La Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York confirmó que sigue vigente la medida cautelar que impide la aplicación de la sentencia contra la Argentina hasta que se resuelva el juicio de los fondos buitres.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de los fondos buitre de levantar el denominado “stay” (espera), que impide que la Argentina tenga que pagar 100% a estos demandantes bajo la fórmula determinada por el juez Thomas Griesa.

Tras conocerse el pronunciamiento de Cámara de Apelaciones de Nueva York, el secretario de Finanzas, Adrián Consentino, dijo que la decisión “despeja los planteos que intentan instalar los fondos buitre sobre el camino propuesto por la Argentina para garantizar a sus acreedores el normal cumplimiento de la deuda”.

A lo que agregó que “la resolución de la Cámara confirma que las acciones procesales seguidas por el país son las correctas y ratificamos que la Argentina ejercerá su defensa en todas las instancias judiciales disponibles”.

El tribunal neoyorquino, según el texto al que tuvo acceso Télam, sostuvo que “el recurso de pedido de nulidad del “stay” es denegado”.

La orden, de dos páginas de extensión, está firmada por la secretaría de la Cámara, Catherine O’Hagan Wolfe, y da cuenta e sucesos recientes en relación al juicio.

“El 23 de agosto de 2013, la Corte emitió una resolución que afirma la sentencia del Tribunal de Distrito; en esa misma decisión, el Tribunal dictó una suspensión de las medidas cautelares hasta la resolución de una petición oportuna ante la Corte Suprema de un recurso de certiorari“, recuerda la orden, sobre el segundo fallo emitido acerca de la fórmula de pago del juez Thomas Griesa.

El recurso de la apelación aún no ha ocurrido, porque debe ser solicitada por Argentina ante la Suprema Corte.

El país todavía no elevó ante la Corte una presentación en torno al segundo fallo, debido a que aún se encuentra en la instancia apelatoria en el tribunal inferior, la misma Cámara de Apelaciones que emitió hoy la decisión de no innovar con la medida cautelar.

Al respecto, Cosentino sostuvo que en el gobierno argentino “esperaremos ahora las resoluciones pendientes, la solicitud de un fallo plenario y luego, en su defecto, (haremos) la presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

“La resolución de la Cámara confirma que las acciones procesales seguidas por el país son las correctas y ratificamos que la Argentina ejercerá su defensa en todas las instancias judiciales disponibles”, subrayó el funcionario.

El presidente uruguayo José Mujica cuestionó el viernes la política “insular” argentina y sostuvo que “lo único que termina haciendo es precisamente perjudicar a la integración, hacer añicos el Mercosur”.

“Una de las cosas que enseña la historia es que siempre desde tiempos de la colonia (…) los intereses porteños, los intereses que se anudan económicamente políticamente al manejo del puerto de Buenos Aires tuvieron siempre una actitud durísima de oposición por todos los medios al puerto de Montevideo”, aseguró el mandatario uruguayo en su audición radial semanal.

“Es una eterna lucha que en estos tiempos de globalización y cuando el mundo está creando bloques por encima de los países tradicionales, es una historia que debiéramos con inteligencia poder remontar”, añadió.

El presidente se refería así a una resolución de Argentina de esta semana que prohíbe que el trasbordo de cargas de exportaciones originadas en puertos argentinos se realice en países del Mercosur con los que no tiene acuerdos marítimos, lo que generó fuerte preocupación en Uruguay, donde operadores prevén pérdidas millonarias.

“Deberíamos defendernos frente al mundo como un conjunto (…) y nunca caer en defender unos contra otros, porque esa política insular lo único que termina haciendo es precisamente perjudicar a la integración, hacer añicos el Mercosur, porque la primera pregunta que surge es para qué lo hicimos”, advirtió Mujica.

“No acompañamos la visión de que un país en la defensa de los legítimos derechos de su gente tenga que afectar a otro del Mercosur, sino que debemos de buscar salidas conjuntas y salidas de integración”, añadió, llamando a una mayor cooperación entre los países de la región.

Según el presidente uruguayo, “indirectamente estas políticas tienden a colaborar con aquellos que quieren que esta región del mundo sea librecambista, que sea una gigantesca feria de venta de mercadería y que en definitiva no integremos nuestra economía sino que hagamos negocios”.

Advirtió finalmente que “la política de la confrontación a quien más va a perjudicar siempre va a ser a la República Argentina, pero obviamente también al Uruguay, pero sobre todo va a herir a la región”.

Montevideo, AFP-NA

Psicotrópicos: Desde la condición humana a la siniestra narcoactividad.

DESDE GUATEMALA

(AW) Tal como asegura el autor de esta información, el consumo de estupefacientes tiene antigua data y nadie la censuró como delito. Pero en nuestra contemporaneidad surgió el lucrativo y creciente negocio a nivel mundial estimulando el consumo desde una práctica ilícita.Guatemala no escapa de este flagelo que genera violencia social, homicidios y un porcentaje que ronda el 10% del PBI.  Marcelo Colussi mmcolussi@gmail.com https://www.facebook.com/marcelo.m.colussi El consumo de sustancias psicotrópicas con fines evasivos es absolutamente humano; siempre se dio, y nada puede garantizar que no se siga dando. Haber transformado esa condición humana en un lucrativo negocio es relativamente nuevo. La actual narcoactividad crece en el mundo, en todas sus facetas: producción de drogas ilícitas, tráfico, comercialización, consumo, lavado de los capitales que genera. Guatemala no escapa a esa tendencia. Somos un país de tránsito de drogas ilegales, un puente entre Sudamérica, donde se produce la mayor cantidad de cocaína, y Estados Unidos, su principal consumidor mundial. La situación de paso hacia el norte en el tránsito de sustancias ilícitas trae aparejada una aureola de violencia que va definiendo la dinámica social. La violencia ligada a la narcoactividad ronda el 40% de los homicidios que tienen lugar hoy en el país. El circuito de la narcoactividad en su conjunto representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno, lo que hace del negocio un poderoso factor de influencia política y creciente presencia sociocultural. Podría decirse que en este momento están sentadas las bases para pasar a ser un narco-Estado. La debilidad estructural del mismo, su cultura histórica de corrupción y abandono en el cumplimiento de sus tareas básicas de atención de las grandes necesidades de la población, permite la avanzada de la narcoactividad, por no querer y/o no poder ofrecer alternativas, dejando así en manos de redes criminales aspectos que, de suyo, deberían ser de su competencia. Hasta la fecha, las distintas acciones para abordar el problema de la narcoactividad dentro del país se han venido realizando desde marcos punitivos. Ello responde a las pautas fijadas por el gobierno de Estados Unidos para la región, desde donde se imponen planteos prohibicionistas que se ligan con luchas frontales al tema de las drogas prohibidas, siempre desde una lógica militarizada. La evidencia demuestra que esa lucha no da grandes resultados (o ninguno), pues el consumo global no baja y la violencia concomitante a su comercialización no se detiene. Por ello existen planteos alternativos que ponen el énfasis en abordajes que hacen de todo el asunto un problema socio-sanitario, lo que constituye una visión superadora del paradigma prohibicionista. El Ejecutivo Nacional lanzó el año pasado la propuesta de despenalizar las drogas, desmarcándose así de la lógica dominante impuesta por Washington. La idea surgió como propuesta de política externa, pero a nivel nacional no se ha desarrollado nada para darle sostenimiento. En principio, poco o nada trabajada como está la iniciativa, la opinión pública nacional no se muestra especialmente favorable a la despenalización, enfrascada en otro tipo de problemas más acuciantes del día a día. En sentido estricto, no existe una propuesta orgánica a nivel nacional que dé sustento a la iniciativa presidencial. La forma en que se trajo la propuesta al seno de los países de la región centroamericana no fue la más feliz. Tuvo mucho de impositivo y faltó un trajo previo de cabildeo. Si bien se logró instalar el tema en la OEA, ello no asegura que la despenalización como política regional tenga un futuro asegurado, ni a través del organismo diplomático ni del consenso entre países del área. El planteamiento de la despenalización en solitario, sólo por parte de Guatemala, es un imposible. El negocio de las drogas ilegales es un problema global, y siendo nuestro país un eslabón más en la compleja cadena que une los productores de Sudamérica con los consumidores de América del Norte, obliga a hacer abordajes regionales. En el punto actual de la propuesta, no está claro qué ni cómo se despenalizaría exactamente, y menos aún, cómo eso bajaría efectivamente los índices de violencia. Ello debería obligar a un pormenorizado estudio con base científica que fundamente con precisión qué hacer para la promoción de una política de Estado en el tema, sostenible en el tiempo más allá de la administración actual.