El Programa Valor.

empresas

El Programa Valor formó parte del encuentro sobre empresas y Durante los días 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el “II Encuentro para la sensibilización y difusión de las estrategias nacionales de empresas y derechos humanos”, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fernando Passarelli, Coordinador del Programa Valor de AMIA, participó como expositor en uno de los paneles donde se debatió acerca de la “Debida diligencia” y los mecanismos de reparación a los DDHH en ámbito empresarial.

Durante el evento, donde estuvieron presentes más de 60 profesionales de empresas, sociedad civil y administraciones públicas, se abordó el tema de los Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH, respaldados unánimemente por la ONU en 2011, y los desafíos que este enfoque impone a los países de la región.

Estos principios conforman un marco global autorizado, el “Marco Ruggie”, que brinda un nuevo parámetro para la acción del sector privado con relación a los DDHH. El marco identifica y clarifica los estándares de la responsabilidad empresarial, y la rendición de cuentas con relación a los DDHH, así como también específica el papel de los Estados en la regulación de las empresas de manera efectiva.

El acuerdo se apoya en tres pilares fundamentales: la obligación del Estado de proteger los abusos contra los DDHH; la responsabilidad de las empresas de respetarlos; y un mayor acceso a la reparación, judicial y extrajudicial, por parte de las víctimas.

De acuerdo con estos lineamientos, uno de los desafíos fundamentales que planteó el encuentro fue la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, adopten e incorporen los principios de Proteger, Respetar y Reparar eficazmente los impactos sobre los DDHH en sus operaciones, esto es, la Debida Diligencia, entendida como el proceso mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre cómo manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales en los DDHH. Sobre este tema puntualizó Passarelli, explicando que la “Debida diligencia” implica no sólo evaluar los riesgos para la empresa, sino que su propósito es el de comprender y abordar los riesgos y abusos que presenten las actividades de la empresa a los titulares de derechos incluidos en su cadena de suministro y a través de sus otras relaciones comerciales. Además, comunicó los mecanismos judiciales y extrajudiciales de reparación para los casos en que los DDHH resultan vulnerados en las actividades comerciales.

Por último, durante las jornadas se observó que si bien los gobiernos de distintos países de Europa han avanzado en la puesta en marcha de los Principios Rectores a través de la elaboración de Planes Nacionales, en Latinoamérica las iniciativas en el tema aún son incipientes. Por tal motivo, se hizo un llamado a las empresas y los Estados a incorporar este enfoque en las estrategias de sostenibilidad, sin el cual ninguna empresa u organización podrá considerarse socialmente responsable.

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

internacional

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió 418 casos de desaparición de personas a 42 Estados, en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y mayo de 2014, señala el informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En un total de 93 casos hizo uso del procedimiento de acción urgente, lo que demuestra que la desaparición forzada no es un delito del pasado sino que sigue utilizándose en todo el mundo con la falsa creencia de que es una herramienta útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, resaltaron los expertos.

Durante el periodo examinado, el Grupo de Trabajo llegó a esclarecer 47 casos de desaparición forzada. No obstante, más de 43.000 casos siguen aún esclarecerse y muchos de ellos se remontan a varias décadas, debido en parte a que no se realizan esfuerzos suficientes para determinar el paradero de esas personas.

La escasez de denuncias sigue siendo un grave problema y ello se debe al temor a represalias, a la mala administración de justicia, a la impunidad institucionalizada y a otros obstáculos como el analfabetismo y la pobreza.

El Grupo de Trabajo exhortó de nuevo a los Estados que no lo hayan hecho a firmar o ratificar la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas.

Ariel Dulitzky, presidente de este grupo, señaló no obstante que adherirse a esa convención o adoptar leyes no es suficiente:

“ Lo que se necesita es la implementación efectiva, en el día a día, de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación,. Y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y garantías de no repetición, de las victimas de desaparición forzada”.

El Grupo de Trabajo también hizo hincapié en la importancia de ampliar el uso de de exámenes forenses y de pruebas de ADN y prestar mayor asistencia a los familiares y miembros de la sociedad civil , para que puedan denunciar los casos al Grupo de Trabajo.

También expresó preocupación porque de los 88 Estados con casos pendientes, algunos no han respondido nunca a sus requerimientos y otros no aportan información suficiente.

El Grupo de Trabajo señaló que está especialmente preocupado por el alcance y la magnitud de las desapariciones forzadas en algunos países, incluidos Corea del Norte y Siria.

También señaló que ha observado la existencia de desapariciones forzadas por breves periodos en varios países y entre ellos en Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. .

También se mostró preocupado por la situación en la República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania.

El Papa en Albania.

internacional

Al finalizar la audiencia general, el Santo Padre ha saludado a los presentes en diversos idiomas. En los saludos en lengua árabe, se ha dirigido a los fieles de Tierra Santa ''donde la luz del anuncio llegó hasta los confines de la Tierra'', animándoles a ''ser siempre, a pesar de las dificultades, valientes y alegres portadores del Mensaje de salvación, de la verdad y de la bendición''.

Antes de los saludos en italiano el Papa ha hablado de su viaje a Albania el próximo domingo 21 y ha invitado a todos los fieles a acompañarlo con la oración. ''He decidido visitar este país -ha dicho- porque ha sufrido mucho a causa de un terrible régimen ateo y ahora está desarrollando una pacífica convivencia entre sus diversos componentes religiosos''.

Torturas en Argentina.

internacional

Sólo una de cada tres personas en la Argentina confía en que no será torturada en caso de que fuera detenida. Así lo revela una encuesta realizada por Amnistía Internacional, en el marco de un informe sobre actitudes contra la tortura a nivel global.

Cuando se presentó la afirmación “si las autoridades de mi país me detuvieran, tengo confianza en que estaría a salvo de tortura”, un 34% estuvo de acuerdo, mientras que el 49% estuvo en desacuerdo. El 17% restante eligió la opción no sabe/no contesta.

La encuesta fue realizada en la Argentina y en otros 20 países de todos los continentes, como parte de la campaña Basta de Tortura, que Amnistía Internacional está lanzando hoy en todo el mundo. El porcentaje de personas en Argentina que confía en que, de ser detenido, no sería torturado es más bajo que la media global, que es del 48%.

La encuesta se realizó en la Argentina entre el 17 y el 27 de enero de 2014 y fueron entrevistadas 1012 personas. En general, el miedo a la tortura es muy alto en América Latina. En Brasil, solo un 18% expresó confianza en que no sería torturado en el sistema carcelario; el 21% en México y el 35% en Perú. El estudio, de todas maneras, revela que el miedo a la tortura existe en todos los países, ya que cerca de la mitad de los encuestados a nivel global (44%) temen ser torturados en caso de ser detenidos. Las excepciones son Australia y Gran Bretaña. En el total de los 21 países se entrevistaron 21.221 personas entre diciembre de 2013 y abril de 2014, personalmente o por teléfono.

“Durante los últimos cinco años, Amnistía Internacional denunció torturas en 141 países, casi todos en los que tiene oficinas. Si bien en la mayoría de los países la tortura está prohibida en las normas, en la práctica se tolera. Se percibe cierta ineficiencia de parte de los poderes del estado para investigar las denuncias contra sus propios agentes que abusan de su poder contra detenidos indefensos o por razones de seguridad nacional”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos en la Argentina.

“Los resultados de la encuesta son sorprendentes. Sólo la tercera parte de quienes viven en la Argentina se sienten seguros de que no serán torturados en caso de ser detenidos. El mes pasado el Gobierno reglamentó el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que había sido aprobado por el Congreso en 2012. Hasta ahora los gobiernos han sido incapaces de desarrollar políticas públicas destinadas a investigar casos de tortura en centros de detención eficaces y de largo plazo”.

En el estudio también se plantearon otras dos cuestiones. Un 15% de los entrevistados en la Argentina se mostró de acuerdo con que la tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que sirva para proteger a la población. Esta proporción es sensiblemente más baja que la global, ya que un 36% de las personas consultadas en el total de los 21 países consideraron que la tortura puede justificarse en algunos casos. En China e India la justificación de la tortura para obtener información es muy alta: alcanza al 74% de los consultados.

El otro punto se refirió a la necesidad de que existan normas internacionales claras contra la tortura. En la Argentina, un 72% de los consultados acordó con esta afirmación, contra un 82% que lo hizo en todo el mundo.

Desde 1984, 155 Estados ratificaron la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Pero Amnistía Internacional observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014. Otros 32 Estados miembros de la ONU no adoptaron la Convención. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que establezcan mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, acceso rápido a los abogados, controles independientes en los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, procesamientos de los presuntos autores y reparaciones adecuadas a las víctimas.