"Los 10 de Luluncoto" fueron declarados culpables.

ECUADOR. MILITANTES SOCIALES CONDENADOS POR "TERRORISMO"

(AW) Tras permanecer un año en prisión en Quito, los presos políticos denominados "Los 10 de Luluncoto" (siete varones y tres mujeres) fueron condenados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador por "tentativa de terrorismo". Fueron acusados de detonar tres bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca durante la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en diciembre de 2011. La detención se efectuó el 3 de marzo de 2012 cuando los militantes trataban en una reunión su participación en la Marcha Plurinacional por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos que se realizaría al día siguiente, organizada por comunidades indígenas. La defensa apelará la condena y llevará el caso a instancias internacionales. Apenas unos días después del triunfo electoral de Rafael Correa, se conoció en Ecuador una sentencia condenatoria a los llamados "10 de Luluncoto". Los diez militantes fueron detenidos en el Operativo Sol Rojo, realizado hace un año en ese barrio de Quito, acusados por "tentativa de sabotaje y terrorismo". Para el mandatario reelecto, se trató de un acto de la Justicia, ya que "en un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas". Sin embargo, participó de la acusación el Ministro del Interior. El dirigente ambientalista, Alberto Acosta, expresó que la estrategia del gobierno fue tomar presos políticos, con el objetivo de "descalificar la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos". En la noche del martes pasado, los jueces del Tribunal Tercero de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dieron sentencia de un año de cárcel a "Los 10 de Luluncoto" por tentativa de terrorismo, un delito tipificado en el numeral 1 del artículo 160 del Código Penal. Se trata de una figura jurídica que data del año 1972, por lo cual una veeduría internacional dirigida por el reconocido juez español Baltasar Garzón pidió en su informe final de diciembre del 2012 que se revise la tipificación del delito del terrorismo en las leyes penales. Asimismo, en un informe preliminar se habían referido al caso de "Los 10 de Luluncoto" al decir: "Ponemos de manifiesto la inquietud suscitada por unos hechos cuya calificación jurídica penal se sustenta en una antigua ley, con un supuesto de hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta". El hecho concreto investigado fue la colocación de "bombas panfletarias" en las ciudades de Quito y Cuenca en diciembre de 2011, en contra de una visita a la capital ecuatoriana del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los panfletos estaban firmados por una desconocida entidad "Fuerzas armadas insurgentes revolucionarias del Ecuador" que llamaban a conformar un "Grupo de Combatientes Populares". Un hecho que fue mínimamente retratado en la prensa argentina. Sin embargo, para el Presidente Correa fue motivo de preocupación: "Esas bombas panfletarias con el llamado a la lucha armada, a la violencia, es un delito en Ecuador y eso es lo que se está investigando". Para grupos de derechos humanos, la causa fue otra. Y es que los detenidos participaban de la organización de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, que se hizo en marzo del año pasado, semanas después de la detención de los diez. Amnistía Internacional se había pronunciado por el caso y relevó que entre los elementos presentados como evidencia se encuentran: "objetos como camisetas del Che Guevara y una pañoleta del FMLN de Nicaragua, así como CD's de música protesta, películas, libros de derecho constitucional, folletos de varias organizaciones sociales, cuadernos de la Universidad Central, en la que algunos de los detenidos estudian, libros y materiales de prensa, la Constitución de la República, el periódico "El Ciudadano", y un documento gubernamental titulado Defiende la Democracia". "¡Que las liberen, que no son terroristas, luchaban por la vida y hoy son presas políticas!", fue uno de los cantos durante las movilizaciones en solidaridad. De entre los presos, se destacó el caso de las mujeres. Una de ellas, Fadua Tapia, se la mantuvo en arresto domiciliario por encontrarse embarazada en el momento de su detención, con el riesgo de que podía ser separada de su bebé al nacimiento. Los siete hombres fueron beneficiados por un habeas corpus: Pablo Castro, Royce Gómez, Santiago Gallegos, Luis Merchán, Héctor Estupiñán, Víctor Hugo Vinueza, César Zambrano. Pero Cristina Campaña y Abigaíl Heras siguieron detenidas en la cárcel de mujeres, por lo cual se inició la campaña "Yo las quiero libres mariposas". Por su parte, Alberto Acosta al enterarse de la condena expresó: "¡Lamentable, pensar distinto no es terrorismo! La sentencia contra los 10 de Luluncoto, a partir de una figura ambigua e imprecisa de pertenencia a un `grupo subversivo´ resulta indignante. De esta manera la justicia con esta sentencia pierde su sentido y termina convertida en un instrumento del Poder Ejecutivo". El abogado Marco García dijo que en la condena se violó el derecho a la defensa y que es de "un tipo penal del cual no podemos defendernos". Como los presos ya cumplieron su año en prisión, se trata de "Una condena simbólica, un mensaje de miedo a la sociedad". "¿Qué entendemos por terrorismo? Yo entiendo terrorista a aquel que siembra terror a inocentes", había expresado Correa en la famosa Cumbre del UNASUR (Bariloche, 2009) donde se discutió el conflicto con Colombia para las FARC. Años después, un Ministerio de su gobierno impulsó una causa donde se juzgó a militantes sociales bajo el mismo título de terroristas. Antecedente en Argentina. En nuestro país, se modificó la legislación anti-terrorista en diciembre de 2011, a pedido de organismos financieros internacionales, donde se hicieron más difusas las características del delito y duplicó las penas previstas. Por la presión de organizaciones sociales, se agregó un artículo que pone como excepción las protestas por "derechos humanos". Sin embargo, en enero del 2012, un fiscal de Catamarca detuvo a asambleístas contra la megaminería bajo el título de terroristas, pero por la trascendencia que tomó el caso, afortunadamente la causa fue archivada. Fuente. Com Ambiental