17 senadores uruguayos votaron a favor del proyecto y 14 en contra, y ahora el texto pasará al ejecutivo para su promulgación.
El proyecto establece que “la interrupción del embarazo no será penalizada” y que “no serán aplicables” los artículos del Código Penal referidos a este tema, “para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las 12 semanas de gravidez”.
En ese plazo, “la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución” de salud, para “poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción”.
La mujer deberá exponer “situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etáreas, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso”.
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