¿Por qué derrocaron a Lugo?

PARAGUAY

(AW) Se acaba de consumar la farsa: el presidente del Paraguay Fernando Lugo fue destituído de su cargo en un juicio sumarísimo en donde el Senado más corrupto de las Américas -¡y eso es mucho decir!- lo halló culpable de "mal desempeño" de sus funciones debido a las muertes ocurridas en el desalojo de una finca en Curuguaty. Lo cierto es que, como lo dice el artículo de Idilio Méndez que acompaña esta nota, la matanza de Curuguaty fue una trampa montada por una derecha que desde que Lugo asumiera el poder estaba esperando el momento propicio para acabar con un régimen que pese a no haber afectado a sus intereses abría un espacio para la protesta social y la organización popular incompatible con su dominación de clase. Pese a las múltiples advertencias de numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay Lugo no se abocó a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza social que con gran entusiasmo lo elevó a la presidencia en Agosto del 2008. Su gravitación en el Congreso era absolutamente mínima, uno o dos senadores a lo máximo, y sólo la capacidad de movilización que pudiera demostrar en las calles era lo único que podía conferirle gobernabilidad a su gestión. Pero no lo entendió así y a lo largo de su mandato se sucedieron múltiples concesiones a una derecha ignorando que por más que se la favoreciera ésta jamás iría a aceptar su presidencia como legítima. Gestos concesivos hacia la derecha lo único que hacen es envalentonarla, no apaciguarla. Pese a estas concesiones Lugo siempre fue considerado como un intruso molesto, por más que promulgara en vez de vetarlas las leyes antiterroristas que, a pedido de "la Embajada", aprobaba el Congreso, el más corrupto de las Américas. Una derecha que, por supuesto, siempre actuó hermanada con Washington para impedir, entre otras cosas, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Tarde se dio cuenta Lugo de lo "democrática" que era la institucionalidad del estado capitalista, que lo destituye en un tragicómico simulacro de juicio político violando todas las normas del debido proceso. Una lección para el pueblo paraguayo y para todos los pueblos de América Latina y el Caribe: sólo la MOVILIZACIÓN y ORGANIZACIÓN POPULAR sostiene gobiernos que quieran impulsar un proyecto de transformación social, por más moderado que sea, como ha sido el caso de Lugo. La oligarquía y el imperialismo jamás cesan de conspirar y actuar, y si parece que están resignados esta apariencia es enteramente engañosa, como lo acabamos de comprobar hace unos minutos en Asunción. Introducción por Atilio Borón. Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo. por Idilio Méndez Grimaldi (*) ¿Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro. El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo. El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación. Campaña mediática Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país. La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: "Los 12 argumentos para destituir a Lovera" (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia. El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty. En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo. Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto. Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado "tractorazo" es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial. Las conexiones La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción. Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra. La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio. Los hechos de Curuguaty Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo. Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos. El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner. Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación. Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno. Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011. Juicio político a Lugo En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay. Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones. Quizás se esperan "las señales favorables" de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos. Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas. El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado. Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico. Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática. Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.

Crónica de la huelga general en las comarcas mineras.

ASTURIAS- ESPAÑA

(AW) Un paro total paralizó diversas zonas de Asturias, León y Palencia con multitudinarias marchas que reivindican un futuro laboral para las comarcas, frente a los recortes que promueve el gobierno de Rajoy. Mientras, el rescate de la UE ha hecho que [en los medios comerciales] pase, injustificadamente, a segundo plano la lucha de los mineros. Fuente: La haine. X Alberto Pradilla. «Si cierran la mina esta zona se muere». Juan Carlos Berrouet, minero jubilado a sus 46 años, mantiene la posición en la principal barricada que cierra el paso en la entrada del pozo Santiago de Aller, en Caborana (Asturies). Sus palabras expresan el gran temor que se ha extendido en toda la zona: la decisión del Gobierno español de suprimir el 64% de las ayudas públicas a la minería pone en cuestión su propia supervivencia económica. En su vigesimosegunda jornada de huelga indefinida, los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de sus vecinos, que secundaron masivamente el paro general que colapsó la cuenca minera. Por la mañana, cortes de carretera y barricadas. Por la tarde, una multitudinaria manifestación que desbordó las calles de Langreo. Todo ello, 24 horas antes de que el Senado español apruebe el Presupuesto General del Estado, que incluye un tijeretazo de más de 100 millones. Para las 7 de la mañana, los piquetes ya se habían apostado en las entradas de industrias como las que rodean el municipio de Mieres y varias carreteras amanecían cortadas con barricadas de troncos. En realidad, la presencia de sindicalistas dedicados a informar a los trabajadores sobre las razones del paro era prácticamente testimonial. No era necesaria. La reivindicación viene en el ADN de este territorio y la minería es su principal recurso económico. Así que no podía encontrarse ni una tienda abierta. Solo los servicios mínimos pactados en determinadas áreas rompieron con la dinámica de unas localidades paralizadas. Esto, y el fuerte despliegue de la Guardia Civil, que aumentó el número de agentes ante los enfrentamientos registrados en las últimas jornadas, evidenció la magnitud de la protesta. Piquetes madrugadores La autovía y los accesos a las minas centraban toda la atención. En Caborana, unos 200 trabajadores cerraban la entrada desde primera hora. Tras las capuchas y las máscaras, rostros de preocupación. Son ya 22 las jornadas de huelga indefinida y el Gobierno español no da muestras de querer sentarse a la mesa. «Quieren acabar con todo. Aquí, no hay una sola familia que no esté afectada». Antonio (nombre ficticio, los arresto y la amenaza de endurecer la ley contra quien participe en las protestas favorece el anonimato), se cubre tras un pasamontañas. Lleva en la mina la mitad de sus 41 años y tiene un importante bagaje de movilizaciones a sus espaldas. «Ya estuve en el encierro del 92. También en las marchas del 98, cuando un coche mató a un compañero que colocaba una barricada. ¿Quieren que termine matándose alguien antes de empezar a negociar?», protesta. Frente a él, dos grandes barricadas construidas mediante la colocación de varias vagonetas, troncos y neumáticos cierran el paso. Los trabajadores han dejado un pequeño espacio en la mediana para emergencias. Pero hay que tener una buena excusa para poder cruzar. Conforme avanzan las horas, crece la tensión. Hasta ahora, todos los cortes han terminado con la irrupción de la Guardia Civil y la Policía española lanzando botes de humo y pelotas de goma. Así que los trabajadores les esperan tras las barreras improvisadas con los tirachinas a punto. En las lomas del valle, ocultos en precarios puestos de vigilancia, algunos compañeros aguardan con las «voladoras», los lanzacohetes caseros con los que frenan el avance de los agentes. «Hoy el pájaro no viene», comenta extrañado uno de los mineros que se parapeta tras una mesa de plástico. El «pájaro» al que se refiere es el helicóptero de la Guardia Civil, que en estas protestas es sinónimo de invasión inminente de agentes. La niebla, que cubre por completo las zonas superiores de los montes que rodean el pequeño municipio asturiano, augura que esta vez no lo tendrán fácil. Pasadas las 11.00 de la mañana se da la voz de alarma. Las patrullas han sido avistadas a escasos kilómetros. Así que los mineros se preparan. Pero no ocurre nada. No hay familia no afectada Pasadas las 13.30 horas, empieza a confirmarse que la Delegación del Gobierno español en Asturias ha optado por no calentar más unos ánimos ya suficientemente caldeados. Los mineros se sienten engañados, ya que los recortes del Ejecutivo del PP rompen unilateralmente con lo pactado en el Plan General del Carbón avalado por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la movilización es la única herramienta ante una situación incierta. Lo resume, nuevamente, Berta Quintero, una mujer que supera ya el medio siglo y que sigue de cerca las movilizaciones desde la ventana de su casa, ubicada a pie de calle. «¿Qué vamos a hacer si no hay minería? Solo queremos que se respete lo pactado», señala. Su marido trabajó en ese pozo que la mujer divisa desde su propia vivienda. Al hijo no le dieron un puesto, a pesar de que echó decenas de solicitudes. Pero en ella también se cumple la máxima de que no hay familia en esta cuenca que no dependa de un salario del carbón. La barricada ardiendo En este pequeño municipio que apenas llega al millar de habitantes, la adhesión hacia los trabajadores de la mina es total. Y esta se extiende también a las empresas de la zona. En la barricada externa, dos jóvenes que, entre risas se identifican como «tuercas» y «chispas», relatan cómo las progresivas reconversiones han empujado a muchos de sus compañeros de generación a hacer las maletas y abandonar la localidad. También han llegado grupos solidarios desde Gijón u Oviedo, donde la huelga no está convocada. «¡Recogemos!» Son las 13.30 horas y no hay rastro de la Guardia Civil. Así que los trabajadores optan por replegarse. Antes, como manda el ritual, prenden fuego a las dos principales barricadas. «Entiendo lo que hacen, en este caso, están en su derecho». Lo dice un hombre que se identifica como guardia civil de paisano. Asegura que está como curioso, aunque lo cierto es que tampoco nadie se le acerca demasiado. En el pozo, a 200 metros de la entrada al municipio, tres empleados de la mina Santiago siguen encerrados como medio de protesta. Ayer cumplían 21 jornadas sin ver la luz del día. «Marcha negra a Madrid» Por la tarde, el centro de atención se desplazó a Langreo, donde miles de personas (50.000 según los sindicatos convocantes) colapsaron el municipio asturiano. Ahora falta que el Gobierno español emita su acuse de recibo. Hoy, el Senado debate el tijeretazo y la mayoría absoluta del PP no deja lugar a la sorpresa. Ante esta situación, las centrales ya avisan que seguirán en la calle. La huelga general en la minería se mantiene y UGT y CCOO se reunirán hoy mismo para convocar una nueva «marcha negra» a Madrid. «Que traigan un autobús de Euskal Herria que les damos trabajo» El intento de los medios de la derecha española de criminalizar las reivindicaciones de los mineros era tomado a broma por los trabajadores. De hecho, hasta se permitían las bromas. «¿Vasco? Diles que venga un autobús de Euskal Herria, que les damos trabajo, casa y comida», comentaban en tono jocoso algunos de los huelguistas frente a la barricada principal. Los enfrentamientos con la Guardia Civil se han generalizado en las últimas semanas. Aunque también es cierto que, cada vez que el sector del carbón ha estado amenazado, sus trabajadores siempre se han destacado por su capacidad de movilización. «Al que le enganche con una voladora al helicóptero le doy una recompensa de 500 euros», bromeaba otro de los huelguistas. Humor negro en unos momentos de tensión que se extiende incluso a las heridas provocadas por los pelotazos. «Aquí la mitad está marcada. Pero no vamos al hospital. No queremos identificarnos». «Nosotros no somos como el 15M», bromeaba otro de ellos. La tradición sindical marca el carácter de una zona en la que, como señalaba este trabajador, «llevamos levantándonos desde 1934. Desde nuestros abuelos hasta nuestros hijos». Gara

Reunión de UNASUR por Lugo.

La presidenta, Cristina Kirchner, se comunicó con la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, quien le informó sobre la  reunión que se realizará en Río de Janeiro. Ordenó a Héctor Timerman asistir.

Los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán de urgencia para tratar la crisis política que agita Paraguay, por la destitución del corrupto Lugo.

La Secretaría de Comunicación Pública informó hoy que la Presidenta “envió al canciller Héctor Timerman a Río de Janeiro para que la represente” en la cumbre.

“La presidente de la República del Brasil se comunicó esta mañana con la jefa de Estado para solicitarle la presencia de Argentina en el encuentro que se realizará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro”, añadió.

“Se analizarán los pasos a seguir frente a las informaciones de las últimas horas sobre el pedido de juicio político al mandatario paraguayo Fernando Lugo”, finalizó el comunicado.

El corrupto Lugo al borde de la destitución.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un juicio político contra el presidente, Fernando Lugo, por “incumplimiento en sus deberes de funcionario público y mal desempeño de sus funciones”.

La medida ocurre a una semana de un violento desalojo de campesinos por parte de la policía, donde siete oficiales y nueve granjeros murieron y al menos 100 personas resultaron heridas.

Con esta aprobación corrieron fuertes rumores sobre una posible renuncia de Lugo que incluso se definiría en las próximas horas, pero el propio presidente salió a desmentir estas versiones, asegurando que enfrentará el proceso en su contra.

“Me encontrarán siempre luchando por la justicia social y la paz entre paraguayos” dijo el mandatario. “No voy a presentar la renuncia”, aseguró.

Los incidentes que terminaron con el juicio político, se produjeron en la localidad de Curuguaty a unos 380 kilómetros al nordeste de Asunción.

Al menos 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron en la hacienda Morumbí, del conocido empresario y político paraguayo Blas Riquelme, para desalojar por orden judicial a más de 150 ocupantes.

Dado el sangriento saldo que dejó el desalojo, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, se vio obligado a renunciar días después.

Conclusiones de Río + 20 ratifican la “economía verde”.

BRASIL-RÍO+20

La declaración acordada por 193 países en Río + 20 sólo recoge el reconocimiento de la delicada situación ambiental del planeta. Contempla vagas promesas de "movilizar fondos" para la aplicación de las llamadas "políticas sustentables".

Audios disponibles:

Pablo Solón, militante ambiental. (documento de Río + 20) - 58 seg. (455 Kb.)

Cándido Grybowski, director del Instituto Brasileño de Análisis Socioeconómicos (IBASE). (economía verde) - 1 min. 10 seg. (551 Kb.)

Se descuenta que el documento será adoptado sin cambios por las máximas autoridades nacionales que llegaron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20. Como esperaban las organizaciones sociales reunidas en la Cumbre de los Pueblos, el texto instala definitivamente a la llamada "economía verde" como concepto articulador de políticas "en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza". Cabe señalar que la "economía verde" es rechazada por esas organizaciones como propuesta para enfrentar la crisis climática. El texto explica que estas políticas deben contribuir a reducir la dependencia tecnológica de los llamados "países en vía de desarrollo". Además, los países se comprometen a trabajar "para promover el crecimiento económico sostenido e incluyente, el desarrollo social y la protección del medio ambiente". Sobre el financiamiento de estas políticas comunes, se reconoce "la necesidad de una movilización importante de recursos desde una variedad de fuentes para promover el desarrollo sostenible". Las negociaciones descartaron la posibilidad de dar mayor autonomía al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sólo se instó a fortalecer su rol como autoridad para fijar la "agenda ambiental global". Por otra parte, la declaración plantea "aumentar la producción agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, incluso mediante la mejora del funcionamiento de los mercados y los sistemas comerciales". Como una forma de responder a reclamos planteados desde la sociedad civil organizada, el texto señala que son "indispensables los cambios en las formas de consumo y producción de las sociedades". Por último, en la cuestión minera, "se reconoce la importancia de incluir salvaguardias efectivas que reduzcan los impactos sociales y ambientales".(PÚLSAR)

Gobierno peruano dialoga con dirigentes sociales de Espinar.

PERÚ-MINERÍA

Los pobladores demandan a los representantes gubernamentales que el Estado indemnice a las familias de las personas muertas durante el conflicto minero iniciado en mayo pasado contra la instalación de la empresa Xstrata Tintaya.

Las conversaciones comenzaron este jueves en Espinar con la participación del alcalde local, Óscar Mollohuanca, y la presencia de dirigentes sociales. En representación del Ejecutivo peruano estuvieron presentes el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y sus pares de Agricultura, Energía y Minas y Salud. Ante esta comitiva, los habitantes de Espinar también demandaron el cese del estado de emergencia en esa localidad y el desbloqueo de las cuentas del municipio. Por su parte, el alcalde Mollohuanca priorizó abordar la problemática minero-ambiental de la zona antes que analizar las propuestas de obras públicas traídas por la delegación gubernamental. Vale recordar que Óscar Mollohuanca estuvo detenido durante 10 días por apoyar las manifestaciones contra la empresa minera Xstrata Tintaya en Espinar. Por otra parte, los dirigentes sociales que participan de la mesa de diálogo plantearon la propuesta de un monitoreo permanente de la contaminación causada por la actividad minera en la provincia surandina. Además, exigen que la empresa Xstrata indemnice a la comunidad por los daños causados y un pago de mayores utilidades destinadas a la provincia. Las protestas antimineras en Espinar comenzaron el pasado 21 de mayo. El conflicto derivó en la declaración del estado de emergencia en esa región por parte del Gobierno peruano. La represión a la protesta ambiental dejó 2 activistas muertos y una veintena de detenidos. También fueron arrestados distintos líderes sociales. (PÚLSAR)

Candidatos mexicanos debatieron con #YoSoy132.

MÉXICO-ELECCIONES

Sin la presencia de Enrique Peña Nieto, 3 de los aspirantes a la presidencia mexicana participaron este miércoles del debate organizado por el movimiento estudiantil. Educación, ciencia y tecnología fueron los principales temas abordados.

Los organizadores adelantaron que el debate transmitido por internet obtuvo 112 mil visitas en la red social Youtube. Además fue difundido por distintas radios y en 3 eventos públicos. Por otra parte, los activistas lamentaron las fallas en la transmisión. Asimismo, pugnaron por un mejor acceso a la red. También destacaron que el debate no tuvo ningún costo. Esto se debió a que la sede y la plataforma donde se difundió el encuentro fueron obtenidas de manera gratuita. Vale recordar que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal autorizó el uso de sus instalaciones. A través de un comunicado, la entidad defensora aclaró que no participó en la logística ni en la realización del evento. #Yo soy132 expresó por su parte que ningún partido político ni empresa colaboró en la organización del debate y sentenciaron que la actividad fue estrictamente estudiantil. El movimiento lamentó la ausencia del candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, y destacó la imparcialidad del encuentro entre los candidatos presidenciales. Por tal motivo, los jóvenes entregarán ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI las más de mil preguntas que los ciudadanos realizaron al candidato conservador. Por último, los activistas anunciaron una nueva Asamblea General para el próximo 1 de julio. Se realizará en una universidad del centro de la ciudad de México. (PÚLSAR)

Senado paraguayo da 24 horas a Lugo para su defensa.

PARAGUAY-DEMOCRACIA

El Senado de Paraguay decidió que este viernes se dará el veredicto del juicio político iniciado contra Fernando Lugo. El Presidente ejercerá su defensa unas horas antes. Unasur pidió respetar el debido proceso y envió una comisión de cancilleres.

Audios disponibles:

José Rodríguez, Liga Nacional de Carperos. (situación) - 18 seg. (286 Kb.)

Aída Robles, diputada nacional. (interéses detrás del juicio) - 1 min. 01 seg. (402 Kb.)

José Rodríguez, Liga Nacional de Carperos. (convocatoria) - 41 seg. (327 Kb.)

Fernando Oreguioni, diputado por el Partido Liberal. (argumentos) - 56 seg. (444 Kb.)

La decisión del Senado paraguayo entrega menos de 24 horas para que Lugo presente su defensa. Durante la tarde de este jueves se conocían los mecanismos de enjuiciamiento y juzgamiento del Presidente. Mientras tanto, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) enviaba este jueves a 12 cancilleres a Paraguay para seguir el proceso abierto contra Lugo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que el "juicio político es legal", pero que su trasfondo es "ilegítimo". El mandatario de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el "golpe que se gesta en Paraguay es un atentado contra la conciencia de los pueblos". Llamó a "los movimientos sociales de América Latina a defender la democracia en Paraguay". El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó su "posición fija, concreta y no negociable" en defensa de "la democracia y la voluntad soberana". La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves el juicio político contra Fernando Lugo. La situación es consecuencia de la muerte de al menos 17 personas durante el desalojo policial a un asentamiento campesino el viernes pasado en Curuguaty.(PÚLSAR)