El retiro de los restos se realizó en la casa-museo del Premio Nobel de Literatura en Isla Negra, localidad situada en el litoral central de Chile, provincia de San Antonio, de la comuna de El Quisco.
Los trabajos comenzaron a las 8:15 ante la presencia del juez de la causa abierta en 2011, Mario Carroza; los dirigentes comunistas (agrupación querellante) Eduardo Contreras y Guillermo Teillier, y el ex chofer de Neruda, Manuel Araya, quien reveló sus sospechas respecto de que el escritor pudo haber sido envenenado en la Clínica Santa María mientras estuvo internado allí.
Tras unos 40 minutos se logró la extracción de la urna, que fue sellada con garantía de custodia delante de las autoridades presentes y trasladada por personal del SML a un laboratorio de antropología de Santiago.
Según fuentes ligadas al proceso: “la labor de rompimiento de nicho fue relativamente fácil ya que la urna estaba cubierta con una tapa de pastelón de concreto”.
Finalizada la diligencia, el juez Carroza encabezó una reunión con los peritos nacionales e internacionales que participarán del proceso, dirigido por el director del SML, Patricio Bustos.
Con estos estudios, que podrían durar hasta tres meses, se espera definir si Neruda fue envenenado por agentes de la dictadura pinochetista, como sostuvo Araya.
El ex chofer afirma que Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 por una inyección letal que le aplicaron mientras estaba internado en la clínica Santa María a la espera de viajar a México, donde había decidido exiliarse tras el golpe que 12 días antes derrocó al presidente Salvador Allende.
Esta hipótesis fue criticada y rechazada ayer por Bernardo Reyes, sobrino del poeta, cuyo nombre real era Neftalí Reyes Basoalto.
“La dictadura no tuvo que ver en la muerte de Neruda porque el proyecto Andrea, que lo desarrolló el Ejército de Chile con ayuda estatal, empezó a desarrollarse, de acuerdo a las declaraciones de Michael Towley, en 1976”, afirmó Reyes.
El sobrino agregó que: “antes de eso, entre el 73 y el 76, no hubo un solo crimen que se haya producido mediante prácticas de inyecciones letales”.
El proyecto Andrea permitió a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet fabricar gas sarín para usarlo en contra de opositores, y en esa iniciativa participó el estadounidense Towley, ex agente de la CIA que actualmente vive en su país, acogido a un programa de protección de testigos.
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