Las autoridades españolas deben garantizar el acceso universal a la atención sanitaria

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La relatora especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, reiteró hoy que las autoridades españolas deben garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, incluido a los migrantes, con independencia de su situación jurídica.

Sepúlveda manifestó en un comunicado que “ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”. Esta experta ya expresó sus preocupaciones en esta materia en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre, que suscribieron otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la que advertían que los cambios adoptados en 2012, “que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

La relatora de la ONU subrayó que el Gobierno español “debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”. La experta explicó que no estaba de acuerdo con los argumentos que había recibido de las autoridades españolas en respuesta a aquella misiva y manifestó que “los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”.

Precisó que el Gobierno de España argumentó que el Real Decreto aprobado en 2012 no se discriminatorio, porque trata la legalidad de la residencia en el país y no el origen nacional. “Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”, consideró la relatora.

Sepúlveda agradeció el compromiso de las autoridades españolas de mantener la cobertura sanitaria para embarazadas y menores, pero refutó el argumento de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“Sin acceso a la atención primaria se sobrecargan los servicios de emergencia, que son más costosos y se pone la salud pública en riesgo”, recalcó la relatora y agregó que amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene además un enorme coste humano.

Las recientes matanzas cometidas en las localidades de Bentiu y de Bor, en Sudán del Sur, hacen patente que este país está muy cerca de una situación calamitosa, advirtió hoy la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

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Durante una conferencia de prensa en la capital, Juba, al término de su visita a Sudán del Sur, Pillay aludió al asesinato de cientos de personas en Bentiu y al asalto en represalia al campamento de la ONU donde se albergan miles de desplazados en Bor, que causó medio centenar de muertos. La intervención de los cascos azules de La Misión de la ONU en ese país, la UNMISS, evitó que perecieran muchas personas más.

“Desafortunadamente, lo que he visto y oído en esta misión ha reforzado la percepción de que, en vez de aprovechar la oportunidad de conducir su joven país, devastado por la guerra, hacia la estabilidad y prosperidad, los líderes sursudaneses se han embarcado en una lucha de poder que ha colocado a su pueblo al borde de la catástrofe”, apuntó Pillay.

El viaje de la Alta Comisionada, que estuvo acompañada por el asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, respondió a la preocupación del Secretario General de Naciones Unidas por la grave situación en ese país.

Pillay señaló que el discurso de odio y los asesinatos por venganza han aumentado en los últimos cuatro meses, y agregó que es preocupante que ni los líderes nacionales ni la comunidad internacional aborden la situación con la premura que merece dado su alto grado de peligrosidad.

La violencia en Sudán del Sur se exacerbó luego de que en diciembre pasado el presidente Salva Kir, acusara de intento de golpe de Estado al ex vicepresidente Riek Machar.

Los enfrentamientos surgidos desde entonces han generado el desplazamiento de más de un millón de personas cuya precaria situación humanitaria se deteriora cada día más.