COMIENZA EL JUICIO DE LOS 6 DIRIGENTES CAMPESINOS |
(AW)Los 6 campesinos Paraguayos, que este gobierno entrego, a un gobierno que mantiene todo el aparato de la represivo y judicial de la dictadura de Stroessner, serán juzgados por su participación en reuniones políticas, luego de haber cumplido ya 5 años y 10 meses de injusta prisión. Hacen un llamado a todos los organismos de derechos humanos y a la solidaridad de los pueblos, que garanticen un juicio justo y como resultado su inmediata libertad. Comunicado Asunción, 2 marzo de 2012 Nos dirigimos a todos/as desde la cárcel de Tacumbú, los seis dirigentes campesinos presos políticos, al llegar hoy a cinco años y diez meses de nuestra injusta detención, que coincide con el inicio de nuestro juicio oral y público. Este juicio que enfrentamos es por nuestra participación en reuniones políticas, llegamos a este juicio con una condena anticipada, ya que el estado paraguayo no reconoce nuestra detención y posterior extradición de la Argentina, en abierta violación a la constitución nacional paraguaya que establece claramente que ninguna persona procesada deberá superar el tiempo de prisión preventiva a la condena mínima, que en este caso es de cinco años.
Este juicio deja un precedente histórico de la débil democracia en el Paraguay, a 23 años de la caída de la dictadura más larga del continente, el régimen de Stroessner, el poder judicial conservador y corrupto pretende condenarnos por nuestra participación en reuniones de un partido político.
Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos a estar atentos ante tanta injusticia que venimos soportando desde hace casi seis años, exigimos un juicio justo y nuestra inmediata libertad.
Les dejamos nuestro abrazo, nuestro cariño, esperando la solidaridad para arrancarnos de esta injusta prisión.
Atentamente.
Los seis dirigentes campesinos presos políticos.
Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basíliano Cardozo, Simeón Bordón, Arístides Vera, Gustavo Lezcano.
facebook: Campesinos Libertad
Comunicado de La Gremial de Abogados.La Gremial de Abogados de Argentina informa que hoy (2/3/2012) comenzó finalmente en Asunción, Paraguay, el juicio a los seis dirigentes campesinos paraguayos extraditados en diciembre de 2008 desde la Argentina.
Como no podía ser de otra manera, en un proceso de por sí irregular y de grosera persecución política, que los tiene presos hace cinco años y diez meses sin posibilidad de defensa, las audiencias empezaron en medio de asombrosas arbitrariedades y falta de respeto a los estándares mínimos del Derecho Internacional en cuanto a las garantías que se le deben a quien se encuentre sometido a un proceso legítimo.
El principal responsable es el Gobierno Argentino que entregó a estos patriotas a una Justicia Facista paraguaya a sabiendas del destino que les esperaba.-
Grave decisión que por primera vez en decenas de años el actual Gobierno rompió con una tradición de solidaridad para con los perseguidos políticos en cualquier lugar del Mundo.-
Paraguay es hoy una inmensa base norteamericana cuyos efectivos tienen iniciativa y presencia sobre gran parte de su territorio.- Además las fuerzas de seguridad y sobre todo el Ministerio Público paraguayo (Fiscalía) son asistidos por asesores colombianos en virtud de tratados expresos llevados adelante por el Gobierno de Lugo.-
* Como ya hemos expresado y denunciado, los seis militantes deberían haber concurrido a juicio gozando del beneficio de la excarcelación, la cual le fue negada por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en abierta violación a las normas del Derecho doméstico e Derecho Internacional y de los Tratados suscriptos con anterioridad.- La Justicia Paraguaya que no acepta, bajo ninguna circunstancia, que nadie pueda estar detenido sin juicio por un espacio de tiempo como el que ellos llevan, viola su propia Constitución que en teoría impide semejante situación cuando el tiempo de prisión preventiva exceda el mínimo de la condena posible y, además, pisoteando los compromisos que oportunamente la Justicia paraguaya asumió ante la argentina (con el silencio y la omisión culpables de nuestro Gobierno).
Además, se incorporó insólitamente al juicio oral a un séptimo acusado, al que se lo juzgará por hechos diferentes, lo que reafirma que este es juicio por "pertenencia a" y no por la comisión de actos específicos.
* Y si faltaran irregularidades, al percatarse el Tribunal juzgador, en la primera audiencia, de que este último acusado no contaba con asistencia jurídica, se procedió a nombrarle una defensa pública a la cual se le concedieron poco más de 72 horas para estudiar una complejísima causa de cientos de cuerpos; convirtiendo en ficción cualquier pretendido derecho a la defensa.
Estas aberraciones y otras peores les fue planteado por nuestra Comisión Directiva tanto al Ministro del Interior, como al Secretario de DDHH de la Nación en forma personal, escrita y en comunicaciones fehaciente.- Todo lo que aquí decimos es absolutamente conocido por nuestro Gobierno Nacional.-
Hoy estos seis patriotas paraguayos del Movimiento Agrario Popular y del Partido Patria Libre se enfrentan a una casi segura condena a reclusión perpetua sin ningún tipo de beneficio.-
Llamamos a las organizaciones argentinas que tanta experiencia poseen en tareas de solidaridad y que tanto compromiso han demostrado en situaciones similares como los casos del vasco Iosu Laríz Iriondo, del italiano Leonardo Bertulazzi, y de tantos compañeros y campañeras luchadores -muchos de ellos hermanos latinoamericanos- extranjeros e internacionalistas que fueron detenidos en la Argentina, a expedirse, manifestarse, tratar de hacerse presente en el Juicio y a utilizar todas las formas posibles de hacerse escuchar acompañando a estos compañeros.-
Así entonces, no sin antes comprometer el mayor esfuerzo de nuestra Gremial por supervisar las condiciones en que este injusto juicio se desarrolle, en denunciar todas y cada una de las irregularidades que se cometan en el mismo y en acercar toda la solidaridad posible para estos luchadores sociales y militantes políticos injustamente acusados y cuyos derechos y garantías han sido impunemente pisoteados por los estados de Paraguay y Argentina.
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