lunes, 23 de febrero de 2015

Crce la represión en Venezuela.

Como parte de las medidas tomadas por el Comando Popular Militar en el Táchira para tratar de ocultar la grave crisis de desabastecimiento que golpea la región este lunes se anunció la prohibición de hacer colas en horas de la noche, a las afueras de los supermercados y abastos que hacen vida en la entidad.

Esta normativa no es mas que un “Toque de Queda” (prohibición, establecida por instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad, generalmente en las horas nocturnas. Comúnmente se hace en situaciones de guerra o conmoción interna que vive un país o una ciudad. Generalmente su cumplimiento es vigilado por instituciones policiales y de fuerzas armadas).
El jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral –Zodi- Táchira, General de División José Morantes Torres, acompañado de la presidenta del Consejo Legislativo Estadal –CLE-, diputada Nellyver Lugo, del Juez Rector del Táchira, demás legisladores y representantes de diversos organismos relacionados con el tema alimentario, informó que los revendedores de números, quienes alquilan sillas y puestos, están haciendo una franquicia con la situación.
“Prácticamente se ha convertido esto en una distorsión también y están haciendo las franquicias, los franquiciantes de los hacedores de colas y nosotros esto no lo vamos a permitir”, acotó.
Destacó que no hay garantía de cuidar la integridad de los ciudadanos en cada uno de los supermercados y abastos de los 29 municipios del Táchira en horas de la madrugada, además de que comentó que no es necesario hacer esas colas, si no se sabe cuál es el inventario de productos.
Precisó Morantes Torres que para ello mediante cuadrantes, van a aplicar el patrullaje inteligente.

Medios venezolanos reportan que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y luego procedieron a allanar su oficina.

Según los diferentes medios, los efectivos incluso habrían disparado al aire cuando buscaron dispersar a las personas que se aglomeraron en el lugar.
Alcalde-Caracas-Antonio-Ledezma-19-02-2015
Ledezma fue detenido en la sede de su partido del barrio El Rosal de Caracas.
“Funcionarios encapuchados dispararon en varias oportunidades y se llevaron a Antonio a empujones”, señaló la esposa de Ledesma, Mitzy Capriles, según el periódico venezolano El Universal.
Capriles permanece a las afueras de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, donde fue trasladado Ledesma.
“No solo fueron allanadas sus oficinas sino que fue golpeado y detenido, un acto de lo que veníamos advirtiendo. El gobierno no encuentra medidas para hacer frente a la crisis, el único tablero en el que creen es en el de la violencia, se tiraron este barranco, el tablero de la represión genera nuevos problemas”, dijo a su vez el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba.
El gobierno no ha informado las razones de la detención de Ledezma. Según testigos, los efectivos carecían una orden de allanamiento.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela condenó la detención.
“Como representantes electos de cada una de las alcaldías que gobernamos por mandatos populares, exigimos al Gobierno Nacional resguarde la integridad física del Alcalde Ledezma y le otorgue de inmediato la libertad plena que le ha sido arrebatada en la tarde de hoy”, señaló la asociación en un comunicado.
Funcionarios oficialistas han acusado a Ledezma y otros opositores de planear un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“En lo que va de régimen de Maduro ya van 12 supuestos golpes de Estado. Aquí los que tienen el golpismo en los tuétanos son estos señores que están en el gobierno”, descargó Ledezma en la ocasión.
“El gobierno habla de movimientos de desestabilización, y lo que desestabiliza el país es la corrupción”, agregó.
En una noticia relacionada, Lilian Tintori, esposa del detenido líder opositor Leopoldo López, denunció hoy un supuesto intento de “secuestro” a su cónyuge para trasladarlo de la cárcel militar de Ramo Verde a un cuartel del Sebin.
Fuente : Voz de América

El Gobierno de Nicolás Maduro ha decido entregar los 35 establecimientos de los supermercados ‘Día a Día’ a la distribuidora pública de alimentos Pdval..

 Maduro acusa a esta cadena de supermercados de acumular productos para acrecentar la irritación de la sociedad venezolana, según informa Reuters.
maduro-Bananero-20-02-2015
“He ordenado a la Superintendencia de Precios Justos accionar de manera inmediata todos los procedimientos administrativos y judiciales para que esta red de supermercados (…) sea de manera inmediata asumida por la red Pdval a partir del día de mañana”, dijo Maduro en un acto de Gobierno en el céntrico estado de Carabobo.
El dueño de ‘Día a Día, el venezolano afincado en Boston José Vicente Aguerrevere, comenta desde EEUU que espera poder recuperar algún día su cadena de supermercados. Aguerrevere alega que es totalmente flaso que su empresa haya acumulado productos, no tiene sentido que una empresa haga dicho movimiento.
El Gobierno venezolano ocupó el pasado martes la cadena de supermercados acusándola de acaparar productos que son escasos en el mercado venezolano, después de que Maduro ordenara ocupar las tiendas por ser parte de una “guerra alimentaria”.
El jefe de Estado venezolano exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público (MP) para que “extremen las acciones legales” contra los responsables de los delitos “contra el pueblo en esta guerra económica” y que “no haya ningún tipo de conmiseración con estos delincuentes”.
“Igualmente le he ordenado a la Procuraduría General de la República determinar los daños patrimoniales causados al pueblo, causados a la sociedad y al Estado por la conducta de guerra económica de este grupo”, subrayó.
Acaparan productos
El mandatario venezolano dijo que durante la ocupación de los depósitos de esta red de supermercados -encabezada por el presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello y el ministro de Seguimiento, Carlos Osorio- se encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos.
El presidente dijo además que en la cadena se observó el “trabajo esclavo de niños” ya que se empleaba a menores de 12 años de edad.
“Hay que mostrar todos estos casos con el debido respeto a la ley que protege a nuestros niños y niñas”, comentó. Maduro garantizó a los trabajadores de esta cadena “su estabilidad y sus derechos sociales” y aseguró que “defenderá la patria, la paz” y al pueblo venezolano.
“Aquí está la mano para el diálogo, pero a quien descubramos con las manos en la masa en tareas de guerra económica aquí está el puño con el que le voy a golpear, el puño de la constitución, el puño de la autoridad”, sostuvo.
El operativo de la cadena de supermercados fue ordenado el pasado 2 de febrero por Maduro en el marco de lo que llamó “la operación Sucre”, una arremetida contra quienes asegura son la “punta de lanza de la conspiración” económica en su contra.
La ocupación de esta cadena de supermercados se lleva a cabo en un momento en el que el país experimenta frecuentes ciclos de escasez en algunas áreas de consumo, principalmente en ciertos alimentos básicos y productos de higiene personal.
Fuente : Eleconomista

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realizará la próxima semana una visita oficial de trabajo a Paraguay y Chile.

El miércoles 24 Ban arribará a Asunción, donde mantendrá un encuentro con el presidente Horacio Cartes y el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, así como con otros funcionarios y representantes de la sociedad civil paraguaya.

El titular de la ONU también participará en una sesión especial del Congreso y visitará una base de entrenamiento de cascos azules de la ONU.

El sábado 27 está programada su llegada a Santiago de Chile, donde asistirá a un evento de alto nivel denominado “Mujeres en el Poder y Toma de Decisiones: Construyendo un mundo Mejor”, en el marco de los 20 años de la Declaración de Beijing.

También se entrevistará con la presidenta Michelle Bachelet y el canciller, Heraldo Muñoz, así como otros funcionarios del gobierno chileno.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en su decisivo informe sobre México.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en su decisivo informe sobre México, determinó que las desapariciones son generalizadas en el país e instó al gobierno a que adoptase medidas para prevenirlas y resolver los casos pendientes. Además, el Comité formuló recomendaciones concretas al gobierno. Lo sorprendente es que apenas horas antes de que el Comité hiciera públicas sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano afirmó que “no aportan elementos adicionales” para abordar el problema.

El gobierno mexicano parece poco dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su postura en relación con estas recomendaciones podría indicar que ignorará cualquier crítica a sus fallidas estrategias sobre seguridad pública. Esta decisión es sumamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que vive el país. A Amnistía Internacional le preocupa enormemente el hecho de que la declaración del gobierno implica un rechazo de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada. Con más de 23.000 casos de desaparición no resueltos, muchos de los cuales son casos de desaparición forzada cometidos por las fuerzas policiales y militares, las autoridades deberían dar la bienvenida a la ayuda especializada y constructiva que proporcionan los expertos de la ONU.

Las recomendaciones del Comité están incluidas en sus “Observaciones finales”, documento resultado del estudio en profundidad del país realizado durante su 8º periodo de sesiones. En su análisis, el Comité tuvo en cuenta toda la información pertinente presentada por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como víctimas y ONG que trabajan sobre esta cuestión. La evaluación por el Comité de la situación incluyó aspectos positivos, así como motivos de preocupación sobre las medidas —o ausencia de medidas— adoptadas hasta el momento por el gobierno.

Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a que acepte pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y tome todas las medidas necesarias para cumplirlas en su integridad. La fase de implementación sólo tendrá éxito con la participación completa de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellas.