‘El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encajó mal su última derrota judicial frente al grupo Clarín. La Cámara Civil y Comercial Federal, tribunal de segunda instancia y árbitro en este asalto, recibió un abanico de improperios del Ejecutivo por impedirle –al menos en los próximos tres meses- el anunciado desguace del mayor emporio de comunicación de Argentina. El Ejecutivo, como era previsible, recurrió ayer el fallo en la Corte Suprema, máxima instancia judicial. Lo hizo mediante la figura del «per saltum», un recurso aplicable en casos de «notoria gravedad institucional».
Para Cristina Fernández de Kirchner la polémica ley de medios audiovisuales es una cuestión de Estado (del suyo). El Ministro de Justicia, Julio Alak, intérprete público del pensamiento de la presidenta, no se mordió la lengua, «es un fallo grosero y arbitrario» dijo antes de calificar de «absurda» la decisión que le permite a Clarín no desinvertir por superar el límite de licencias de radio y televisión que establece esa ley, hasta que no haya una sentencia de fondo sobre la Constitucionalidad de la misma. Martín Sabbatella, titular de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación), también recurrió ante la Corte una medida que calificó de acto «vergonzoso».
Asimismo, sentenció, «hay un sector de la justicia argentina que no está preparado para enfrentar a las corporaciones (grandes empresas). Está colonizado y responde a esos intereses». Visiblemente irritado, en emisoras de radio y prensa afín al Gobierno, añadió: «La Cámara termina siendo el equipo jurídico del grupo empresarial Clarín». Marcelo Fuentes, senador del Frente para la Victoria, corriente peronista fundada por el matrimonio Kirchner, expresó su malestar con una propuesta, «que hagan el partido judicial y busquen el voto de los argentinos pero que no gobiernen con las sentencias».
Alegría de los críticos
Frente al desánimo del oficialismo se impone la satisfacción de Clarín y del resto de la prensa crítica con el Gobierno. Ricardo Kirschbaum, director del periódico que da nombre al grupo, tituló su columna de ayer, «El arte de la torpeza política». En ésta observa, «la Justicia ha reaccionado frente a lo que ha sido una acción tan torpe y ratificó que constituye un poder autónomo, capaz de adoptar decisiones que deben ser acatadas». El diario La Nación se refería a la noticia como, «uno de los días más dramáticos para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner».
Joaquín Morales Solá, columnista del matutino, analizó, «Cristina Kirchner imaginaba un antes y un después en su vida de mujer pública (con el desmantelamiento inmediato de Clarín). Fueron tan enormes esas ilusiones que el Gobierno personalista de la presidenta tiró abajo cualquier límite que respetara la división de poderes». Morales Solá apuntaba a la recusación en masa del Gobierno a los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal de la víspera para evitar un pronunciamiento judicial y poder intervenir al Grupo. Al mismo flanco se dirigía el escritor y periodista, Jorge Fernández Díez, ayer al escribir, «El Gobierno había presionado de manera inédita y brutal a la Justicia acusándola directamente de golpista», tal y como hizo el ministro Alak.
La satisfacción era extensiva a la oposición que horas antes había anunciado su intención de hacerle un juicio político al Ministro de Justicia. La sensación compartida la resumió Fernando «Pino» Solanas, cineasta y diputado de Proyecto Sur: «El Gobierno se subió a una locomotora en dirección contraria y ha chocado contra la pared de la sensatez de la justicia».
En este escenario, al Gobierno se le aguó la fiesta para celebrar la liquidación del grupo Clarín. Los andamios levantados frente a la Casa Rosada y la verbena de los músicos «K» para festejar una victoria que creía inmediata parece difícil de sostenerse. Sin embargo, la convocatoria no se suspende.
La batalla está pérdida pero la guerra continúa’.
