Sigue la crisis social en Panamá por la privatización de terrenos.

PANAMÁ-TIERRAS

La Asamblea Nacional de Panamá entró en vigilia desde este jueves y hasta el domingo próximo para decidir si se deroga o modifica la ley que permite la venta de tierras ubicadas en la zona libre de impuestos de la provincia de Colón.

Audios disponibles:

Nembry Barrera, presidente de la Asociación de Educadores de Panamá. (medida de fuerza) - 21 seg. (165 Kb.)

Juan Carlos Varela, vicepresidente de Panamá. (críticas al Presidente) - 29 seg. (228 Kb.)

De este modo, la Asamblea Nacional aguarda los resultados de los diálogos iniciados entre el Gobierno panameño y dirigentes de los habitantes de la provincia en conflicto. Según el presidente del órgano legislativo, Sergio Gálvez, la comisión gubernamental que se encuentra en Colón está elaborando un texto que la Asamblea deberá debatir. Dicho texto será discutido este domingo con la intención de decidir la derogación o modificación de la Ley 72. Esta normativa permite la venta de las tierras ubicadas en la zona libre de impuestos de Colón. Se trata de la región con esas características más grande y antigua de Latinoamérica. Desde la pasada semana, distintos sectores sociales de aquella provincia panameña se movilizan contra la normativa propuesta por el Gobierno. Vale decir que estas movilizaciones de repudio motivaron que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, suspenda la venta de tierras en Colón. Sin embargo, los pobladores continúan con su reclamo. Hasta el momento, las protestas contra la venta de terrenos dejaron un saldo de 3 muertos por la represión policial. Entre ellos, un niño de 9 años que murió el pasado viernes al recibir un proyectil. Este miércoles una nueva marcha concluyó con 35 estudiantes detenidos. La protesta coincidió con otra movilización realizada en conjunto por manifestantes de la provincia de Colón y de la ciudad de Panamá. Vale recordar que este viernes se realiza un paro de 24 horas en apoyo a las demandas de los habitantes de Colón. La sociedad civil y distintos sindicatos apoyan la medida. Entre ellos, el de maestros y de la construcción. (PÚLSAR)