SOBERANÍA
En la década del 60 el Reino Unido expulsó a través de la fuerza a los 2.000 habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, y se la alquiló a Estados Unidos para que arme allí una base militar con rápido acceso a Asia y África.
Ante presiones judiciales y políticas por ese acto de violencia, en 2010 el gobierno británico estableció que la zona se convierta en una reserva marina protegida.
El Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), que nuclea a los sobrevivientes de la población original expulsada y sus descendientes, denunció ante la justicia que esa decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar ya que son una comunidad esencialmente pesquera.
Luego de un proceso judicial, trabado por grandes demoras, un tribunal de Londres decidió hoy desestimar esa acusación y falló que la creación del área de protección marina “es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)”.
“Es decepcionante para los chagosianos, algunos de los cuales no podrán ser capaces de sobrevivir si se nos saca nuestro derecho a la pesca, el único vínculo que nos queda con nuestra patria desde que el Reino Unido nos expulsó ilegalmente”, señaló el CRG en un comunicado.
La agrupación expresó que está “a favor de la conservación de ese paraíso natural” pero que más peligroso para el medioambiente es la base militar estadounidense que “causó enormes daños en los corales, destruyó vegetación y produjo derrames de petróleo en reservorios de agua dulce”.
El fallo atenta contra el derecho de autodeterminación que tienen los chagosianos que, a diferencia de los habitantes de Malvinas, fue reconocido mundialmente y hasta por la propia justicia británica en sentencias anteriores.
Londres se resguarda en ese principio para no negociar el archipiélago en disputa de soberanía con Argentina, pero se lo niega a los chagosianos que sí son una población nativa diferente a la metrópoli conquistadora.
El canciller argentino Héctor Timerman mencionó este caso en junio de 2011, en un discurso ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, al afirmar que “el Reino Unido se escuda en el principio de libre determinación como una excusa para no negociar la Cuestión Malvinas”.
El vínculo entre ambos territorios tiene nombre: Colin Roberts, máximo responsable del autodenominado Territorio Británico del Océano Índico cuando se creó el área de protección que les negó sus derechos a los chagosianos, y designado por la cancillería británica como próximo gobernador de Malvinas.
El funcionario fue uno de los testigos clave durante el reciente juicio ya que en el cable “09LONDON1156” de Wikileaks reconoció que “el establecimiento de una reserva marina podría ser la forma más eficaz a largo plazo para evitar un reasentamiento”.
“El lobby ambiental británico es más poderoso que los abogados de los chagosianos”, opinó Roberts, de acuerdo a la información que el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó como confidencial.
El peso de las evidencias que aportó Wikileaks es tan fuerte, que por primera vez en el Reino Unido uno de sus cables iba a ser utilizado como prueba judicial.
Sin embargo, los magistrados luego lo desestimaron por presiones del gobierno británico que argumentó que esa información fue obtenida de forma ilegal y que viola los derechos diplomáticos de la Convención de Viena.
El fallo atenta contra el derecho de autodeterminación de los chagosianos, un pueblo expulsado de su hogar por el gobierno británico, y contradice el argumento que utiliza ese país en Malvinas.
En la década del 60 el Reino Unido expulsó a través de la fuerza a los 2.000 habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, y se la alquiló a Estados Unidos para que arme allí una base militar con rápido acceso a Asia y África.
Ante presiones judiciales y políticas por ese acto de violencia, en 2010 el gobierno británico estableció que la zona se convierta en una reserva marina protegida.
El Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), que nuclea a los sobrevivientes de la población original expulsada y sus descendientes, denunció ante la justicia que esa decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar ya que son una comunidad esencialmente pesquera.
Luego de un proceso judicial, trabado por grandes demoras, un tribunal de Londres decidió hoy desestimar esa acusación y falló que la creación del área de protección marina “es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)”.
“Es decepcionante para los chagosianos, algunos de los cuales no podrán ser capaces de sobrevivir si se nos saca nuestro derecho a la pesca, el único vínculo que nos queda con nuestra patria desde que el Reino Unido nos expulsó ilegalmente”, señaló el CRG en un comunicado.
La agrupación expresó que está “a favor de la conservación de ese paraíso natural” pero que más peligroso para el medioambiente es la base militar estadounidense que “causó enormes daños en los corales, destruyó vegetación y produjo derrames de petróleo en reservorios de agua dulce”.
El fallo atenta contra el derecho de autodeterminación que tienen los chagosianos que, a diferencia de los habitantes de Malvinas, fue reconocido mundialmente y hasta por la propia justicia británica en sentencias anteriores.
Londres se resguarda en ese principio para no negociar el archipiélago en disputa de soberanía con Argentina, pero se lo niega a los chagosianos que sí son una población nativa diferente a la metrópoli conquistadora.
El canciller argentino Héctor Timerman mencionó este caso en junio de 2011, en un discurso ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, al afirmar que “el Reino Unido se escuda en el principio de libre determinación como una excusa para no negociar la Cuestión Malvinas”.
El vínculo entre ambos territorios tiene nombre: Colin Roberts, máximo responsable del autodenominado Territorio Británico del Océano Índico cuando se creó el área de protección que les negó sus derechos a los chagosianos, y designado por la cancillería británica como próximo gobernador de Malvinas.
El funcionario fue uno de los testigos clave durante el reciente juicio ya que en el cable “09LONDON1156” de Wikileaks reconoció que “el establecimiento de una reserva marina podría ser la forma más eficaz a largo plazo para evitar un reasentamiento”.
“El lobby ambiental británico es más poderoso que los abogados de los chagosianos”, opinó Roberts, de acuerdo a la información que el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó como confidencial.
El peso de las evidencias que aportó Wikileaks es tan fuerte, que por primera vez en el Reino Unido uno de sus cables iba a ser utilizado como prueba judicial.
Sin embargo, los magistrados luego lo desestimaron por presiones del gobierno británico que argumentó que esa información fue obtenida de forma ilegal y que viola los derechos diplomáticos de la Convención de Viena.
CONFLICTO
El pueblo expulsado denuncia el "doble estándar" de Gran Bretaña sobre el derecho de autodeterminación
La titular del Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), Marie Sabrina Jean, denunció hoy que el Reino Unido tiene un “doble estándar” sobre el derecho de autodeterminación al invocar ese principio en las Islas Malvinas, pero negárselo al pueblo que ella representa.
El padre de Jean fue uno de los casi 2 mil chagosianos que en la década del ´60 fueron expulsados por el imperio británico del archipiélago de Chagos, en el Océano Indico, con el solo objetivo de alquilarle el lugar a Estados Unidos para que pueda armar allí una base militar.
Ella nació en la Isla Mauricio, que junto a las Seychelles fueron los lugares donde el Reino Unido trasladó a los chagosianos.
Nadie le preguntó a este pueblo, que a diferencia de los habitantes de Malvinas sí son una población nativa diferente a la metrópoli conquistadora, para que decidan sobre su soberanía.
Pero a la distancia, y luego de casi medio siglo, los sobrevivientes y sus descendientes siguen luchando por volver a su hogar.
“Tenemos derecho a regresar a nuestra casa, donde nuestros padres y ancestros vivieron”, comentó Jean en una entrevista con Télam.
La activista recalcó su enojo “porque el Reino Unido habla del derecho de autodeterminación de los habitantes" de Malvinas pero "nos niega a nosotros ese mismo derecho”.
Explicó que hay “un doble estándar” donde “la diferencia la hace que ellos son blancos y nosotros negros”.
Tampoco son recibidos por el canciller británico, William Hague, que “nunca tiene tiempo para nosotros”, sostuvo la presidenta del CRG.
Los chagosianos tuvieron hoy un revés judicial cuando un tribunal de Londres sentenció que el área de protección marina que el gobierno británico estableció en el archipiélago en 2010 “es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)”.
Este pueblo había denunciado que la decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar, ya que son una comunidad esencialmente pesquera.
“Estamos examinando con nuestros abogados los detalles del fallo y si nos lo recomiendan, apelaremos la decisión”, manifestó Jean.
También comentó que están evaluando “los próximos pasos” en su pelea, que incluye defender su caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas.
Ella nació en la Isla Mauricio, que junto a las Seychelles fueron los lugares donde el Reino Unido trasladó a los chagosianos.
Nadie le preguntó a este pueblo, que a diferencia de los habitantes de Malvinas sí son una población nativa diferente a la metrópoli conquistadora, para que decidan sobre su soberanía.
Pero a la distancia, y luego de casi medio siglo, los sobrevivientes y sus descendientes siguen luchando por volver a su hogar.
“Tenemos derecho a regresar a nuestra casa, donde nuestros padres y ancestros vivieron”, comentó Jean en una entrevista con Télam.
La activista recalcó su enojo “porque el Reino Unido habla del derecho de autodeterminación de los habitantes" de Malvinas pero "nos niega a nosotros ese mismo derecho”.
Explicó que hay “un doble estándar” donde “la diferencia la hace que ellos son blancos y nosotros negros”.
Tampoco son recibidos por el canciller británico, William Hague, que “nunca tiene tiempo para nosotros”, sostuvo la presidenta del CRG.
Los chagosianos tuvieron hoy un revés judicial cuando un tribunal de Londres sentenció que el área de protección marina que el gobierno británico estableció en el archipiélago en 2010 “es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)”.
Este pueblo había denunciado que la decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar, ya que son una comunidad esencialmente pesquera.
“Estamos examinando con nuestros abogados los detalles del fallo y si nos lo recomiendan, apelaremos la decisión”, manifestó Jean.
También comentó que están evaluando “los próximos pasos” en su pelea, que incluye defender su caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas.
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