Centroamérica

No es una guerra, pero estas personas que se ven obligadas a huir de la violencia afrontan circunstancias similares a las de un conflicto armado.

El desplazamiento en el triángulo norte de Centroamérica, que incluye a Honduras, Guatemala y El Salvador, tampoco es de migrantes económicos. Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales. Así lo señaló la oficina regional de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que alertó de un aumento del fenómeno de desplazamiento en la subregión.

En los últimos dos años las solicitudes de asilo provenientes de esos tres países aumentaron un 92%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los 54.000 en 2015. Solamente en los primeros cuatro meses de 2016, 11.000 personas ya han requerido la condición de refugiado, principalmente en Estados Unidos y México. Andrés Ramírez, representante regional para Centroamérica, Cuba y México de ACNUR, describió ese drama humano en una entrevista desde Panamá.

“A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás, la persona simplemente huye al no poder acogerse a la protección”, explicó. Naciones Unidas

Brasil, a un paso de repetir en los Juegos Olímpicos los gravísimos errores de la Copa Mundial.

El Estado y las fuerzas de seguridad de Brasil están a punto de repetir los terribles errores que cometieron durante la Copa Mundial 2014. Así lo señaló Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe a dos meses de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

El informe “La violencia no es parte de estos Juegos. Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016”revela que las autoridades brasileñas de Río de Janeiro implementaron las mismas políticas de seguridad mal concebidas que provocaron un gran aumento de los homicidios y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad desde que se celebró la Copa Mundial 2014. Esto pone en peligro la promesa de los Juegos de una ciudad segura para todos.

“En 2009 se adjudicaron los Juegos Olímpicos a Río. En lugar de lograr una ciudad segura, desde ese momento la policía mató a 2500 personas. Amnistía Internacional documentó crecientes abusos y la ausencia de investigaciones efectivas. Lamentablemente, Río se convirtió en una zona letal”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente en la represión policial de las protestas que hubo en todo el país antes y durante la Copa Mundial 2014. Ese mismo año, cuando se encargó a la policía y al ejército la tarea de “asegurar” las ciudades, los operativos dejaron al menos 580 muertos solamente en el estado de Río de Janeiro.

En 2014, los homicidios resultantes de operaciones policiales aumentaron un 40% —y un 11 % más el año siguiente, con 645 personas fallecidas a manos de la policía solamente en Río de Janeiro—. Uno de cada cinco homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio.

Desde que empezó 2016, más de 100 personas fueron víctimas de homicidio en la ciudad de Río. La gran mayoría son varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginadas.

Las autoridades anunciaron el despliegue de cerca de 65 mil policías y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos. Esta podría ser la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. El operativo incluirá el despliegue de personal militar para encabezar procedimientos en las favelas, algo que en ocasiones anteriores causó violaciones de derechos humanos que aún ni se investigaron ni se sancionaron debidamente.

Por ejemplo, en abril de 2014, unos meses antes de la celebración de la Copa Mundial, se desplegaron miles de tropas militares en el complejo de Maré, situado cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Maré es un grupo de 16 favelas donde viven alrededor de 140.000 personas.

Estaba previsto que las tropas, que no habían sido entrenadas ni estaban equipadas debidamente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se retirasen de Maré poco después de que concluyera el evento deportivo. Sin embargo, siguieron vigilando la favela hasta junio de 2015. “Faltan dos meses para que empiecen los Juegos Olímpicos. Todavía hay tiempo para evitar gravísimas violaciones a los derechos humanos. Brasil tiene la obligación de actuar antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Belski.