El gobierno de Obama descubrió que la Escuela de Leyes de Harvard–el alma máter del Presidente Obama–infringió el Título IX del estatuto federal por su mal manejo de casos de agresión sexual.

 El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que la Escuela de Leyes de Harvard accedió a reformar sus políticas y procedimientos tras una investigación de cuatro años, una de las investigaciones más largas que el gobierno llevó a cabo sobre violencia sexual. En un caso destacado por el gobierno, Harvard tardó un año en tomar una decisión final luego de que una estudiante presentara la denuncia, finalmente prohibiendo que la supuesta víctima participara en una apelación y desechando el caso. Mientras tanto, la Universidad de Harvard permanece bajo investigación federal por su respuesta a la agresión sexual, así como otras universidades de la nación.

La Argentina apeló este viernes el fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la demanda iniciada por los fondos buitre, que pretenden cobrar sin quita bonos en default por 1.330 millones de dólares.

Si bien no hubo información oficial, fuentes oficiales daban por descontada la presentación e indicaron que “el país dejó en claro su vocación de pagar la deuda, pero en las mismas condiciones que a quienes entraron a los canjes anteriores”.

Los abogados del estudio Cleary Gottlieb fueron los encargados de realizar la presentación sobre el filo del vencimiento del plazo, que se producía a la medianoche.

En paralelo, ‘la Argentina abrirá el canje de deuda por tercera vez con el objetivo de captar el 7% que no ingresó en su momento, lo cual ya cuenta con la aprobación del Senado’.

El escrito busca lograr la revisión del fallo que ratificó que el país debe pagarle a los holdouts la totalidad de la deuda. Esta decisión está en suspenso hasta tanto la Corte Suprema analice si evaluará o no el caso.

Se solicitó también que ese fallo sea ratificado “en banc”, es decir ratificado por todos los miembros del Tribunal, ya que la sentencia contra la Argentina fue establecida por solo tres camaristas.

La estrategia del Gobierno es ganar tiempo y los tiempos procesales de Estados Unidos ayudan. Si la Cámara rechaza la apelación, la Argentina tiene el recurso de pedir la intervención de la Corte Suprema y dispone de 90 días para concretarla.