PERÚ-MINERÍA
Con nuevos bloqueos de caminos en 2 regiones del país continúa la huelga de mineros informales que inició este martes en Perú. El reclamo prosigue pese a que el Gobierno nacional atendió en parte el reclamo minero por la legalidad de su trabajo.
Con nuevos bloqueos de caminos en 2 regiones del país continúa la huelga de mineros informales que inició este martes en Perú. El reclamo prosigue pese a que el Gobierno nacional atendió en parte el reclamo minero por la legalidad de su trabajo.
Los mineros informales de Perú comenzaron este martes una huelga indefinida en el sur y norte del país que incluye el bloqueo de caminos como forma de protesta.
Exigen al Gobierno que les permita seguir con sus actividades laborales mientras se cumple el proceso de registro de trabajadores mineros informales y artesanales ordenado por el Estado.
Además, exigen la anulación de 5 decretos legislativos que fiscalizan y sancionan la minería informal en Perú. Dicha actividad fue convertida en delito penal por el Gobierno.
Luego de la primera jornada de huelga, el Gobierno peruano oficializó una autorización para que los trabajadores informales puedan seguir comercializando oro durante 2 años más, mientras legalizan su situación.
Esta decisión fue alcanzada tras la firma de un Decreto Supremo donde se establece que el Gobierno otorga a la estatal empresa, Activos Mineros, "un encargo especial" para "fortalecer el proceso de modernización" de los mineros informales.
La iniciativa se consolidó este martes durante una reunión entre autoridades Estatales y dirigentes mineros de las regiones peruanas de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y La Libertad.
La puesta en marcha de esta normativa estará a cargo del ministerio de Energía y Minas, quien emitirá a partir de este jueves las disposiciones para establecer mecanismos de certificación, capacitación y transferencia tecnológica.
Cabe señalar que pese la alta contaminación que produce la minería informal, se trata de la única salida laboral que poseen los trabajadores afectados por las restricciones gubernamentales.
Por su parte, el Gobierno peruano señala que la minería informal daña el medio ambiente con sustancias tóxicas, evade el pago de impuestos y sobreexplota a los trabajadores. (PÚLSAR)
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