La mayoría de los abortos se realizaron en Montevideo y en la salud privada, dijo el viceministro a la secretaría de Comunicación de Presidencia.
“No se han reportado ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hemos tenido problemas graves; sí algunos problemas con respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, que la ley establece cinco días de reflexión, pero hay que ir afinándolo con el desarrollo de la implementación”, sostuvo Briozzo.
En el hospital público Pereira Rossell, la mayor maternidad del país, entre un 10% y un 20% de las usuarias que se asesoraron decidieron continuar con el embarazo “lo que ratifica que se trata de una ley pro-derechos y no pro-aborto”, añadió.
La implementación de la ley, precedida de una fuerte polémica, ha tropezado, no obstante, con algunas dificultades debido al rechazo de decenas de médicos, que han presentado un recurso en contra de la norma; al tiempo que otros denunciaron que están siendo presionados por las autoridades por haber interpuesto una objeción de conciencia para no realizar abortos.
Aproximadamente un 30% de los ginecólogos manifestaron su objeción de conciencia, indicó Briozzo, quien explica el fenómeno indicando que “en general cuando estas leyes comienzan hay mucha desinformación, mucho miedo a los cambios y la objeción de conciencia es tomada muchas veces como un resguardo”.
El caso más llamativo es el del departamento de Salto (noroeste de Uruguay), donde todos los ginecólogos presentaron objeción de conciencia y las usuarias han tenido que ir a otro departamento para interrumpir su embarazo.
Allí el ministerio analiza enviar nuevos profesionales o regionalizar la atención, indicó Briozzo. Según el viceministro de Salud Pública, existe una “confusión generalizada” sobre “los alcances de la objeción de conciencia”.
“Es un problema que tenemos que abordar de manera responsable y cuidadosa”, sostuvo, indicando que se convocará en marzo a un taller para analizar la objeción de conciencia en la práctica sanitaria, sus límites y alcances.
Briozzo invitó, además, “a todos los profesionales de la salud a reflexionar profundamente con respecto a lo que significa el valor fundamental de la profesión médica y de los equipos de salud”.
La ley prevé no penalizar la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación si la mujer se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.
Luego de cinco días de reflexión de la mujer, se podrá realizar el aborto a través de medicamentos y de forma ambulatoria, salvo que la historia clínica de la paciente requiera internación.
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