MEXICO
Ayer, la primera Convención Nacional contra la Imposición, que
reúne a más de dos mil delegados de unas 300 organizaciones
sociales de 29 entidades ?entre las más destacadas, el movimiento
estudiantil #YoSoy132, el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?, que se lleva a
cabo en San Salvador Atenco, acordó un plan de acción que incluye
tomas o bloqueos de instalaciones de Televisa, manifestaciones en
diversos puntos del país, protestas cívicas para el 1º, 6 y 15 de
septiembre ?fechas de la entrega del informe presidencial al
Legislativo, del plazo límite para el fallo del tribunal
electoral (TEPJF) y de la fiesta de la Independencia,
respectivamente?, así como un cerco al Palacio Legislativo el
primero de diciembre, en caso de que se declare procedente la
asunción de la Presidencia por el aspirante priísta, Enrique Peña
Nieto.
De esta manera, el conflicto generado por los vicios del proceso
electoral ?aún en curso, habida cuenta de que no ha sido
calificado por la instancia judicial correspondiente? toma dos
cursos de desarrollo diferenciados, aunque relacionados entre sí:
por una parte, el recurso judicial interpuesto ante las
instituciones electorales por el Movimiento Progresista, la
coalición que postuló a la Presidencia a Andrés Manuel López
Obrador, que se ha inconformado ante el desaseo y las
ilegalidades a las que recurrió el priísmo para lograr los
resultados favorables que le atribuye el Instituto Federal
Electoral; por la otra, una resistencia social creciente y cada
vez más articulada, para la cual es inaceptable el eventual
retorno del PRI a la Presidencia por medio de un político con
antecedentes represivos y de violaciones graves a los derechos
humanos, y cuya campaña es considerada por diversos sectores
sociales un intento de imposición de la televisión comercial y de
otros poderes fácticos.
Lo peor que podría hacerse en este delicado escenario sería
regatear el análisis de los factores que lo configuran y
menospreciar los descontentos acumulados no sólo durante el
sexenio que está por terminar, sino a lo largo del ciclo
neoliberal que empezó hace 30 años bajo presidencias priístas.
Atribuir la oleada de indignación a una supuesta manipulación
política lopezobradorista o suponer que la reunión que tiene
lugar en Atenco es un mero brazo operativo del Movimiento
Progresista conduciría a minimizar la energía de expresiones
sociales autónomas, tanto estudiantiles como agrarias y
sindicales, que deben su gestación y su desarrollo no a la
campaña presidencial de las izquierdas, sino al cúmulo de
agravios perpetrados por las pasadas cuatro o cinco
administraciones federales, por buena parte de las estatales y
por el poder de un grupo político-mediático empresarial de
características claramente oligárquicas.
En tal circunstancia, la manera deseable de resolver el conflicto
poselectoral es mediante un fallo sereno, apegado a derecho y con
altura de miras por el tribunal electoral, cuyos integrantes
tendrían que tomar en cuenta, además de la estricta legalidad o
ilegalidad del proceso electoral, su legitimidad o la falta de
ella. Es decir, los magistrados del TEPJF tendrían que contrastar
los resultados expuestos por el IFE con los criterios de validez,
justicia y eficacia que ha de reunir una decisión institucional y
actuar en consecuencia, adoptando las soluciones previstas en las
normas legales para los diferendos electorales. De esa decisión
depende, en buena medida, que el país pueda conducirse a un
restablecimiento de la plena legitimidad presidencial
?deficitaria, en el curso de la administración que está por
terminar?, preservar la gobernabilidad y superar las fracturas
sociales acumuladas por dos elecciones sucesivas impugnadas.
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Ayer, la primera Convención Nacional contra la Imposición, que
reúne a más de dos mil delegados de unas 300 organizaciones
sociales de 29 entidades ?entre las más destacadas, el movimiento
estudiantil #YoSoy132, el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?, que se lleva a
cabo en San Salvador Atenco, acordó un plan de acción que incluye
tomas o bloqueos de instalaciones de Televisa, manifestaciones en
diversos puntos del país, protestas cívicas para el 1º, 6 y 15 de
septiembre ?fechas de la entrega del informe presidencial al
Legislativo, del plazo límite para el fallo del tribunal
electoral (TEPJF) y de la fiesta de la Independencia,
respectivamente?, así como un cerco al Palacio Legislativo el
primero de diciembre, en caso de que se declare procedente la
asunción de la Presidencia por el aspirante priísta, Enrique Peña
Nieto.
De esta manera, el conflicto generado por los vicios del proceso
electoral ?aún en curso, habida cuenta de que no ha sido
calificado por la instancia judicial correspondiente? toma dos
cursos de desarrollo diferenciados, aunque relacionados entre sí:
por una parte, el recurso judicial interpuesto ante las
instituciones electorales por el Movimiento Progresista, la
coalición que postuló a la Presidencia a Andrés Manuel López
Obrador, que se ha inconformado ante el desaseo y las
ilegalidades a las que recurrió el priísmo para lograr los
resultados favorables que le atribuye el Instituto Federal
Electoral; por la otra, una resistencia social creciente y cada
vez más articulada, para la cual es inaceptable el eventual
retorno del PRI a la Presidencia por medio de un político con
antecedentes represivos y de violaciones graves a los derechos
humanos, y cuya campaña es considerada por diversos sectores
sociales un intento de imposición de la televisión comercial y de
otros poderes fácticos.
Lo peor que podría hacerse en este delicado escenario sería
regatear el análisis de los factores que lo configuran y
menospreciar los descontentos acumulados no sólo durante el
sexenio que está por terminar, sino a lo largo del ciclo
neoliberal que empezó hace 30 años bajo presidencias priístas.
Atribuir la oleada de indignación a una supuesta manipulación
política lopezobradorista o suponer que la reunión que tiene
lugar en Atenco es un mero brazo operativo del Movimiento
Progresista conduciría a minimizar la energía de expresiones
sociales autónomas, tanto estudiantiles como agrarias y
sindicales, que deben su gestación y su desarrollo no a la
campaña presidencial de las izquierdas, sino al cúmulo de
agravios perpetrados por las pasadas cuatro o cinco
administraciones federales, por buena parte de las estatales y
por el poder de un grupo político-mediático empresarial de
características claramente oligárquicas.
En tal circunstancia, la manera deseable de resolver el conflicto
poselectoral es mediante un fallo sereno, apegado a derecho y con
altura de miras por el tribunal electoral, cuyos integrantes
tendrían que tomar en cuenta, además de la estricta legalidad o
ilegalidad del proceso electoral, su legitimidad o la falta de
ella. Es decir, los magistrados del TEPJF tendrían que contrastar
los resultados expuestos por el IFE con los criterios de validez,
justicia y eficacia que ha de reunir una decisión institucional y
actuar en consecuencia, adoptando las soluciones previstas en las
normas legales para los diferendos electorales. De esa decisión
depende, en buena medida, que el país pueda conducirse a un
restablecimiento de la plena legitimidad presidencial
?deficitaria, en el curso de la administración que está por
terminar?, preservar la gobernabilidad y superar las fracturas
sociales acumuladas por dos elecciones sucesivas impugnadas.
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