viernes, 22 de febrero de 2013

El pueblo griego realizó el pasado miércoles su primera huelga general del año contra la política de ajuste del conservador Andonis Samarás. en un país con un desempleo en el 27% y en el caso de los jóvenes por encima del 60%

GRECIA


Huelga general contra el ajuste

(AW) 


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Grecia, 20 de febrero de 2013 (http://www.diariovasco.com).-

Más de 60.000 personas han salido este miércoles a las calles de Atenas para protestar contra los recortes y la subida de impuestos decretados por el Gobierno en el marco de su política de austeridad, en una nueva jornada de huelga general -la primera del año- que ha vuelto a paralizar Grecia.
Al grito de "ladrones, ladrones", miles de personas han marchado hacia el Parlamento. Se trata de la mayor protesta de los últimos meses contra las medidas de austeridad del Gobierno, al que acusan de ahogar con recortes a los ciudadanos para satisfacer los deseos de la 'troika' -Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Unión Europea-.
La concentración concluyó pacíficamente, aunque no estuvo exenta de incidentes. Agentes antidisturbios han lanzado gases lacrimógenos contra un grupo de jóvenes que amenazaban con piedras y botellas a las fuerzas de seguridad.
El paro de este miércoles había sido convocado por los dos sindicatos más importantes, que representan a cerca de 2,5 millones de personas, ADEDY y GSEE. "La huelga de hoy supone un nuevo esfuerzo para deshacernos tanto de la operación de rescate como de aquellos que se aprovechan de la gente para generar miseria", ha indicado el secretario general del sindicato del sector público ADEDY, Ilias Iliopoulos, que organiza los paros con su homólogo del sector privado GSEE. "Una revolución social está cerca", ha declarado Iliopoulos.
La mayoría de la actividad empresarial y del sector público se ha detenido durante la huelga de este miércoles, que ha sido secundada por profesores, trabajadores de la red de transporte público y banqueros, entre otros. Asimismo, los puertos y escuelas han permanecido cerrados y en los hospitales sólo había personal para emergencias.
El Gobierno de coalición del primer ministro, Andonis Samarás, se ha esforzado, durante los ochos meses que lleva en el poder, por demostrar que aplicará las reformas prometidas a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que ya han rescatado a Atenas hasta en dos ocasiones por un valor de unos 200.000 millones de euros. El Gobierno ha adoptado una dura estrategia ante los huelguistas, acudiendo, en este año dos veces, a las leyes para casos de emergencia para exigir a los marineros y a los trabajadores del metro que regresasen a sus puestos de trabajo, tras los largos paros semanales que paralizaron los servicios de transporte público en la capital, Atenas, y dieron lugar a escasez de alimentos en las islas.
El líder del partido opositor Syriza, Alezis Tsipras, ha dado por concluido el "periodo de euforia" que corresponde a los primeros meses de cada Ejecutivo y ha advertido de que, aunque Samaras prometió "renegociar" los términos del rescate, finalmente se ha topado con "la cruda realidad".

Expectativas

Tras seis años de recesión y tres de austeridad, la tasa de desempleo se ha triplicado, generando un índice de par juvenil por encima del 60%. "Hay que luchar con uñas y dientes para proteger a la juventud", ha indicado Ioannis Alexiadis, un pensionista de 70 años que vive con 470 euros al mes.
"Estamos de rodillas. El país ha sido destruido, la gente joven ha sido destruida", ha afirmado Nikos Papageorgiou, un funcionario de 56 años. "Estoy escandalizado con los europeos y también con nuestros políticos. Deberían ir todos a la cárcel", ha añadido. Una pancarta en la que podría leerse "no al euro" fue colgada en las vallas que protegen el Parlamento, lugar en el que se espera terminen las marchas a lo largo de este miércoles por la tarde.
Además, la visita del presidente francés, François Hollande, a Atenas ha pasado prácticamente desapercibida debido a la huelga de los periodistas griegos.
El pasado martes, el Ejecutivo griego anunció que no despediría a los casi 1.900 funcionarios, cuyos puestos de trabajo penden de un hilo, a pesar de haber prometido a los prestamistas extranjeros que reduciría la deuda pública.
URUGUAY


No a la clausura de radio La Kandela

La Federación de Radios Comunitarias de Uruguay (ECOS) se solidariza con radio LA KANDELA de la ciudad de Tacuarembó, emisora comunitaria que fue intimada a clausurar sus transmisiones por orden de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC). La Kandela es parte de un colectivo social y autogestionado que lleva adelante el proyecto comunicacional de la radio. Transcibimos el comunicado de ECOS.

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Uruguay, 19 de febrero de 2013

Comunicado de la Federación de Radios Comunitarias del Uruguay - ECOS

La Federación de Radios Comunitarias de Uruguay, ECOS, expresa su solidaridad y respaldo al colectivo social y autogestionado que lleva adelante el proyecto comunicacional de la radio La Kandela en la ciudad de Tacuarembó.
Ratifica en todos sus términos que la mencionada emisora desarrolla un proyecto de comunicación comunitaria e inserción social de alto valor para el desarrollo cultural, la libertad de expresión y la libertad de información de los usuarios de la comunidad.
Se trata de una radio que cuenta con el apoyo y el compromiso de un conjunto significativo de organizaciones sociales, sindicales y vecinos en general. Apoyo logrado en base a la actividad comprometida y solidaria que caracteriza a las genuinas radios comunitarias de nuestro país y que da cuenta de la legitimidad social construida por las radios de nuestra Federación.
Recientemente esta emisora, que está en proceso de regularización, en el marco de las prescripciones normativas establecidas en la ley 18232 y el reglamento respectivo, fue intimada a clausurar sus transmisiones por orden de la URSEC bajo una modalidad informativa signada por una desprolijidad improcedente.
Entendemos de orden que, con la mayor celeridad del caso, esta situación sea corregida y que se respeten en todos sus términos los derechos que asisten a esta legítima radio comunitaria en su proceso de regularización.
Esto significa que se garantice la igualdad de trato, la transparencia informativa en los procedimientos y los plazos temporales pertinentes para que el proceso de regularización no termine siendo un factor de debilitamiento del proyecto comunicacional.
En momentos dónde en el país se desata una furibunda contienda entre corporaciones capitalistas nacionales e internacionales por sus intereses económicos y comerciales invertidos en la comunicación, develando una vez más el carácter mercantilista del actual modelo de medios, nuestra Federación prosigue su histórica lucha por la democratización del acceso y usufructo del espectro radioeléctrico. Ratificando que el camino idóneo para llevar esta democratización a buen puerto, estriba, entre otros factores, en apoyar, alentar y promover al sector comunitario que, ajeno a los fines de lucro y la enajenación de la libertad de expresión y la libertad de prensa, representa una alternativa estratégica para el desarrollo social y la emancipación cultural de nuestro pueblo.
Inscriptos en el marco de argumentos arriba expuestos, reclamamos la inmediata aclaración de los términos y razones por los cuales se intimó a la radio de nuestra Federación a cesar sus transmisiones y que se cumpla de modo eficaz y ajustado a las garantías con el proceso de regularización.
¡Por la democratización de las comunicaciones, radios comunitarias radios del pueblo!

ECOS - Federación de Radios Comunitarias del Uruguay
Contactos:
ecos.rc@gmail.com
099804287 / 096762350
web: ecos-rc.blogspot.com

Asesinan a Benjamín Lezcano, secretario general de coordinadora campesina.

PARAGUAY




Ayer, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta, asesinaron al referente campesino Benjamín Lezcano. Ocurrió en la comunidad campesina de Núcleo 4, Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.Lezcano, de 53 años de edad, era el secretario general de laCoordinadora Campesina "Dr. Gaspar Rodríguez de Francia."

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Asunción, 20 de febrero de 2013 (Agencia de Noticias Aratiri - A.N.A.-).-


Las comunidades campesinas han sido militarizadas y sus referentes están siendo sometidos a un creciente ataque estatal y paraestatal.
Observamos que los sicarios asesinan con facilidad a aquellos campesinos que se atreven a resistir el cultivo con transgénicos frente a la mirada cómplice de las autoridades.

Benjamín Lezcano, era objeto del hostigamiento permanente del Ministerio Público y la Policía Nacional en defensa del agronegocio y el latifundio. El 31 de octubre de 2012, la brigada "antisecuestro" de la Policía Nacional apresó a Benjamín Lezcano y a Rubén Darío López Fernández. Les imputaron, hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo definidos por la Ley Nº 4024/10. Estas leyes del "terror," fueron impuestas, en el marco de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional en nuestra región, por presión del Grupo de Acción Financiera Internacional del F.M.I. En Paraguay fue promulgada durante el gobierno del presidente Lugo, luego de una visible injerencia de EEUU en el tema

Desde el Colectivo de Ex Detenidas Políticas de Paraguay "Carmen Soler" responsabilizaron al gobierno por este asesinato. Alertan, "que la violencia política y social es causada directamente por prácticas de terrorismo de estado. Responsabilizamos al gobierno por conculcar los DDHH del pueblo en Paraguay."

El 31 de enero, el Colectivo de Ex Detenidas Políticas Latinoamericanas, y organizaciones sociales bolivianas en Unión con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, emitió una resolución en
favor de los presxs políticxs y frente a la "situación de emergencia y de protección de vida, que debemos da a los / as hermanos paraguayos, " y dados - sostienen - "los abusos de poder y las injusticias cometidas " solicitan , "la intervención del comisionado Internacional de Derechos Humanos, para que investigue cada uno de sus casos y envíe una comisión permanente para su evaluación."
Las organizaciones campesinas expresaron a nuestra agencia que consideran a Benjamín Lezcano "un mártir de la lucha campesina del heroico pueblo norteño."

A continuación reproducimos la resolución en toda su extensión:

RESOLUCIÓN DEL COLECTIVO DE EX DETENIDAS POLÍTICAS LATINOAMERICANAS, Y ORGANIZACIONES SOCIALES BOLIVIANAS EN UNIÓN CON LA ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.
R.N°001

Se ha tomado conocimiento de la violación de derechos humanos de campesinos en el país del Paraguay quienes están siendo violentados de manera permanente en sus más elementales derechos, hechos que han concluido CON LA MOVILIZACIÓN DE MUJERES, AGRUPADAS EN DIFERENTES ORGANIZACIONES, Y LA ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA, Y LATINOAMÉRICA, POR LO QUE ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DE PROTECCIÓN A LA VIDA, QUE DEBEMOS DAR A LOS /AS HERMANOS PARAGUAYOS HEMOS TOMADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Vistos:
Que los compañeros/as campesinos/as se encuentran detenidos en distintas cárceles del Paraguay donde se los torturan y omiten los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Como así
también han sido sentenciados a penas máximas de 10 a 30 años, sin prueba alguna, por el solo hecho de defender sus tierras.

Ante el abuso de poder y las injusticias cometidas en el PARAGUAY, las organizaciones de mujeres bolivianas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Resuelven lo siguiente:

1°) Pedir la Intervención del comisionado Internacional de Derechos Humanos, para que investigue cada uno de sus casos y envíe una Comisión Permanente para su evaluación.

2°) Todas las organizaciones sociales y A.P.D.H.B. expresan su solidaridad con los presos y presas campesinos/as y solicitan su pronta liberación.

Se firma la presente resolución a los 31 días del mes de Enero del año 2013, en la ciudad de
La Paz, 31 de Enero del 2013

La mala educación.

PANAMÁ - BANCO MUNDIAL: EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS




(AW) Decía Paulo Freire que todo acto educativo es un acto político. Y este enorme pedagogo entendió que el aprendizaje en este mundo oprimido no podía ser alienante sino de liberación permanente, lo cual ejerció hasta su último aliento. Pero en Panamá pisa fuerte el Banco Mundial, entre otros países de occidente, con su Educación por Competencias. Un sistema oscuro, como brazo del neoliberalismo, que se expresa en una sociedad consumista, acrítica y teledirigida. El compañero Beluche ofrece un informe sobre la resistencia de la comunidad educativa, la metodología desde la cual la realidad es construcción mental del observador o la subjetividad del educando. Un panorama que lleva varios años de vigencia y rechazo de varios sectores sociales.

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Por Olmedo Beluche

La educación por "competencias" pretende presentarse como una pedagogía de "última generación" capaz de salvar al sistema capitalista de su crisis y a las nuevas generaciones del desempleo. Es el concepto mágico al que se apegan los ministerios de educación para justificar las reformas educativas ordenadas por el Banco Mundial, incluido no sólo el currículo académico, sino también las relaciones laborales con los docentes.
En Panamá, país donde los vuelos teóricos no alcanzan grandes alturas, la doctrina de las "competencias" ha sido resumida por el MEDUCA en su Decreto Ejecutivo 920, fuertemente denunciado por los gremios docentes.
Sin la menor pretensión de creernos expertos en pedagogía, pero forzados por las circunstancias de la lucha de clases que rodea nuestras aulas, nos hemos visto obligados a un repaso rápido del tema para tratar de comprender todo lo que está en juego detrás de las benditas "competencias".
Empecemos por señalar que hay tres elementos implicados en este asunto: 1. La base epistemológica subyacente a la teoría de las competencias; 2. La propuesta pedagógica concreta; 3. El marco social, económico y político en que surge.
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La epistemología de las competencias
La epistemología o concepción teórica y metodológica subyacente a la pedagogía de las competencias suele ser falsamente presentada como un desarrollo del constructivismo pedagógico de Piaget, Vygotsky y Freinet. Nada que ver. En todo caso su origen epistemológico es completamente opuesto al constructivismo pedagógico.
Según Nico Hirtt, pedagogo belga dirigente del grupo Appel pour une Ecole Démocratique (APED), la pedagogía de las competencias nace del "constructivismo filosófico" (también llamado radical o epistemológico o "relativismo") no del "constructivismo pedagógico". Para el constructivismo filosófico, la realidad depende de la construcción mental del observador, la cual, a su vez, se basa en las experiencias personales. De manera que para esta perspectiva la ciencia no busca la "verdad", ni el conocimiento "objetivo", porque existen tantas verdades como observadores haya.
Hirtt nos alerta para no confundir "constructivismo pedagógico" (Piaget, Vigotsky) con "constructivismo epistemológico".
Para Piaget y Vygotsky, la existencia del mundo real u objetivo no estaba cuestionada. La pedagogía debía llevar al estudiante hacia el conocimiento (como fin último de la educación) mediante una serie variada de técnicas en la que el educando es ente activo para que vaya "construyendo" ese conocimiento a partir de experiencias concretas y compresibles para él: "... los conceptos se adquieren más fácilmente y más eficazmente cuando durante el aprendizaje el educando pasa por un proceso de (re)construcción de conocimientos..., por su participación en un proceso hipotético-deductivo", dice Hirtt.
Para el "constructivismo filosófico", lo que está en construcción no es el conocimiento, sino la propia realidad. Desde esta perspectiva la realidad es hasta cierto punto "inventada" (por las experiencias anteriores, las percepciones y los datos empíricos). Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es, o sea, nunca habrá conocimiento objetivo. Esta perspectiva se remonta a Kant y hasta el subjetivismo extremo. En ella han trabajado epistemólogos muy reputados en las universidades del siglo XXI: Watzlawick, Glaserfeld, Prigogine, Luhman, Morin y Maturana.
Porque no viene a cuento, no vamos a entrar aquí en el debate epistemológico, ni en la crítica correcta de las deformaciones del positivismo con toda su carga de pretendida "objetividad" al servicio de intereses concretos, sin caer en los extremos relativistas de esta corriente "constructivista".
Para el debate pedagógico, que es el que nos interesa ahora, el problema del "constructivismo filosófico" es que desdeña el conocimiento (en el cual no cree) como objetivo último del proceso educativo, y cambia el acento hacia los procedimientos, las metodologías, las actitudes y aptitudes subjetivas del educando, como fin primordial de la educación.
De ahí deriva que se valore más la capacidad del docente de desarrollar "programas analíticos por competencias" que su real capacidad para transmitir conocimientos. De ahí que, como es el caso de Panamá, sea un requisito para ser docente pasar por los cursos de docencia superior (volcados al manejo de las TIC's) que los postgrados de especialidad.

La propuesta pedagógica de las Competencias
Aclarado lo anterior, es fácil comprender las diferencias abismales entre la pedagogía constructivista (Piaget, Vygostky) y la pedagogía fundamentada en la "educación por competencias".
El objetivo central de la educación, para el constructivismo piagetiano, era el conocimiento, es decir, la comprensión del mundo (natural y social) mediante conceptos que el educando iba construyendo con una batería de técnicas propuestas por el docente que llevan al estudiante a resolver problemas. Aquí las técnicas pedagógicas son un medio para un fin: el conocimiento.
En la educación por competencias, el conocimiento como tal deja de ser el objetivo central del proceso educativo, y pasa a jugar un papel secundario, dándose prioridad a las técnicas, las cuales pasan de medios, para convertirse en el objetivo prioritario de la educación. Eso es lo que está detrás del famoso slogan de: "saber hacer".
La educación por competencias se carga de un plumazo todo lo que en la educación procuraba la "comprensión" de la realidad, al calificarlo como "saberes muertos", sin valor (ni de mercado, ni moral). De manera que es más importante, para las competencias, que el estudiante sea capaz de manipular un "data-show", a que haya comprendido cabalmente los conceptos centrales de las ciencias naturales y sociales.
El corazón de las competencias, y el objeto de la evaluación, no son los saberes (conocimiento), sino las actitudes y el comportamiento del estudiante: responsabilidad, eficiencia, iniciativa, ejecución, trabajo en grupo, adaptación a circunstancias cambiantes, etc.
(...)Eso explica que las reformas educativas en boga lleven a su aniquilación a los cursos cuyo objetivo es la reflexión y comprensión del mundo: filosofía, historia, sociología. Y los cursos enfocados al conocimiento concreto, tengan por objeto, no el conocimiento conceptual, sino las técnicas (saber hacer).
Por eso en Panamá, el MEDUCA se ha cargado cursos como el de "Historia de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos" y en general ha comprimido la Historia en un pensum abigarrado a abordar en poco tiempo, más volcado a fechas y personajes, que a la comprensión de los procesos.
Por eso en las universidades, cursos como Sociología, Historia y Filosofía tienden a ceder espacios a favor de Inglés y las famosas TIC's.
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¿Quiénes están detrás de las competencias?
Es evidente que una pedagogía sustentada sobre las competencias ("saber hacer saber ser") y no sobre el conocimiento ("saberes"), se propone como centro del proceso educativo no la formación de un trabajador especializado o profesional en un área específica, sino de un asalariado dúctil ("capaz de adaptarse a todas las circunstancias"), un "utility".
En este enfoque pedagógico de las competencias se profundiza el proceso que Carlos Marx llamaba la transformación del "trabajo concreto" en "trabajo abstracto" que realiza el capitalismo. Es decir, para el sistema capitalista cada vez importa menos la capacidad de un trabajador de crear un producto a partir de su dominio de una técnica o de su habilidad personal. El sistema, promoviendo la simplificación de los procesos laborales y su división social impone tareas simples (mecánicas) que cualquiera puede realizar (Taylorismo y Fordismo). De esta manera se abarata el costo de la mano de obra y se aumenta la plusvalía y la ganancia empresarial.
(...) Helen Bertrand, dirigente docente francesa, establece la coincidencia en el tiempo, lugar y origen institucional de la pedagogía de las competencias con la imposición del modelo económico neoliberal en Europa y Francia. Un primer referente es el informe de Michel Drancourt ("Le fin du Travail", 1984), que señala: "Debemos tomar iniciativas políticas... (consistentes) en degradar los reglamentos, los derechos adquiridos, los hábitos administrativos, los corporativismos en el sector público, las estructuras de enseñanza tradicionales típicas del estado de bienestar".
Bertrand señala que en 1989, la Mesa Redonda de los industriales europeos (ERT) exigió "una reforma acelerada de los sistemas de enseñanza y de sus programas... (para que) la educación y la formación se consideren inversiones estratégicas vitales para el éxito de la empresa del futuro".
En 1991, en Francia, la Ley Aubry, creó "el balance de las competencias" profesionales. En 1995, el Informe Mine, publicó "El trabajo en veinte años", donde se señala la necesidad de reformar el Código de Trabajo y la educación en Francia.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que reúne a las potencias capitalistas, publicó en 1995 "La flexibilidad del tiempo de trabajo" y en 2001 "¿Qué futuro para la escuela?". Entre 2000 y 2006, la Unión Europea aprueba el marco de referencia para las "competencias-clave", necesarias "para el aprendizaje a lo largo de la vida, para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad".
Helene Bertrand cita a todos estos organismos y comisiones europeas quienes confiesan que su objetivo es abaratar el costo de los procesos educativos para transferir al estudiante la responsabilidad por su propia formación ("cultura de la responsabilidad"):
"De esta forma, a nombre de la "formación a lo largo de la vida", el asalariado termina siendo responsable de su "empleabilidad". Debe formarse permanentemente, incluso en su tiempo libre, para ser competitivo para la empresa. El patrón se deshace así de la obligación de financiar la formación profesional continua (...). Si el trabajador debe constituir su propio capital de competencias originales y flexibles, que reemplazan el escalafón de calificaciones reconocido a nivel nacional, los diplomas y programas, tal y como se les reconoce en la actualidad, no van a tener utilidad", dice Bertrand.
Ojo, porque aquí la siguiente víctima de este modelo de competencias son los diplomas y títulos, los cuales ya no tendrán un peso concreto en el currículo del trabajador, sino que pasarán a ser una "competencia" más entre otras.
(...) En esta corriente también entran medidas como las tomadas en el sistema de evaluación de concursos de la Universidad de Panamá, en que las ejecutorias profesionales dejan de tener valor cumplidos los cinco años, con lo que se obliga al profesional a tener que estar buscando títulos constantemente para no perder su status profesional (puntismo).
Sin embargo, los programas por competencias no son algo nuevo en Panamá. Si algo bueno se puede decir de la actual ministra de Educación, Lucy Molinar, es que ella no es la única responsable de la implementación del esquema educativo neoliberal. Sus antecesores en el cargo ya habían avanzado por este camino. Los famosos "programas analíticos por competencias", que se han convertido en el fetiche de la reforma curricular, ya son pan de cada día en la básica y la media y en todas las universidades privadas.
El balance de la aplicación de esas reformas pedagógicas constituye un mentís a la principal afirmación de las autoridades en el sentido de que estas reformas son la tabla de salvación del país y que nos conducirán por la senda del "desarrollo". Las "competencias" sólo han servido para seguir abaratando la fuerza de trabajo y sometiendo a los docentes mayores dosis de "stress" y explotación.

Panamá, 19 de febrero de 2013

Delegación de paz FARC-EP: Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población.

COLOMBIA - DIÁLOGOS DE PAZ




(AW) Los Diálogos de Paz entre las FARC-EP y el gobierno del Estado colombiano constituyen uno de los procesos de mayor relevancia en la situación política latinoamericana. Como lo viene haciendo habitualmente, la Agencia Walsh pone a disposición de los lectores otra de las propuestas programáticas que sistemáticamente la Delegación de paz de las FARC-EP en La Habana, Cuba, está dando a conocer a la opinión pública de Nuestra América y del mundo, en este caso la que refiere a la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población.

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Con miras a garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana se ponen en consideración las siguientes diez propuestas:
1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental.
2. Erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza.
3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población.
4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población.
5. Estímulo a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos.
7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos.
8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos.
9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados.
10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales
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1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental.
Se constitucionalizará y garantizará el derecho a la soberanía alimentaria en atención a que el pueblo colombiano tiene el derecho a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población, con fundamento en la producción interna de alimentos, respetando y estimulando la cultura propia, la diversidad de los modos de producción y consumo campesinos, pesqueros, indígenas y afrodescendientes, el lugar central que en ellos ocupan las mujeres, así como la capacidad que estas comunidades poseen para gobernar sus territorios. La soberanía alimentaria se basará en sistemas diversificados de producción con tecnologías socioambientalmente sostenibles. El derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad suficientes para el buen vivir, se definirá como derecho fundamental.
2. Erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza.
La erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza se convertirán de inmediato en política prioritaria del Estado. Para tal efecto, se diseñará un Programa Especial de Hambre Cero que contará con recursos extraordinarios de presupuesto y de destinación específica en suma equivalente al uno por ciento del PIB, provenientes de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa, y se fundamentará al menos en las siguientes acciones:
- Definición de una canasta básica de alimentos, con los estándares requeridos para una alimentación sana y nutritiva, a ser garantizada gratuitamente por el Estado a toda la población rural y urbana que padece de hambre.
- La canasta básica será adquirida por el Estado a través de centrales regionales y locales de compras directas de alimentos a los productores campesinos, de comunidades indígenas y afrodescendientes. Se estimulará la producción de alimentos hasta lograr el autoabastecimiento.
- Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y adjudicación gratuita a campesinos sin tierra, a trabajadores y proletarios agrícolas, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial a mujeres; acompañada de la garantía al acceso a agua, semillas, razas de animales, recursos genéticos y crédito subsidiado, entre otros, y del fomento a la producción y el consumo de alimentos en esas tierras.
- Implementación de programas de generación de empleo rural y urbano y apoyo a las economías rurales y populares, con miras a mejorar las condiciones de ingreso y la capacidad adquisitiva de la población que padece el hambre, la pobreza y la desigualdad.
3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población.
El patrón productivo rural y agrario se reencauzará para garantizar el autoabastecimiento alimentario, es decir, una oferta estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población. La base de dicho patrón serán la producción campesina de alimentos, individual, colectiva o asociativa, y las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes, sin perjuicio de otros sistemas de producción siempre y cuando tengan los mismos propósitos.
Una oferta de alimentos con las características señaladas se fundamenta entre otras en:
a) Un ordenamiento espacial y territorial que garantice las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina, así como los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes.
b) La promoción, protección y el subsidio de una agricultura ambientalmente sostenible en sus diferentes componentes (uso de energía renovable, manejo de semillas, control biológico de plagas, fertilización con abonos orgánicos, uso racional del agua), incluidas políticas de investigación y desarrollo.
c) De manera especial, la recuperación de la producción y el autoabastecimiento de cereales, en particular de trigo y de maíz para el consumo humano, así como de otros productos nativos de alto valor nutritivo.
d) La definición de una política de conservación y protección de las semillas nativas naturales, no susceptibles de apropiación privada, con la participación de escuelas agroecológicas, universidades y centros públicos de investigación.
e) La promoción y el estímulo a la agregación de valor, incluido el procesamiento industrial por parte de pequeños y medianos productores de alimentos.
f) La garantía estatal de la salubridad alimentaria mediante el restablecimiento de la soberanía sobre los sistemas de gestión y certificación de la producción y la comercialización de alimentos, incluidas prohibiciones o estrictas regulaciones, según el caso, en el uso de fungicidas, pesticidas y otros agroquímicos, así como en el uso de transgénicos.
g) La implementación y el acceso de los productores rurales a sistemas de información agrícola que faciliten y posibiliten el ordenamiento productivo y el acceso al mercado, cuando a ello hubiere lugar.
h) El autoabastecimiento alimentario no excluye la exportación de alimentos.
4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población.
La generación de una oferta estable y duradera de alimentos debe acompañarse de la garantía al acceso en forma permanente en el tiempo y el espacio al consumo de alimentos y a su distribución equitativa. El consumo de alimentos se encuentra en primera instancia en función de situación socioeconómica de los consumidores, razón por la cual la soberanía alimentaria guarda una relación estrecha con la política económica y con el modelo económico, en general.
Garantizar el acceso al consumo de alimentos presume el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Para ello, son necesarias políticas y acciones tendientes a la superación de la escandalosa concentración de la propiedad y la riqueza social, la generación de trabajo digno y bien remunerado, y la erradicación de la profunda desigualdad social y la pobreza. La implantación de una renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado, representaría un primer paso reformista en esa dirección.
El acceso al consumo de alimentos exige, de manera particular, entre otros:
a) Definición y organización de la estructura del acceso, considerando los alimentos a ser provistos por el mercado, aquellos que provienen de sistemas tradicionales o del autoabastecimiento y los que serán suministrados por los programas estatales.
b) Definición y promoción de hábitos y patrones de consumo alimentario salubre y nutricional.
c) Educación alimentaria y tradicional, incluida la protección y el rescate de la cultura tradicional.
d) Disponibilidad, calidad y acceso a servicios de agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y salud
e) Acercamiento de la producción al consumo
Se proscribirá de manera expresa la utilización de la alimentación y del acceso a los alimentos dentro de las estrategias de guerra.
5. Estímulo a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Para efectos de garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias, la protección, el estímulo y el subsidio a la producción campesina de alimentos ocupa un lugar central y prioritario. Existe suficiente demostración y evidencia empírica acerca de los altos índices de productividad de la economía campesina, que justifican la necesidad de una política estatal de apoyo a esta economía. Igual trato requieren las economías ide comunidades ndígenas y afrodescendientes y las comunidades que viven de la pesca tradicional.
Además del argumento de productividad, se encuentran razones culturales, de sostenibilidad socioambiental, de salubridad y de justica territorial, así como de acortamiento de la cadena alimentaria y de reducción del número de intermediarios.
La producción agrícola, la pesca, la ganadería familiar, y el procesamiento de alimentos en las Zonas dePproducción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina se destinarán en primera instancia al autoabastecimiento alimentario y nutricional de dichos territorios. La producción de excedentes se destinará para intercambios interregionales y para el abastecimiento del mercado interno. No se excluye la actividad exportadora de excedentes, en el marco de los procesos de integración latinoamericana.
Se diseñará y pondrá en marcha un Programa de producción campesina de alimentos, fundamentado en la definición precisa de los territorios campesinos, la asignación de específica de recursos de presupuesto, la asistencia técnica, tecnológica e investigativa, y el crédito y el seguro subsidiados. Asimismo, en la concertación previa con las comunidades campesinas. Se regularán los precios a través de precios de sustentación. Se conformará un sistema de compras estatales regionales y locales de absorción de la oferta campesina. Se desarrollarán estándares propios de salubridad de la producción campesina, adecuados a escala y contexto, con la participación de productores y consumidores directos.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes serán incorporadas al programa, previa concertación.
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6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos.
La consolidación de un sistema de soberanía alimentaria no excluye la coexistencia de diversos modelos de producción, basada en la generación de un equilibrio entre economía campesina, agroindustria y ganadería, que respete las condiciones agroecológicas y ecosistémicas de la tierra y el territorio.
Admite igualmente la conformación de encadenamientos productivos tendientes a un uso racional de la tierra y demás los recursos para la agricultura, incluida el agua, sobre bases socioambientalmente sostenibles y regulaciones estrictas que garanticen la organización y la distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Los encadenamientos productivos podrán ser verticales u horizontales, y en diferente escala. Su propósito principal será el abastecimiento del mercado interno, sin excluir la posibilidad de realización de actividades de comercio exterior.
7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos.
Considerando que la soberanía alimentaria se encuentra asediada desde los más variados ángulos, la producción de alimentos para el autoabastecimiento del mercado interno contará con diversas medidas de protección especial, dentro de las cuales se encuentran las protecciones frente a:
a) Las presiones de cambio en los usos de la tierra impuestas por las economías de extracción minero-energética, la construcción de represas, la producción de agrocombustibles y los megaproyectos de infraestructura.
b) La imposición de paquetes tecnológicos y de patrones de consumo por parte de las corporaciones transnacionales de la alimentación, incluidas las patentes sobre semillas, razas de animales y genes. Igualmente, la imposición de sistemas de certificación fitosanitaria, de trazabilidad y de garantía de salubridad que favorecen a dichas corporaciones.
c) La importación de alimentos y, en general, las normas impuestas en los tratados de libre comercio.
d) Los precios internacionales al alza producto de la especulación financiera.
e) La extranjerización de la tierra para megaproyectos de producción de agrocombustibles.
f) Las aspersiones aéreas con glifosato y otras sustancias químicas que afectan los productos de pancoger.
8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos.
La soberanía alimentaria demanda una política de abastecimiento alimentario que propicie un relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos a través del sistema de compras estatales regionales y locales, de redes urbano-rurales que vinculen a productores y consumidores directos, de la supresión de las redes de intermediación que imponen precios elevados a los insumos y los productos finales, y particularmente del estímulo y la promoción de los mercados campesinos e interétnicos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Con miras a estimular la equidad urbano-rural en el abastecimiento de alimentos se diseñará y pondrá en marcha un programa especial de promoción de economías urbano-rurales, que incluye el procesamiento, basadas en la asociatividad y la cooperación.
9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados.
La soberanía alimentaria exige la provisión y el desarrollo de la correspondiente infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados. Dicha infraestructura que incluye, entre otros, dotaciones con medios de producción, tecnología, embalaje, vías de comunicación, transporte, centros de acopio y comercialización, será diseñada de manera conjunta con las comunidades rurales. Para tal efecto, se diseñará y pondrá en marcha un programa especial de infraestructura para la producción de alimentos.
10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales.
La soberanía alimentaria se fundamenta en la más amplia participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales, incluido el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el estímulo a la organizaciones campesinas en sus diferentes modalidades. Se creará el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, con participación de estas comunidades y organizaciones.
La Habana, 18 de febrero de 2013

Los 54 países de África se unieron a "Sudamérica para reconocer los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes".

III CUMBRE AMÉRICA DEL SUR - ÁFRICA

Histórico reconocimiento de África a la soberanía argentina en Malvinas


La postura de los países africanos quedó reflejada en la "Declaración de Malabo" que se aprobó hoy en la III Cumbre América del Sur - África.

La declaración “también recoge el reclamo argentino por el accionar de los fondos buitre, y contiene medidas para promover programas y proyectos de Cooperación Sur-Sur entre ambas regiones”, se informó.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores se interpretó que “el documento constituye una victoria diplomática para nuestro país, pues es la primera vez que toda África se suma a nuestro continente en declarar  los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas”.

"Urge al Reino Unido de Gran Bretaña a reanudar las negociaciones con la Argentina para encontrar pronto una posible solución justa, pacífica y definitiva a la disputa."
texto de la cumbre
 El documento, además “urge al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanude las negociaciones con la República Argentina para encontrar tan pronto como sea posible una solución justa, pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales e internacionales".

El Canciller Timerman agradeció esta mañana desde Guinea Ecuatorial la solidaridad de los Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores que participan del plenario de la III Cumbre del foro América del Sur - África (ASA), y señaló que "África es hoy prioridad en nuestra política exterior”.

“Ilustrativo de ello es la decisión del gobierno argentino de reabrir y abrir varias sedes diplomáticas. Estamos instalándonos en Etiopía, próximamente lo haremos en Mozambique y seguiremos con la reapertura de otras representaciones en el continente", aseguró.