Martes 19
Capital Federal y Buenos Aires:
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio ATE Capital - Carlos Calvo 1378, Ciudad de Buenos Aires; La Plata -Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -Calle 47 e/6 y 7. Primer piso Aula 106.
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio ATE Capital - Carlos Calvo 1378, Ciudad de Buenos Aires; La Plata -Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -Calle 47 e/6 y 7. Primer piso Aula 106.
Motivo: presenciar y acompañar la proyección en vivo del comienzo del primer juicio iniciado por GENOCIDIO en América Latina.
Reseña: Juicio a Ríos Montt, el genocida guatemalteco. El represor guatemalteco Efraín Ríos Montt será sometido a juicio por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez. Los dos genocidas se encuentran acusados por su responsabilidad en las matanzas de comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. Las acusaciones están a cargo del Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos; Y se prevé que declaren en el juicio alrededor de 160 testigos y más de 60 peritos. Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante 36 años (1960 y 1996). Un largo camino hacia la justicia por Genocidio. En el 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación -AJR- fundada por 22 comunidades de cinco regiones del país donde se cometió genocidio, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el alto mando militar de Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos mientras actuó como jefe de estado entre marzo del 82 y agosto del 83, en el marco de una política militar que llamó "tierra arrasada". Desde ese entonces, se ha exigido a las autoridades la pronta justicia por estos graves delitos, habiendo pasado más de siete años sin que el caso tuviera avances en la investigación, demostrando las autoridades del Ministerio Público - MP - de esas fechas, un total desinterés en las víctimas y sobrevivientes. Por la misma causa en un principio se había sindicado también a Oscar Humberto Mejía Víctores, militar golpista y durante ese periodo responsable del "Ministerio de Defensa", como también a Héctor Mario López Fuentes, quien ocupó el cargo del "Jefe del Estado Mayor del Ejército". Lamentablemente ambos lograron perpetuar una vez más la impunidad, ya que fueron indultados luego de alegar insistentemente supuestos quebrantos de salud, y las garantías procesales permitieron que permanecieran recluidos en el hospital militar mientras se llevaba a cabo la primera etapa del proceso. Actualmente han regresado cada cual a su domicilio ante el absoluto silencio de la sociedad guatemalteca. Por otra parte sigue vigente la orden de captura de Luis Enrique Mendoza García, Director de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, responsable de la elaboración y ejecución de los planes militares que desembocaron en los crímenes de lesa humanidad que se van a juzgar en este juicio. Y se espera también que con el desarrollo del mismo se genere la brecha jurídica para poder llevar al banquillo a los demás responsables de estos hechos. Para los sobrevivientes de estos graves crímenes, este caso está logrando que se conozca y se investiguen todos los hechos que constituyen el genocidio como resultado de las estrategias militares que pusieron en riesgo la existencia de comunidades enteras. Poco a poco, las comunidades avanzan en la lucha contra la impunidad, no sólo para conocer la verdad, sino para lograr justicia y garantizar que esto no se repita. Los riesgos son constantes y llegar ante los tribunales es el resultado de la valentía de miles de sobrevivientes que han roto el silencio y el miedo, a pesar de las amenazas, la negativa de justicia y la indiferencia social ante lo que padecieron. La voz de los sobrevivientes ya se levantó, la memoria está retoñando y "queremos cosechar justicia".
Reseña: Juicio a Ríos Montt, el genocida guatemalteco. El represor guatemalteco Efraín Ríos Montt será sometido a juicio por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez. Los dos genocidas se encuentran acusados por su responsabilidad en las matanzas de comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. Las acusaciones están a cargo del Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos; Y se prevé que declaren en el juicio alrededor de 160 testigos y más de 60 peritos. Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante 36 años (1960 y 1996). Un largo camino hacia la justicia por Genocidio. En el 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación -AJR- fundada por 22 comunidades de cinco regiones del país donde se cometió genocidio, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el alto mando militar de Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos mientras actuó como jefe de estado entre marzo del 82 y agosto del 83, en el marco de una política militar que llamó "tierra arrasada". Desde ese entonces, se ha exigido a las autoridades la pronta justicia por estos graves delitos, habiendo pasado más de siete años sin que el caso tuviera avances en la investigación, demostrando las autoridades del Ministerio Público - MP - de esas fechas, un total desinterés en las víctimas y sobrevivientes. Por la misma causa en un principio se había sindicado también a Oscar Humberto Mejía Víctores, militar golpista y durante ese periodo responsable del "Ministerio de Defensa", como también a Héctor Mario López Fuentes, quien ocupó el cargo del "Jefe del Estado Mayor del Ejército". Lamentablemente ambos lograron perpetuar una vez más la impunidad, ya que fueron indultados luego de alegar insistentemente supuestos quebrantos de salud, y las garantías procesales permitieron que permanecieran recluidos en el hospital militar mientras se llevaba a cabo la primera etapa del proceso. Actualmente han regresado cada cual a su domicilio ante el absoluto silencio de la sociedad guatemalteca. Por otra parte sigue vigente la orden de captura de Luis Enrique Mendoza García, Director de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, responsable de la elaboración y ejecución de los planes militares que desembocaron en los crímenes de lesa humanidad que se van a juzgar en este juicio. Y se espera también que con el desarrollo del mismo se genere la brecha jurídica para poder llevar al banquillo a los demás responsables de estos hechos. Para los sobrevivientes de estos graves crímenes, este caso está logrando que se conozca y se investiguen todos los hechos que constituyen el genocidio como resultado de las estrategias militares que pusieron en riesgo la existencia de comunidades enteras. Poco a poco, las comunidades avanzan en la lucha contra la impunidad, no sólo para conocer la verdad, sino para lograr justicia y garantizar que esto no se repita. Los riesgos son constantes y llegar ante los tribunales es el resultado de la valentía de miles de sobrevivientes que han roto el silencio y el miedo, a pesar de las amenazas, la negativa de justicia y la indiferencia social ante lo que padecieron. La voz de los sobrevivientes ya se levantó, la memoria está retoñando y "queremos cosechar justicia".
Convoca - Contacto: Asociación de Ex -Detenidos Desaparecidos, el Área de Derechos Humanos de ATE CAPITAL y estudiantes de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata
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