La Corte Suprema falló que un grupo de organizaciones de derechos humanos y de periodistas no puede impugnar el programa de vigilancia nacional sin órdenes judiciales del gobierno debido a que no pueden probar que fueron blanco del mismo. En una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, la mayoría conservadora de la Corte dictaminó que los demandantes carecían de “fundamentos” o de jurisdicción para proceder debido a que no podían probar que habían sido espiados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y una coalición de grupos de derechos humanos y de periodistas entablaron la demanda en 2008, horas después de que el Presidente Bush promulgara enmiendas que le otorgaron al gobierno poder casi absoluto para vigilar las llamadas telefónicas internacionales y los correos electrónicos de los estadounidenses.
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