México::ONU apunta hacia el gobierno por actual crimen de desapariciones forzadas

(AW)Distintas Organizaciones de DDHH y ONG denuncian que actualmente hay por lo menos 10 mil mexicanos y mexicanas desaparecidas. Y la cifra asciende a 60 mil si se cuentan los transmigrantes de Centroamérica que viajaban hacia EEUU de los que se perdió rastro en su paso por México, como afirma el Movimiento Migrantes Mesoamericanos. Son personas extraviadas, privadas ilegalmente de su libertad, pero para el Estado esos casos nunca serán desapariciones forzadas, a pesar de que México ha firmado tratados internacionales que le exigen reconocer este delito sin prescripción. Sólo ocho de las 32 entidades han tipificado este crimen, considerado de lesa humanidad. Su presidente Felipe Calderón rechazó hace unos meses crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes de Estado porque dijo "México no es Bosnia ni una dictadura". El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU que visitó México desde marzo de 2011 redactó un informe en el que responsabilizan a agentes del Estado por desapariciones en la guerra contra el narco. "El Grupo recibió información concreta, detallada y verosimil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos", dice el informe, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 5 de marzo próximo. Dicho Consejo, integrado por 47 países elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, entre cuyos miembros figura México, inicia sus deliberaciones 2012 el lunes venidero, contando entre sus oradores "destacados" a Margarita Zavala, esposa del actual presidente mexicano Felipe Calderón. "México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas", y "un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición", un período "fundamental para obtener información" sobre el desaparecido "y evitar su asesinato", añade la ONU. "Personal militar habría interrogado a personas detenidas", a menudo "utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", cuya autoría podría atribuirse a "elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad"; y a veces se observan desapariciones "por cortos periodos de tiempo", lo que se suele denominar "levantones", precisa el documento. A tales fines subraya la necesidad de eliminar de la legislación "la detención mediante arraigo", una medida que habilita la detención de personas "en casas de seguridad" hasta por 80 días, "sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo "su paradero frecuentemente desconocido". El documento menciona "detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares", citando que ciertos hechos de esta naturaleza han sucedido en los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Con todo, las "mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas", constituirían sectores de "particular vulnerabilidad" en padecer desapariciones según la ONU. La discriminación contra mujeres y los casos de desapariciones no se localizarían solamente en Ciudad Juárez, como es de público conocimiento, pues se darían también "en otras regiones", no obstante que la "información pública disponible", es "escasa". "Muchos de los 150 mil migrantes que viajan a través de México anualmente hacia la frontera norte lo hacen por rutas donde el crimen está presente y donde son fácilmente víctimas de secuestro o extorsión", de los cuales 9 mil 578 fueron secuestrados en el lapso de seis meses en 2009, sostiene la ONU. "México sería del país más peligroso para ejercer el periodismo en América", con 13 reporteros desaparecidos desde 2000, cuatro de los mismos en 2010, refiere la ONU, que solicita a México el establecimiento de "un mecanismo nacional de protección de periodistas", en el que se los incorpore a "su diseño, operación y evaluación". El documento recuerda que el actual gobierno hizo saber "que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares". Por tanto, la ONU recomienda "considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública", un "derecho" y un "deber" del Estado, cuyas "acciones correspondientes", sin embargo, no pueden efectuarse "a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas". Extraído de Revista Proceso y Diario La Jornada