domingo, 6 de enero de 2013

Chile: El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos repudió el atentado que costó la vida al matrimonio Bernard Luchsinger Lemp y Vivianne Mackay.

REPUDIAN MILITARIZACIÓN ORDENADA POR EL GOBIERNO PIÑERA

CUIDADO CON LEY ANTITERRORISTA


?Repudiamos y deploramos los hechos que han provocado la muerte del matrimonio Luchsinger en Vilcún, Región de La Araucanía. Solidarizamos con sus familiares y amigos/as y reiteramos nuestra condena a la violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los problemas de la zona?, sostuvo el organismo a través de un comunicado de prensa.

La instancia llamó a los tribunales de justicia y a los organismos policiales a actuar con la mayor eficacia para identificar a los efectivos responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda. ?El deber del Estado de garantizar los derechos humanos exige no dejar estos hechos en la impunidad?, declaran.

De igual forma rechazaron que se aplique la Ley Antiterrorista. ?Tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos (dicha legislación) vulnera principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables?- sostiene.

El comunicado del INDH concluye que ?la situación del pueblo mapuche debe ser abordada integralmente y generando las condiciones necesarias para un diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos/as los/as involucrados/as, sin exclusiones y con el ánimo de buscar soluciones efectivas a un problema que se ha mantenido por demasiado tiempo. Sólo un esfuerzo decidido en esa dirección podrá poner término a la violencia y acercarnos a una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de todos y todas?.

AMPLIO OPERATIVO POLICIAL /Comunicado de Comunidades en Resistencia

Organizaciones mapuche difundieron que en estos momento se despliega un gran operativo policial en la zona de Cautín y en especial en la zona de tres cerros Yeupeko, ingresando a distintas comunidades de la zona como Juan Catrilaf, Lleupeko Katrileo, Juan Quintrupil, sector el Natre, Llamuco.

?Llamamos a estar atentos pues ya se encuentra un comunero herido de bala por la policía chilena, acusado por este hecho en el hospital de Temuco, y se han producido pequeños enfrentamientos en algunas comunidades pues el control territorial impide a la policía a ingresar a territorio mapuche. Además con la aplicación de la Ley Anti-terrorista se le dan amplias facultades a la policía y se vienen muchas detenciones y montajes contra nuestros dirigentes y nuestras comunidades, como fue en caso anterior, por lo tanto enfrentamos una gran arremetida de represión?-resaltan en un comunicado.

Luego llaman ?a nuestra gente no agachar la frente y conservar la moral de la lucha, las comunidades y weichafe de este territorio intensificaremos día tras día la lucha por nuestra soberanía de esta tierra hasta expulsar a los ricos y al Estado. Debemos entender también que el Estado chileno nunca nos va a brindar justicia, somos un pueblo aparte y tenemos derecho a ejercerla con orgullo y convicción?.

El comunicado lo firma la organización Apoyo Comunidades En Resistencia-Cautin (Temuco).



Atentado reaviva histórico conflicto mapuche
Por Marianela Jarroud




SANTIAGO, 4 ene (IPS) - El ataque incendiario contra una finca rural de la sureña región chilena de la Araucanía, en el que murieron un empresario y su esposa, puso otra vez sobre el tapete el conflicto mapuche. Analistas entienden que pone en evidencia la "ignorancia supina" de las autoridades respecto de la historia nacional.

El incendio sucedió a una serie de ataques ocurridos en las últimas semanas en la denominada "zona roja", epicentro de la lucha del pueblo mapuche, muchas veces violenta y otras tantas reprimida a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad. Son territorios reivindicados por esta etnia aborigen, la principal de Chile conformada hoy por poco más de 700.000 personas. 

Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay murieron como consecuencia del atentado perpetrado en la madrugada de este viernes 4 en la comuna de Vilcún, ubicada 640 kilómetros al sur de Santiago. 

Los informes policiales preliminares señalan que los autores fueron 20 encapuchados que le prendieron fuego a la casa principal de este empresario del sector forestal de 75 años, quien repelió a balazos a los atacantes hasta ser abatido. 

Una persona, que fue detenida horas atrás por la policía en relación con el hecho, está herida de bala. La justicia designó a un fiscal exclusivo para la investigación. 

El gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la invocación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo cual fue rechazado por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideró que esa normativa "vulnera principios del debido proceso". 

Piñera suspendió su agenda oficial y se trasladó de urgencia a la Araucanía, donde anunció la creación de una unidad especializada antiterrorista y una zona de control de tráfico vehicular e identidad de personas en la región. 

Además, confirmó que se aumentará la dotación policial en la zona, exacerbando las críticas que ya se daban por entender que hay una excesiva "militarización". 

"Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando para combatir esta violencia extrema y este terrorismo, y vamos a utilizar todos los instrumentos legales que tengamos a mano", dijo Piñera. 

"Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas y devolverle a esta región el derecho a vivir en paz", añadió. 

Junto a la casona destruida, Carabineros (policía militarizada) encontró panfletos en alusión al asesinato en enero de 2008 del dirigente universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, uno de los 11 indígenas muertos desde que a comienzos de la década del 90 se reactivaron las reivindicaciones de tierras ancestrales. 

El asesinato de Catrileo Quezada se registró en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que murió este viernes y uno de los principales opositores a la demanda mapuche. 

Jorge Luchsinger declaró a Radio Agricultura tras el atentado que la violencia en la zona es insostenible, que en Chile "no hay estado de derecho" y que "la guerrilla está ganando". 

"(Este es) un comando paramilitar, con entrenamiento paramilitar, y no importa dónde estén entrenados, lo que importa es que están actuando", agregó. 

La presunta existencia de un grupo entrenado para actuar violentamente en el marco de la lucha mapuche es compartida por sectores conservadores de Chile. Incluso, el 25 de diciembre, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades se enfrentan a "un enemigo poderoso que goza de apoyo político e internacional", aunque no lo identificó. 

Sin embargo, días después y tras duras críticas por sus dichos, Chadwick aclaró que los "violentistas" son "un grupo muy chico, reducido, de personas muy violentas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche", algo que Piñera reafirmó este viernes. 

Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, advirtió, ante la consulta de IPS, que el espiral de conflictos en la Araucanía podría no tener límites, debido a casi dos décadas de insuficientes respuestas por parte del Estado y de los gobiernos de turno a las demandas mapuches y a la "dramática agenda de orden público y el clima de represión en diversas zonas" de esa región. 

A su juicio, el problema radica en que "nunca el tema indígena ha sido considerado en la cultura de los movimientos políticos, menos en los sectores conservadores, como un tema de derechos políticos". 

Por su parte, el indígena Pedro Cayuqueo, director del periódico Mapuche Times, sostuvo que este ataque incendiario es el reflejo del "abandono de la responsabilidad política de las autoridades para gestionar el conflicto y la insistencia de medidas represivas, que simplemente avivan los antagonismos y que producen este tipo de escaladas". 

"Este es un conflicto histórico y político que demanda salidas que tienen que ver con cambios en el modelo de Estado, de desarrollo, en la visión de cómo Chile se construye como país hacia el futuro", señaló el periodista a IPS. 

Criticó, además, la "ignorancia supina que tienen las autoridades respecto de la historia de este país y especialmente de la historia de esta región". 

Cayuqueo advirtió que "el conflicto más violento está acotado a sectores rurales muy específicos" y que la Araucanía no es "una región en llamas o una región en guerra". Subrayó que la ignorancia "de la historia terrible que vivió esta zona, hace que las autoridades aparezcan sorprendidas de lo que aquí ocurre". 

"Hay un desconocimiento absoluto de cómo llegó (el estado de) Chile a esta región, de cuándo se produjo la invasión militar, de la muerte, de tierra arrasada que implicó esa llegada a esta zona y cómo también se instalaron los colonos, que fueron traídos desde Europa por las autoridades nacionales y a los que se les regaló tierras mapuches", aseveró. 

El periodista mapuche precisó que en el caso específico de la familia Luchsinger, el conflicto con las comunidades locales vecinas a sus tierras data desde hace 90 años, cuando ese clan llegó a Chile proveniente de Suiza. 

Por su parte, el abogado Alberto Coddou, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, llamó a "repensar de manera estructural, con un enfoque sistemático, lo que está haciendo el Estado de Chile en la zona". 

Esto implica "hacerse cargo de toda la historia, quizás repensar el Estado como hicieron Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, que actuaron desde una perspectiva mucho más sistemática la política estatal hacia los pueblos indígenas u originarios", concluyó. 


fuente: IPS



LA VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE HA SIDO PERMANENTE DURANTE DÉCADAS

Hace cinco años el GOPE ? Agente estatal Walter Ramírez Inostroza, asesinó cobardemente por la espalda al joven Mapuche Matías Catrileo

Con la misma fuerza de repudio ante los cobardes e impunes asesinatos y crímenes estatales ? privados de los jóvenes Alex Lemún, a manos del oficial de carabineros Marco Treuer; De Jaime Mendoza Collío, a manos del GOPE Patricio Jara, de la misma manera, todo el repudio y condena al asesino del joven Mapuche Matías Catrileo, el GOPE Walter Ramírez Inostroza, quien cobardemente le dio muerte por la espalda y hoy se mantiene bajo la protección institucional. La familia de Matías señala: ?Tenemos un profundo sentimiento de dolor y rabia por el asesinato de nuestro hijo y hermano"



A través de un comunicado la familia de Matías señala: ?Nuestra indignación aumenta al conocer de cerca el actuar inescrupuloso de la injusticia chilena, que deja en completa impunidad al asesino de Matías, quien además ha incumplido parte de la mísera condena, puesto que nunca ha abandonado las filas de carabineros?. Agregan en otro párrafo: ?Para nosotros es importante enfatizar el legado de lucha consecuente que nos dejó Matías, en que plantea la recuperación de tierras con autonomía, sin transar ni negociar con el Estado. El mismo decía: ?La recuperación sin autonomía no vale de nada, porque se sigue ligado al Estado chileno?.


Sobre la justicia ante su caso, indican: ?Es posible que en un futuro no muy lejano la comisión interamericana de derechos humanos condene al estado chileno por estos y otros casos que ocurren a diario en el Wallmapu, entonces veremos a connotados dirigentes de turno rasgar vestiduras por los hechos ocurridos. Claro está que no es necesario esperar que la justicia nos venga desde afuera para detener los abusos de poder que están pasando hoy aquí?


Por otro lado, señalan: ?Visualizamos al estado chileno como máximo responsable de las violaciones de DDHH, ya que todos los Poderes están coludidos al servicio del capital. El poder ejecutivo criminaliza la lucha social, para justificar la represión en el Wallmapu, el legislativo por su parte genera leyes que protegen el actuar de las fuerzas represoras y el judicial interpreta las leyes a conveniencia de los poderes fácticos?.

Finalizan indicando: ?Manifestamos nuestro absoluto repudio a latifundistas, quienes cobarde y groseramente han amenazado a los peñi y sus familias de las comunidades en resistencia. Latifundistas que se creen dueños de muestras vidas, amenazando abiertamente que tomaran la justicia por sus propias manos. Así como lo hizo Jorge Luchsinger quien dijo ?si hay que sacarlos a balazos, se los saca nomas? (Luchsinger, 2005) y el 2008 muere asesinado Matías en uno de sus fundos? y terminan el comunicado con la siguiente frase: ?Hemos comprobado que la justicia chilena no existe para el weichafe asesinado. Pero también hemos comprobado que las balas no matan los ideales y nuestro pueblo mapuche sigue más vivo que nunca?.


Los hechos del crimen y el proteccionismo al asesino


Cabo Ramírez: ?¿Con qué elementos estarían atacando??

Otro carabinero: ?piedras, piedras y están quemando unos fuegos que tenían acá, pero por la parte posterior, posterior?.

Cabo Ramírez: ?Mándale un balazo?.

Esto es parte del diálogo registrado en la radio interna de Carabineros poco antes de la muerte a tiros por la espalda del universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, durante incidentes ocurridos el 3 de enero del 2008 en un fundo Santa Margarita, reclamado por comunidades en las cercanías de Temuco (Vilcún).

¡Mándale un balazo! Fue el inicio de un asesinato dirigido y el inicio de una oleada de inusitada represión en contra de la protesta social Mapuche y de una seguidilla de montajes y persecuciones. Matías Catrileo Quezada fue un joven Mapuche, luchador social, quien en medio de las movilizaciones por la defensa y la Recuperación territorial para su Pueblo, fue asesinado por la espalda por este agente de Estado quien no solo ha quedado en la impunidad con una irrisoria condena establecida por la competencia de los tribunales militares sino además es protegido y cubierto por un sector de carabineros quien lo mantiene en servicio activo.

Cabe mencionar que la investigación sobre la muerte de Matías, confirmó que 3 disparos de una subametralladora Uzi perforó por la espalda el pulmón del joven. Por este hecho, el cabo 2º Walter Jhonattan Ramírez Inostroza, miembro del GOPE (Grupo DE operaciones especiales) fue imputado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. Se dijo de un enfrentamiento, de que los mapuches estaban armados, sin embargo el 29 de junio 2008 la Policía de Investigaciones confirmaba la ausencia de pólvora en las manos del joven acribillado. Este último dato descartaba que la víctima hubiese disparado una escopeta u otra arma de fuego al momento de ser tiroteado.

El GOPE Ramírez, además de ser el responsable de ser el autor material del disparo en contra del universitario, aparece, según la grabación, alentando a que se probara puntería sobre los manifestantes o alguno de ellos en particular.

A pesar de ello, el 19 de agosto del 2010 la Corte Marcial de Valdivia condenó al Cabo a una irrisoria pena de sólo 3 años y un día de pena remitida (firmando), esto pese a que el mismo Fiscal Militar de Temuco había solicitado 10 años de presidio efectivo, lo que ha permitido que el GOPE continúe ejerciendo funciones al interior de la institución de carabineros y sea protegido por el alto mando trasladándolo de lugares.

Hoy, recientemente, la Contraloría general de la república, una de las instancias más conservadoras de la institucionalidad estatal chilena, dictaminó que este asesino, podía continuar en funciones activas al interior de la institución de carabineros.


La irresponsabilidad del gobierno y la prensa con el Pueblo Mapuche

La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, manifiesta su repudio al acto incendiario ocurrido en la casa patronal del fundo Lumahue, de la Región de la Araucanía, Chile, en donde resultaron muertos el empresario Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivianne Mckay, que se encontraban al interior del inmueble en el momento del ataque.


Fuente: adkimvn.wordpress.com


Como realizadores(as) y comunicadores(as) indígenas creemos que los conflictos que aquejan al Pueblo Mapuche no pueden resolverse en ningún caso por medio de la violencia, ni tampoco encontrando culpables por adelantado a un proceso de investigación pertinente.


En este sentido hacemos un llamado a los medios de comunicación de Chile a no reforzar las suposiciones y el clima de hostilidad que ha generado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, hacia nuestros hermanos y hermanas indígenas, a partir de un hecho aislado como este.


Asimismo, consideramos que la importancia y la gravedad que se le ha dado al tema a nivel gubernamental, se contrapone al poco interés que han demostrado las autoridades tanto políticas como judiciales, frente a la muerte de otras personas cuyas vidas eran igual de valorables, como es el caso del mismo Matias Catrileo, en cuyo nombre supuestamente se habría realizado este ataque.


Consideramos que el gobierno, a través de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha sido tremendamente irresponsable en el manejo de las demandas del Pueblo Mapuche, enfocando permanentemente la mirada pública hacia la condena de un terrorismo que existe más en la mente de las mismas autoridades que en las intenciones de nuestros hermanas y hermanos.


De esta forma, la raíz del problema ha permanecido oculta por el amarillismo de los medios masivos de comunicación que, en su mayoría, prefieren sumarse a la atmósfera de alarma creada por el gobierno, lo cual se manifiesta principalmente en la poca variedad de fuentes indígenas a las cuales se recurre al momento de construir la noticia.


Esta y otras tendencias en las que recae la prensa nacional dan cuenta de que discursivamente ya se han encontrado culpables, y refuerzan la creencia generalizada de que el problema se soluciona sólo con más represión y medidas de seguridad, cuando la verdad es que depende directamente de la voluntad por parte del mundo político, de fomentar en la sociedad chilena una verdadera aceptación de la identidad mestiza y una valoración de la forma de vida indígena en todos sus niveles, que implique a su vez reparar el daño hecho a nuestros pueblos durante todos estos años en que los hemos maltratado, concibiéndolos como seres humanos y ciudadanos de segunda categoría.

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