del Ejército Nacional.
Reiteramos nuestro clamor social por un cese bilateral al fuego para frenar más muertes de jóvenes colombianos. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los jóvenes asesinados cruelmente por miembros del Ejército Nacional.
Hechos
El día 16 de mayo, los cuatro jóvenes Deivi López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, se reunieron en la casa del señor Leonardo Obando, en el corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, para planear su participación el día sábado 17 de mayo, en una actividad para celebrar el día de las madres, en la escuela de la vereda Alto Amarradero. Dado la hora tarde cuando terminan la reunión, los amigos se quedan en la casa del señor Obando.
El 17 de mayo 2014, cerca de la 1:30 A.M., en la vereda Alto Amarradero, corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, pobladores del lugar escucharon el sonido de helicópteros que realizaban sobre vuelos en la zona, y luego desembarcó un grupo de militares pertenecientes a la Brigada Móvil No. 13 y al Batallón Energético y Vial No 9 “General José María Gaitán” adscritos a la VI división del Ejército Nacional.
El grupo de militares, en desarrollo de la “Operación Militar Némesis Mariscal Tres” realizó hostigamientos contra la población civil, entre ellos ataques indiscriminados por aire y tierra, allanamientos irregulares de hogares, expulsión de sus hogares a civiles, agresiones físicas y verbales, retenciones arbitrarias, amenazas y señalamientos.
A aproximadamente las 4:00 A.M., en inmediaciones del hogar del señor Leonardo Obando, se escuchó una explosión muy fuerte y unos disparos. Luego se escucharon voces y disparos de personas que llegaban al lugar y minutos más tarde un grupo de militares ingresaron a la fuerza a la casa del señor Obando, en donde lo amenazaron al interior de su hogar con llevárselo preso si no les permitía requisar el lugar.
Cuando el señor Obando salió de su casa vio los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes Deivi López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, vestidos con la misma ropa con las que llegaron a la casa.
Las Fuerzas Militares, han presentado estos muertos como guerrilleros de las FARC dados de baja en combate, alegación que los testimonios de la comunidad y las organizaciones sociales desmienten.
Contexto
Entre los otros hostigamientos contra la población civil que se dieron el 17 de mayo se encuentran los siguientes:
Los militares ingresan al hogar de la señora María Dolores Acanamejoy donde la encontraban junto con la señora Rosa Elvira Acanamejoy, los señores Florentino Navia y Eduardo de Jesus y los niños Erika Marcela Navia (de 10 años de edad) y Johan Yancarlos Navia (de un año de edad). Los militares además de intimidar y agredir verbalmente a los niños, mujeres y ancianos les exigieron a varios entregar sus teléfonos celulares.
Simultáneamente, otro grupo de militares ingresó a la fuerza a otros hogares campesinos y de afrodescendientes y procedieron a maltratarlos física y verbalmente, luego de amenazarlos les exigieron entregar sus teléfonos celulares y los obligaron a salir de sus viviendas.
El grupo de militares en ningún momento indican a los civiles agredidos una orden judicial para las requisas y allanamientos.
Exigimos
-Que el gobierno nacional declare un cese al fuego bilateral, para poner fin a las atrocidades causadas por la continuación del conflicto armado y la violencia socio política.
-Que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y seria para establecer los hechos, e identificar y sancionar a los responsables.
-Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie a favor del Derecho Internacional Humanitario, por la protección de los civiles en medio del conflicto armado, y para asegurar que se realice una investigación seria y real de los hechos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
Por MOVICE [Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado]

Toman consorcio energético contra las represas.

BRASIL



(AW) Colectivo de vecinos contra las represas, tomaron la oficina Consorcio Energético del Río Uruguay, que pretende la construcción de Garabí y Panambí, represas que llevarían a la inundación de cientos de chacras productivas y al desalojo de sus pobladores-
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Transcribimos.
Miércoles 28 de mayo de 2014
Brasil: tomaron la oficina del consorcio que
quiere construir las represas Garabí y Panambí
ALECRIM, RÍO GRANDE DO SUL, Brasil. En la mañana de hoy, un grupo de familias amenazadas por la construcción de las represas hidroeléctricas Garabí y Panambí, tomaron la oficina del Consorcio Energético del Río Uruguay en la localidad de Alecrim, reclamando el cese inmediato de los estudios de viabilidad que el consorcio lleva a cabo, y la cancelación de las charlas propagandísticas que dicho consorcio viene realizando, a favor de la construcción de Garabí y Panambí.
Alecrim, es la localidad donde pretenden ubicar la represa de Panambí, que de concretarse inundaría cientos de chacras productivas, obligando al éxodo y al desarraigo a los pobladores. Es por ello que en la zona, existe una creciente organización colectiva, en resistencia a las represas, que en diciembre del año pasado logró paralizar un obraje y expulsar a las máquinas de las empresas constructoras que intentaron instalar un búnker para obras previas.
Desde el Movimiento Afectados por Represas (MAB) de Brasil, explicaron que “los vecinos exigen la paralización de los estudios ambientales, de viabilidad, y que dejen de hacer propaganda, ya que acá la resistencia de los vecinos es total, y tampoco se están contestando los censos que el consorcio quiere realizar; acá nadie da información y crece la resistencia. Los vecinos están dispuestos a luchar para defender sus tierras”.
Un agricultor de la zona, Anacleto Reistoff, manifestó que “el método de reuniones que la empresa viene realizando no esclarece lo que la población realmente quiere saber; solo nos quieren convencer de un montón de falsedades, que las represas nos traerán progreso y todo eso. Es el mismo discurso que se usó antes de la construcción de otras represas, y que acabaron dejando a miles de familias sin tierra y a comunidades enteras destruidas. Ya no creemos ese discurso y no nos vamos a dejar engañar”.

El Gobierno sigue en deuda con los Yukpa.

VENEZUELA


 
(AW) El 3 de marzo de 2013, Sabino Romero Izarra, referente del Pueblo Yukpa, era asesinado por 5 policías, uno vinculado al Grupo Antiextorsión y Secuestro y a la Guardia Nacional Bolivariana. La persecución, la violencia física, la muerte, el abandono estatal, son el común denominador de una política regional hacia las comunidades originarias.
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 En lo que se refiere a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial de la nación Caribe Yukpa, el Estado Gobierno venezolano se niega a honrar sus compromisos estipulados en la Constitución y en las leyes de la República, y los de los acuerdos internacionales firmados que hoy tienen rango constitucional. El Estado Gobierno sigue en los albores del siglo XXI actuando en política y derechos humanos de los pueblos indígenas de una manera epiléptica que va desde políticas basadas en la violencia física, para imponerse ante las comunidades indígenas y sus líderes, hasta la inconstitucional política de dejar hacer, dejar pasar. Creemos que este comportamiento político de algunos representantes del Estado venezolano en instituciones con competencia en el tema en cuestión es una posición tomada de rechazo a la diferenciación cultural y étnica (en este caso del pueblo Yukpa) recogida en la Constitución de 1999.
Para zafarse de sus responsabilidades, el Estado en los tiempos de la Colonia y de la República (en sus primeros gobiernos) le entregó esta responsabilidad legalmente a los Misioneros Capuchinos; en la llamada Cuarta República a la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) del antiguo Ministerio de Educación y a la Oficina Indígena del Instituto Agrario Nacional (IAN). Hoy es un asunto del inoperante Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, donde su Ministra es reconocida desde su creación para representar a los pueblos indígenas en los actos protocolares de Estado.
La violencia de Estado y de ganaderos armados en Machiques
Los picos de la gráfica de la violencia racista se mudan en la historia del país a distintos hábitat y pueblos indígenas. Hoy el pico de la violencia institucionalizada aparece contra el nativo en el pueblo Yukpa, o como ayer, en los Cuibas de La Rubiera o en Planas, o en los Piaroa del Valle de Manapiare, o más recientemente, en los lejanos poblados Yanomami. Son los hacendados casi siempre, o los mineros ahora, los móviles generadores de la violencia en alianzas la mayoría de las veces en el caso del Zulia con efectivos del Ejército del Fuerte Macoa, o de la Guardia Nacional (hoy Bolivariana), así como ocurre en Brasil, Colombia, en México, o mejor dicho, en América toda.
No es casual que de los seis presuntos sicarios, autores materiales del asesinato del cacique Sabino Romero, cinco sean policías y uno vinculado al Grupo Antiextorsión y Secuestro y Guardia Nacional Bolivariana
(GAES-GNB) , y no esté detenido hasta el momento ninguno de los presuntos ricos hacendados autores intelectuales del crimen, pese a las órdenes de captura hechas por el CICPC. Aún se espera que el Estado ordene la investigación para determinar quiénes asesinaron a los otros siete dirigentes Yukpa del río Yaza, que ante el fracaso de la demarcación de sus hábitat y tierras, se conformaron en vanguardia junto con Sabino por el rescate de su territorio original y tradicional invadido por la terrofagia agrupada en la Asociación Ganadera de Machiques (GADEMA).
Hoy continúan las amenazas de muerte a jóvenes indígenas del Yaza
Ante el pago chucuto de las haciendas iniciadas a raíz de la muerte de Sabino ha continuado el estado de violencia; el Ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en entrevista con el diario Panorama 23/05/13, deja por fuera las haciendas solicitadas por las familias de las comunidades del Centro Originario Chaktapa donde pertenecía Sabino y todos los otros indígenas asesinados: “Estamos hablando del pago total a 40 predios de los 50 que hay, son 249 millones 181 mil 625 bolívares, estos recursos provienen del Fondo de Eficiencia Socialista y serán cancelados a través el Inti” (http://www.panorama.com.ve/portal/app/push/noticia67406.php). Los Yukpa del Yaza siguen moviéndose para ocupar las haciendas no canceladas, el presunto propietario de la hacienda Araguaney, el abogado Alfredo Socorro y representantes de la Primera División de Infantería 12 Brigada de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército de Machiques esperan que los dirigentes indígenas del Yaza intenten ocupar esta hacienda ubicada en su territorio ancestral para asesinarlos tal como manifestó un jefe militar en reunión con indígenas en la sede del Fuerte Macoa. Así mismo, la Gobernación y el INTI no permiten que los Yukpa Macoita ocupen la superficie total de la hacienda El Capitán con el cuento de que la genética obtenida de las vacas de Diego García necesitan la mejor parte de los potreros de la hacienda para su mantenimiento, dejándole a las familias Yukpa los cerros que el ingeniero Eduardo Reina negoció entre el 2008-2009 con los García cuando estaba al frente del proceso de demarcación de tierras representando al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Zulia, organismo rector para aquel entonces del proceso nacional de demarcación del hábitat y tierras indígenas.
Fue precisamente en esta hacienda de El Capitán donde el 12 de Octubre el 2011, Elías Jaua, entonces Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, en un acto de soberanía, cortó un alambre de púas para anunciar la decisión del Presidente Chávez de devolverle las tierras a los indios, afirmando que: “El proceso de invasión, conquista y de genocidio que se inició hace más de 500 años acorraló (a las etnias). Hace apenas 50 años todavía en estas tierras se vivió el proceso de colonización y desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas que fueron despojadas de este amplio territorio”, sostuvo el vicepresidente (http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111012/gobierno-formaliza-toma-de-predios-para-los-yukpas).
El 11 de febrero de 2014 los Yukpa del territorio al cual pertenece Sabino ocuparon la hacienda Mi Deleite y el 19 de marzo la hacienda La Delicia, quedando por ocupar en esa área el Araguaney, el Carmen y otras dos pequeñas haciendas, más el Parcelamiento la Estrella. En estos espacios del Yaza desde el 2009 es donde se han realizados los enfrentamientos más fuertes entre Yukpa contra la alianza ganadera, sicarios y efectivos de las fuerzas armadas. Allí han muerto ocho indígenas y otros tantos heridos y desaparecidos.
Los últimos heridos ocurrieron en tres momentos distintos, el 3 de enero de este año Silverio Romero Martínez, hijo de Sabino, fue herido por tres sicarios motorizados cuando visitaba la hacienda la Materita adquirida por el Gobierno el 15 de noviembre de 2013. El 16 de febrero, el hijo de Carmen Fernández, Rodolfo Fernández Fernández de 16 años fue golpeado con un machete por efectivos del Ejército del Fuerte Macoa en la comunidad Kuse, y el 20 de febrero, Leandro Romero Izarra, hermano de Sabino, fue golpeado por un grupo de efectivos del Ejército que le abrieron la cabeza a patadas, cuando lo trasladaban en un camión de Elvis Daniel Alemán al fuerte Macoa. Leandro fue detenido a fuerza de pistola y armas largas por el hacendado Socorro y el grupo de efectivos del Ejército y montado en el camión frente a la hacienda recién ocupada Mi Deleite. Fueron recibidos por la Fiscalía de Maracaibo y el Médico Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Maracaibo, el día 25 de febrero de 2014, según Oficios N° 24-F45-0176-14 y 24-F33-0456-14. Hoy los expedientes duermen en la Fiscalía 20 de Machiques.
El Gobierno Regional, el MAT y el INTI son los principales culpables de los que le pueda suceder a estos dirigentes Yukpa del Yaza, dado la tardanza de las compras de estas haciendas ya prometidas desde el 9 de marzo de 2013 por el Gobernador del Zulia en reunión con los líderes de la zona de Chaktapa y familiares de Sabino y Alexander Fernández Fernández en la Residencia Oficial en la ciudad de Maracaibo.
El Plan Yukpa se volvió sal y agua
La ocupación de las haciendas ubicadas en los territorios originales de los pueblos y comunidades Yukpa asentadas en la cuenca del río Yaza desembocó, por una parte, en enfrentamientos violentos ejecutados por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, ordenados por el General Izquierdo Torres en su estadía por el Fuerte Macoa de Machiques contra las comunidades indígenas y 44 activistas de los movimientos sociales solidarios con las luchas indígenas, el viernes 22 de agosto de 2008, en un paraje en la entrada del Yaza denominado La Cuesta del Padre en la carretera Machiques-Tukuko, y, por la otra, el día domingo 24 del mismo mes y año, en el pronunciamiento oportuno a favor de los indígenas Yukpa por parte del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías durante la alocución de su programa Aló Presidente (http://www.aporrea.org/ddhh/a81326.html).
Estos sucesos fueron motivo, en primer lugar, para rehabilitar, por orden de Chávez, a la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de Pueblos y Comunidades Indígenas, que había paralizado todo el trabajo del proceso de demarcación de los territorios de los pueblos Barí y Yukpa desde el mes de octubre del 2006, en segundo lugar, para pagar las bienhechurías de las haciendas ocupadas, y, en tercer lugar, para la posterior aprobación, anunciada el 12 de octubre de 2008, del “Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús Mará Semprúm del Estado Zulia. Comunidades Indígenas Yukpa”, a través del Decreto Presidencial Nº 6.469 emitido el 14 de octubre y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28/10/08 con un monto de 235.447.475 Bolívares Fuertes a gastar en 180 días (http://www.aporrea.org/ddhh/a81326.html).
Este Plan Yukpa impulsado por diez ministerios y coordinado por el Ministro Tareck El Aissami fue un rotundo fracaso, sólo sirvió como un intento frustrado de cercar las comunidades indígenas de Bases Militares, dividir los líderes indígenas, imponer a Amalia Pérez como representante del Ministerio Indígena sobre los caciques mayores y los caciques de las comunidades, aislar y criminalizar a Sabino, crear las condiciones para el enfrentamiento y su posible asesinato, su encarcelamiento posteriormente en el Fuerte Macoa (10 meses) y en la Cárcel de Trujillo (7 meses) violando así la Constitución y las leyes de la República, así como los convenios internacionales firmados con la ONU y la OEA, un juicio amañado e impuesto en Trujillo por el Magistrado delincuente Eladio Ramón Aponte Aponte y la criminalización de la organización defensora de los derechos humanos indígenas y de los ecosistemas de la Sierra de Perijá Sociedad Homo et Natura, y su Coordinador General profesor Lusbi Portillo. Con presiones y dádivas a caciques y dirigentes indígenas logran El Aissami y Nicia Maldonado neutralizar el liderazgo y presencia del profesor Portillo en todas las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, sumándose luego a este complot, los sicarios y paramilitares al servicio de dirigentes políticos de la ultra derecha ganadera afiliada a GADEMA.
La última vez que los Yukpa vieron al Ministro El Aissami fue en la comunidad Toromo, cuando con la Ministra de Salud y varios Viceministros estuvieron casi 20 horas conociendo las necesidades de las 120 comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá. Todo esto fue grabado, televisado y recogido por escrito. Pero Tareck se fue para más nunca volver, Chávez lo sacó de esta tarea, como posteriormente del tutelaje del juicio que se seguía contra Sabino, Alexander Fernández Fernández y Olegario Romero, ubicando para este asunto y para la demarcación del hábitat y tierras indígenas, al Vicepresidente Ejecutivo Elías Jaua. De esta nefasta política deviene el debilitamiento y división actual del liderazgo Yukpa, la muerte de dirigentes yukpa y varios heridos, y el fortalecimiento del sicariato ganadero.
Otro nuevo Plan Yukpa
A raíz del asesinato de Sabino, el Gobierno Regional, las Secretarías Indígena y Agraria de la Gobernación, el Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT) Maracaibo y el Instituto Nacional de Tierras (INTI) comienzan hablar de elaborar y presentar un Plan Integral para desarrollar las haciendas entregadas con la participación activa de las comunidades indígenas. Todo se quedó en veremos. A los días, el Presidente Maduro le entregó 89 millones de bolívares a la señorita Aloa Nuñez, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, quien fue a reunirse con los caciques Yukpa en la comunidad Neremü solicitándoles a cada uno de ellos la presentación de dos proyectos. (Locura total).
Hoy, se acentúa el caos y la desesperanza entre los Yukpa, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, el desempleo y la muerte en todas las comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá. Los llamados centros pilotos y las comunidades ubicadas en la línea fronteriza con Colombia entre las altas montañas de la Sierra de Perijá están tomadas por las distintas formas de delincuencia organizada binacional. Estamos en presencia de una invasión silenciosa de repercusiones nefastas no sólo para la cultura y la supervivencia del pueblo Yukpa, sino para la soberanía de la patria. Este estado de cosas tiene puentes con el sicariato ganadero. Es urgente acordar un Plan Integral de Paz para el Pueblo Yukpa. No se puede seguir con la política de dejar hacer, dejar pasar.
La ONU exige indemnizar a las familia de Sabino y Carmen
Luego de conversaciones previas con el Secretario del Gobierno Regional y con el Defensor del Pueblo en Asuntos Indígenas del Zulia, el 3 de marzo se les presentó a sendos representantes por escrito y verbal los términos de la indemnización de ambas familias y de las infraestructuras en beneficios de las otras familias moradoras del Centro Originario Chaktapa. Este plan fue publicado por nosotros el 03/05/14 en Aporrea y en la Red Latina sin Frontera (http://www.aporrea.org/ddhh/a187503.html y
Ya comenzaron las lluvias en Chaktapa, se van a mojar las casas viejas de Lucía y de sus hijos, y aún no se ha iniciado la construcción de las siete viviendas propuestas dentro del plan de indemnización. Sin embargo, ahora serán seis, pues Miriam Romero Martínez, hija de Lucía y Sabino, fue enterrada el pasado domingo 11/05/14. Su muerte fue por causa de paludismo.
Para este mes de mayo, se le perderán a la familia de Sabino y Lucía varios miles de aguacates por tener dañada la vía de comunicación que va a la Cuesta del Padre, pese a todas las diligencias hechas por el profesor Lusbi Portillo ante la Gobernación del Zulia y varias de sus secretarías e instituciones del Zulia de carácter nacional. Por esta razón cabe preguntarse cuál Plan Yukpa estaban elaborando, o cuando enviarán una máquina para arreglar el camino tal como se quedó en los acuerdos de indemnización el pasado 3 de marzo en el aniversario de la muerte de Sabino Romero Izarra en el Despacho del Secretario de Gobierno Economista Blagdimir Labrador en presencia de varios representantes de instituciones regionales y nacionales, entre ellos el Defensor Dr. Eudis Sánchez. No hay entendimiento del problema fronterizo Yukpa por parte de Arias y Maduro. Hay un proceso de involución con respecto a lo ya avanzado con Chávez, Presidente, y Jaua, Vicepresidente.
Continuarán la violencia y los muertos Yukpa si no se terminan de pagar las bienhechurías de las 10 haciendas no incluidas en el pago que gestionó el Ministro Gil, y que meses antes ya el Gobernador del Zulia se había comprometido en cancelar. Habrá que ir de nuevo a la calle y a las Naciones Unidas a exigir derechos.