COLOMBIA
/La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 de 2013/
El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen
que no cesan, ha tenido la respuesta gubernamental de siempre: prometer,
engañar, reprimir y continuar con la miserabilización del campo y la
entrega de la soberanía patria a las trasnacionales, más recientemente
mediante los Tratados de Libre Comercio. Su despliegue con más sectores
se inició el 19 de agosto, y ha sido impresionante el flujo de
compatriotas que con sus propias reivindicaciones o con las banderas de
la solidaridad se han sumado, convergiendo finalmente en consignas
reivindicativas y con objetivos políticos, que exigen cambios urgentes
en las políticas económicas, sobre todo agrarias, que han tomado el
rumbo de la reprimarización y la financiarización de la economía en
detrimento de las mayorías.
Todas las exigencias de los manifestantes son viejas aspiraciones
postergadas que ha conducido al país al fondo de la miseria y de una
confrontación entre compatriotas que ya cumple más de medio siglo sin
soluciones. En La Habana, coetáneamente, se buscan los caminos para
alcanzar la paz estable y duradera, con la particularidad que, aunque el
discurso de paz esté en boca de los gobernantes, sus acciones son de
hostilidad económica y bélica contra los desposeídos.
No cesan los proyectos neoliberales y la represión, pero no cesa tampoco
el alzamiento de las pobrerías: los mineros se levantan, los campesinos
lanzan su producción a las carreteras porque pierden menos así que
vendiendo el fruto de su trabajo; los educadores paralizan sus labores
y se movilizan, los estudiantes elevan sus voces de rebeldía peleando
por una educación de calidad, por su gratuidad y la ampliación de su
cobertura; en fin, el escenario político se agita, pero la protesta
social se desborda y el régimen en el desespero de su avaricia, mancha
de sangre la contienda; es la sangre de los de abajo, que como héroes
descamisados reciben los balazos, las bombas aturdidoras, los gases y la
brutalidad de las fuerzas de represión, especialmente del Escuadrón
Móvil Anti-Disturbios, ESMAD.
En medio de la dramática situación Santos anuncia un "Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural" para hacer la "refundación del campo
colombiano" y lanzar luego de una reunión de encorbatados, con la
ausencia de los de ruana, decretos limosneros con los que dice que se
"satisface parcialmente las demandas" del campesinado. Y se manifiesta
que las decisiones están en coincidencia con lo que se ha acordado en la
Mesa de Diálogos de la Habana. Algo muy fácil de afirmar cuando el país
no conoce la totalidad de unos convenios en los que existen salvedades
sobre temas vitales para la sobrevivencia de la población rural y sus
economías. Ya es hora de levantar el manto de secretismo que sin razón
se ha tendido sobre estos asuntos de interés nacional.
Los indignados, los verdaderos protagonistas del paro, han tenido que
hacer su propia mesa alternativa, mientras se aumenta la burocracia del
viceministro del desarrollo rural, mientras se dice que habrá control
para fertilizantes y plaguicidas, que se eliminan aranceles para algunas
partidas de insumos para el agro, que se elimina el contingente para los
lacto-sueros, etc, etc, pero nada se dice de ponerle punto final a los
apátridas Tratados de Libre Comercio que son lo que más ruina traen al
campo, y nada tampoco se dice de parar la extranjerización de la tierra,
o de su redistribución a partir de la culminación del latifundismo, que
son problemas de fondo en esta larga noche de abandono al campo, que
jamás gobierno alguno ha querido tocar para no incomodar a las clases
pudientes de nuestro país, que ya están devorando la Altillanura
colombiana, pero que ahora, aprovechando el paro, logran acomodarse con
más gabelas que el gobierno entrega a partir de un supuesto equilibrio
razonable, que según sus cuentas también debe beneficiar a los empresarios.
El problema no se resuelve con oportunismo y paños de agua tibia que han
podido colocarse sin que para ello hubiese que esperar a que la gente se
rebote. Las migajas no valen los muertos, los heridos y los
judicializados que han dejado por centenares las recientes
movilizaciones, ni es por las miserias del tal Pacto por lo que la
guerrilla se ha alzado en armas. A nadie se debe engañar diciendo que
estas medidas intrascendentes, que no se corresponden con los anhelos de
la población rural, son la concreción de lo que la insurgencia ha
planteado en La Habana.
Unos 2500 representantes de las comunidades rurales y populares en paro
se reunieron el jueves en una cumbre que ratifica las medidas de lucha y
exige una verdadera reforma agraria, repudiando el pacto nacional de los
empresarios, que precisamente han sido cuestionados por los
manifestantes en la medida en que nadie quiere que se reedite el viejo
pacto de Chicoral que impida la reforma agraria necesaria; nadie quiere
que con el cuento de la asociatividad entre estos empresarios y los
campesinos, se le abra paso a una forma legal de despojo. Nadie quiere,
el pacto del zorro con la gallina.
Las FARC están con las mayorías campesinas y rurales, y si en la Habana
se avanza en la discusión del punto de Participación Política, son las
organizaciones sociales y populares las que deben llevar la voz cantante.
/La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 de 2013/
El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen
que no cesan, ha tenido la respuesta gubernamental de siempre: prometer,
engañar, reprimir y continuar con la miserabilización del campo y la
entrega de la soberanía patria a las trasnacionales, más recientemente
mediante los Tratados de Libre Comercio. Su despliegue con más sectores
se inició el 19 de agosto, y ha sido impresionante el flujo de
compatriotas que con sus propias reivindicaciones o con las banderas de
la solidaridad se han sumado, convergiendo finalmente en consignas
reivindicativas y con objetivos políticos, que exigen cambios urgentes
en las políticas económicas, sobre todo agrarias, que han tomado el
rumbo de la reprimarización y la financiarización de la economía en
detrimento de las mayorías.
Todas las exigencias de los manifestantes son viejas aspiraciones
postergadas que ha conducido al país al fondo de la miseria y de una
confrontación entre compatriotas que ya cumple más de medio siglo sin
soluciones. En La Habana, coetáneamente, se buscan los caminos para
alcanzar la paz estable y duradera, con la particularidad que, aunque el
discurso de paz esté en boca de los gobernantes, sus acciones son de
hostilidad económica y bélica contra los desposeídos.
No cesan los proyectos neoliberales y la represión, pero no cesa tampoco
el alzamiento de las pobrerías: los mineros se levantan, los campesinos
lanzan su producción a las carreteras porque pierden menos así que
vendiendo el fruto de su trabajo; los educadores paralizan sus labores
y se movilizan, los estudiantes elevan sus voces de rebeldía peleando
por una educación de calidad, por su gratuidad y la ampliación de su
cobertura; en fin, el escenario político se agita, pero la protesta
social se desborda y el régimen en el desespero de su avaricia, mancha
de sangre la contienda; es la sangre de los de abajo, que como héroes
descamisados reciben los balazos, las bombas aturdidoras, los gases y la
brutalidad de las fuerzas de represión, especialmente del Escuadrón
Móvil Anti-Disturbios, ESMAD.
En medio de la dramática situación Santos anuncia un "Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural" para hacer la "refundación del campo
colombiano" y lanzar luego de una reunión de encorbatados, con la
ausencia de los de ruana, decretos limosneros con los que dice que se
"satisface parcialmente las demandas" del campesinado. Y se manifiesta
que las decisiones están en coincidencia con lo que se ha acordado en la
Mesa de Diálogos de la Habana. Algo muy fácil de afirmar cuando el país
no conoce la totalidad de unos convenios en los que existen salvedades
sobre temas vitales para la sobrevivencia de la población rural y sus
economías. Ya es hora de levantar el manto de secretismo que sin razón
se ha tendido sobre estos asuntos de interés nacional.
Los indignados, los verdaderos protagonistas del paro, han tenido que
hacer su propia mesa alternativa, mientras se aumenta la burocracia del
viceministro del desarrollo rural, mientras se dice que habrá control
para fertilizantes y plaguicidas, que se eliminan aranceles para algunas
partidas de insumos para el agro, que se elimina el contingente para los
lacto-sueros, etc, etc, pero nada se dice de ponerle punto final a los
apátridas Tratados de Libre Comercio que son lo que más ruina traen al
campo, y nada tampoco se dice de parar la extranjerización de la tierra,
o de su redistribución a partir de la culminación del latifundismo, que
son problemas de fondo en esta larga noche de abandono al campo, que
jamás gobierno alguno ha querido tocar para no incomodar a las clases
pudientes de nuestro país, que ya están devorando la Altillanura
colombiana, pero que ahora, aprovechando el paro, logran acomodarse con
más gabelas que el gobierno entrega a partir de un supuesto equilibrio
razonable, que según sus cuentas también debe beneficiar a los empresarios.
El problema no se resuelve con oportunismo y paños de agua tibia que han
podido colocarse sin que para ello hubiese que esperar a que la gente se
rebote. Las migajas no valen los muertos, los heridos y los
judicializados que han dejado por centenares las recientes
movilizaciones, ni es por las miserias del tal Pacto por lo que la
guerrilla se ha alzado en armas. A nadie se debe engañar diciendo que
estas medidas intrascendentes, que no se corresponden con los anhelos de
la población rural, son la concreción de lo que la insurgencia ha
planteado en La Habana.
Unos 2500 representantes de las comunidades rurales y populares en paro
se reunieron el jueves en una cumbre que ratifica las medidas de lucha y
exige una verdadera reforma agraria, repudiando el pacto nacional de los
empresarios, que precisamente han sido cuestionados por los
manifestantes en la medida en que nadie quiere que se reedite el viejo
pacto de Chicoral que impida la reforma agraria necesaria; nadie quiere
que con el cuento de la asociatividad entre estos empresarios y los
campesinos, se le abra paso a una forma legal de despojo. Nadie quiere,
el pacto del zorro con la gallina.
Las FARC están con las mayorías campesinas y rurales, y si en la Habana
se avanza en la discusión del punto de Participación Política, son las
organizaciones sociales y populares las que deben llevar la voz cantante.
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