EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL ONU |
Así lo dieron conocer voceros de organizaciones sociales de la Araucanía, quienes analizaron los resultados preliminares del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Chile fue sometido este 28 de enero por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Por Elías Paillan
Cerca de 30 de los 80 estados presentes en la examinación plantearon que los derechos de pueblos indígenas siguen sin estar reconocidos. “La interpelación al Estado de Chile en materia de derechos de pueblos indígenas constituye una señal muy potente para la nueva administración que a contar de marzo Bachelet va a encabezar”, dijeron.
Representantes de organizaciones sociales de la región de la Araucanía manifestaron su preocupación y además compartir los cuestionamientos recibidos por el estado chileno el pasado 28 de enero, en el marco del segundo EPU al que es sometido por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el escaso avance en materia de cumplimiento e implementación de los distintos tratados de Naciones Unidas ratificados y vigentes en el país, especialmente en el tema de derechos indígenas.
Hay que recordar que miembros del Observatorio Ciudadano, Walmapuwen y un conjunto de organizaciones de sociedad civil y de pueblos indígenas, hicieron llegar el 2013 un informe alternativo sobre los avances y déficits que el Estado chileno tiene respecto de sus compromisos con el sistema internacional de los derechos humanos.
En conferencia de prensa desarrollada en las oficinas del Observatorio Ciudadano su codirector, José Aylwin, manifestó que los principales temas que fueron planteados en esta ocasión fueron, “la situación de discriminación de los pueblos indígenas en distintos planos; la ausencia de un reconocimiento jurídico y de mecanismos para establecer la participación política de estos pueblos; la aplicación de la ley antiterrorista; y la violencia policial como una práctica persistente que afecta a integrantes del pueblo mapuche, constatando la afectación a niños y mujeres”, manifestó. Agregó que otros temas relevantes son la persistencia de la justicia militar, la situación de tierras y territorios, y la ausencia de políticas de adecuada restitución.
Algunas recomendaciones formuladas por los estados
Aylwin explicó que hubo muchos representantes de diversos estados integrantes del Consejo de Derechos Humanos que manifestaron preocupación e hicieron recomendaciones al estado chileno. Entre ellos el resentante de Noruega, quien manifestó reservas sobre “el uso desproporcionado de violencia policial, especialmente en niños y mujeres, y la implementación plena del Convenio 169, en particular en materia de consulta.”, expresó.
Suecia, en la misma línea, recomienda una reglamentación que esté en línea con el convenio 169 y coincide con los relatores de Naciones Unidas en la necesidad de impulsar mecanismos para la protección de derechos indígenas. Por su parte Estados Unidos, plantea la necesidad de evitar el uso de la ley antiterrorista a los mapuche en contextos interculturales.
Gobierno Complaciente y participación política
Pedro Mariman, representante del partido mapuche en formación Wallmapuwen, manifestó que ellos estuvieron atentos a las respuestas del estado chileno frente a las recomendaciones que se le hicieron hace cuatro años, específicamente el 2009, calificando la presentación del Ministro Bruno Baranda como “extremadamente complaciente”, porque no refleja la apreciación que ha tenido el movimiento mapuche de los últimos cuatro años de aplicación de política pública errada, como por ejemplo en materia de consulta.
Del mismo modo Mariman refutó la presentación del Ministro en cuanto a que la región de la Araucanía, -o Wallmapu-, había pasado a ocupar el segundo lugar en materia de inversión, porque las estadísticas siguen calificando a la región, y a la población como la más pobre del país respecto de la chilena, subsiste una brecha socioeconómica importante.
Cuestionó también que el Consejo de Ministros, -señalada por el Ministro-, tenga relevancia debido a que es meramente formal, y no tiene atribuciones de generar políticas públicas y de financiamiento. Respecto de las consultas, la principal de ellas relativo al mecanismo de la misma, fue bastante cuestionado porque no hubo una participación suficiente. Sobre la devolución de tierras, Mariman manifestó que tienen la impresión que “los promedios anuales no superan el promedio de hectárea adquiridas en el año 2009 y que el presupuesto de adquirir tierras ha disminuido”, dijo.
Finalmente Isabel Cañet de la misma entidad mapuche recordó que en el EPU 2009 al estado chileno se le recomendó promover la participación política de los pueblos indígena, mediante una reforma electoral y vía apropiada. Al respecto Cañet calificó que esto ha sido nulo. Recordando que el año pasado se rechazó una moción parlamentaria de incorporar representante de CORES mapuche regionales. Cañet hizo hincapié que la consulta es solamente una parte de la participación política y nuevamente país como Canadá, Austria y Australia hicieron recomendaciones para que Chile tome medidas con el fin de resguardar sobre el derecho de participación política de los pueblos indígenas, “porque las soluciones a los conflictos existentes van por la vía política”, expresó.
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