EN BOLIVIA
por Luis Oporto Ordóñez (Bolivia)
La determinación del gobierno de Cristina Fernández de expropiar las acciones de la transnacional REPSOL española, ?socia? de YPF, muestra la tendencia de Latinoamérica de recuperar la dignidad perdida en dos décadas de experimentos neoliberales, luego de la negra noche de las dictaduras, cuyas secuelas aun no cicatrizan del todo. A diferencia de lo que aconteció en Bolivia, en el caso de Argentina la privatización fue total, es decir, se enajenó la riqueza del subsuelo a favor de una transnacional. En Bolivia, la Constitución Política del Estado impidió ese extremo, pues la riqueza del suelo y subsuelo es patrimonio de las y los bolivianos. En el caso argentino, es propiedad de las empresas transnacionales, lo que es inadmisible. Quienes han firmado esa ley privatizadora deben ser juzgados por delitos económicos contra el Estado. Para matizar, desde la Constitución de 2009, ese tipo de delitos en Bolivia es imprescriptible.
La reacción del gobierno del presidente Mariano Rajoy, en Madrid, era de esperar, pues se manifestó con gestos de intolerancia y torpeza, dirigiéndose en tono amedrentador a un país soberano. El Ministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha anunciado medidas ?claras y contundentes? a tiempo de acusar a Argentina de hostilidad a la Madre Patria.
Nada detendrá esa medida, salvo un golpe de mano a los que está acostumbrado, muy acostumbrado, el capitalismo. Las invasiones de los países del norte de África, son el mejor ejemplo de lo que está decidido en hacer el poder imperial, cuando sus intereses entran en riesgo.
Cristina Fernández analizó por mucho tiempo antes de tomar la decisión de expropiar las acciones de esa empresa. Nada mejor, como lo ha hecho Bolivia, redistribuir la riqueza que antes fluía a mano rota a las arcas de los países extranjeros, como en el pasado colonial, cuando nuestras riquezas metalíferas fueron trasladadas hasta Europa. Ahora se trata de negar que semejante riqueza ha levantado a la Europa del Medioevo de su situación atrasada, como lo hace hoy con el oro negro.
La dignidad de los pueblos está antes que el interés por el lucro desmedido que caracteriza al capitalismo salvaje. Los intereses de grupo, en este caso de capitalistas que especulan con sus acciones, deben supeditarse al interés colectivo.
El modelo redistributivo argentino ha dispuesto que del 51% de acciones expropiadas el 51% irá al control del Gobierno nacional y el restante 49% a las diez provincias, lo que quiere decir que el gobierno contará con el 26.01% del capital final y los gobernadores el 24.99%.
Los gobiernos latinoamericanos están de acuerdo en trabajar con las empresas transnacionales, pero como socios, no como patrones, es decir en el marco del respeto mutuo y sobre todo en medio del respeto de los más altos intereses de las mayorías nacionales. Aun con esta nacionalización del siglo XXI, REPSOL y cualquier otra empresa, siguen obteniendo grandes ganancias.
Nos solidarizamos con el gobierno de Cristina Fernández por devolverle la dignidad perdida a su pueblo.
por Luis Oporto Ordóñez (Bolivia)
La reacción del gobierno del presidente Mariano Rajoy, en Madrid, era de esperar, pues se manifestó con gestos de intolerancia y torpeza, dirigiéndose en tono amedrentador a un país soberano. El Ministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha anunciado medidas ?claras y contundentes? a tiempo de acusar a Argentina de hostilidad a la Madre Patria.
Nada detendrá esa medida, salvo un golpe de mano a los que está acostumbrado, muy acostumbrado, el capitalismo. Las invasiones de los países del norte de África, son el mejor ejemplo de lo que está decidido en hacer el poder imperial, cuando sus intereses entran en riesgo.
Cristina Fernández analizó por mucho tiempo antes de tomar la decisión de expropiar las acciones de esa empresa. Nada mejor, como lo ha hecho Bolivia, redistribuir la riqueza que antes fluía a mano rota a las arcas de los países extranjeros, como en el pasado colonial, cuando nuestras riquezas metalíferas fueron trasladadas hasta Europa. Ahora se trata de negar que semejante riqueza ha levantado a la Europa del Medioevo de su situación atrasada, como lo hace hoy con el oro negro.
La dignidad de los pueblos está antes que el interés por el lucro desmedido que caracteriza al capitalismo salvaje. Los intereses de grupo, en este caso de capitalistas que especulan con sus acciones, deben supeditarse al interés colectivo.
El modelo redistributivo argentino ha dispuesto que del 51% de acciones expropiadas el 51% irá al control del Gobierno nacional y el restante 49% a las diez provincias, lo que quiere decir que el gobierno contará con el 26.01% del capital final y los gobernadores el 24.99%.
Los gobiernos latinoamericanos están de acuerdo en trabajar con las empresas transnacionales, pero como socios, no como patrones, es decir en el marco del respeto mutuo y sobre todo en medio del respeto de los más altos intereses de las mayorías nacionales. Aun con esta nacionalización del siglo XXI, REPSOL y cualquier otra empresa, siguen obteniendo grandes ganancias.
Nos solidarizamos con el gobierno de Cristina Fernández por devolverle la dignidad perdida a su pueblo.
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