Ciudad de México. Hace 31 años, 4 meses y 20 días que Mumia Abu-Jamal se encuentra en prisión.

ESTADOS UNIDOS

Mumia: luchando desde adentro

abril 28, 2013 
Se le acusa de haber matado al policía Daniel Faulkner. Desde entonces, incontables activistas, intelectuales y organizaciones, como Amnistía Internacional, Desmond Tutu y Noam Chomsky han reiterado su apoyo al preso político más emblemático del mundo, y han exigido a las autoridades correspondientes que se esclarezca el caso y se libere de manera inmediata al periodista, activista y ex miembro de la organización Panteras Negras.

Llueve suavemente. Sobre avenida Paseo de la Reforma, afuera de la embajada estadunidense, se observa a un grupo de personas. Debería decir grupos, en plural, unos cinco o seis grupos. Quien pasa rápido no se da cuenta de que vienen juntos, de que los colectivos están conformados por personas con un mismo fin: exigir, en su cumpleaños 59, la libertad de Mumia Abu-Jamal.

Suena la música bajo las sombrillas. Entre gotas y flautas se respira un ambiente de bienestar, de unión. Con todo y los policías fotografiando a los asistentes. Con todo y las imágenes que exigen la liberación de los presos políticos, no solo de Abu-Jamal, sino de los miles que se suman en las prisiones estadounidenses y mexicanas. Con todo, ?él sigue luchando desde adentro y nosotros desde afuera?. Ahí, Amig@s de Mumia México, comparte con Desinformémonos detalles de la historia de Mumia y la actualidad de su proceso:

El proceso actual

En diciembre de 2011 le fue revocada a Mumia la pena de muerte definitivamente. Desde entonces, según el estado, él tiene la sentencia de cadena perpetua, pero ahora como no hay más avenida de apelación a través de las Cortes, porque ya llegó a la Suprema Corte, lo que estamos exigiendo es que la fiscalía en Filadelfia haga su trabajo y deje de insistir en que él quede en prisión. Por otra parte, a nivel federal, que el Departamento de Justicia haga una recomendación al gobernador de Pennsylvania para ordenar su libertad inmediata. El argumento es que durante más de 28 años, casi 30 años, Mumia estuvo en condiciones de aislamiento casi total, privado de todo contacto físico, hasta de sus propios familiares. Por lo menos se puede decir que es un trato cruel e inusual. Muchos expertos de derechos humanos, así como el relator especial de la ONU, Juan Méndez, han dicho que este aislamiento prolongado es tortura. Después de todos los daños que le hicieron deben de liberarlo inmediatamente.



Las irregularidades

El caso presenta un sinfín de irregularidades que dan pauta para que, mínimamente, se vuelva a establecer un juicio. Saben que los mismos policías, algunos que estaban ahí en la escena del asesinato del policía a quien dicen que Mumia mató, estaban investigados por corrupción esconder y manipular evidencia para obtener una condena. Inclusive los policías y el inspector Alfonso Giordano, que era el director de toda la investigación, fueron encontrados culpables de corrupción una semana después del juicio de Mumia.

En los últimos años han entregado por lo menos tres peticiones al Departamento de Justicia y siempre su pretexto para no hacer nada es que hay un límite de tiempo de 5 años después de cometer un delito para que haya remedio; pero hay una excepción, si se puede comprobar una conspiración permanente en contra de los derechos humanos de una persona, entonces ellos sí pueden considerar el caso y tomar una decisión. Hay muchos argumentos para que ellos hagan su  trabajo de hacer justicia, porque es su trabajo proteger los derechos de los individuos.

No hay justicia

Con Mumia no ha habido justicia. No ha podido tener justicia en las Cortes estatales de Pennsylvania o Filadelfia debido a la fuerte influencia de la policía sobre la Fiscalía y también sobre los jueces, y las enormes contribuciones de dinero que hacen a campañas, y muchas otras maneras de presión que ellos tienen. A nivel local la Fiscalía y a nivel federal el Departamento de Justicia, cuyo jefe es Eric Holder, que estuvo aquí en la ciudad de México ayer; ellos deben de hacer su trabajo e insistir en la salida inmediata de Mumia.

Las personas que estaban en la fiscalía en los años en que lo enjuiciaron, han hecho ahora sus carreras políticas sobre su caso, sobre manipular los temores de la gente diciendo que ?no podemos tener asesinos de policías en las calles y hay que aplicarles la pena máxima?, y con todas estas promesas de ser duros contra el crimen. De hecho, uno de los primeros fiscales de su caso se volvió gobernador del estado y es un señor de mucho poder. Ni siquiera hicieron pruebas para saber si Mumia sostenía el arma, o las hicieron y no les gustó el resultado, así que no lo entregaron. Lo que siempre dicen es que Mumia estuvo ahí en la escena con una pistola ahí al lado, y que el arma había sido disparada cinco veces, pero no se ha comprobado que el arma disparó en contra del policía o que Mumia disparó el arma. Ha salido mucha evidencia fotográfica que desmiente la versión del estado.

¿Quién era Martin Luther King?

A pesar de todo, Mumia continúa luchando. Ahora que puede convivir con otros presos, su dinámica diaria ha cambiado. Durante el año pasado ha estado en población general en la prisión Mahanoy, y las condiciones son mucho mejores. Ahora, por ejemplo, puede tener visitas de su familia, pueden abrazarse, puede tener contacto físico y esto es muy importante, puede platicar con los otros presos. Condiciones mejores, pero aun así él quiere salir. Él sigue muy ocupado con sus escritos, entrevistas, documentales y ha comentado sobre la población carcelaria. Por un lado, debido a las largas sentencias que las Cortes en Estados Unidos han impuesto en las últimas décadas, hay muchas personas que estás muriendo en prisión, hay muchos viejos que andan hasta en sillas de ruedas. Y por otro lado, están condenando a jóvenes a largas sentencias, hasta de cadena perpetua, y está llegando gente muy muy joven y que van a estar ahí años y años, y que no han tenido ninguna educación histórica. Una cosa que le impresionó mucho fue que llegó un joven preso y le preguntó a otro preso ?¿Quién era Martin Luther King? ¿Un rapero?? entonces, parece de lo más absurdo, pero Mumia se desespera que un joven así no conozca su propia historia. Él sigue luchando desde adentro.?

Dos muertos y varios heridos en violentas protestas contra Barrick Gold.

República Dominicana 

por Barriga Verde
24 de Abril de 2013 


Organizaciones populares iniciaron hoy en varias provincias del norte un paro de 48 horas en demandas de obras sociales y para pedir la nacionalización de la mina de oro Pueblo Viejo, una de las mayores del mundo, explotada actualmente por la canadiense Barrick Gold
SANTO DOMINGO, 23 abril, 2013.- Un oficial de policía y un civil murieron tras recibir balazos en medio de las violentas protestas que se viven hoy en varios puntos de la República Dominicana en demanda de obras sociales, que también dejan varios heridos.

La Policía Nacional anunció el fallecimiento del coronel de esa institución Julián Suárez Cordero, quien fue herido de bala por "estudiantes" que se manifestaban en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en respaldo a un paro de 48 horas convocado en varias provincias del norte del país, según la institución.

Organizaciones populares iniciaron hoy en varias provincias del norte un paro de 48 horas en demandas de obras sociales y para pedir la nacionalización de la mina de oro Pueblo Viejo, en el municipio de Cotui, una de las mayores del mundo, explotada actualmente por la canadiense Barrick Gold, que mantiene un pulso con el Gobierno, quien le exige renegociar el contrato.

El portavoz policial, Máximo Báez Aybar, aseguró en su cuenta de Twitter que "no descansaremos hasta apresar a los autores del crimen".

Durante las manifestaciones escenificadas en los alrededores de la UASD también resultó herido de la bala el coronel Julio Justino Rodríguez, subdirector de Operaciones Policiales, dijo el portavoz.

Mientras que medios locales reportaron que un estudiante fue impactado por una piedra.

En tanto, en el municipio de San Francisco de Macorís falleció Félix Hernández, quien fue impactado anoche por un balazo en medio de enfrentamientos que se realizaron en el sector Pueblo Nuevo y que la Policía achacó hoy a grupos delictivos.

En esa demarcación también resultaron heridos Starlin Severion Lora, Edickson Paulino, Junior Martínez y Luis Paulino.

En el municipio de Esperanza, en la provincia de Valverde, resultó herido, también de bala, el segundo teniente de la Policía Luis Manuel López, en medio de disturbios.

Mientras que en Bonao, al menos diez personas fueron detenidas en medio de manifestaciones que protagonizaron grupos sociales, populares y ambientalistas en demanda de que el Gobierno anule el contrato con la minera Barrick Gold.

HABLA EL JEFE DE LA POLICIA

El jefe de la Policía advirtió este martes que ?van a responder tal para cual? los responsables de la muerte de un coronel de la institución durante las protestas escenificadas en la UASD.

?Van a responder tal para cual, sin importar los vínculos políticos o sociales que tengan los responsable de la muerte del oficial?, señaló el mayor general José Armando Polanco Gómez al hablar sobre el incidente en el que también otro policía y un civil resultaron heridos.

Además del Julián Suárez Cordero, quien murió tras recibir un disparo en la cara, la Policía informó que fue herido Juan de Jesús Pérez y el coronel Julio Justino Rodríguez, quien labora como subdirector de operaciones policiales.

Esta mañana, manifestantes tomaron la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para escenificar protestas, aparentemente por la muerte de una persona en la noche de ayer en San Francisco de Macorís.

Se ha dicho que el fallecido en esa localidad, identificado como Félix Hernández Peralta, pertenece al Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo).

Quiénes son los asesinos en Guatemala.

GUATEMALA

El juicio por genocidio a Ríos Montt, suspendido por presión de los máximos estratos de poder

Ríos Montt está acusado de ser el autor intelectual de una serie de masacres contra la etnia ixil. Durante el juicio, un testigo dijo que fueron coordinadas por el mayor Tito Arias, nombre de guerra del hoy presidente Otto Pérez Molina.

Por Angel Berlanga

El general Ríos Montt fue presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983 y está acusado de crímenes de lesa humanidad.
Adiós niños. A lo largo del tiempo, el horror producido por el hombre ha trajinado argumentos, prácticas, historias, geografías. Inquisición, Auschwitz, Vietnam, Ruanda. Aquí, ya sabemos. Del horror se habla en estos días en Guatemala, donde está siendo juzgado por genocidio el ex dictador José Efraín Ríos Montt. O estaba, porque la presión de los máximos estratos de poder tras una acusación en el juicio al actual presidente democrático, Otto Pérez Molina, se tradujo en una suspensión provisoria dictada por la Corte Constitucional. Ríos Montt es un general retirado que fue presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983 y está acusado de ser autor intelectual de una serie de masacres contra la etnia ixil en el departamento de Quiché. Tierra arrasada: ése fue el concepto a aplicar. Con el argumento de liquidar a la guerrilla el ejército guatemalteco detuvo, torturó y ejecutó a unas 48.000 personas durante el mandato de este militar, que hoy tiene 86 años. En este juicio busca probarse su responsabilidad en los crímenes de 1771 mayas ixiles. El 38 por ciento era menor de 12 años. Adiós niños es lo que decía un soldado en el instante previo a tirarlos al río. ?El ejército agarró a unas madres embarazadas, las degolló, les partieron el estómago y les sacaron el bebé?, relató un testigo. ?A los niños de pecho y de un año los tiraron al río y allí se ahogaron?, contó otro.

Esos testimonios figuran en Guatemala: memoria del silencio, publicado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, en febrero de 1999. Hay allí muchas otras voces todavía más cargadas de horror. A comienzos de este mes declararon ante Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez (el otro acusado en la causa), una decena de mujeres que fueron violadas por soldados y oficiales con una violencia y crueldad sólo observable en el ser humano. En el hombre. Me llevaron a un campo como a veinte cuadras de mi casa. Los soldados que me violaron eran como veinte, yo estaba temblando del susto, no tenía conciencia. Me dejaron desnuda, otras personas me regalaron ropa. Tenía un hijo de treinta días. Cuando regresé a mi casa todo estaba quemado. Quemaron a mi hijo. Era un bebé todavía, me puse a llorar. Otra víctima declaró en el Tribunal, a cargo de la jueza Jazmín Barrios, que una nena de siete no sobrevivió a las continuas violaciones. El ensañamiento con los ixil implicó descuartizados, colgados, mutilados, bombardeos, fosas comunes, incinerados. Tierra arrasada. A tres décadas de aquello, en busca aún de justicia, palpitan otra vez estos testimonios escalofriantes.

¿Qué distancia o qué cercanía, qué involucramiento, será requisito para hablar, leer, escribir sobre este genocidio? Horacio Castellanos Moya trató esto en Insensatez, una nouvelle publicada en 2004. Su protagonista se reprocha haber aceptado darle la última leída, hacer los toques de estilo finales a un mamotreto de mil cien cuartillas elaborado por el obispado que procura recuperar la memoria de los centenares de sobrevivientes y testigos de las masacres. Se trata del Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica, aunque el escritor centroamericano no lo explicite. Dos días después de su presentación, en abril del 1998, fue asesinado el obispo Juan Gerardi, director de este informe, llamado también Guatemala: Nunca más. Al narrador de Insensatez, interesado más bien en ganarse unos mangos, andar cómodo y conocer alguna chica, de a poco le crece el miedo a las posibles represalias de militares o de agentes de Inteligencia por su tarea. A la vez, se conmociona por lo que va leyendo, las atrocidades de asesinos que andan todavía sueltos. Yo no estoy completo de la mente, lee, dice un indígena. Se conmociona, este corrector de estilo, también por la potencia poética de lo que lee. La belleza del cómo lo requiere más que el espanto de qué.

Escribe Castellanos Moya: ?Yo no estoy completo de la mente, me repetí, impactado por el grado de perturbación mental en el que había sido hundido ese indígena cachiquel testigo del asesinato de su familia, por el hecho de que ese indígena fuera consciente del quebrantamiento de su aparato psíquico a causa de haber presenciado, herido e impotente, cómo los soldados del ejército de su país despedazaban a machetazos y con sorna a cada uno de sus cuatro pequeños hijos y enseguida arremetían contra su mujer, la pobre ya en shock a causa de que también había sido  obligada a presenciar cómo los soldados convertían a sus pequeños hijos en palpitantes trozos de carne humana. Nadie puede estar completo de la mente, me dije, cavilando, morboso, tratando de imaginar lo que pudo ser el despertar de ese indígena, a quien habían dejado por muerto entre los trozos de carne de sus hijos y su mujer y que luego, muchos años después, tuvo la oportunidad de contar su testimonio para que yo lo leyera y le hiciera la pertinente corrección de estilo, un testimonio que comenzaba precisamente con la frase ?Yo no estoy completo de la mente? que tanto me había conmocionado, porque resumía de la manera más compacta el estado mental en que se encontraban las decenas de miles de  personas que habían padecido experiencias semejantes a la relatada por el indígena y también resumía el estado mental de los miles de soldados y paramilitares que habían destazado con el mayor placer a sus mal llamados compatriotas, aunque debo reconocer que no es lo mismo estar incompleto de la mente por haber sufrido el descuartizamiento de los propios hijos que por haber descuartizado hijos ajenos, tal como me dije antes de llegar a la contundente conclusión de que era la totalidad de los habitantes de ese país la que no estaba completa de la mente, lo cual me condujo a una conclusión aún peor, más perturbadora, y es que sólo alguien fuera de sus cabales podía estar dispuesto a trasladarse a un país ajeno cuya población estaba incompleta de la mente para realizar una labor que consistía precisamente en editar un extenso informe de mil cien cuartillas en el que se documentaban los centenares de masacres, evidencia de la perturbación generalizada?.

Durante el juicio al ex dictador ?a quien también llaman Ríos de sangre Montt? un testigo protegido que colaboró con el ejército en Quiché en aquellos años, Leonardo Reyes, aseveró que las masacres de los ixil fueron coordinadas por el mayor Tito Arias, nombre de guerra que encubría a Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala. Desde entonces, el juicio empezó a ir para atrás. Salió enseguida a desmentir la declaración un secretario de la Presidencia: que fue un error garrafal que la fiscalía haya permitido al testigo referirse a personas que no son enjuiciadas. Que Pérez Molina anduvo por esa región en esa época, pero sin violar ningún derecho humano ni mucho menos ordenar alguna masacre. No es lo que opina el periodista Allan Nairn, que en 1982 anduvo por la zona de Quiché y documentó la situación para Titular de hoy: Guatemala, film de Michael Whalforss disponible en YouTube. Ahí puede verse un diálogo con el mayor Tito sobre la procedencia de los morteros y las facilidades que prestan los helicópteros. Ante los cadáveres de unos campesinos recién ejecutados se oye la voz de un soldado: ?Sólo los trajimos y se los dejamos al mayor para que los interrogara, pero al mayor no le dijeron nada. Ni por las buenas ni por las malas?. También puede verse a un joven Pérez Molina en primer plano, ropa camuflada y boina, leyendo ?material subversivo? que portaban las víctimas. Nairn iba a declarar en el juicio, pero las peripecias-escollos judiciales hasta ahora lo han impedido. Al rol de Pérez Molina en las masacres contra los ixiles se suma otra imputación, no juzgada aquí: el periodista Francisco Goldman, autor de El arte del asesinato político: ¿quién mató al obispo?, sostiene y fundamenta que el actual presidente guatemalteco fue el autor intelectual del crimen de monseñor Gerardi.

?Casi el 90 por ciento de los columnistas de prensa guatemaltecos niega que en su país se haya cometido genocidio, y creen que el juicio contra el general retirado Efraín Ríos Montt es injusto?, señala en el periódico El Faro el escritor Rodrigo Rey Rosa, en un artículo que disecciona los argumentos de los defensores del statu quo para dejar en evidencia falacias e hipocresías. ?Haber logrado que la causa por crímenes contra el pueblo ixil sea vista en tribunales extranjeros y nacionales ha requerido un trabajo y perseverancia enormes por parte de los sobrevivientes, y es prueba de su fortaleza de espíritu ?escribe Rey Rosa?. La confianza que los ixiles han decidido depositar en las instituciones democráticas de una nación por cuyos gobiernos han sido atacados de forma sistemática a lo largo de la historia es digna de encomio y revela su buena fe. La línea de acción pacífica y valiente que han adoptado es sencillamente ejemplar.? Tras la presión de la opinión pública y la aparición del testimonio contra Pérez Molina, la jueza Patricia Flores, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A, pidió la anulación del proceso. La Corte Constitucional indicó a la jueza Barrios ?a cargo del juicio? que le remitiera el expediente a Flores y que, tras 48 horas, esta última lo enviara otra vez a la Corte, para decidir la continuidad o no del proceso. En síntesis: está en riesgo la continuidad del histórico juicio a Ríos Montt.

El corrector de estilo de Insensatez, la novela de Castellanos Moya, entra progresivamente en pánico cuando se le hace evidente que los asesinos, los torturadores, andan todavía por ahí, sueltos por la calle, insertos en las instituciones. En el obispado, donde lee las cuartillas que testimonian el horror, se cruza con una muchacha que había sido torturada con saña en un cuartel de policía por un teniente que con el tiempo se convertiría en general y en jefe de Inteligencia del Ejército. Imaginar que el criminal estará al tanto de su trabajo lo aterra: lo ve en una reunión social, lo intuye acechándolo, listo para ejecutarlo. Huye de Guatemala. Mientras toma una cerveza en un bar alemán, sin embargo, le vuelven como olas de sangre las frases del genocidio: ?Mientras más matara, se iba más para arriba?, en relación a ciertas comodidades ofrecidas a quienes colaboraran con las matanzas. Y también: ?Todos sabemos quiénes son los asesinos?. Solo ante la barra, en el espejo de pronto descubre unos ojos que lo miran. El torturador.

Ese personaje, que llegaría a ser jefe de Inteligencia del Ejército y mucho más, se llama en la novela Octavio Pérez Mena. Cuidado: puede sonar parecido a Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala. Insensatez es una ficción. Y Pérez Molina es realmente el presidente de Guatemala.

Todos sabemos quiénes son los asesinos.

Evo Morales y Linares podrán aspirar a un tercer mandato.

BOLIVIA

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional el artículo IV del Proyecto de Ley de Aplicación Normativa y consideró legal la reelección del presidente de Bolivia y su vice, Álvaro García Linera, quienes quedaron habilitados para disputar las presidenciales del 2014.


"Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación emerge de un poder constituyente que ha generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla un nuevo orden que contiene la aplicación de la Constitución."
El presidente del TCP, Ruddy Flores, explicó, que la nueva Constitución, vigente desde febrero de 2009, estableció un nuevo ordenamiento y en consecuencia el actual mandato de Evo debe considerarse el primero. "Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación emerge de un poder constituyente que ha generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla un nuevo orden que contiene la aplicación de la Constitución", abundó Flores.

Más allá de la decisión jurídica, cabe recordar que la oposición boliviana, que al momento en que se discutió la nueva Constitución tenía el control del Senado y de varias gobernaciones del oriente y sur del país, había impuesto un cerrojo a la aprobación de aquella Carta Magna, y Evo no tuvo más remedio que permitir que se incluyera en el nuevo texto constitucional un artículo transitorio que establecía que "los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones".

De tal manera, la única reelección continua que autorizaba la Constitución quedaba inhabilitada para Morales, quien este año retrucó en reiteradas oportunidades que su mandato 2006-2010 no fue completo por lo que no podía considerarse un primer período de gobierno.

Los opositores argumentan que su rechazo a una tercera candidatura de Morales es un acto de defensa de la Constitución Política del Estado (CPE) que antes rechazaban: ?Todos contra Evo, el agresor de la Constitución?.

Juan Vázquez, prozapatista asesinado en Chiapas.

CHIAPAS, MÉXICO

"Lo más cabrón es cuando el mal gobierno no nos deja vivir tranquilos, así es más difícil construir el vivir digno". 

La activa y apasionada personalidad de Juan llevó a que lo nombrarán autoridad en el ejido San Sebastián Bachajón.

por Diana Itzú Gutiérrez Luna
Foto: Moysés Zúiga y Diana Itzú Gutiérrez

abril 28, 2013 

A Juan no le resultó imposible que lo asesinaran, lo que sí le resultará imposible a los malos gobiernos es detener el compromiso colectivo de hacer posibles los sueños de Juan. Hoy, ese compromiso es nuestro, Juan es una semilla más que brotará con dignidad por la defensa del Territorio digno.

Comenzaba a sentirse el fin de la tarde del 24 de abril cuando Juan Vásquez fue asesinado cobardemente con seis impactos de bala. Actualmente Juan es una semilla más en la lucha por la defensa del territorio en el sureste mexicano.

Entre el 2006 y el 2013, Juan fue un representante incansable en la defensa de la madre tierra que abraza el ejido San Sebastian Bachajón. Coexistiendo en dicha región las Cascadas de Agua Azul, consideradas desde hace décadas un objeto turístico de especulación financiera. Siendo el núcleo de ocho circuitos turísticos que conforman a su vez uno de los tres corredores estratégicos del Proyecto Mesoamericano.

Las siguientes palabras son la síntesis de una charla recogida con pluma, papel y corazón  con Juan Vásquez durante el trayecto al centro Alan Sacjun, dos de los tres centros regionales que conforman el ejido ubicado en la zona Selva Centro Tzeltal. El  motivo fue hacer una aproximación al ?trabajo de investigación militante? que busca explicar el impacto de la territorialización capitalista en territorio indígena-campesino. En el galpón donde se compartió la experiencia estaban presentes otros y otras compañeras del ejido San Sebastián Bachajón. Participaron más de 60  ejidatarios (hombres, mujeres, jóvenes y ancianos), con él como puente entre la lengua tzeltal y el castilla.

En aquel momento, cuando íbamos rumbo a la cabecera del centro regional Alan Sacjun, le pregunté qué pensaba del Lekil Kuxlejal, palabra que comenzaba a ponerse de moda en la academia. Juan mencionó que el mayor problema era creer que eso significaba ?buen vivir así nomás, el tener lo que se antoje, y no tanto entender la vida digna??

Después preguntamos ¿qué es lo más importante de la vida digna? Y, enérgicamente respondió: ?No venderse, no traicionar al pueblo?. Conforme íbamos llegando al lugar mencionaba que él no tenía miedo al mal gobierno y confiaba en la gente adherente a La Otra Campaña, pero no en todos, pues el clientelismo y las políticas asistenciales llevaban años funcionado como mecanismos de cooptación en la región. ?Aquí hay quienes hasta podrían vender su alma por unas monedas??

En ese momento comenzó a contar porqué le gustaba vivir en Chiapas: ?ahí tengo tierra, trabajo y a mi familia tranquila. Es bonito, uno como que respira diferente y come bien?. En los últimos años había vivenciado la experiencia de trabajar en Tijuana ? ciudad fronteriza con Estados Unidos, a más de 4 mil kilómetros- se arrepentía porqué supo qué era vivir en la ciudad y lejos de su gente. A su regreso comenzó a involucrarse en los asuntos  de su comunidad.

La activa y apasionada personalidad de Juan llevó a que lo nombrarán autoridad en el ejido San Sebastián Bachajón; el 18 de abril de 2012, fue nombrado secretario general de los tres centros. Juan estaba orgulloso de tener un cargo político, sobre todo desde La Otra Campaña. Mientras el auto avanzaba él movía su rostro y señalaba con la mirada el paisaje artificial de propaganda electoral, y decía convencido ?aquí todo el que ha sido dirigente enfila siempre la lucha hacia los partidos políticos, y cuando están arriba, ya sea indígena o no, se olvidan de la gente y dicen que es difícil poder hacer algo?se hacen re pendejos?.

Cuando llegamos al lugar, la dinámica comenzó por repasar los momentos de desprecio por parte del mal gobierno y, compartir experiencias en torno a tres preguntas: ?¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Y ¿Cómo le vamos a hacer??. Las interrogantes están dentro de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (SDSL), iniciativa del EZLN dada a conocer el 29 de junio del 2005. Las preguntas se platicaron en torno al proyecto político de autogestión de la caseta de cobro del centro turístico ?Cascadas de Agua Azul?, además en un contexto de reactivación de grupos paramilitares.

Se comenzó a analizar el despojo, pero también los proceso electorales de clientelismo en la región y lo que representaban los programas de asistencia social. El ¿quiénes somos? permitió que los comuneros se identificaran como tales y comenzaran a imaginar con base en ¿qué queremos?. Es decir, se comenzó a sospechar en la capacidad de que algo es posible y, cuando los anhelos son comunes se posibilita el ¿cómo le vamos a hacer? Esto orientó a fines comunes de acción colectiva. Las tres interrogantes confluyeron en ?construir un sueño en donde mañana queremos ver otra realidad?. Así, la caseta de cobro fue sólo parte de un proyecto político que va más allá de la autogestión de un espacio, sino de la construcción de un proyecto político conjunto con la Sexta.

Se comenzó aceptando desde ellos mismos que la experiencia zapatista desde los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno son una ?experiencia posible?. Cuando salimos del galpón nos percatamos de qué estaba roto el cristal delantero de la redila ?auto común donde viajan los comuneros- dónde viajaría y comentó: ?lo más cabrón es cuando el mal gobierno no nos deja vivir tranquilos, así es más difícil construir el vivir digno?.

Juan Vásquez sabía que sin proyecto político común no se puede avanzar. Solía decir: ?¿cómo vamos a caminar de la nada?? Estaba convencido que la vida digna está relacionada con ?hacer pueblo desde una actitud distinta?.

El Lekil Kuxlejal (vida y espíritu bueno) representaba ser consecuente con el ejemplo de las bases de apoyo zapatistas y sus siete principios del mandar obedeciendo: Lo que significada ?dejar de ser oportunista mentirosa, partidista, electorero?. Estaba convencido de que era un reto, pero no era imposible desde los siete principios ético-políticos zapatistas: Obedecer y no mandar, servir y no servirse,  representar y no suplantar, construir y no destruir, bajar y no subir, proponer y no imponer, convencer y no vencer. Principios que instituyen las Juntas de Buen Gobierno en los municipios autónomos desde el ?Otro Gobierno?.

A pesar de que Juan no era base de apoyo zapatista. luchaba por ?caminar preguntando?, y asumía que La Otra Campaña ?buscaba construir otras formas de hacer política desde la Sexta?.

Luego del percance de la redila nos encaminamos junto con otros compañeros hacía otro auto, y después de una horas de trayecto le pregunté cuál sería su conclusión de la vivencia en el galpón. Respondió: ?un sueño no llevado a la dormidera?. Minutos después expresaba asombrado mientras manejaba ?Nuestro mayor ejemplo son las bases de apoyo zapatistas, son como nuestros abuelos, ahí se dialoga cuando hay problema, y esos sí no se dejan engañar por el mal gobierno, son unos chingones?.

Juan Vázquez nunca se vendió, ni aceptó los cargos oficiales que le ofreció el gobierno perredista de Juan Sabines. Hoy fue asesinado en un contexto de continua violencia directa y  asistencial, como lo representan las ?Cruzadas contra el hambre? de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco. Dispositivos de control y manipulación que forman parte del mismo proyecto de acaparamiento y control territorial del Proyecto Mesoamericano, y en materia de políticas públicas implementadas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, como parte de la ?Declaración del Milenio? para el Siglo XXI. Declaración de guerra desde el Culturicidio para los pueblos indígenas que también se implementó en Brasil con Lula de Silva.

Participación de Juan Vázquez en foro por la libertad de Patishtán

FUENTE: Desinformémonos

Se desata violencia antizapatista en Chiapas.

MEXICO

Dos hechos violentos contra zapatistas y prozapatistas marcaron esta semana en Chiapas, estado en el que fue asesinado un dirigente campesino adherente a la Sexta Declaración; y, al mismo tiempo, toda una comunidad es amenazada de desalojo, muerte y violación.

por Hermann Bellinghausen

abril 28, 2013 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  Soplan vientos alarmantes de violencia política antizapatista en la región tzeltal de Chilón, donde el gobierno oficial, como el del estado, pertenece al Partido Verde Ecologista (PVEM), en caso de que eso signifique algo. En el ejido San Marcos Avilés, individuos identificados con los diferentes partidos políticos (que por acá siempre comienzan, y terminan, por oler a PRI) han escalado su hostilidad, de por sí sostenida desde hace más de dos años, contra las familias zapatistas de la comunidad. Lo mismo con amenazas reiteradas de muerte y violación, que robos, envenenamiento del agua y de los animales domésticos, amagos con arma de fuego, destrucción de parcelas y el riesgo de ser desplazados violentamente, como ya ocurrió en 2010.


    Y entonces, sin aparente explicación, el conocido dirigente de los adherentes de la Sexta en el ejido San Sebastián Bachajón, también en Chilón, Juan Vázquez Guzmán, es asesinado de cinco certeros balazos a la puerta de su casa por personas no identificadas que luego abordaron un vehículo rojo y se perdieron en las carreteras de la impunidad chiapaneca. Esto, la noche el miércoles 24, a las 23 horas.


    En el ejido Jotolá, vecino de San Sebastián Bachajón, las familias adherentes de la Sexta están amenazadas con ser pronto despojadas de sus tierras por el grupo oficialista, con antecedentes penales, de la misma comunidad.


    La señal de alarma, que llevaba zumbando varias semanas, sonó fuerte el sábado 20 de abril cuando la Junta de Buen Gobierno del EZLN, en el caracol de Oventik, emitió un comunicado que detallaba una veintena de incidentes de agresión, algunos graves, en San Marcos Avilés, este año y los dos anteriores. Ese mismo día llegó a San Marcos una misión civil de la Red por la Paz en Chiapas, compuesta por 10 centro de derechos humanos y organismos independientes, para realizar una observación directa de carácter humanitario.


    Esa noche, los grupos oficialistas del PRI, PVEM y PRD amagaron con expulsar a los observadores y despojarlos de sus vehículos, ?aunque haya sangre?. No obstante, la Caravana Civil de Observación cumplió su cometido el domingo 21, y el jueves 25 dio a conocer su reporte, que confirmaba, con vívidos testimonios de las mujeres zapatistas del ejido, lo denunciado por la JBG.


    Apenas unas horas antes habían asesinado a Juan Vázquez, firme defensor del territorio de su pueblo contra el avasallamiento gubernamental, a favor de la explotación turística de las cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, contiguas a San Sebastián Bachajón.


    Las nuevas denuncias en San Marcos Avilés tienen un denominador común con todas las anteriores: se trata de los mismos autores materiales. Sus nombres están detrás de cada agresión. Que se sepa, ninguno ha sido investigado. Más bien lo contrario, trabajan hombro con hombro con la alcaldía de Chilón y desde hace varios años con el respaldo directo del gobierno estatal, con una persistencia ya transexenal.



    La JBG de Oventic ?culpa directamente? a Lorenzo Ruiz Gómez y Ernesto López Núñez, así como a los hijos del primero, Sócrates e Ismael Ruiz Núñez. También los prístas José Cruz Hernández, Santiago Cruz Díaz, Vicente Ruiz López, Manuel Vázquez Gómez y José Hernández Méndez, además de los ?verdes? Rubén Martínez Vásquez, Manuel Díaz Ruiz, Victor Núñez Martínez, Victor Díaz Sánchez y otras 30 personas. Estos agresores ?no dejan vivir en paz? a las bases zapatistas, que ya fueron desalojadas temporalmente en 2010.


    La JBG recuerda que ha denunciado ?los actos vergonzosos de estas personas partidistas? que provocan problemas entre indígenas de la misma comunidad, organizados por los gobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello?. Y apunta: ?La respuesta a nuestras denuncias ha sido de groserías, burlas y más amenazas?.


    El comunicado detalla más de 20 agresiones contra las familias zapatistas desde julio de 2011 hasta el pasado 18 de abril, cuando un zapatista fue despojado de un predio por el edil de Chilón, quien ?mandó un tractor para aplanar un solar de 32 por 25 metros propiedad de Javier Ruiz Cruz, y así empezó a trabajar, resguardado por 120 personas de los diferentes partidos? el 17 de abril. ?Nuestro compañero no pudo hacer nada para defender su propiedad?. Antes, el pasado 29 de enero, Ruiz Cruz había informado a la JBG que el terreno, a orillas de una laguna, ?fue cercada por los agresores?, entre  ?rumores de que se trata de la construcción de un campamento militar?.


    Desde 2011 no han cesado amenazas ni hostigamientos, ?encabezados? habitualmente por el policía municipal y militante del PVEM Lorenzo Ruíz Gómez. La JBG relata diversas agresiones contra las familias autónomas. Ya en marzo de 2012, el priísta Ernesto López Núñez alardeaba ?que los de su partido tienen un nuevo plan? para desalojar a los zapatistas, y que habría una ?segunda etapa para quitarles sus derechos?.


    El 3 de marzo de este año, ?agresores y autoridades del PVEM se reunieron con el principal cabecilla? (el mencionado Ruiz Gómez), quien habría dicho ?que no hay otra forma que asesinar a los hijos de nuestros compañeros? y después pidió a sus cómplices ?que asesinen a Juan Velasco Aguilar y a los demás zapatistas?; sus correligionarios, según la JBG, se dijeron ?listos? para hacerlo y que tienen ?suficientes armas?.



La Red por la Paz informa


    La Red por la Paz en Chiapas sostuvo días después: ?La fuente de la agresión principal es el despojo de las tierras laborables de las bases zapatistas por parte de miembros de los partidos PRI, PVEM y PRD?. El informe privilegia los testimonios de las mujeres del EZLN de San Marcos Avilés, quienes se dijeron hostigadas constantemente por los partidistas: ?Dicen que si salimos solas nos van a violar. Hace dos años murió mi hija de 10 años por tristeza, porque le dijeron muchas veces que la iban a violar?, dijo una. Niños y niñas ?preguntan constantemente porqué no pueden salir a jugar, y sienten la preocupación de sus padres?. Las consecuencias psicológicas ?son fuertes?, sostiene el informe. Según otro testimonio, ?ya no dormimos por el riesgo?.  La discriminación y la exclusión contra los zapatistas ?es marcada?, y las provocaciones ?constantes?.


    Se documentaron diversas amenazas de muerte. ?Por ejemplo, el 27 de marzo autoridades ejidales y municipales se reunieron en un lugar privado para compartir información sobre un hombre zapatista y decidir si lo matarían. Acordaron que una vez ejecutado, harían lo mismo con las demás bases del EZLN?.


    Posteriormente, la misión civil se entrevistó con autoridades oficiales, aunque el edil verde Leonardo Rafael Guirao Aguilar tuvo el tino de no presentarse. Los observadores hablaron no obstante con el delegado de Gobierno Nabor Orozco Ferrer, el síndico Francisco Guzmán Aguilar y otros funcionarios municipales.


  Ante la documentación de las violaciones a los derechos humanos, el síndico ?reconoció el desplazamiento y el despojo de tierras de las bases del EZLN desde 2010, comentando que ?lo que sí es cierto es que los zapatistas compraron tierras, pero se las volvieron a quitar porque no pagan predial, luz ni agua?, pero negó la existencia de una situación de violencia en la actualidad?. El delegado de Gobierno admitió ?que existen intereses políticos detrás de estos sucesos por parte de algunas personas que podrían estar provocando la conflictividad?.


    La misión detectó ?precariedad alimentaria? en las familias del EZLN, y el ?riesgo inminente? de un desplazamiento forzado por acción de los pobladores que se dicen afiliados al PRI, PVEM y PRD. Con su informe, la Red por la Paz expuso con claridad al gobierno ?la gravedad y urgencia de la situación? y le demandó ?acciones inmediatas para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los indígenas pertenecientes al EZLN?.


Desde agosto de 2010


    El inicio de la desventura de la comunidad zapatista San Marcos Avilés fue el establecimiento de la escuela Emiliano Zapata, parte del Sistema Autónomo Educativo Zapatista, en agosto de 2010. Los oficialistas desataron una hostilidad ya latente, y a las pocas semanas las familias zapatistas debieron refugiarse en las montañas durante 33 días. Al regresar, encontraron sus casas y sembradíos saqueados y destruidos.

Las amenazas de expulsión y de muerte alcanzaron proporciones alarmantes en junio de 2011, fecha en la que ya el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señalaba la responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.


    El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda desde entonces el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por la OIT, la ONU y firmado  por el Estado mexicano.


Las 170 personas desplazadas de San Marcos Avilés el 9 de septiembre de 2010, regresaron el 12 de octubre de ese año. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica.


    En septiembre de 2010, la junta denunció que 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente, con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.


    El Frayba documentó entonces que las viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.


    Desde entonces, el centro ha informado en varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta del gobierno.


    Aun cuando la población desplazada decidió retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6 de abril de 2012 se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.


    Más adelante, en agosto del año pasado, nuevamente las bases de apoyo zapatistas denunciaron que se estaría planificando un nuevo desalojo en su contra. Los partidistas se la pasaban en asambleas extraordinarias para discutir estos asuntos, e incluso hicieron público el plan de desalojo violento. La comunidad agredida reportó que estos partidistas estaban tratando de conseguir a más personas en las comunidades de Pantelhó, Corralito y La Providencia para ayudarles en realizar el desalojo.


    Los indígenas en resistencia y perseguidos, unas 200 personas, compraron el terreno hace 13 años y poseen la escritura. Sin embargo, igual que en todo el territorio zapatista, esto no detiene a los gobiernos y siguen entregándole la tierra a otros a cambio del desplazamiento forzado de lo que más temen los de arriba: un buen ejemplo.

Entrevista a Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

COLOMBIA

"La situación represiva en Colombia sigue siendo extremadamente grave"

por Carlos Aznárez

Reynaldo Villalba Vargas, es presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y por lo tanto, un importante defensor de los derechos humanos en Colombia.
Actualmente está en Argentina para difundir la gravedad de la situación que se vive en Colombia, donde ?se siguen violando los derechos individuales día a día, y donde la criminalidad paramilitar, amparada por el Estado, sigue siendo parte de la realidad.?.
Recientemente mantuvo un encuentro con el Secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado, Héctor Carrica,  quien le manifestó la más amplia solidaridad con la lucha del pueblo colombiano.
A continuación damos a conocer la entrevista mantenida con Villalba Vargas, sobre cuáles son los parámetros del conflicto colombiano.



-¿Cómo ve, desde su rol de defensor de derechos humanos la situación actual represiva en Colombia?

-La situación represiva en Colombia sigue siendo extremadamente grave. A la fecha tenemos más de 2.800 sindicalistas asesinados desde 1986, y sólo en los últimos cuatro años la cifra supera los 118. Hay también más de 150 defensores de derechos humanos asesinados desde 2008. El desplazamiento forzado alcanza según algunas cifras, los 4 millones de desplazados, y hay datos que suben a 5 millones. Personas que han sido despojadas violentamente de sus tierras y han sido expulsadas de las mismas, son más de 7 millones.
Nos encontramos en un proceso de paz, que ha sentado a la mesa a las FARC y al Gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo se está aplicando una ley llamada ?de víctimas?, por la que supuestamente se estaría restituyendo tierras a los campesinos desplazados de su territorio, pero desde el año 2006 hasta el presente, ya van más de  70 activistas que reclamaban tierras y han sido asesinados. Eso dice a las claras que no existen garantías, porque cuando se mata a un activista de una región, lo que hace es paralizar de inmediato cualquier tipo de reclamo. La consecuencia obligada de esto, es que las tierras quedan en manos de quienes se beneficiaron del despojo.


-Cuál es su opinión sobre cómo se vienen dando las conversaciones de La Habana?

-El proceso de paz es un anhelo de la mayoría de los colombianos, después de más de 50 años de conflicto armado que hemos vivido todas estas generaciones. Lo que sí queremos es que el proceso, cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, más allá de hacer llegar a la mesa nuestras propuestas sobre los cinco puntos iniciales acordados para discutir ente las FARC y el Gobierno. 
Por supuesto aspiramos que se tengan en cuenta las voces de las víctimas y que se hable cuáles van a ser los términos de verdad, justicia y reparación,
Nos preocupa mucho la posibilidad de que esté en marcha una auto-amnistía. Es decir, que todos los crímenes cometidos por el Estado durante más de medio siglo, vayan a quedar en la impunidad. A finales del año pasado se hizo una reforma constitucional que creó lo que hoy se conoce como el marco jurídico para la paz. Teóricamente esto era para facilitar las conversaciones con las organizaciones al margen de la ley y para facilitar su incorporación a la vida civil,, aunque  muchos sostuvimos que esto no era necesario, ya que la Constitución tenía los elementos jurídicos para facilitar cualquier diálogo. De hecho, la Constitución  y  el  Código Pengal colombiana reconocen el delito político. Incluso se da la posibilidad que el Estado dicte amnistías o indultos a favor de quienes han incurrido en delitos políticos.
Todos esos instrumentos estaban, por ello tenemos el infundado temor de que al final lo que más se esté buscando con este marco jurídico, una excusa para lograr una auto-amnistía.
Otro tema que nos preocupa es que se ha ampliado constitucionalmente el fuero penal militar. Durante muchos años, las organizaciones populares hemos luchado para que ese fueron no se aplicara en relación a violaciones de los  derechos humanos, y que sea la justicia ordinaria la que asumiera esas investigaciones. Eso se logró en la mayor parte de casos, pero con esta reforma última, lo que va a suceder es que todas estas violaciones pasen al fuero militar. Históricamente hemos demostrado como la justicia penal militar no son tribunales eficaces, independientes e imparciales para conocer este tipo de criminalidad, y sobre todo en un país como Colombia, donde existe Terrorismo de Estado y políticas que han facilitado la sistemática violación de los derechos humanos.


-¿Qué nos puede decir de la discusión sobre la problemática agraria?

-Si se produjera un avance en los diálogos de paz, hay que tener claro que lo que han convenido las partes, son negociaciones para poner fin al conflicto armado. Dentro del acuerdo no está el propósito de transformaciones democráticas ni de discusión de los modelos de desarrollo económico. Cuando uno ve los cinco puntos, se da cuenta que eso es así. En cuanto al tema de tierras, por ejemplo, que es sumamente importante para explicar la violencia política en Colombia, lo que se dice es que se discutirá el tema del desarrollo rural integral, que no puede leerse como reforma agraria. Lo que está proponiendo las FARC son zonas de Reserva Campesina. Hoy hay seis zonas creadas por ley o con fundamento legal y las FARC estarían reclamando algo más de 400.  Estas zonas fueron conquistas de los campesinos, que han conformado estas Reservas exitosamente, en cuanto a la organización campesina, a la conservación del medio ambiente y de impedir también que las multinacionales sigan avanzando. Estas están copando todo el país, ha habido en ese sentido más de 9 mil entregas de títulos, incluyendo exploración minera en sitios prohibidos como los páramos, que son fábricas de agua.


-Existen en Colombia numerosos presos políticos, y en ese sentido interesa su opinión sobre este grave y no muy propagandizado aspecto de las consecuencias de la política estatal represiva.

-Obviamente que si el arreglo con el gobierno funciona, buena parte de esos presos y presas deberán salir en libertad. Un tema que se está discutiendo es cuál sería la justicia transicional allí, ya que los tribunales internacionales están impidiendo los indultos para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el Estado está facultado a acordar con los paramilitares, y no exactamente en los mismos términos, con los guerrilleros o con cualquier otra organización al margen de la ley.
Ahora, presos políticos los hay. No sólo los que pertenecen a las organizaciones armadas, FARC y ELN, sino también los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, como el recientemente condenado David Rabelo, del Partido Comunista,  sindicalistas que son judicializados, o campesinos que están luchando por sus reivindicaciones.

-Usted decía que en la mesa de negociaciones sólo se está discutiendo, como propósito, el fin del conflicto armado. Sin embargo, no parece factible que se decida este final, sin que se solucionen las causas por las que en algún momento se empuñaron las armas.

-Como organizaciones sociales decimos, que la paz tiene que entenderse de manera integral, y que tiene que hablarse de reformas y de justicia social, para que esta paz sea duradera y estable. Pero lo que se está diciendo es que primero habría que firmar el fin del conflicto y luego se iniciarían todos los proceso democráticos, con la participación del grueso de la sociedad colombiana.


-Finalmente, ¿qué se va a hacer para terminar con el paramilitarismo? De esto se habla poco, pero es evidente que siguen existiendo.

-Le agradezco la pregunto, puesto que en el anterior gobierno, de Alvaro Uribe Vélez, se hizo una falacia de desmonte de los grupos paramilitares: Hoy, hay ciertas versiones que sugieren que hubo un rearme, pero queda claro que jamás hubo un desmonte de las estructuras políticas, económicas  y militares que sostenían a esos grupos paramilitares.
Lo cierto es que no se trata de un reciclado, sino que el paramilitarismo sigue vigente. El gobierno manifiesta que el paramilitarismo no existe, que eso ya se acabó con la desmovilización, y que lo que se da hoy son bandas criminales dedicadas a la extorsión y al narcotráfico, y de repente le agregan, la minería ilegal.  Son argumentos que se caen por su propio peso. Por ejemplo: las BACRIM no son grupos paramilitares porque no tienen una estructura jerarquizada a nivel nacional como era el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto no tiene validez, porque las AUC se conformaron en el camino de todas las organizaciones paramilitares que había en Colombia, pero no nació el paramilitarismo con ese acuerdo nacional.  ¿Qué ahora se alimentan del narcotráfico y la extorsión? Esa es una realidad de siempre, y lo mismo ocurría con los anteriores grupos de paracos. Ellos mismo lo confesaron. Carlos Castaño decía que ?el 70% de los recursos provienen del narcotráfico?.
El que conozca mínimamente la historia del país sabe que el cuento que hoy quiere hacer creer el gobierno, no es creíble. Por eso, una de las exigencias que le estamos haciendo al gobierno, es que reconozca que el paramilitarismo existe, nunca fueron desarmados, porque entre otras cosas, si se produce un cese definitivo de hostilidades entre la guerrilla y el gobierno, qué pasa con el aparato criminal al interior del Estado y qué pasa con esos grupos de asesinos que el Estado ha creado, sostenido y fundamentado.
Es decir, aquí puede pasar, que aún en proceso de paz, continúe la misma historia, de exterminio de los militantes sociales, políticos, sindicales y estudiantiles.