domingo, 6 de octubre de 2013

ESTADO DE LAS CONVERSACIONES DE PAZ.

INFORMAN FARC-EP




(AW) 4/10/13 La delegación de Paz de las FARC-EP dio su primer informe sobre las conversaciones de paz que mantiene en La Habana, Cuba con el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos, los acuerdos incluyen no hacer publicas las discusiones, pero las organizaciones revolucionarias consideran que pueden revelar determinados avances sin violar los pactos.Uno de los compromisos gubernamentales, declaran los representantes de las guerrillas, es la formalización de titulos de propiedad para todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo que beneficiaría al 48 por ciento de los productores. Tambien hubo coincidencias en la protección del medio ambiente, con respecto a la eliminación latifundio, en cambio no hay demasiados avances. Quedan también pendientes, entre otros , el marco juridico, la salida política y la reparación a las víctimas de 60 años de conflicto armado.

farc
Primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz
Delegación de Paz de las FARC-EP
http://pazfarc-ep.org

En desarrollo de la directriz del comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, presentamos al país el siguiente primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz. No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de paz se ha referido al tema en variados escenarios. Y eso está bien. Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reserva sobre los avances del proceso.
El acuerdo dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas, y para nada se refiere a lo convenido. Por ello jamás hemos objetado o nos han incomodado los informes que de manera particular el gobierno da a los gremios, a los militares, o a la opinión en general.
Habida cuenta que el gobierno ha llevado a debate público y a conocimiento de las ramas legislativa y jurisdiccional, tanto el marco jurídico como el referendo, las FARC se sienten en libertad de opinar frente a estos temas. Lo haremos de manera responsable en aras de entregar elementos de juicio a la ciudadanía, para que esta siga contribuyendo con sus iniciativas a la superación del largo conflicto colombiano.
Hoy, luego de catorce ciclos de intercambios en los que las FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. El reciente paro nacional agrario y popular corrobora la insatisfacción e inconformidad social, lo cual nos da la razón y expresa la justeza de los planteamientos que hemos llevado a la mesa para el debate. Los 19 muertos y los 850 heridos, y los centenares de detenidos y judicializados registrados en esa jornada, hacen urgente que se pacten garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos sociales que hoy están en la calle exigiendo sus derechos.
En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía.
En teoría, respecto al primer punto de la agenda se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Y en los procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Por otro lado, el gobierno se ha comprometido a la creación de un fondo de tierras, a la resolución de los conflictos de uso que existan sobre el suelo, a un cierre de frontera agrícola que proteja el medio ambiente, a la actualización del catastro que permita tener una visión real de la configuración de la propiedad para procurar su reordenamiento productivo socio-ambientalmente sostenible, y ha empeñado su palabra también en impulsar programas de desarrollo, encaminados a reparar la deuda histórica con el campo colombiano y a superar la enorme brecha que existe entre este y la ciudad.
Reconocemos la voluntad del gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin resolver. Nos referimos a asuntos cruciales como la búsqueda de medidas eficaces que permitan la superación del latifundio, el establecimiento de límites a la extranjerización de la tierra, la definición de las cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y formalizar, la desastrosa explotación minero energética, los desventajosos TLC, el reordenamiento territorial y otros no menos trascendentales como el de los fondos para la financiación de lo pactado.
Conscientes de las salvedades y de la necesidad de resolverlas más adelante, las delegaciones de paz del gobierno y de la insurgencia valoraron y así se informó al país y al mundo, el primer acuerdo parcial, como positivo, y desde los ciclos iniciados el 11 de junio se abordó el segundo punto de la agenda referido a la participación política y ciudadana.
De los eventos de participación ciudadana que se han realizado surgieron las propuestas que las FARC han colocado en manos del gobierno para la discusión; entre ellas, la de la asamblea nacional constituyente, que es asunto que requerirá de un acuerdo político previo.
De manera convenida las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP abordaron en los últimos ciclos la casi totalidad del conjunto de la Agenda, lo cual ha entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que harán más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Por ello, las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad que no ha faltado.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución del problema de los cultivos ilícitos; sobre temas como el marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos.
Ponemos en conocimiento algunas reflexiones sobre los trascendentales temas que se han discutido públicamente con la contra-parte:
Sobre el denominado Marco Jurídico
En Colombia se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, pero además, se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa con la injerencia de bases militares norteamericanas que pisotean nuestra soberanía. Se requiere entonces que cualquier transicionalidad o normativa para la misma, sea producto de un pacto y no de una imposición.
Se debe tener en cuenta que de nada sirve la unilateralidad sobre todo si se observa que la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Un proceso de paz requiere de absoluta soberanía jurídica, sin injerencias foráneas que obstruyan la reconciliación.
Sobre víctimas
De lo que se trata es de abrir en las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más de sesenta años de desangre nacional, a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.
En consecuencia, hemos propuesto que se proceda de inmediato a la integración de la comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano conformada por expertos nacionales y extranjeros para que establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno.
Hemos invitado al país entero a un día de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida. Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; El Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes de fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, y la iglesia del régimen.
El día que se escoja para los fines propuestos, la insurgencia se estará manifestando de igual manera desde cada rincón de la Patria colombiana.
Sobre la propuesta de referendo del gobierno
En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio. Es con el concurso del pueblo, mediante mecanismos confiables, evitando que se cedan atribuciones a una sola persona, o a institucionalidades cuestionadas, que se deben refrendar los acuerdos.
Los colombianos debemos procurar un ente con reales atribuciones para conocer de la reforma a la justicia, de la independencia orgánica de la jurisdicción, del reordenamiento territorial, de la creación de un órgano electoral independiente. Un ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Ayer, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, adelantó que el gobierno uruguayo está tomando ‘recaudos’ ante la movilización organizada para el domingo por asambleístas argentinos con vista a ingresar a territorio fraybentino.

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Anunciada para las 15:00 y de la que podrían tomar parte unos 300 vehículos, la movilización del domingo próximo sería encabezada por el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien junto a los asambleístas llevará la misiva a Lafluf.
Justamente, Lafluf anticipó que en las próximas horas se comunicará con Bahillo para pedirle una reunión, a fin de “hacer todo lo que allane el camino para que no se provoque ningún perjuicio, ya que  hay gente en Fray Bentos que no quiere  el ingreso de los vecinos de Gualeguaychú a la ciudad”.
Según informó la prensa de Uruguay: El gobierno reforzó la seguridad en la frontera con la Argentina para “evitar  posibles incursiones sorpresivas de activistas” en el marco del conflicto por la pastera UPM (ex Botnia).
Puntualmente, la Prefectura Nacional Naval dispuso el ‘alerta’ en costas del río Uruguay ante “posibles incursiones sorpresivas de activistas argentinos”.
Además, esa fuerza armará un dispositivo de seguridad para el próximo domingo para evitar que una marcha de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú cruce el puente fronterizo hacia Uruguay.
Uruguay permitirá que el intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, y tres integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ingresen al vecino país el próximo domingo durante una protesta contra la pastera UPM, aunque no dejará que más ambientalistas crucen la frontera.
Si bien inicialmente el intendente de la localidad uruguaya de Río Negro dijo que ‘un grupo’ de ambientalistas podría cruzar la frontera, luego señaló a la prensa uruguaya que sólo Bahillo y ‘una pequeña delegación’ podrá acceder.
El Comando de la Prefectura Nacional ordenó el refuerzo de la dotación de personal en el puente binacional y desplegará embarcaciones como presencia disuasiva en el lado uruguayo del río Uruguay.
Unos 100 guardias marinos serán desplegados en distintas áreas del puente, según trascendió.
Además, el personal de la Prefectura de Río Negro será reforzado con efectivos de la localidad de Mercedes y de la Unidad de Apoyo (Unapo) de esa fuerza naval.
Además, la Prefectura desplegará varias embarcaciones en el río Uruguay en forma preventiva pese a que la asamblea de activistas no resolvió incursiones sorpresivas en lanchas.
En tanto, la Policía de Río Negro organizará un operativo preventivo cuando el intendente Lafluf reciba a su par de Gualeguaychú.
Mientras tanto, el diario uruguayo El País aseguró que: “organismos de Inteligencia de la Policía y de Prefectura -División Investigaciones y Narcóticos (Divin)- ya operan en Fray Bentos para recolectar información sobre los planes de los activistas de Gualeguaychú”.

La organización ambientalista Greenpeace organizó manifestaciones en alrededor de 140 países, pidiendo la libertad de sus 30 militantes detenidos en Rusia por protestar contra la explotación petrolera en el Ártico.

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 Entre los detenidos hay dos argentinos.
La tripulación de la embarcación ecologista se encuentra detenida en Múrmansk desde el pasado 19 de septiembre, acusada de “piratería en grupo organizado”, delito por el que los activistas se enfrentan a una pena de hasta 15 años de prisión.
La jornada de movilización comenzó en Nueva Zelanda, después en Rusia, y continuó en Europa, Estados Unidos y América latina.
En Argentina, voluntarios se reunieron en Plaza Francia, mostrando una bandera con la leyenda “Libertad a los 30 activistas del Artico” y “Liberen a Hernán y Camila”.
También se realizaron actividades en Bahía Blanca, Córdoba, Villa María, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Rosario y Salta.
Cabe resaltar que Holanda anunció el viernes haber iniciado una acción judicial, considerando que Moscú debería haberles pedido permiso para detener la embarcación que navegaba con bandera holandesa. Por su parte, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexei Meshkov, rechazó los argumentos de Holanda, al considerar que las autoridades holandesas fueron alertadas en numerosas ocasiones del peligro de las acciones del equipo de Greenpeace.

En el día de hoy, asambleístas de Gualeguaychú confirmaron que marcharán mañana por el puente internacional que une Argentina con Uruguay, para protestar contra la ampliación de la producción de la empresa Botnia.

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 La medida de fuerza fue confirmada por José Pouler, integrante del grupo ambientalista. 
“Capaz prepararon perros, como los que detectan drogas pero para encontrar asambleístas, porque si no, no sé cómo van a hacer para detectarnos. Mientras uno cumpla con los requisitos de tener toda la documentación y pagar el trámite, que es bastante caro… y no hagamos ningún tipo de desmán… podemos”, aseguró Pouler.
La marcha está convocada para las 15 horas en el paraje Arroyo Verde, kilómetro 28 de la ruta internacional 136, desde donde partirán hacia Fray Bentos. Desde Uruguay informaron que no dejarían pasar a la caravana entera, aunque sí a un grupo de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y cinco asambleístas.
“Si sucede que no podemos pasar, haríamos la misma marcha de siempre hasta el punto más cercano que podamos, ese es el gran objetivo”, aclaró Juan Veronesi, también integrante de la marcha.
Y, destacó que “el objetivo de máxima es llegar en forma multitudinaria a Fray Bentos. Queda a cargo de Uruguay crear una rispidez en caso de que impidan el paso. Nosotros no aceptamos de ninguna manera que no nos dejen pasar, pero tampoco vamos a quemar las naves. Si no nos dejan, volveremos a nuestra casa con las puertas cerradas en el Uruguay”, concluyó.

Este sábado, Greenpeace convocó manifestaciones en 47 países para reclamar la liberación de los 30 activistas detenidos en Rusia, entre ellos los dos argentinos: Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi.

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Los detenidos se encuentran  en Múrmansk desde el pasado 19 de septiembre, acusados de ‘piratería en grupo organizado’, y que por este  delito los activistas  enfrentan a una pena de hasta 15 años de prisión.
La movilización comenzó en Nueva Zelanda, después en Rusia, y debe continuar en Europa, así como en Estados Unidos.
Australia: mostró este sábado su ‘inquietud’ por las acusaciones ‘muy graves’ realizadas por Moscú contra uno de sus ciudadanos, miembro del equipo del “Artic Sunrise” de Greenpeace, que junto al resto de la tripulación se encuentra en detención provisional.
Holanda: anunció el viernes haber iniciado una acción judicial, al considerar que Moscú debería haberles pedido permiso para detener la embarcación ecologista, que navegaba con bandera holandesa.
El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexei Meshkov, rechazó los argumentos de Holanda, al considerar que: “las autoridades holandesas fueron alertadas en numerosas ocasiones del peligro de las acciones del equipo de Greenpeace”.