martes, 4 de diciembre de 2012

A casi ocho meses de anunciada la expropiación de la petrolera estatal YPF, la empresa española Repsol demandó formalmente a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.



La española Repsol inició una demanda formal de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la expropiación ‘discriminatoria’, según dijo, del 51 % de la petrolera YPF por parte de la Argentina, en mayo pasado.
Según indicó la compañía en un comunicado, la demanda se presentó por: “violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991”.
En una nota enviada a las autoridades bursátiles españolas, Repsol recordó que ya pasó el plazo de seis meses necesario desde que se notificó esta controversia a Buenos Aires, con el fin de buscar una solución a estas diferencias antes de recurrir al CIADI. El organismo constituirá un tribunal ante el que las partes tendrán que presentar sus alegaciones, según reportó la agencia de noticias francesa AFP.
“En dichos escritos de alegaciones, Repsol SA y Repsol Butano SA concretarán las reparaciones y compensaciones a reclamar a la República Argentina, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas”, indicó el comunicado.
Luego de que el Gobierno nacionalizara a principios de mayo un 51% de las acciones de YPF, todas ellas procedentes del 57,4% en manos del grupo español, la petrolera Repsol había anunciado que recurriría al procedimiento de arbitraje internacional para obtener una compensación económica.
Ese monto fue estimado en 10.500 millones de dólares: es la suma de dinero que pretendería embolsar Repsol por el 51% que le expropió la administración kirchnerista.
El reclamo expresa que:  ‘Argentina violó el acuerdo para la protección recíproca de inversiones con España al impulsar una “expropiación discriminatoria, que no respetó disposiciones legales”’, sostuvo una fuente judicial consultada por medios de prensa extranjeros.
Fuente:NA

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