viernes, 18 de abril de 2014

El experto independiente de la ONU sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, pidió hoy a los gobiernos que aumenten la transparencia y los recortes en gastos militares.

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 Además, les instó a incrementar las inversiones en nutrición, salud, protección del medio ambiente y otros importantes retos del desarrollo sostenible.

En un mensaje con motivo del Día Mundial de Acción sobre el Gasto Militar, de Zayas afirmó que toda democracia debe involucrar a la sociedad civil en el proceso de establecer los presupuestos y todos los sectores sociales deben ser consultados para determinar las prioridades reales de la población. Añadió que a los grupos de presión, incluyendo los contratistas militares y otros representantes del complejo militar-industrial, no se les debe permitir secuestrar estas prioridades en detrimento de las necesidades reales de la población.

El experto instó a los parlamentos del mundo a poner en práctica la voluntad del pueblo, sobre la base de encuestas de opinión y a reducir de manera significativa los fondos para la producción de armas, la investigación militar, bases militares en el extranjero, la vigilancia de los ciudadanos privados, la recolección de información y las operaciones militares abiertas o encubiertas.

Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).

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La 47º sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada la semana última en Nueva York, reafirmó los compromisos establecidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en El Cairo en 1994, y acordó acelerar los esfuerzos para cumplir los desafíos todavía pendientes. También subrayó la importancia de integrar las cuestiones de población y desarrollo a la agenda de desarrollo post-2015.

El documento final de la sesión, adoptado por consenso entre los estados miembros de las Naciones Unidas, reitera alguno de los logros clave alcanzados hace 20 años en El Cairo, incluyendo la afirmación de que los derechos sexuales y reproductivos son centrales para la justicia social y el desarrollo sustentable, y el reconocimiento de la necesidad de modificar las persistentes desigualdades y la discriminación.

“Los Estados Parte tienen la obligación de asegurar que las personas puedan disfrutar su salud sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al más alto nivel de salud y el derecho a no ser discriminado. Las referencias a la cultura, la religión y la tradición no pueden ser utilizadas para justificar actos discriminatorios” manifestó Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Celebramos que se haya incluido la necesidad de producir información desagregada y también, el énfasis puesto en la importancia de la participación de los jóvenes en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas que afectan su vida. Pero, lamentamos que el párrafo sobre participación no haya incluido a todos los individuos, particularmente los grupos vulnerables, entre estos por ejemplo los grupos de jóvenes LGBTI. Esta resolución llega en un momento crucial para el futuro de la agenda sobre desarrollo sustentable. El consenso político sobre la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género en la formulación e implementación de políticas de desarrollo debe ser reflejado en el proceso post 2015” dijo Belski.

Amnistía Internacional valora que la Comisión exija a los estados miembros que garanticen el respeto, protección, promoción y cumplimiento de todos los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Igual importante es que la Comisión reconozca el impacto negativo de la violencia de género sobre la capacidad de mujeres y niñas para su desarrollo. Sin embargo, nos preocupa que la Comisión no haya aprovechado la oportunidad para referirse a la discriminación persistente y sistemática y a la violencia que enfrentan los individuos y grupos sobre la base de su orientación sexual e identidad de género.

También nos preocupa la manera en que las negociaciones fueron conducidas, así como los esfuerzos de la Santa Sede y de algunos estados miembros, que permitieron que estos importantes derechos, que han sido reconocidos por los órganos de derechos humanos de la ONU como obligaciones estatales desde la adopción del Programa de Acción de El Cairo, en 1994, fueran excluidos del documento resultante del CPD47.

El llamado de la Comisión a los gobiernos para que prioricen los servicios fundamentales incluyendo a los servicios de planificación familiar, cuidado pre y post parto, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH, y servicios de calidad para el manejo de complicaciones que pueden surgir de la práctica del aborto es positivo.

Los menores de edad podrán presentar a partir de hoy, de manera directa ante la ONU, las quejas de violaciones de sus derechos, en virtud de un nuevo tratado que entró en vigor 25 años después de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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El Protocolo Facultativo de esa Convención, relativo a un procedimiento de comunicaciones, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2011 y cobró vigencia tras haber sido ratificado por diez países, entre ellos Bolivia y Costa Rica.

En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de México con motivo de la entrada en vigor del instrumento, la vicepresidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, Sara Oviedo, destacó la importancia del Protocolo e instó a todos los países a ratificarlo.

“¿Quiénes pueden presentar denuncias? Sólo los países que han ratificado. Desgraciadamente es así, no hay dónde perderse en ese sentido y de ahí la importancia de que nuestros países ratifiquen”, puntualizó.

Agregó que el instrumento permite a los niños llevar las violaciones de sus derechos a un plano internacional cuando las soluciones en el país han sido inexistentes o ineficaces. Por su parte, la asesora principal de la representante especial de la ONU sobre la violencia hacia la infancia, Elda Moreno, destacó el carácter “revolucionario” del Protocolo.

“De este modo, por fin se le da a los niños algo que ya tenían los adultos que es la posibilidad de ir a una instancia internacional para proteger sus propios derechos”, subrayó Moreno.