La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un juicio político contra el presidente, Fernando Lugo, por “incumplimiento en sus deberes de funcionario público y mal desempeño de sus funciones”.
La medida ocurre a una semana de un violento desalojo de campesinos por parte de la policía, donde siete oficiales y nueve granjeros murieron y al menos 100 personas resultaron heridas.
Con esta aprobación corrieron fuertes rumores sobre una posible renuncia de Lugo que incluso se definiría en las próximas horas, pero el propio presidente salió a desmentir estas versiones, asegurando que enfrentará el proceso en su contra.
“Me encontrarán siempre luchando por la justicia social y la paz entre paraguayos” dijo el mandatario. “No voy a presentar la renuncia”, aseguró.
Los incidentes que terminaron con el juicio político, se produjeron en la localidad de Curuguaty a unos 380 kilómetros al nordeste de Asunción.
Al menos 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron en la hacienda Morumbí, del conocido empresario y político paraguayo Blas Riquelme, para desalojar por orden judicial a más de 150 ocupantes.
Dado el sangriento saldo que dejó el desalojo, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, se vio obligado a renunciar días después.
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