URUGUAY
Para la Justicia el marino estuvo implicado en compras ?truchas?
La fiscal de crimen organizado, Mónica Ferrero, pidió nuevos procesamientos por otras compras ficticias de la Armada, entre quienes se encuentra el ex comandante en jefe, Hugo Viglietti. Según dijeron a El Observador fuentes de la investigación, la Fiscalía pidió esta semana a la jueza Graciela Gatti los nuevos procesamientos por el delito de fraude en uno de los diez expedientes que están en trámite por corrupción en la Armada.
En el caso de Viglietti, la investigación determinó que tuvo participación en una lista de adquisiciones ?truchas? efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando era comandante de la flota. La investigación realizada por la oficina de Crimen Organizado del Ministerio del Interior probó que la mercadería no fue entregada.
Se trata del segundo ex jefe de la Armada inculpado por la Justicia en maniobras por las cuales se desviaron fondos públicos y dinero destinado a las misiones de paz de la ONU.
Cuando explotó la crisis en la Armada, en agosto de 2010, por los procesamientos de oficiales y del ex comandante Juan Fernández Maggio, el entonces ministro de Defensa, Luis Rosadilla, designó a Viglietti jefe de la fuerza.
Entre los acusados por la Fiscalía, también se encuentra el ex jefe de Logística, Gerardo Feble, quien ya fue procesado junto a otros dos oficiales en agosto de 2010.
A todos se los indaga también por lavado de activos para saber si con los fondos del Estado enriquecieron su patrimonio.
Diez maniobras distintas
La jueza Gatti tiene a su cargo en total diez expedientes en los que indaga diferentes maniobras que involucran a oficiales de la Marina. En otro de los expedientes en trámite, la Justicia investiga al actual comandante de la Armada, Alberto Caramés, por su gestión al frente de Material Naval, y a los ex comandantes Federico Lebel y Oscar Debali.
Una de esas maniobras está vinculada al manejo irregular de fondos ONU por los cuales se gastaron sin justificar millones de dólares destinados a las misiones de paz. Otra carpeta investiga la adquisición de 16 lanchas para Haití en una licitación, que según se probó hasta ahora, estuvo redireccionada para favorecer a los hermanos Daniel y Gustavo Trocki, proveedores de la Armada. Esa indagatoria intentaba determinar el destino que se le dio a US$ 6 millones que se pagaron por las lanchas.
Las irregularidades con los vales de nafta es otra de las investigaciones que está en curso. En este caso se probó que oficiales intercambiaban vales de nafta por dinero en estaciones de servicio que pertenecen a militares retirados.
Otro expediente investiga el destino que se dio al dinero de una cuenta que la Armada tenía en Alemania y que se cerró en 2005 con el faltante de US$107.000 y 3.800 euros.
Además de estos se abrieron otros presumarios debido a acuerdos entre la Fiscalía y oficiales de la Armada, quienes ofrecieron información a cambio de recibir una pena más leve por sus delitos.
ANÓNIMO.
Esta investigación judicial y administrativa en Defensa está centrada sobre el procedimiento de compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, por un monto cercano a los US$ 600.000, y también sobre el manejo de millones de dólares durante varios años de los fondos que la ONU entregó a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización.
Tras recibir una denuncia anónima sobre el caso, la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (Serap) por parte de personal policial y no halló ni la grúa ni el banco de prueba de motores supuestamente adquiridos.
Uno de los militares separados de su cargo ya declaró ante la jueza especializada y la fiscal Mónica Ferrero, siendo la única persona interrogada hasta el momento por las magistradas, ya que el resto de los oficiales implicados han comparecido ante la Policía.
Pero además, existen indicios en la sede penal de que maniobras de estas características se están realizando desde el año 2000 y que podrían implicar montos que oscilan entre los US$ 3 y US$ 5 millones al año, ya que anualmente la fuerza naval realiza una decena de "compras por excepción", una modalidad en la que no hay límite de gasto ni tampoco rendición de cuentas, informó ayer el diario El Observador.
Rosadilla dijo que emplear el sistema de compras por excepción "no significa discrecionalidad" del ordenador del gasto, sino que se deben seguir los cursos administrativos.
FONDOS ONU.
Estos cuatro oficiales también tienen que ver con otra situación presuntamente irregular que se investiga desde comienzos de este año, como el manejo de los fondos de la ONU. Está comprendido el uso de una cuenta bancaria en una institución financiera de Alemania, y la compra de 16 lanchas patrulleras para destinar a la fuerza de paz desplegada en Haití.
La investigación administrativa sobre el manejo irregular de los fondos de la ONU, lo cual en su momento también fue cuestionado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), estará finalizada el viernes, estimó anoche Rosadilla. A partir de entonces, se tomarán las medidas que correspondan, indicó, tras lo cual auguró "consecuencias graves" sobre los responsables directos del ilícito.
Otras investigaciones en curso por manejo de fondos en el ámbito de Defensa
En marzo, cuando asumió Rosadilla, en el Ministerio había una investigación interna -en paralelo con la Justicia- sobre el manejo de fondos en el exterior. Se levantó el secreto bancario sobre una cuenta radicada en el Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Alemania que era manejada por oficiales en el exterior. Esa investigación concluyó hace un mes y está en la Justicia. Según una investigación posterior de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la fuerza naval administró unos US$ 30 millones recibidos entre 2006 y enero de 2009 por su participación en las fuerzas de paz de Naciones Unidas. El resultado de la auditoría efectuada en el primer semestre de 2009 objetó el "manejo en efectivo" de la totalidad de ese dinero y aconsejó entonces al Ministerio de Defensa la realización de una investigación administrativa concreta respecto a la "apertura, utilización y administración" de la cuenta bancaria en Alemania.
Otro caso relativo a la Armada fue enviado a la Justicia por el propio Rosadilla, y refiere a una presunta alteración documental de un documento de cobro por parte de un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. Además, en forma paralela, el hecho se investiga desde el punto de vista administrativo en la propia cartera. Hubo una separación inmediata del cargo.
El caso actual se sigue a partir de una denuncia que recibió la Justicia. El Ministerio y la Armada también están investigando porque estaría involucrado un alto jerarca naval y otros oficiales. Según Rosadilla, se está ante un "presunto ilícito". "Estoy siendo informado en forma diaria. Las órdenes son dos: seguir con la investigación interna con todo el rigor y darle a la Justicia todo el apoyo y apertura que requiera para aclarar hasta el último elemento que surja", precisó.
En el caso de Viglietti, la investigación determinó que tuvo participación en una lista de adquisiciones ?truchas? efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, cuando era comandante de la flota. La investigación realizada por la oficina de Crimen Organizado del Ministerio del Interior probó que la mercadería no fue entregada.
Se trata del segundo ex jefe de la Armada inculpado por la Justicia en maniobras por las cuales se desviaron fondos públicos y dinero destinado a las misiones de paz de la ONU.
Cuando explotó la crisis en la Armada, en agosto de 2010, por los procesamientos de oficiales y del ex comandante Juan Fernández Maggio, el entonces ministro de Defensa, Luis Rosadilla, designó a Viglietti jefe de la fuerza.
Entre los acusados por la Fiscalía, también se encuentra el ex jefe de Logística, Gerardo Feble, quien ya fue procesado junto a otros dos oficiales en agosto de 2010.
A todos se los indaga también por lavado de activos para saber si con los fondos del Estado enriquecieron su patrimonio.
La jueza Gatti tiene a su cargo en total diez expedientes en los que indaga diferentes maniobras que involucran a oficiales de la Marina. En otro de los expedientes en trámite, la Justicia investiga al actual comandante de la Armada, Alberto Caramés, por su gestión al frente de Material Naval, y a los ex comandantes Federico Lebel y Oscar Debali.
Una de esas maniobras está vinculada al manejo irregular de fondos ONU por los cuales se gastaron sin justificar millones de dólares destinados a las misiones de paz. Otra carpeta investiga la adquisición de 16 lanchas para Haití en una licitación, que según se probó hasta ahora, estuvo redireccionada para favorecer a los hermanos Daniel y Gustavo Trocki, proveedores de la Armada. Esa indagatoria intentaba determinar el destino que se le dio a US$ 6 millones que se pagaron por las lanchas.
Las irregularidades con los vales de nafta es otra de las investigaciones que está en curso. En este caso se probó que oficiales intercambiaban vales de nafta por dinero en estaciones de servicio que pertenecen a militares retirados.
Otro expediente investiga el destino que se dio al dinero de una cuenta que la Armada tenía en Alemania y que se cerró en 2005 con el faltante de US$107.000 y 3.800 euros.
Además de estos se abrieron otros presumarios debido a acuerdos entre la Fiscalía y oficiales de la Armada, quienes ofrecieron información a cambio de recibir una pena más leve por sus delitos.
ANÓNIMO.
Esta investigación judicial y administrativa en Defensa está centrada sobre el procedimiento de compra de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, por un monto cercano a los US$ 600.000, y también sobre el manejo de millones de dólares durante varios años de los fondos que la ONU entregó a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización.
Tras recibir una denuncia anónima sobre el caso, la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (Serap) por parte de personal policial y no halló ni la grúa ni el banco de prueba de motores supuestamente adquiridos.
Uno de los militares separados de su cargo ya declaró ante la jueza especializada y la fiscal Mónica Ferrero, siendo la única persona interrogada hasta el momento por las magistradas, ya que el resto de los oficiales implicados han comparecido ante la Policía.
Pero además, existen indicios en la sede penal de que maniobras de estas características se están realizando desde el año 2000 y que podrían implicar montos que oscilan entre los US$ 3 y US$ 5 millones al año, ya que anualmente la fuerza naval realiza una decena de "compras por excepción", una modalidad en la que no hay límite de gasto ni tampoco rendición de cuentas, informó ayer el diario El Observador.
Rosadilla dijo que emplear el sistema de compras por excepción "no significa discrecionalidad" del ordenador del gasto, sino que se deben seguir los cursos administrativos.
FONDOS ONU.
Estos cuatro oficiales también tienen que ver con otra situación presuntamente irregular que se investiga desde comienzos de este año, como el manejo de los fondos de la ONU. Está comprendido el uso de una cuenta bancaria en una institución financiera de Alemania, y la compra de 16 lanchas patrulleras para destinar a la fuerza de paz desplegada en Haití.
La investigación administrativa sobre el manejo irregular de los fondos de la ONU, lo cual en su momento también fue cuestionado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), estará finalizada el viernes, estimó anoche Rosadilla. A partir de entonces, se tomarán las medidas que correspondan, indicó, tras lo cual auguró "consecuencias graves" sobre los responsables directos del ilícito.
Otras investigaciones en curso por manejo de fondos en el ámbito de Defensa
En marzo, cuando asumió Rosadilla, en el Ministerio había una investigación interna -en paralelo con la Justicia- sobre el manejo de fondos en el exterior. Se levantó el secreto bancario sobre una cuenta radicada en el Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Alemania que era manejada por oficiales en el exterior. Esa investigación concluyó hace un mes y está en la Justicia. Según una investigación posterior de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la fuerza naval administró unos US$ 30 millones recibidos entre 2006 y enero de 2009 por su participación en las fuerzas de paz de Naciones Unidas. El resultado de la auditoría efectuada en el primer semestre de 2009 objetó el "manejo en efectivo" de la totalidad de ese dinero y aconsejó entonces al Ministerio de Defensa la realización de una investigación administrativa concreta respecto a la "apertura, utilización y administración" de la cuenta bancaria en Alemania.
Otro caso relativo a la Armada fue enviado a la Justicia por el propio Rosadilla, y refiere a una presunta alteración documental de un documento de cobro por parte de un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. Además, en forma paralela, el hecho se investiga desde el punto de vista administrativo en la propia cartera. Hubo una separación inmediata del cargo.
El caso actual se sigue a partir de una denuncia que recibió la Justicia. El Ministerio y la Armada también están investigando porque estaría involucrado un alto jerarca naval y otros oficiales. Según Rosadilla, se está ante un "presunto ilícito". "Estoy siendo informado en forma diaria. Las órdenes son dos: seguir con la investigación interna con todo el rigor y darle a la Justicia todo el apoyo y apertura que requiera para aclarar hasta el último elemento que surja", precisó.
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