En la Colombia de las últimas décadas, sólo dos corriente políticas han tenido, tienen y –parece-, seguirán teniendo coherencia doctrinal y congruencia política: el uribismo y el partido comunista.

Enseñanzas de la Marcha Patriótica

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Abril 14 de 2013

Las demás corrientes suelen actuar como simples alianzas oportunistas, que fácilmente pueden estar un día con Uribe, como luego correr a firmar pactos con el partido comunista. El grueso de los políticos colombianos son dignos discípulos del Chavo: “así como dicen una cosa, dicen otra”.

Ambas fuerzas, el partido comunista y el uribismo, tienen muy claro para qué quieren el poder. Si el partido comunista lo ganase, pondría en marcha un programa político, social y económico como el que gobierna hoy a Cuba y a Venezuela.

Por su parte, el uribismo, que ya gobernó dos cuatrienios, mostró, en la práctica, cómo debe conducirse la nación, particularmente en la forma como enfrentar la estrategia del partido comunista, conocida como “combinación de formas de lucha”.

Colombia está hoy en un limbo (o un interregno) político, dado que, eligió en 2010 el programa uribista pero no le pudo otorgar el mandato al jefe de esa corriente, Álvaro Uribe. Ello -ahora lo venimos a saber-, porque, aleve y subrepticiamente, una coalición nefanda, dirigida por Juan Manuel Santos, conspiró para impedir que se votara un referendo popular que habilitaría a Uribe como candidato presidencial. Como en una escena de las cortes renacentistas, Santos, nuestro “Catalina de Medicis” tropical y subdesarrollado, después de “envenenar” a Uribe, usurpó su herencia, la candidatura presidencial del uribismo.

Marchante del 9 de abril de 2013, con camiseta de la marcha Patriótica (Foto Periodismo Sin fronteras)

Santos ocupa la silla pero abandonó el programa. Por eso parece un alma en pena. Y eso en política tiene nombre: ¡caos! Hoy, el uribismo, fuerza social y política mayoritaria de Colombia, que tenía en jaque y aislado al partido comunista, está fuera del poder. Y el partido comunista, fuerza política y social minoritaria, sin asumir el poder, lo detenta y juega con Santos como el gato con un ratoncito. Veamos…

El Partido Comunista de Colombia, como todo partido (aunque, ¡casos se ven que no…!), se propone ganar el poder. Pero su complejo de inferioridad respecto a la competencia democrática lo ha hecho afirmar, sistemáticamente, que esa vía no es posible, no existe en Colombia.

Para justificar tamaño despropósito, el partido comunista define el carácter del Estado colombiano como una “dictadura” o una “tiranía”. En consecuencia, ese partido optó por la violencia (“guerra” o “lucha armada”) como camino principal para llegar al poder; pero, combinada esa vía violenta con la vía electoral. “Combinación de formas de lucha” llamó a esa táctica el maestro del marxismo (doctrina que guía al partido comunista), Lenin.

Consecuente con su táctica, el partido comunista se desdobló en 1) partido comunista (legal) y 2) Farc (ilegal). ¿Consecuencias? ¡Nada les salió bien. Ni sus campañas electorales (escarceos sin verdadero compromiso democrático) ni las acciones “militares” de sus hordas lumpenescas disfrazadas de “guerrilla”! Como Colombia sí es una democracia, el pueblo demócrata los aisló: por no respetar la constitución; por violentos, por criminales políticos, por irresponsables.

Con excepción de los gobiernos de Guillermo León Valencia y Julio Cesar Turbay, el “establecimiento” colombiano quiso siempre resolver por las buenas el conflicto que creó el partido comunista (a quien se les sumaron las “insurrecciones armadas” de dos disidencias comunistas, la procubana, ELN, y la prochina, EPL). Personajes como los presidentes López, Belisario, Samper, Pastrana -y ahora Santos-, cayeron en el embrujo del lenguaje de los comunistas y se autoflajelaron: aceptaron ser los jefes de un Estado dizque autoritario e injusto. De ahí a negociar con ellos la agenda política, económica y social del país no hubo sino un paso. Y los resultados siempre fueron (y serán) los mismos: abrir negociaciones de paz; aprovechamiento por los comunistas de las treguas para ampliar su presencia armada en nuevos territorios y una arremetida diplomática para ganar amigos, legitimidad, para comercializar droga, comprar armas y desprestigiar al “enemigo” como violador de los derechos humanos.

Colombia: “Para la paz”

Paz e impunidad

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Abril 14 de 2013

Hay controversias con altura, en la que se discuten argumentos, y otras propias de gamines, aunque en ellas participen altos funcionarios del Gobierno, en las cuales solo hay insultos y descalificaciones personales. La que se ha abierto de manera pública entre el Fiscal y el Procurador General de la Nación es, por fortuna, de las primeras.

Los puntos centrales de la controversia son si el marco jurídico “para la paz”, que promovió el Gobierno y fue aprobado por el Congreso, fomenta la impunidad, como sostiene el procurador Ordoñez, o no lo hace, como dice el fiscal Montealegre, y si la impunidad es un precio que no debe ni puede pagarse para conseguir la desmovilización de la guerrilla, como sostiene el Procurador.

Discrepo del Procurador cuando sostiene que la discusión abierta a la que lo invitó el Fiscal “ni edifica ni construye”. Por el contrario, este debate es fundamental para el país y para su futuro y, como las posiciones divergentes han sido expuestas de manera muy breve y superficial por los medios de comunicación, sería muy útil y pedagógico oír los argumentos de fondo de cada uno y las críticas a las posiciones del otro.

Digo que es primordial porque lo que se controvierte es, por un lado, el modelo de justicia que debe implementarse en el país y, por el otro, el costo que la sociedad tendría que pagar por conseguir la desmovilización de los guerrilleros. Y no es ésta una discusión entre individuos sino entre, ni más ni menos, las cabezas de dos de los más importantes órganos del poder público que en este caso, además, no solo tienen visiones radicalmente distintas sobre el asunto sino que, lo reflejan las encuestas, representan las posiciones divergentes de importantes sectores sociales.

Humberto de la Calle. Atrás, el general Mora Rangel, Luis Carlos Villegas, Sergio Jaramillo y Frank pearl

Dicho esto, creo que en el tema de fondo el Procurador tiene razón: el marco “para la paz” es uno de impunidad en tanto establece un conjunto de mecanismos y beneficios penales que, por una vía u otra, permite que los guerrilleros, sin importar la naturaleza de sus crímenes, no paguen ni un día de cárcel. Si bien la justicia no siempre tiene que expresarse en penas de prisión e incluso en algunos casos no debería haberlas, no es menos cierto que para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es inaceptable ética y jurídicamente que los culpables no cumplan sanciones privativas de la libertad.

Primero, porque es devastador el efecto social de ver en las cárceles a quienes cometen hurtos de menor cuantía u otras ofensas penales leves y en libertad a los grandes criminales.

Segundo, porque es manifiestamente injusto el tratamiento desigual de conductas similares. Un homicida común puede pagar treinta años de prisión, un miembro de los autodefensas ilegales apenas ocho y ahora, según nos anuncian, uno de la guerrilla no pagaría ninguno.

Tercero, porque bajo el principio de igualdad ese tratamiento tendría que extenderse a los “paramilitares”, cosa que ofende a la sociedad tanto como lo que ahora se pretende con la guerrilla.

Cuarto, porque fomenta la violencia, en tanto demuestra que un nivel suficientemente alto garantiza generosos tratamientos penales. No puede ser que a mayor intensidad de actividad criminal se obtengan mayores beneficios penales. Debería ser al revés.

Quinto, porque es contrario a derecho, en tanto que el estatuto de la Corte Penal Internacional establece con meridiana claridad que los crímenes de guerra y de lesa humanidad se pagan siempre con penas de “reclusión”, según reza su artículo 77.

Sexto, porque aunque las definiciones nacionales de delitos de lesa humanidad y de guerra están erradas (y deberían corregirse), también es verdad que muchísimas de las conductas cometidas por la guerrilla sí constituyen ésta clase de crímenes a la luz del derecho internacional y, por tanto, son imprescriptibles, no son susceptibles de amnistía o indulto, y como dije, deben pagarse con penas privativas de la libertad.

La paz debe buscarse, pero no a cualquier costo. El precio de la paz no puede ser la impunidad.

Hace años que la derrota de la justicia de Colombia viene siendo preparada.

Fiscal vs Procurador

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

15 de abril de 2013

En la discusión que sostienen en estos momentos dos eminentes juristas y funcionaros del Estado, Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, y Eduardo Montealegre Lynett,  Fiscal General de la Nación, para mi es evidente que la razón está del lado del primero.

Sobre esa materia, el Procurador General acaba de enviar a la Corte Constitucional, y de poner a disposición de la opinión pública, un concepto de 93 páginas de gran solidez argumentativa (1).

Al final de su excelente trabajo, él pide a la Corte Constitucional declarar inexequible, es decir inconstitucional, la mayor parte del llamado “Marco Jurídico para la Paz” (acto legislativo 01 de 2012). El estima que el Congreso de la República, al dictar ese acto, “desbordó su competencia y sustituyó la Constitución” de 1991.  El constata que la Constitución, antes de ser reformada, “aparece opuesta o totalmente diferente al contenido del acto reformatorio, al punto de que ambas resultan incompatibles”. El Procurador solicita, en consecuencia, que se declaren inexequibles algunas expresiones particulares del acto, como  “máximos”, “cometidas de manera sistemática” y “todos”, pues con esas expresiones “se viola el bloque de constitucionalidad y se desconocen principios y derechos constitucionales hasta el punto de que se efectúa una sustitución de Constitución”.

Para el jefe del Ministerio Público es  altamente cuestionable que ese acto legislativo pretenda autorizar la no investigación y la no persecución penal de los “crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra” cometidos por los “máximos” responsables del terrorismo fariano.

Para Ordóñez Maldonado tal disposición vulnera no sólo la ley y la Constitución sino que también viola los compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto de la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los cuales son imprescriptibles, es decir no son susceptibles de ser amnistiados o indultados o no investigados.

El Procurador General advirtió que en caso de que se insista en aplicar tal “marco” la jurisdicción de la Corte Penal Internacional será activada, pues tal gesto vulnerará los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación,  derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos de la ONU y por la Corte Penal Internacional.

Nada indica que el Procurador General asume esa posición por ser un “amigo” o un “enemigo” de la paz. Como todos los colombianos, él es un militante resuelto de la paz. Su punto de vista es el siguiente: la paz auténtica sólo puede venir del respeto del Estado de derecho, de los  derechos humanos y, por lo tanto, del respeto a las víctimas, de los derechos de éstas a la justicia, a la reparación y a la verdad. Su conclusión es imparable: “No es legítimo ningún proceso que, so pretexto de la paz, favorezca la impunidad”.

La posición del Fiscal General es opuesta. El asegura que el marco jurídico para la paz “permite suspender penas, incluso de crímenes de lesa humanidad”. Creyendo que la razón está de su lado, Montealegre le pide al Procurador “reconsiderar su posición”. La violencia de sus admoniciones desnuda una gran inquietud. ¿El ve a sus objetores como  obstáculos para llegar a la paz? El le explica al Procurador que “ya existe una reforma constitucional” que le “permite al Gobierno Nacional suspender, en caso que de que exista un proceso de paz, la ejecución de las penas aún tratándose de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Ordóñez Maldonado no necesita lecciones de nadie en esa materia.

Fiscal Montealegre en Marcha del 9 de Abril de 2013

En su réplica, el Procurador General afirma: “No se puede sacrificar a las víctimas en el altar de la impunidad”. El tiene toda la razón cuando dice que las Farc son los mayores responsables de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra que se han cometido en Colombia.  En consecuencia, el “marco legal para la paz”, en su estado actual, es “una afrenta a las víctimas”, una “caricatura de justicia”. La indulgencia para con las Farc que muestra el “marco jurídico para la paz”  indigna a todas las víctimas, y al país con ellas.

El problema de Eduardo Montealegre es que su posición es insostenible. Ordóñez Maldonado lo explica así: “El señor Fiscal General carece de razones jurídicas. Sus afirmaciones no están fundadas en las obligaciones que el Estado colombiano contrajo al firmar los acuerdos internacionales”. El ordenamiento jurídico colombiano siempre  rechazó la impunidad.

Montealegre asegura que en la Fiscalía no hay expedientes “por condenas por crímenes de lesa humanidad contra los comandantes de la guerrilla Farc”. En Medellín precisó que crímenes atroces como los secuestros, las tomas guerrilleras, el reclutamiento de menores, entre otros, “son tomados [por la Fiscalía General] como simples infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Esa declaración produce escalofríos. Si tal es el estado de indolencia de la Fiscalía ante el crimen qué espera el Fiscal General para ordenar que se abran inmediatamente esas investigaciones bajo el rótulo inequívoco de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra? ¿Muchas de las atrocidades habituales de las Farc no caen dentro de esa tipología? A título de consolación, Eduardo Montealegre deslizó esta frase: “Eso no implica que la Fiscalía no vaya a investigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra eventuales que hayan podido cometer los máximos responsables y el secretariado de las Farc”. La palabra “eventuales” y la frase “que hayan podido cometer” no constituye un matiz, es un lapsus calami. ¿Para Montealegre no se trata de algo evidente? ¿Sólo es una posibilidad? En todo caso, las palabras del Fiscal General no fueron seguidas de hechos. El no ha ordenado abrir esas investigaciones. ¿Qué está esperando para hacerlo?

La posición del Fiscal Montealegre es  insostenible. Su análisis es errado, pues procede de una visión  únicamente administrativa del problema. La justicia supone el proceso, la confrontación entre las partes, la sentencia, los recursos. La administración supone únicamente un arbitraje a priori, sin debate. Ese es el fondo y el espíritu anómalo del “marco legal para la paz”.

La impunidad para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los jefes y las bases de las Farc es un imposible jurídico, moral y político, en Colombia y en el resto del mundo. La posición de Montealegre tiene un único soporte y éste es endeble: el “Marco para la paz”. Pues éste es una aberración. Este, nunca fue un estatuto por encima de toda sospecha.  Fue el resultado de arreglos políticos que  torcían el bloque de constitucionalidad. El destino de tales arreglos se jugó con la introducción de ciertas palabras que violaban el orden jurídico. La urgencia política de ese acto fue presentada por el poder central como absoluta: obtener al precio que fuera la paz con las Farc. Pero esa creencia de la paz a cualquier precio no descansaba sobre nada.

Cuando  ese acto legislativo fue dado a conocer a la ciudadanía, las Farc respondieron que nunca dejarían las armas. Su mensaje  es  que seguirán matando colombianos y que la impunidad total que beneficiará eventualmente a sus jefes y  subjefes no los hará renunciar a su proyecto estratégico. Las Farc no  han corregido esa posición desde el inicio de las negociaciones en La Habana.

Pese a ello, el presidente Santos y sus escuderos siguieron adelante. Para ellos las maniobras para abrir un proceso de paz debían dominar la acción del Estado y del Gobierno. Para  ellos, todo el orden jurídico podía ser maltratado y resquebrajado en aras de ese incierto proceso. Desde entonces, ellos no han hecho otra cosa que escamotear  los argumentos de sus contradictores, calificándolos de “enemigos de la paz” y de “mano negra”. Algunos de ellos han sufrido atentados, como el periodista y ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos. Otros, como el ex presidente Álvaro  Uribe y otros de sus colaboradores, están bajo la amenaza de procesos de hostigamiento montados por activistas fanatizados.

Pese a tales presiones, Alejandro Ordóñez reitera con razón que “no se puede admitir que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidios, de desplazamientos, no vayan a pagar un solo día de cárcel.” El advierte lo siguiente: “Si el Estado colombiano se va a convertir en un paria internacional lo debe saber la sociedad, y me corresponde advertirlo como representante de la sociedad”.

Por su parte, los jefes farianos saben que un día la ley los alcanzará, estén donde estén y hagan lo que hagan. Pues los crímenes que han cometido  son imprescriptibles. Por eso, por más maromas judiciales que algunos emprendan para favorecerlos, para firmar con ellos una paz de fachada, la justicia los atrapará.

Saben que correrán la misma suerte de tantos jefes nazis. Estos se ocultaron o se compraron una nueva identidad, o una virginidad judicial, durante años, tras el fin de la segunda guerra mundial. Empero, años y décadas después, fueron descubiertos, capturados, juzgados y condenados. Evoquemos sólo un caso: Klaus Barbie.  “El verdugo de Lyon”, participó de 1942 a 1944 en la comisión en Francia de crímenes contra la humanidad y logró escapar  a sus acusadores. Vivió oculto  durante años en Alemania y Bolivia. Sin embargo, en 1983 fue descubierto, capturado y deportado. Fue enjuiciado y condenado a prisión perpetua en Francia en 1987. Murió en prisión a los 77 años.

A los Timochenko y a otros monstruos de las Farc les ocurrirá lo mismo, pues ni la justicia ni la memoria de los colombianos serán abolidas definitivamente por poder alguno. Ninguna “comisión de la verdad” logrará borrar esas fechorías. A pesar de las actuales vicisitudes de la justicia, enredada en obscuras aventuras políticas, la verdad y el derecho de las víctimas se abrirán paso.

Los jefes farianos saben que un día la tierra se hundirá bajo sus pies, a pesar de que hayan sido protegidos por normas de circunstancia, inconstitucionales, deleznables y condenadas a caer. En ese momento, esos amnistiados e indultados tendrán que esconderse de nuevo, o afrontar los tribunales.

Las Farc dicen que no harán la paz. Ellas tienen enormes compromisos extranjeros como para que dejen de matar hasta la víspera de la utópica toma del poder. Todos los que se sientan a la mesa del Foro de São Paulo conspiran para que las Farc, su mayor instrumento bélico para destruir el Estado colombiano, no acepten firmar acuerdo alguno de paz, verdadero y duradero, con un gobierno de turno.

Hace años que la derrota de la justicia de Colombia viene siendo preparada. Hoy la justicia está relegada. La han puesto en el rincón más obscuro de la casa. Su legitimidad está manchada. Nociones como  “derecho” y “jurídico” están deterioradas. La independencia del poder judicial está en peligro.  Pues todo es aleatorio, relativo y sustituible. Así fue como se pudo llegar a la situación actual: la de un ejecutivo mandón, irracional y excluyente. El orden actual es un orden compulsivo, unilateral, que pretende decidir todo, transgredir todo y hegemonizar todo. El “marco para la paz” es el resultado de ese estado de cosas.  Sin embargo, la voz del Procurador General  se levanta con enorme valor civil  pues él ve que se está llegando a extremos delirantes. Estamos cerca del punto de no retorno. Y se está poniendo en juego no el destino de un conflicto sino el destino de todo un pueblo.

Nicolas Maduro es el presidente de Venezuela por el voto popular.

 Los colegios electorales venezolanos abrieron  sus puertas este domingo a las 6:00 horas para que los 18,9 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas en las elecciones presidenciales puedan ejercer su derecho al voto y elegir así al sucesor del fallecido presidente Chávez.

Las elecciones que este domingo celebra Venezuela son como una carrera de obstáculos para el líder de la oposición, Henrique Capriles, y una pista de aterrizaje para el aspirante oficialista, Nicolás Maduro.

El chavismo está dispuesto a ganar estas elecciones a cualquier precio, y  por eso  desplegó  un gran  arsenal de golpes bajos contra  la oposición.

En los últimos catorce años se observó el ‘ventajismo oficial’, primero con el difunto  Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro,  donde marcan unas elecciones  con la impronta de la desigualdad, el desequilibrio y la falta de transparencia y de democracia real.

No es la primera vez que el candidato de la alianza opositora, Henrique Capriles, se enfrenta a un ‘ventajismo oficialista’, que calificó  de ‘abuso reiterado’.

En las elecciones del  7 de octubre no pudo derrotar a Chávez, pero, pese a todo, ahora sí tiene fe en derrotar  a su sucesor.

Los obstáculos que enfrenta la oposición:

Maduro  cuenta con el firme respaldo de la extensa  e inflada nómina de empleados de la Administración Pública, así como de buena parte de los beneficiarios de las misiones o programas sociales y asistenciales. De los  18 millones de electores inscritos, un 55 por ciento, unos 10,5 millones,  viven a expensas del presupuesto nacional. El chavismo tiene a 10,5 millones de personas, a las que pueden manipular mediante el chantaje y la coacción para que voten por su candidato oficial,  incluidos más de 2,5 millones de empleados, funcionarios y becarios de las misiones, 2,5 millones de pensionistas y jubilados y 5 millones de los inscritos que esperan una vivienda.

Además desplegó  un dispositivo para conocer ilegalmente y en tiempo real cómo votan los venezolanos. De esta forma, podrán desplegar a sus activistas para reclamar el voto  cautivo en aquellas circunscripciones en las que vean que peligran sus posiciones.

La captación de votos se hace mediante la entrega condicionada de becas escolares, electrodomésticos, útiles escolares, bolsas de comida, viviendas, coches, créditos empresariales, empleos en la administración, ayuda para operarse en clínicas privadas, viajes de turismo, alimentos subvencionados. Pero el favor social tiene su precio en votos. Hasta los médicos cubanos inducen a los pacientes a votar por el candidato chavista.

Los medios de comunicación públicos integran un conjunto de casi 400 radios, seis cadenas de televisión y numerosos periódicos y revistas, puestas al servicio de la campaña del candidato oficialista. Desequilibrio informativo y propagandístico. El opositor comando Simón Bolívar presentó  más de 100 denuncias documentadas ante la autoridad electoral sobre el abuso en el uso del tiempo y espacio de la propaganda de Maduro y violación de normas, sin que se hayan tomado medidas ni correctivos.

Aunque  Maduro se ‘quejó’ de la escasa cobertura informativa que le dan los medios independientes. Incluso los amenazó  con una sanción administrativa, como fue el caso de Globovisión.

Los poderosos medios públicos no dan cobertura a Capriles, quien denunció que: “pagaron un anuncio en la cadena estatal Venezolana de Televisión que nunca llegó a ser transmitido”.

En una jornada histórica, el pueblo bolivariano vota nuevamente presidente tras la muerte de Hugo Chávez. El opositor Henrique Capriles, que había quedado con poca desventaja ante Chávez en las pasadas elecciones, busca acortarla aún más ante el delfín del ex presidente, Nicolás Maduro. 

Sin embargo, el ex gobernador de Miranda aseguró que hubo “tropiezos”, aunque aclaró que respetará la voluntad del pueblo.

“Han habido algunos tropiezos, me ha llegado la información, cualquier atropello cada uno de los venezolanos, debe ser hoy un reportero, tomar la foto y enviarla a las redes para enviarla al poder electoral”, aseguró, tras votar en el colegio Santo Tomás de Villanueva, en el municipio Baruta, estado Miranda, al este de Caracas.

“Los atropellos tienen que ser puestos en evidencia para que el mundo conozca y eso obligue a los que se tapan los oídos o no quieran ver a que tengan que actuar”, agregó.

Asimismo, pidió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cumplir con sus obligaciones y “con la patria”.

También advirtió que lo que “el pueblo diga para es sagrado” y que se respetará “la voluntad popular” a pesar de que el Consejo Nacional Electoral “no cumple con su rol”.

“Lo que el pueblo diga para mí es sagrado, el pueblo, cuidado con unos vivos que quieran tratar de torcer o convertir los centros de votación para ver cómo se hace alguna trampa”, concluyó.

Este domingo, los venezolanos votaron en un clima de “normalidad” sin aglomeraciones ni incidentes. El mandato durará hasta el 2019. Maduro y Capriles se disputan el puesto.

La jornada electoral comenzó temprano a las 6.00 hora local, una hora y media más en la Argentina.

El general Wilmer Barrientos informó sobre la votación, asegurando que se desarrolló en “normalidad” y con una “masiva concurrencia.

Asimismo, agregó “hemos observado que hay un ambiente de alegría, de armonía y una muy buena concurrencia del pueblo a los centros de votación (…); hay total normalidad en el país y la concurrencia en el interior (del país) del pueblo a todos los centros electorales, me informan, también ha sido masiva”, declaró a los periodistas.

Las elecciones de octubre registraron una participación récord de un 80,48 % de los 18,8 millones de personas habilitadas para votar, el mismo padrón que se emplea en los comicios de hoy.

Los analistas han dado por seguro una participación inferior a la registrada en octubre, cuando Chávez se impuso con el 55 % de los votos al líder opositor Henrique Capriles (44,3 %).

Maduro le ganó con el 50,66 %  a  Henrique Capriles que obtuvo el 49,07 % de los sufragios.

Venezuela esperaba impaciente esta noche el resultado de los comicios, en los que se eligió al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez, quien gobernó el país durante los últimos 14 años, y la prohibición que rige para la difusión de encuestas a boca de urna prolongaba la ansiedad hasta que el  Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el triunfo del actual presidente interino Nicolás Maduro.