PANAMÁ
Por Carlos David Castro
Paralelo a las denuncias de corrupción en la Policía Nacional y a los enérgicos llamados a sanciones ejemplarizantes, también se han ido perfilando soluciones.
El diagnóstico mas somero nos indica que nos encontramos frente a un problema integral y multifacético, que como tal reclama respuestas congruentes con la naturaleza del mismo. Las recetas comprenden un amplio espectro de alternativas. Para las autoridades, el abanico de opciones va desde ambiciosos programas de estudios para mejorar la imagen de las unidades de policía, que incluyen su participación en licenciaturas, diplomados, maestrías y postgrados, cursos de alta gerencia, liderazgo, y otros, hasta acciones puntuales y operativas de reasignación diarias de los policías para disminuir el riesgo de actos de corrupción, pasando por la capacitación y formación estrictamente policial. Sin embargo hay una percepción generalizada, en la conciencia pública, de que las soluciones deberían pasar también por el análisis de las condiciones materiales de vida del policía, particularmente, las relaciones con su salario, habida cuenta de que una baja remuneración (y éste podría ser el caso) crearía condiciones propicias para el desarrollo de prácticas delictivas y corruptas.
No existe, por lo tanto, una sola causa que pueda explicar la situación actual de la policía, definida hoy como ?crisis?. Pero precisamente por esto, la consideración del salario de los policías podría ser un excelente punto de partida para abordar integralmente el problema por dos razones. En primer lugar, porque el salario es una condición que afecta por igual a todos los ciudadanos en términos de reproducción de sus condiciones materiales de vida. En ese sentido, la situación del policía no es diferente de la del obrero, del funcionario público, del asalariado no manual (profesor, médico, ingeniero, gerente, etc.), en fin, de todos los que trabajan por un salario. Esto hace, del salario del policía, un tema que trasciende a la institución. En segundo lugar, el salario no es sólo la contraprestación material por un servicio prestado que permite que él y su familia se reproduzcan. Hace mucho tiempo, Max Webber nos enseñó que el salario es, además, el producto de la valoración o calificación social que ofrece la sociedad por ese servicio prestado. En ese sentido el salario es también un reconocimiento, es decir, el grado de recompensa (o de castigo) que otorga la sociedad a un esfuerzo, dependiendo de cómo el mismo es valorado socialmente. El salario es, entonces, un complejo asunto social y cultural.
Si uno compara en este momento el salario de los policías (tropa) con sus responsabilidades (no solo con el de sus superiores), tendríamos que convenir en que los mismos son bajos. Desde 1990 se han creado más de 15 especialidades dentro de la Policía Nacional (Policía de Menores, de Frontera, de Turismo, de Violencia Intrafamiliar, de Linces Motorizados, etc.) pero no se advierte una mejora en términos de incentivos o recompensas materiales, a pesar de que estas especializaciones representan un valor agregado en su formación y capacitación. Deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué los policías no tienen una mejor recompensa? Podrían ensayarse muchas explicaciones. Algunas, las menos populares, se hunden en la historia. Por ejemplo, nunca hemos querido asumir como nación independiente, el costo social e histórico que significa garantizar la seguridad pública y defender las fronteras. Primero fue la Unión a Colombia en 1821, después de la Independencia de España. Luego, a partir de 1903, el desarme del ejército nacional y el establecimiento del Protectorado. Finalmente, la prolongada presencia de un ejército extranjero en nuestro país y la subordinación de las fuerzas armadas locales al mismo. En un lenguaje llano, podríamos decir que nunca hemos conocido cabalmente cuánto cuesta mantener la seguridad, tanto de la población como del territorio.
Estas razones, sin embargo, expresarían sólo los fundamentos de un estado de exclusión, pero no necesariamente la situación actual. A partir de 1990 se inició un proceso de liberalización cuyo mandato es finalizar en alguna forma de institucionalidad democrática. El problema es que mas allá de la estrategia de ?vigilar a los vigilantes?, adoptadas desde principios de los noventa, no se han creado mecanismos institucionales participativos y democráticos capaces de convertir a la Policía en una institución civil y que como tal pueda jugar un papel importante en la consolidación de la democracia.
El imaginario político insiste en verla como una institución militar. La EUROCOP (asociación que aglutina a sindicatos policiales de 21 países europeos y que suma 600,000 afiliados en total), encabeza la lucha contra la militarización de la policía y por mejores reivindicaciones salariales; al igual que lo hace la Benemérita Guardia Civil Española que lucha contra la jurisdicción militar que se ejerce sobre ella a través del Ministerio de Defensa.
Lo propio hace la Policía Metropolitana de Caracas con respecta al ejército, así como los sindicatos policiales en México, Perú y Argentina. Obviamente, estamos hablando de instituciones policiales que no solo están bajo la jurisdicción civil, también están democratizadas a lo interno.
Por Carlos David Castro
Paralelo a las denuncias de corrupción en la Policía Nacional y a los enérgicos llamados a sanciones ejemplarizantes, también se han ido perfilando soluciones.
El diagnóstico mas somero nos indica que nos encontramos frente a un problema integral y multifacético, que como tal reclama respuestas congruentes con la naturaleza del mismo. Las recetas comprenden un amplio espectro de alternativas. Para las autoridades, el abanico de opciones va desde ambiciosos programas de estudios para mejorar la imagen de las unidades de policía, que incluyen su participación en licenciaturas, diplomados, maestrías y postgrados, cursos de alta gerencia, liderazgo, y otros, hasta acciones puntuales y operativas de reasignación diarias de los policías para disminuir el riesgo de actos de corrupción, pasando por la capacitación y formación estrictamente policial. Sin embargo hay una percepción generalizada, en la conciencia pública, de que las soluciones deberían pasar también por el análisis de las condiciones materiales de vida del policía, particularmente, las relaciones con su salario, habida cuenta de que una baja remuneración (y éste podría ser el caso) crearía condiciones propicias para el desarrollo de prácticas delictivas y corruptas.
No existe, por lo tanto, una sola causa que pueda explicar la situación actual de la policía, definida hoy como ?crisis?. Pero precisamente por esto, la consideración del salario de los policías podría ser un excelente punto de partida para abordar integralmente el problema por dos razones. En primer lugar, porque el salario es una condición que afecta por igual a todos los ciudadanos en términos de reproducción de sus condiciones materiales de vida. En ese sentido, la situación del policía no es diferente de la del obrero, del funcionario público, del asalariado no manual (profesor, médico, ingeniero, gerente, etc.), en fin, de todos los que trabajan por un salario. Esto hace, del salario del policía, un tema que trasciende a la institución. En segundo lugar, el salario no es sólo la contraprestación material por un servicio prestado que permite que él y su familia se reproduzcan. Hace mucho tiempo, Max Webber nos enseñó que el salario es, además, el producto de la valoración o calificación social que ofrece la sociedad por ese servicio prestado. En ese sentido el salario es también un reconocimiento, es decir, el grado de recompensa (o de castigo) que otorga la sociedad a un esfuerzo, dependiendo de cómo el mismo es valorado socialmente. El salario es, entonces, un complejo asunto social y cultural.
Si uno compara en este momento el salario de los policías (tropa) con sus responsabilidades (no solo con el de sus superiores), tendríamos que convenir en que los mismos son bajos. Desde 1990 se han creado más de 15 especialidades dentro de la Policía Nacional (Policía de Menores, de Frontera, de Turismo, de Violencia Intrafamiliar, de Linces Motorizados, etc.) pero no se advierte una mejora en términos de incentivos o recompensas materiales, a pesar de que estas especializaciones representan un valor agregado en su formación y capacitación. Deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué los policías no tienen una mejor recompensa? Podrían ensayarse muchas explicaciones. Algunas, las menos populares, se hunden en la historia. Por ejemplo, nunca hemos querido asumir como nación independiente, el costo social e histórico que significa garantizar la seguridad pública y defender las fronteras. Primero fue la Unión a Colombia en 1821, después de la Independencia de España. Luego, a partir de 1903, el desarme del ejército nacional y el establecimiento del Protectorado. Finalmente, la prolongada presencia de un ejército extranjero en nuestro país y la subordinación de las fuerzas armadas locales al mismo. En un lenguaje llano, podríamos decir que nunca hemos conocido cabalmente cuánto cuesta mantener la seguridad, tanto de la población como del territorio.
Estas razones, sin embargo, expresarían sólo los fundamentos de un estado de exclusión, pero no necesariamente la situación actual. A partir de 1990 se inició un proceso de liberalización cuyo mandato es finalizar en alguna forma de institucionalidad democrática. El problema es que mas allá de la estrategia de ?vigilar a los vigilantes?, adoptadas desde principios de los noventa, no se han creado mecanismos institucionales participativos y democráticos capaces de convertir a la Policía en una institución civil y que como tal pueda jugar un papel importante en la consolidación de la democracia.
El imaginario político insiste en verla como una institución militar. La EUROCOP (asociación que aglutina a sindicatos policiales de 21 países europeos y que suma 600,000 afiliados en total), encabeza la lucha contra la militarización de la policía y por mejores reivindicaciones salariales; al igual que lo hace la Benemérita Guardia Civil Española que lucha contra la jurisdicción militar que se ejerce sobre ella a través del Ministerio de Defensa.
Lo propio hace la Policía Metropolitana de Caracas con respecta al ejército, así como los sindicatos policiales en México, Perú y Argentina. Obviamente, estamos hablando de instituciones policiales que no solo están bajo la jurisdicción civil, también están democratizadas a lo interno.
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