La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador desestimó la demanda de amparo presentada por Beatriz, una joven que desea someterse a aborto terapéutico porque el bebé que espera no tiene cerebro y porque ella padece lupus, una enfermedad que desgasta el sistema inmunológico.

Beatriz  de 22 años, demandó  al director y al jefe del servicio de perinatología del Hospital Nacional de Maternidad, en el que está ingresada, por vulneración a sus derechos a la vida y a la salud.

Los abogados de la joven, cuyo hijo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del vientre materno, pretendían que: “la Sala avalara una intervención médica para interrumpir la gestación, teniendo en cuenta que la joven padece lupus y otras complicaciones de salud que amenazan su vida”.

Pero  tres de los cinco magistrados de la Sala Constitucional dictaminó que: “el personal del centro no incurrió en ninguna omisión porque está  siguiendo constantemente el estado de salud de Beatriz”.

Los jueces recuerdan que: “en El Salvador la Constitución impide para avalar un aborto terapéutico ya que otorga protección a la persona humana desde el instante de la concepción.  Y alegaron  que: “sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobres los del ‘nasciturus’ ni viceversa”.

En El Salvador, la interrupción del embarazo está penada con entre dos y ocho años de cárcel.

Los jueces dieron instrucciones  a las autoridades sanitarias para que ‘se siga de cerca el estado de salud de Beatriz y que se le brinde el tratamiento ‘que en cada momento resulte idóneo para su condición médica, así como implementar los procedimientos que, según la ciencia médica, se estimen indispensables para atender futuras complicaciones que se presenten’.

Los médicos que atienden a Beatriz, que a mediados de marzo superó ya las trece semanas de gestación, advirtieron  el pasado 14 de abril de que era necesaria la interrupción del embarazo porque de lo contrario la madre podría fallecer por varios factores: una hemorragia obstétrica grave, el agravamiento del lupus, el empeoramiento del fallo renal que también padece, o una preeclampsia que se podía manifestar a través de una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar’.

Numerosas instituciones, tanto nacionales como extranjeras solicitaron la intervención del Estado salvadoreño en este caso, incluida la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y la Comisión Nacional de Bioética, así como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).