La tesis de este artículo es que Venezuela nunca podrá regenerarse como sociedad si no lleva a cabo un ejemplar castigo de los principales responsables de la tragedia venezolana del siglo XXI. Borrón y cuenta nueva, pasar la página, reconciliarnos, dialogar, perdonar, son términos que se escuchan con frecuencia para hablar de la solución a la crisis venezolana. Si esa llega a ser la decisión final el país barrerá la basura debajo de la alfombra y al cabo de poco tiempo tendremos otro bárbaro analfabeto en el poder. Si hay negociación con la pandilla de gánsteres que ha arruinado al país y prostituido a buena parte de nuestro pueblo habremos descendido como sociedad al nivel de esos criminales execrables.
No sé cuántos piensan como yo, si es una mayoría o una minoría, pero cualquiera sea la distribución de opiniones en torno a este dilema fundamental, considero como un imperativo moral insistir sobre la necesidad de aplicar la justicia en Venezuela, como condición necesaria (si no suficiente) para regenerar un país destruido material y espiritualmente.
La Espada de la Justicia
La decisión de llevar este proceso a cabo debería comenzar con un claro enunciado por parte de la Venezuela decente: “Es nuestra intención aplicar un justo y oportuno castigo a los principales responsables del desastre venezolano, producto de la corrupción, ineptitud y abusos de poder de un régimen arbitrario. El llamado Socialismo del Siglo XXI, solo ha sido una acción criminal por parte de una pandilla de malhechores”. Palabras similares fueron pronunciadas por Franklin D. Roosevelt el 7 de octubre de 1942, al habar de los líderes del nazismo y al tener en sus manos la evidencia de las atrocidades cometidas por Hitler contra la población judía. Aquello fue un genocidio y lo que ha pasado en Venezuela tiene la fisonomía de serlo.
De no ser satisfecho, el deseo de justicia se convertirá en sed de venganza. No puedo explicarme la razón por la cual un sector de nuestra sociedad piensa, aún de buena fe, que la negociación y el perdón puedan ser el camino preferido hacia una nueva Venezuela. Yo no lo creo, basado en consideraciones de tipo ético, las cuales deberían tener mayor categoría imperativa que razones de estrategia o pragmatismo político.
“Este es el peor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad”, decía Churchill, al rechazar los acercamientos al nazismo que existían entre algunos sectores de su país. El abogado estadounidense de origen lituano, Murray C. Bernays, decía en esa época: “No enjuiciar a esas bestias sería perder una oportunidad didáctica y terapéutica”. El gobierno estadounidense encargó a Bernays la tarea de preparar un plan para lo que sería el juicio de los criminales nazis. En su concepción original Bernays desechó la idea de que estos crímenes fueran concebidos por personas aisladas. Su concepto fundamental fue que el nazismo fue una conspiración criminal contra la humanidad y que el juicio debería servir para generar en la sociedad alemana el sentimiento de responsabilidad y hasta de culpa hacia la acción de su gobierno. De otra manera, pensaba Bernays, estos crímenes serían atribuidos a una guerra más y la sociedad alemana nunca comprendería la magnitud del crimen que ellos habían apoyado.
Yo encuentro irresistible una comparación de aquel cuadro con lo que se ha vivido en Venezuela y en América Latina en lo que va de siglo. En otras ocasiones he dicho que lo que ha existido en América Latina no es la aparición de regímenes autoritarios aislados sino una conspiración de líderes corruptos en contra de la democracia y de la libertad, a fin de crear un imperio regional autoritario de duración indefinida, en base a deseos de poder y riquezas, poniendo como justificación la liberación de los pueblos oprimidos cuando, en realidad, su común denominador era y es un resentimiento acomplejado en contra de la prosperidad de los países nórdicos. Esa combinación de codicia y complejos de inferioridad explica las actitudes durante estos años de los hermanos Castro, los esposos Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Dilma Roussef, José Mujica, Fernando Lugo, José Miguel Zelaya, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales y de los organismos controlados por ellos: ALBA, UNASUR, PetroCaribe y la OEA de Insulza.
Este concepto de una conspiración regional, aunque evidente y hasta explícitamente formulada repetidamente por algunos de sus líderes como Hugo Chávez, sería difícil de ser aceptado para los propósitos de la aplicación regional de justicia. No existe un organismo que sea capaz de hacerlo. Serán los países individuales que se encargarán de limpiar sus establos, como ya se adelanta en Brasil y, más tímidamente, en Argentina. En el caso de Venezuela será necesario hacerlo a fin de llevar a cabo una labor didáctica entre un pueblo que ha sido prostituido en buena parte y que ha llegado hasta a considerar razonable renunciar a su independencia ciudadana por una lata de leche, una nevera o unas gallinas. Si Venezuela quiere llegar a ser un país de verdaderos ciudadanos y no de borregos debe aplicar la justicia a quienes han sido los principales responsables por esta labor de embrutecimiento.
La magnitud del crimen
El crimen ha sido inmenso múltiple: abuso de poder, pretensiones de permanecer indefinidamente en el poder, corrupción en un nivel nunca visto antes en nuestra historia e ineptitud galopante en el manejo del país por un lumpen ilustrado por un Maduro presidente, un Cabello legislador, una Iris Varela encargada de prisiones y un Luis Salas ministro de la economía. Todo ello combinado con un intento de crear un narco-imperio a base de las dádivas de un petróleo que era de la Nación y no de ellos. Esta letal mezcla de ineptitud y perversidad ha generado una catástrofe que nunca antes habíamos conocido en Venezuela ni en otro país de América Latina. En su magnitud es mucho peor que la catástrofe haitiana, dada la gigantesca brecha existente entre lo que el país podría ser y lo que ha llegado a ser. Y, repito, es un crimen que debe ser castigado de manera ejemplarizante, si es que el país aspira a salir del pantano material y moral en el cual está inmerso.
Quienes son los principales responsables?
El saqueo y destrucción de Venezuela ha sido llevado a cabo por un grupo que estimo entre 500 y 600 delincuentes. En ese grupo están los dos presidentes, los vicepresidentes, los ministros, los titulares de los poderes Judicial, Legislativo (hasta 2015), Electoral y Moral, los presidentes de las principales empresas del estado durante el período, las directivas del Banco Central que entregaron su autonomía y el grupo de banqueros, narco-generales, contratistas y funcionarios cómplices de mayor relieve. Esta es una lista que ya está elaborada, con bastantes datos sobre la conducta de cada quien. Habrá quienes tengan atenuantes, los menos, y recibirían prisión de hasta 10 años y obligación de restitución de sus dineros mal habidos pero habrá otros que sin duda merecerán la máxima pena que se pueda aplicar de acuerdo a las leyes del país.
Debe estructurarse de inmediato una grupo de Investigación
La Asamblea Nacional debe contar entre sus atribuciones la estructuración de un Grupo de Investigación de alto nivel, encargado de elaborar los expedientes y los casos individuales en contra de los 500-600 personajes que estén en la lista para ser investigados y eventualmente enjuiciados. La organización de este grupo y de los juicios que deberían seguir puede ser modelada en base a la organización para Núremberg, aunque no habrá las complicaciones de tener cuatro o cinco países involucrados en la planificación. En Núremberg los finalmente enjuiciados fueron solamente 22 pero sus juicios fueron más elaborados y requirieron mucho más tiempo para la recolección y selección de la información. En Venezuela lo que ha pasado ha pasado a la vista de todos. Los casos de abusos de poder son evidentes y la corrupción es tan gigantesca que no podrá ocultarse fácilmente, si se invierte la carga de la prueba y se pone esa carga en el acusado, a fin de explicar de dónde viene su dinero.
El valor material y moral valor de un Núremberg criollo
El enjuiciamiento de los criminales del socialismo del siglo XXI tendría un doble beneficio para la nación venezolana. En primer lugar, la posible recuperación de centenares (si no miles) de millones de dólares y propiedades que estos criminales tienen en Venezuela y en el exterior. En segundo lugar y aún más importante, el impacto en la población venezolana de la correcta aplicación de la justicia, después de tantas humillaciones y sufrimientos. Ese será un impacto profundamente didáctico para la masa de venezolanos que se dejaron seducir por el paternalismo y prodigalidad irresponsable del régimen de ladrones y accedieron a apoyarlo como contraprestación. Un país no puede progresar con la carga de gente que no contribuye al progreso colectivo sino que se sienta a esperar que el Estado le de dinero y comida y vivienda, educación y salud, todo gratis. El castigo de los culpables, como en el caso de la Alemania post-nazista, ayudará a que esa masa comprenda que no puede vivir como parásitos del estado y que un ciudadano tiene derechos pero también tiene deberes.
Un monumento a los corruptos, como un Anti-Arco de triunfo
Así como en Washington DC existe una pared para honrar a quienes murieron en Vietnam, propongo la erección de una pared o de un anti-arco de triunfo para estigmatizar a quienes destruyeron el país: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Jorge Giordani, Rafael Ramírez, Nelson Merentes, Iris Varela, Diosdado Cabello, los narco-generales, todos los 500-600 criminales de primera línea. Quizás a estos nombres (admito que esto sería más problemático por la posibilidad de cometer injusticias) deberían seguir los nombres (en letras más pequeñas) de los mini- corruptos, los ineptos, los ladronzuelos, los vendidos, los cobardes, los hipócritas, los guabinosos, todos quienes con sus actos de comisión, omisión y cobardía hicieron posible la tragedia venezolana.
Así como los venezolanos deben honrar a sus héroes, así también deben estigmatizar a sus villanos, porque de eso es que se trata la justicia.
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