sábado, 23 de noviembre de 2013

Dominicana niega la nacionalidad a hijos de haitianos ilegales nacidos en Quisqueya.

REPÚBLICA DOMINICANA

Ciudadanos haitianos expulsados de Santo Domingo

Puerto España, noviembre 21 - La Comunidad del Caribe pospuso para la próxima semana una reunión que se iba a realizar este miércoles en Trinidad y Tobago para discutir las repercusiones que tendrá el fallo judicial en contra de los inmigrantes haitianos en República Dominicana.

Luego de que el Tribunal Constitucional del país centroamericano reiterase el carácter irrevocable a la interpretación del cuerpo jurídico, Caricom convocó a todos a representantes de todos sus países miembros a reunirse para evaluar medidas eficientes contra la polémica ley que atenta contra los derechos humanos de los descendientes de haitianos residenciados o nacidos en ese territorio.

Dicha información fue confirmada por el viceministro de Relaciones Exteriores dominicano, César Dargam y por la primera ministra de Trinidad y Tobago y actual titular del Caricom, Kamla Persad- Bissessar. El funcionario dominicano aseveró que están atentos a la situación pese a no ser invitados al encuentro; por lo que la diplomacia de su país realiza contactos privados con el organismo y los países que lo componen.

A la cita debían asistir el secretario general del organismo, Irwin LaRocque y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; quienes piden una ?postura sólida? a las autoridades dominicanas en este asunto. Se supo que el mandatario haitiano, Michell Martelly también fue convocado a la congregación; pero este no se encontraba disponible. Tampoco se conocen los motivos de la cancelación del evento.

El fallo del Tribunal Constitucional podría dejar a más de 240 mil descendientes de haitianos en situación irregular; luego de que la ley ratifique no podrán adquirir la nacionalidad dominicana mientras sus padres se encuentren ?situación transitoria? y no logren resolver su situación inmigratoria. Autoridades en la nación han descartado que a raíz de la aplicación de la ley se comiencen procesos de deportación; por lo que llaman a la calma a los organismos internacionales, quienes aseguran que dicha ley atenta contra derechos humanos fundamentales de los afectados por esa situación.

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