El gobierno desea un “acuerdo ambicioso”, pero desde el comienzo de las negociaciones, en octubre pasado, sindicatos y patronal constatan sus desacuerdos.
Afirmando que el “costo del riesgo de contratar” frena el empleo, la patronal reclama esencialmente medidas de flexibilidad sobre los salarios, la duración del trabajo y los procedimientos de despido.
En cambio, los sindicatos quieren obtener nuevos derechos, en particular en materia de formación y salud, para los desempleados y, sobre todo, un aumento de las cotizaciones de las empresas que abusan de los contratos precarios.
Hasta ahora, Laurence Parisot, la presidenta del Medef, principal organización patronal francesa, rechaza ese aporte.
“No comprendemos por qué una cotización mayor para los contratos cortos favorecería” el empleo, reiteró Parisot.
“La patronal tiene que cambiar de posición”, reclamó el dirigente de la central reformista CFDT, Laurent Berger, cuya firma es indispensable para validar el acuerdo.
Las otras dos grandes centrales sindicales, la CGT y FO, que denuncian un “desmantelamiento del código laboral”, no firmarán sin duda el acuerdo.
En caso de que estas negociaciones terminen sin acuerdo, el gobierno cuenta presentar un proyecto de ley al respecto “antes de fines de febrero”, advirtió el ministro de Relaciones con el Parlamento, Alain Vidalies.
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